Difícil Horizonte
Ex fiscal estadounidense le recomienda a Francis Allison declararse culpable.
FUENTE: REVISTA CARETAS - PERÚ / EDICION 2017
El 24 de noviembre, Allison pidió a la Corte permiso para volver al Perú. Al día siguiente, extrañamente, retiró la solicitud.
Al ex ministro Francis Allison le esperan unos próximos meses de mucho sol.
Luego de darse a conocer su arresto en Miami por no declarar más de US$ 30 mil dólares en efectivo que pretendía traer de regreso a Lima el pasado 5 de noviembre (de un total de US$ 50 mil), ya se sabe que la corte distrital del sur de la Florida los acusa a él y su esposa Carla Robbiano por tres cargos: no declarar el dinero, contrabando de efectivo y falso testimonio.
Cada uno de esos tres delitos tienen una pena máxima de cinco años de cárcel.
El ex fiscal estadounidense Daniel Zambrano confirma que la acusación formulada contra Allison representa “un gran problema”.
Y sabe de lo que habla.
Zambrano es un hijo de peruanos que entre el 2000 y 2003 se desempeñó como fiscal en la ciudad de Nueva York.
Entre sus tópicos de investigación estuvieron el lavado de dinero y la malversación de fondos.
Ex fiscal Daniel Zambrano cree que la acusación formulada contra Allison representa “un gran problema” y considera explicaciones “ridículas”.
En el 2003 fue asignado a la unidad de investigaciones especiales de la oficina especializada en narcóticos de Nueva York, donde condujo grandes procesos contra las mafias de drogas.
Hoy encabeza la consultora Condorsur.
Los documentos de la corte que Zambrano facilitó a CARETAS revelan nuevos importantes detalles del caso.
Primero, que la fianza no fue de US$ 100 mil, sino de US$ 180 mil.
Esta fue garantizada en dos tandas de US$ 100 mil y US$ 80 mil, respectivamente, con su hermana como cofirmante.
Segundo, Allison intentó convencer a la corte que lo dejen volver al Perú mientras se encuentra en libertad bajo fianza.
El 24 de noviembre la defensa de Allison presentó el pedido.
“Estará disponible para viajar de regreso a los Estados Unidos apenas sea requerido para aparecer en la corte”, aseguró en el escrito el abogado Óscar Arroyave, que también aclaró que su esposa se quedaría en la Florida mientras dure el caso.
En el texto, Allison es presentado como “un abogado licenciado y político que ocupó la alcaldía del distrito de Magdalena del Mar y más recientemente fue ministro de Vivienda y Planeamiento Urbano, un cargo del gabinete presidencial”.
Lo que le llama la atención a Zambrano es que al día siguiente, el 25 de noviembre, el abogado Arroyave retiró de la corte el pedido de salida del país mediante un lacónico párrafo. Ello es muy inusual.
Fueron dos fianzas. Una, la ya conocida, por US$ 100 mil. La otra, registrada en este documento, de US$ 80 mil. Ambas co-firmadas por hermana de Allison.
Como es lógico, en su pedido inicial la defensa de Allison no menciona en absoluto la investigación que le adelantó la fiscalía por el confuso episodio de “asesorías jurídicas” que lo vinculan con la empresa chuponeadora Business Track y que en realidad se habría tratado de un mecanismo para “lavar” ingresos que no pueden justificarse.
Sospechas muy indeseables en su actual situación, por cierto.
Y Zambrano se pregunta si el retiro del pedido tiene que ver con ellas.
De hecho, el presidente Alan García las recordó cuando el miércoles 25 rostizó a su ex ministro y se refirió al escándalo de Miami como “una tropelía que es en verdad imperdonable”.
¿Cómo terminará el caso? Zambrano le echa mano a una táctica común entre los fiscales en el llamado argumento final. “Si no es culpable, mira la mala suerte que ha tenido.
Que un socio lo llamó poco antes de que saliera de Estados Unidos para hacer la transacción.
Tuvo la mala suerte de sacar el dinero en efectivo y que la transacción no funcionara.
Tuvo la mala suerte de que los bancos estuvieran cerrados y no pudo depositar de nuevo el dinero.
Tuvo la mala suerte de perder justo entonces su boarding pass y tuvo la mala suerte de meter el dinero que no declaró en la cartera de su esposa”.
Si estuviera en el otro lado del mostrador, Zambrano se orientaría por algunas recomendaciones.
“Primero le pediría que no hable a la prensa. Él ofreció una entrevista a RPP que el fiscal podría usar en su contra. Sus explicaciones son contradictorias. Al principio dice que necesitaba la plata porque no estaba trabajando en el Perú. Luego dijo que tenía un socio para comprar un inmueble pero después de sacar el dinero se dio cuenta de que no era un buen negocio. Cualquier transacción legítima en Estados Unidos no ocurre de esa manera. Las partes negocian, deciden, acuerdan un contrato y recién después viene el dinero, que no tiene que ser manejado en efectivo. Una transacción de esa naturaleza cuesta menos de US$ 100”.
Para Zambrano, “lo más probable es que al final se declare culpable”.
La balanza es cruel.
De un lado, Allison y Robbiano se arriesgan a cinco años de prisión efectiva luego de un juicio que debería tomar menos de un año.
“Pero si se declara culpable puede terminar en cualquier momento”, añade Zambrano.
“Pierden los US$ 50 mil y no podrían volver a entrar a Estados Unidos, pero vuelven deportados al Perú. De todos modos, ya deben haber gastado por lo menos US$ 25 mil en su defensa”. (E.CH.)
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