Presidente Felipe Calderón pidió calma.
En un mensaje a la nación dirigido desde Johannesburgo, Calderón intentó mostrarse tranquilizador y pidió a la población involucrarse en la lucha contra el crimen organizado.
La Ola de Violencia es incontenible.
Desde que el presidente Calderón anunció la “guerra contra el narcotráfico” en el 2006 a abril de este año han muerto, según cifras oficiales, 22,743 personas en enfrentamientos armados o ataques directos.
La trágica estadística incluye, además de las bajas de los cuerpos armados federales y los traficantes, a civiles sin nexos con éstos, 900 niños y 62 periodistas.
Siete carteles se disputan el territorio.
Este año se pinta como el más violento con 5,000 crímenes ligados al narcotráfico, según un documento del Senado mexicano filtrado a la prensa.
Los diarios mexicanos coinciden en que la situación es similar a la que se vivió en Colombia en la década del ochenta, cuando Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado y tiñó de sangre el país con asesinatos y coches bomba.
La estrategia lanzada por Calderón consiste en el uso total y frontal de las fuerzas de seguridad –Policía, Marina, Ejército– contra los carteles mexicanos.
Algunos analistas señalan que el remedio es peor que la enfermedad y que la militarización de las calles termina por elevar la inseguridad y el número de víctimas.
El gobierno responde que se ha logrado un número récord decomisando armas, dinero y droga, además de captura de narcotraficantes.
En los últimos cuatro años se incautaron 100 toneladas de cocaína.
El 90% de esa droga tenía como destino Estados Unidos.
90% del armamento que utilizan los carteles mexicanos proviene de los Estados Unidos
La Policía, el Ejército y los propios partidos políticos están bajo sospecha de dejarse comprar por los intereses de los poderosos narcotraficantes mexicanos.
Los secuestros, las refriegas entre sicarios y soldados, y las apariciones de cadáveres en fosas comunes se incrementan cada día.
México es hoy uno de los países más violentos y peligrosos del planeta, a tal punto que el Departamento de Estado gringo extendió al mundo su advertencia de no viajar a Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa.
El año pasado Chihuahua fue el estado mexicano más violento, con 3,250 muertes de las 7,724 vinculadas a la acción del crimen organizado en todo el país.
Por detrás de Chihuahua se ubicaron otros estados como Sinaloa (930), Durango (734), Guerrero (672), Baja California (444), Michoacán (356) y Sonora (222), entre otros, según el diario mexicano El Universal.
“Es muy grave lo que está pasando en México. El gobierno me lo explicó y yo estoy de acuerdo con la opinión de ellos, que no hay otra alternativa más que hacer frente al crimen organizado con firmeza”, declaró en abril último el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el italiano Antonio María Costa.
La semana pasada, 10 policías fueron abatidos por narcos en un mismo día en Michoacán.
LA GUERRA SE INTENSIFICÓ en el 2007, cuando el gobierno de George W. Bush aprobó la llamada “Iniciativa Mérida”, una suerte de “Plan Colombia”, que destina US$ 1.6 billones en asistencia militar para la lucha contra el narcotráfico en México.
La violencia aumentó, en buena parte también por la expansión y reacomodo de los carteles frente al nuevo escenario, y también por la competencia entre mafias por el control de territorio y las rutas del tráfico.
La captura y extradición de algunos capos del narcotráfico dejó, por otro lado, vacíos en las estructuras mafiosas, los cuales fueron ocupados a sangre y fuego por mandos medios.
Pero hay al menos siete grandes organizaciones cuyos cabecillas siguen prófugos.
Entre ellas está el cartel de Sinaloa, que es el más poderoso del país.
También los mencionados Zetas con presencia en seis estados, La Familia Michoacana dedicada a la producción de drogas sintéticas, el cartel de Juárez, el de Tijuana y el del Golfo, entre otras bandas con menor presencia (ver infografía).
En los últimos cuatro años se han incautado 100 toneladas de cocaína pura en México
Según versiones policiales, estas organizaciones cuentan con 450,000 personas bajo su mando y tienen presencia en, por lo menos, 47 naciones.
En los tres últimos años fueron detenidos 70 mexicanos en el Perú vinculados a bandas de narcotraficantes que la Dirandro identificó como los carteles de Tijuana, Sinaloa y del Golfo.
Desde hace más de dos décadas, por cierto, las bandas de narcotraficantes peruanos mantienen una estrecha relación con sus pares de Colombia y México.
Pero en los últimos años se han registrado en el país una serie de crímenes a la mexicana, en lugares públicos y a plena luz del día. Trascendió además que el informe de UNODC, dado a conocer esta semana, registra 59,900 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el Perú el año 2009, lo que equivale un incremento del 6.8% en comparación al 2008.
Todos factores que acrecientan el temor cuando se voltea la mirada al baño de sangre que hoy ahoga a la tierra de Pancho Villa.
(Américo Zambrano).
(version impresa)
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