Controvertido abogado Javier Ríos Castillo pretende colarse en el Tribunal Constitucional. Hay dos vacantes
Ríos Castillo podría entrar al TC cuando se discuta el hábeas corpus de Fujimori
Ríos Castillo podría entrar al TC cuando se discuta el hábeas corpus de Fujimori.
El controvertido abogado Javier Ríos Castillo pretende colarse al Tribunal Constitucional por la puerta falsa.
Ríos Castillo fue electo por el Congreso en junio del 2007 por 84 votos a favor.
Ríos Castillo fue electo por el Congreso en junio del 2007 por 84 votos a favor.
Al día siguiente, el abogado fue descubierto por CARETAS almorzando en un salón privado del Restaurante Fiesta con Agustín Mantilla, el operador montesinista Óscar López Meneses, el general EP Roberto Vértiz y el comandante EP José “Chino” Cuadra.
Ante el escándalo político, Ríos Castillo “declinó” por escrito al cargo. El Congreso la aceptó en el acto.
Sin embargo, el pasado 7 de abril el Quinto Juzgado Constitucional falló a favor de un amparo ordenando su reposición.
La sentencia la dictaminó el magistrado Raúl Rosales, otro personaje de escándalo.
En febrero del 2010 amenazó con una pistola al fotógrafo de CARETAS, Carlos Saavedra (CARETAS 2117).
Rosales presidía entonces el Sexto Juzgado Constitucional y acababa de emitir una cautelar exigiendo al Congreso cubrir una de las vacantes disponibles en el TC con Ríos Castillo.
El escándalo del Fiesta.
El escándalo del Fiesta.
Desatado el escándalo, Rosales dejó sin efecto la medida cautelar, admitiendo “un posible conflicto de intereses”. La Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) abrió una investigación y ordenó se le cambie de Sala.
Al año Rosales incurre nuevamente en el escándalo.
El Congreso se apresura en las últimas semanas del gobierno en cubrir dos nuevas vacantes disponibles en el TC en reemplazo de los vocales Luis Vergara y el actual presidente del TC, Carlos Mesía.
La Comisión de Selección presidida por el congresista APRA, Luis Falla La Madrid, marcha con pies de plomo.
Las bancadas nacionalista y fujimorista parecen inclinadas a que los nombramientos los efectúe el nuevo Congreso, después del 28 de julio, que tendrán la sartén por el mango.
Sin embargo, el fallo judicial del juez Rosales pretende nuevamente forzar el nombramiento de Ríos Castillo de facto.
Fuentes confiables aseguran que el nombramiento de Ríos Castillo es avalado por ciertos mandos castrenses, quienes han intercedido a su favor con el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, entre otros.
El TC deberá resolver en las próximas semanas el hábeas corpus en contra de la sententencia a 25 años del ex presidente Alberto Fujimori, interpuesto por su abogado César Nakazaki.
La sentencia del juez Rosales es una auténtica leguleyada.
En la resolución del último 7 de abril, Rosales argumenta que el Congreso aceptó la renuncia de Ríos Castillo “sin considerar que no existía tal renuncia sino la declinación de su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional como su voluntad expresa para que se investiguen hechos ajenos a la voluntad de las partes, investigación que nunca se llevó a cabo”.
Según el juez, “esta falta de investigación vulnera los derechos fundamentales del actor, al no disponer un acto que había sido exigido expresamente” y sostiene que “en la Constitución en ninguna circunstancia le asigna al Congreso la competencia para aceptar la renuncia de un magistrado del TC”.
Rosales concluye declarando fundada la demanda de Ríos y declara “inaplicable” su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional, por lo que ordena al Congreso su inmediata reposición.
El procurador del Congreso, Julio Ubillús, ha apelado el fallo.
Sin embargo, la sentencia podría tener efectos de una acción cautelar, esta vez respaldada por una sentencia en firme, y forzar el ingreso del controvertido abogado.
Sorprende la inacción del TC cuyos magistrados ni han pestañado ante el polémico fallo.
Magistrado Raúl Rosales y su Beretta 9 Parabellum
Se trata de la última hazaña de Ríos Castillo, el tinterillo. En junio del 2009, el TC declaró fundada la demanda de Ríos Castillo contra la Universidad Ricardo Palma, ordenando se le pague US$ 700,000 por el pago de honorarios y devengados por asesorías no realizadas.
Corresponde al Congreso evitar que esta tinterillada configure un nuevo escándalo.
FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=930&idSTo=0&idA=52377
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