Negacionismo:
Un proyecto extravagante
La introducción en nuestro ordenamiento jurídico de una figura delictiva bajo la denominación de “negacionismo”, la misma que consistiría en reprimir a quienes no reconozcan los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, me parece que vendría a constituir una descomunal extravagancia. En buen romance, configuraría el castigo a un delito de opinión, expresamente excluido de nuestro sistema en el inciso 3 del artículo 2º de la Constitución del Estado.
Que el señor ministro de Justicia invoque la existencia de normas de ese tipo en países como Alemania y España –versión respecto de la cual es posible abrigar un razonable margen de duda– en ningún caso podría servir de sustento a una ley que se dictara en nuestro país. Según declaraciones formuladas por el ministro ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo persigue la aplicación de penas “a aquéllas personas que nieguen la masacre efectuada por los movimientos terroristas”, conforme a la transcripción literal inserta en las páginas de un importante diario.
Una masacre es un hecho de pública notoriedad. Se trata de la eliminación violenta de un grupo de personas a cargo de otro grupo de personas. En el Perú se han dado y se siguen dando cuadros como ése. Y, según lo entendemos la gran mayoría de peruanos, tales hechos son perpetrados por elementos terroristas que pertenecen a conocidos movimientos. Sin embargo, hay otras personas que tienen óptica distinta respecto de los mismos. Tal es el caso de los gravísimos sucesos que se produjeron hace algunos años en Bagua, en que de un lado se describen como la masacre de policías a manos de terroristas, y de otro lado, se califican como la masacre de ciudadanos pacíficos a manos de la policía.
Esas son las posiciones discrepantes, derivadas de puntos de vista distintos y hasta opuestos, en cuya materia juegan rol principal las posiciones políticas. Y aunque filosóficamente la verdad es una sola, en tales eventualidades cada sector sostiene su propia verdad. Son, pues, en definitiva, opiniones y pareceres, que forman parte de la libertad de pensar y de expresarse que poseemos todos, por mandato de la ley natural y por imperio de la Constitución.
Nuestra legislación penal ya está excesivamente recargada de añadidos y modificaciones y cada vez que se produce algún episodio que genera preocupación colectiva, viene la obsesión legiferante para expedir nuevas leyes y crear, al mismo tiempo, nuevos delitos. No será con normas de esa calaña que el Estado y, específicamente, el Poder Ejecutivo como responsable del orden público, cumpla con su primordial función de mantener la paz y sancionar debidamente a quienes atenten contra ella. Lo que es indispensable al respecto es cumplir con las disposiciones existentes, como aquélla que reprime la ocupación de carreteras y la interrupción de las comunicaciones. Un día sí y otro también somos testigos de tales hechos, sin que se observe una respuesta adecuada de parte de la fuerza pública y los tribunales. He aquí, pues, lo que debe hacerse, en lugar de pensar en normas legales estrambóticas
(Articulo escrito por Francisco Chirinos Soto, Diario La Razon, Lima - Peru, sabado 17 de marzo 2012)
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