El
retraso judicial, otra condena en Venezuela.
Más
de 45.000 detenidos colapsan retenes, oficinas policiales y espacios no aptos
para tener presos hasta que se celebren sus juicios, como ocurrió con los 68
que fallecieron en un incendio en Valencia la semana pasada
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| Un grupo de familiares de presos se enfrentan a la Policía. EFE |
Cuando
el hijo de Ana Perdomo ingresó a la comisaría de Policarabobo solo debía pasar
ahí 48 horas. Han pasado dos años y cuatro meses y más de 14 aplazamientos de
la audiencia para iniciar su proceso. En la espera lo alcanzaron las llamas del incendio que se desató el miércoles 28 de marzo, tras
un motín que se produjo en los calabozos de la detención preventiva de la
policía regional, con capacidad para 35 personas, pero en los que había 200
presos.
“Ese
día me llamó mi hijo, me dijo que me fuera rápido para allá, que les estaban
disparando y no supimos más”, relata Perdomo. Cuando la mujer llegó al sitio, a
una hora y media de camino de donde vive, todo era humo. El joven de 22 años,
con quemaduras de segundo grado en la espalda y los brazos, quedó entre los sobrevivientes del incendio en el que fallecieron 68
personas, entre ellos dos mujeres que estaban de visita, hecho por el que
las autoridades responsabilizaron a cinco policías que ya fueron detenidos.
En
estos dos años, Perdomo ha ido casi diariamente a llevarle comida y ropa a su
hijo, sorteando la falta de dinero y de transporte que afecta la región. Las
condiciones de salud en las que está son una preocupación más. “Ellos están
hacinados, además deben estar descalzos en la celda y ahí agarran cualquier
tipo de enfermedad”.
Además
de la atención a su hijo, no deja las gestiones para que después de lo ocurrido
se acelere el proceso en el que debería salir en libertad. “Mi hijo es
inocente, como muchos de los que murieron en esa comisaría. A él lo agarraron
unos policías en Güigüe, lo bajaron de un autobús y le sembraron un arma
blanca, para luego pedirnos dinero para soltarlo. Si realmente hubiese cometido
un delito ya pagó el tiempo que correspondía y más. Tienen que sacarlo de ahí”.
En
el proceso acumula los boletos de las idas y venidas a los tribunales. “Todo el
tiempo tenemos que esperar si no es por el juez que está cansado, es por el
fiscal que se fue de vacaciones o el alguacil que no vino. Ellos hacen todo
para dilatar el proceso”.
Después
del incendio comenzaron a hacer algunos traslados de detenidos de la comisaría de Policarabobo a otros sitios de reclusión.
Los familiares esperan que lo ocurrido acelere los expedientes de los que aún
esperan una decisión o un traslado. “Mi hijo está traumatizado”, dice Perdomo.
También
hay quienes esperan que se aclare lo sucedido. Yaneth Padrón perdió a Luis
Alfredo Piñango, su único hijo, en el incendio que supuestamente desataron los
presos en los calabozos de Policarabobo al quemar las colchonetas para
protestar por las agresiones con armas que presuntamente iniciaron los policías
la mañana de ese miércoles. En el documento de la autopsia que le entregaron
junto con el cadáver dice que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por
los gases, pero la mujer asegura que su hijo tenía tres impactos de bala: en el
estómago, en la pierna y la cabeza. Solo tenía una ligera quemadura. “Los
policías los mataron”, dice.
El
joven de 23 años de edad cumplió cuatro años, un mes y un día preso por el
delito de robo agravado. Estaba sentenciado a seis años de prisión, pero su
familia estaba apelando a un beneficio que le permitía el cumplimiento de la
mitad la pena. Durante ese tiempo, como todas las madres y esposas de los presos en Venezuela, Padrón llevó a diario la comida para
su hijo. En el lugar donde estaban los presos colgaban sábanas para intentar
descansar. Debajo de las hamacas había colchonetas. No todos podían descansar
al mismo tiempo. Eran muchos. Demasiados para unas pocas celdas. “Teníamos que
pagarles a los policías si queríamos dejarle algo fuera del día de visita y
también nos pidieron tres millones para concretar el traslado a una cárcel”.
Junto
con un grupo de familiares de las víctimas del incendio se está organizando
para exigir la justicia que no llegó a tiempo para muchos de los presos
muertos. Se han reunido con diputados de la Asamblea Nacional, miembros del
Observatorio Venezolano de Prisiones y con abogados defensores de derechos
humanos para armar el expediente y denunciar el hecho en instancias
internacionales. Padrón dice que exigirán la exhumación de los cuerpos para
esclarecer lo ocurrido. “Apenas se está armando el rompecabezas. Pero queremos
justicia”, dice la mujer de 42 años de edad, que trabaja en el servicio de limpieza
de un gimnasio en Valencia.
En
camiones y esposados a un silla
El
retraso judicial mantiene repletas las comisarías de detención preventiva. Este
es el punto de partida de un sistema penitenciario y de justicia en colapso,
señala Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una ventana a la libertad. “De
los 100.000 presos que hay en Venezuela, el
70% son procesados que aún no tienen una condena después de dos o tres años
detenidos y al menos 45.000 de ellos están en calabozos y áreas que no están
adecuadas para tener a un detenido. Tenemos unos niveles de hacinamiento
extremos”.
La
crisis en estos recintos de detención transitoria la vienen advirtiendo desde
hace siete años, cuando el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se adjudicó la
potestad de “asignar cupos” en cárceles para los convictos. La medida pasa por
encima de las decisiones de los jueces que aunque ordenan un sitio de reclusión
para el procesado, su traslado queda a discreción del ministerio que maneja las
cárceles, también están hacinadas, más aún después del cierre de 6 recintos en
los últimos siete años y la construcción de solo dos. Ese es uno de los cuellos
de botella en la administración de la justicia en Venezuela.
Los
calabozos de policías locales y regionales no tienen infraestructura para
mantener presos por largas estancias. Ni siquiera tienen presupuesto para la
alimentación. Además, esta situación obliga a sacar agentes policiales de las
calles para ejercer funciones de custodia de detenidos. “Al menos el 30% de los
policías que tenemos no están cuidando a la gente en las calles, sino a los
presos”.
Durante
2017, la ONG monitoreó 198 centros de detención preventiva en el país –los más
grandes y que albergan a por lo menos un tercio de los detenidos sin sentencia-
y encontró que aunque en suma tenían capacidad para albergar a 5.910 presos en
ellos había una población de 14.525 reclusos. En 191 de los retenes evaluados
no hay servicio de comedor, por lo que sus familiares deben alimentarlos a
diario y en muchos casos están en zonas distintas a sus lugares de residencia.
En 122 tienen fallas recurrentes de suministro de agua potable. El informe
también recoge que en 2017 ocurrieron 39 muertes de reclusos por problemas de
salud y desnutrición y 26 fueron asesinados bajo la custodia del Estado.
“En
123 (el 62,12%) de los centros de detención preventiva monitoreados no hay
servicios higiénicos para los reclusos. La falta de aseo diario, así como la
acumulación de basura y material fecal en los calabozos donde duermen y pasan
la mayor parte del tiempo los detenidos crea condiciones propicias para el
desarrollo y transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas”, refiere el
informe.
La
ONG ha reportado la existencia de al menos 500 espacios con detenidos que en
realidad no son cárceles. Hay presos amarrados a sillas en oficinas policiales,
como ocurre en la sede nacional de la División de Homicidios de la policía
científica venezolana, ubicada en el centro de
Caracas. Esta semana denunciaron el uso de camiones para el traslado
de detenidos como sitio de reclusión permanente en una sede de la policía
nacional en el oeste de la capital.
Una
semana después de la tragedia que enlutó a 68 familias, la ministra de Asuntos
Penitenciarios, Iris Varela, ofreció una declaración sobre lo ocurrido:
"Hubo una tragedia que nos duele en el alma con personas que estaban allí
en calabozos policiales del Estado de Carabobo que no le corresponden al
Ministerio Penitenciario, eso es función policial", dijo en su programa de
radio No te prives, transmitido por la emisora estatal Radio Miraflores.
La
de Policarabobo es la segunda masacre más grande, en número de muertos,
ocurrida en Venezuela. En la década de los años 90, 123 presos murieron
quemados en una penitenciaría en el occidente del país. En los últimos años han
ocurrido decenas de muertes después motines y en 2014 hubo una mortandad por
una intoxicación.
“El
tema de las prisiones importa casi poco o nada. Uno vive con un estigma por
trabajar por los derechos humanos de los presos y de todas las masacres,
ninguna se ha investigado realmente. La situación actual, que es muy grave, y
es responsabilidad absoluta es del Estado, porque están bajo su cuidado y
custodia”, dice Carlos Nieto Palma, de Una ventana a la libertad.
FUENTE:
https://elpais.com/internacional/2018/04/07/america/1523126544_850397.html
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