El hombre que obligó a
Google a eliminar su pasado criminal del buscador.
Un hombre de negocios
que luchaba por su "derecho al olvido" acaba de lograr que la
justicia británica obligue a Google a borrar su pasado criminal del buscador.
El
empresario fue declarado culpable hace diez años por interceptar comunicaciones
y pasó seis meses en la cárcel.
El
juicio tuvo lugar este viernes en un tribunal en Londres, Reino Unido.
El
juez Mark Warby falló a su favor, pero rechazó otra denuncia de un segundo
hombre de negocios que había cometido un crimen más grave y que estuvo cuatro
años en prisión.
Ambos
le pidieron a Google que eliminara los resultados que aparecían en el buscador
sobre sus condenas, incluidos los enlaces a artículos de noticias, argumentando
que ya no eran relevantes.
Google
dijo que aceptará las resoluciones del tribunal.
"Trabajamos
duro para cumplir con el derecho al olvido, pero ponemos mucha atención en no
eliminar los resultados de búsquedas
que sean de interés público", dijo la compañía en un
comunicado.
"Nos
complace que la Corte haya reconocido nuestros esfuerzos en esta materia y
respetaremos las sentencias que han hecho en estos casos".
"Precedente
legal"
El
derecho a ser olvidado fue establecido por la Corte de Justicia de la Unión
Europea en 2014, tras el caso del español Mario Costeja González,
quien le pidió a Google que eliminara información sobre su historial
financiero.
Google
dice que ha eliminado 80.000 páginas de sus resultados en base a
peticiones relacionadas con ese derecho.
Sin
embargo, sus motores de búsqueda pueden negarse a eliminar páginas si
consideran que son de interés público.
Este
viernes, el juez Warby dijo que uno de los hombres que demandó a Google había
seguido "engañando al público", mientras que el otro "mostró
arrepentimiento".
Open
Rights Group, una organización británica sin ánimo de lucro que promueve la
libre expresión en internet, dijo que esta sentencia establece "un precedente legal".
"El
derecho a ser olvidado está pensado para información que ya no es relevante
pero que tiene un impacto desproporcionado para una persona", declaró Jim
Killock, director ejecutivo de la institución.
"La
Corte deberá valorar el derecho de la gente a acceder a su registro histórico,
los impactos precisos en cada persona y el interés público".
FUENTE:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-43754550
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