Ministerio Público: Sacando el Cuerpo
Narcotráfico: El fiscal de la Nación, José Peláez, debe explicar
por qué el Ministerio Público se encuentra a punto de hundir el caso Sánchez Paredes.
El pasado jueves 21 deben haber
sonado las alarmas en las unidades que combaten al narcotráfico en Perú y
Estados Unidos.
Y quizá también en Colombia y México.
Aquel día, en vísperas de Semana Santa, el
Ministerio Público volvió a clavar la lanza en el costado de la lucha contra el
lavado de dinero y el tráfico de drogas.
Después de un año cargado de reveses, denuncias que
empañaban el debido proceso y sucesivos cambios de magistrados, el Colegiado
“D” de la Sala Penal Nacional convocó a audiencia pública para definir el
destino del caso Sánchez Paredes.
Tratándose del más grande caso de lavado de dinero
de la historia peruana, la expectativa era singular.
La audiencia tenía como propósito escuchar los
alegatos de la defensa de los procesados: los hermanos Orlando, Manuel y Wilmer
Sánchez Paredes; Fidel y Miguel Sánchez Alayo; Blanca Sánchez Príncipe y el
exministro aprista Jesús Esteves Ostolaza.
El plato de fondo lo constituían los informes de la
procuradora antidrogas Sonia Medina y, especialmente, del representante del
Ministerio Público.
En una nota de prensa difundida la semana pasada
por el Colegiado “D” se destacaba que la opinión del fiscal encargado del caso
tendría una especial relevancia.
Luego de ello, el tribunal tomaría una decisión.
Pero he aquí que ocurrió lo inesperado: ningún
representante del Ministerio Público acudió a la audiencia clave.
Y lo que es peor, la Fiscalía hizo llegar al
tribunal el informe que recomienda refundir el emblemático caso en el archivo
definitivo.
GÓLGOTA JUDICIAL
El calvario empezó a las 9 de la
mañana, cuando ingresaron a la Sala los jueces del Colegiado “D”: Luis Alberto
Cevallos, Jackeline Yalán y Liliana Placencia.
Jueves 21. La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo se batió sola contra los abogados de los procesados en cinco largas horas de audiencia. |
Sentados de espaldas al ventanal, jocosos y
distendidos, se ubicaban los abogados César Nakazaki, Luis Roy Freyre, Luis
Reyna y Jorge Paredes.
En la otra orilla, la procuradora Sonia Medina ordenaba sus papeles con aprehensión.
Estaba más sola que nunca.
El tribunal empezó leyendo el único documento que
le había hecho llegar el Ministerio Público: el informe de la fiscal María
Maguiña, quien en abril del año pasado recomendó archivar el caso, aduciendo
que la fortuna de los hermanos Sánchez Paredes “está debidamente fundamentada”
(CARETAS 2226 - Abogados en Acción
En la investigación fiscal del caso de la matanza de Ica también ocurrieron cosas extrañas. |
El informe Maguiña provocó tal escándalo que el fiscal de la Nación, José
Peláez Bardales, ordenó separarla del cargo y someterla a una investigación
interna.
“Estamos convencidos plenamente que este caso debe
llegar a un juicio oral de todas maneras y hacemos votos para que la Sala que
va a resolver se pronuncie”, declaró Peláez Bardales al programa ‘No Hay
Derecho’ de Ideeleradio hace un año.
Sucedió lo contrario.
El mes pasado, el fiscal supremo de Control
Interno, Carlos Ramos Heredia, absolvió a Maguiña y así el informe que ordenaba
enviar el gigantesco caso al archivo fue remitido sin atenuantes por la propia
Fiscalía de la Nación a la Sala Penal Nacional.
FISCAL DE VACACIONES
Como era de esperarse, la ausencia
del representante del Ministerio Público fue aplaudida por la defensa de los
procesados.
“Solicitamos que de conformidad con la vapuleada
fiscal Maguiña y su dictamen (sic), la Sala disponga no haber mérito para pasar
a juicio oral y el archivamiento del proceso”, exigió Luis Roy Freyre, abogado
de Manuel Sánchez Paredes y padre de Eduardo Roy Gates, consejero legal del
presidente Ollanta Humala.
De Ripley. Abogado César Nakazaki exige ahora que se respete el fallo de la Fiscalía. |
La procuradora se batió sola contra los abogados y, tras 5 largas horas de
audiencia, se marchó exhausta e indignada.
“La inercia del Ministerio Público es insólita”, se
lamentó Medina. “En un caso de gran connotación para el país, esperaba que un
fiscal ilustrara a la Sala sobre su posición. Me dejaron sola”.
CARETAS supo que quien debía acudir a la audiencia
del jueves 21 era el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en
Criminalidad Organizada, Fidel Castro Chirinos, pero este solicitó vacaciones
antes de que se programara la vista de causa.
Su adjunta, Rosa Flores Chávez, evitó declarar a
esta revista.
Quien sí lo hizo fue el coordinador de las
Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez.
“Yo planteé la acusación del caso Sánchez Paredes,
en 2010. Después de eso ya no tuve nada más que ver en el caso”, sostuvo.
Fuentes cercanas al Fiscal de la Nación dijeron que
este “desconocía” lo que había ocurrido y que “tomaría cartas en el asunto”.
Medina retrucó: “No es lógico ni coherente que la
máxima autoridad del Ministerio Público desconozca lo que hacen sus propios
fiscales en el más grande caso de lavado de activos”.
No lo es, sin duda, porque a este último y grave
incidente se suman otros sucesos extraños:
l En el caso de la matanza protagonizada por
guardaespaldas de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos frente al Poder
Judicial de Ica, en febrero del 2011, un fiscal, José Luis Herrera, se pasó
casi 2 años sin emitir dictamen y después fue “promovido” de puesto. A su
reemplazante, el fiscal César Pecho Peche, le tomó un mes excluir al clan
trujillano a pesar de que los muertos trabajaban para ellos.
l Del mismo modo, la investigación a Orlando
Sánchez Paredes y a la minera Comarsa por desvío de insumos químicos al
narcotráfico estuvo un año en manos del fiscal Tony García. Cuando se disponía
a emitir dictamen fue removido del cargo, en octubre pasado. Su sucesor, Fidel
Castro, archivó el caso en 2 meses.
LO QUE IMPORTA
La notoria lavada de manos
preocupa más porque el narcotráfico está alcanzando niveles alarmantes y
colándose por todos los estamentos del Estado.
La semana pasada, la propia Fiscalía Antidrogas del
Callao desarticuló en el aeropuerto Jorge Chávez una red de corrupción que
involucra a 10 agentes antidrogas con cárteles mexicanos.
Y hasta el congresista Kenji Fujimori, hijo del
encarcelado expresidente, enfrenta la posibilidad de una investigación tras el
hallazgo de 100 kilos de cocaína en un depósito aduanero del que es socio
fundador.
El Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional emitirá
dictamen en un mes, pero la posición de la Fiscalía ha complicado las cosas.
Echar tierra sobre una investigación que ha durado
cinco años y negar los esclarecimientos finales de un juicio oral es
imperdonable.
Y absurdo porque, mientras esto ocurre en el Perú,
en EE.UU., la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York congeló 13 cuentas
bancarias de Manuel Sánchez Paredes y de sus seis hijos por tráfico
internacional de drogas y lavado de dinero ( CARETAS 2253 – Sánchez Paredes: Entre la Corte y la Pared
Y todo indica que llevará el caso ante un Gran
Jurado de Nueva York.
¿Le importa esto al doctor Peláez Bardales? ¿O es que seguirá haciendo la de Pilatos?
¿Le importa esto al doctor Peláez Bardales? ¿O es que seguirá haciendo la de Pilatos?
(Escribe: Américo Zambrano)
FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1094&idSTo=0&idA=63167#.UVUChxdLN1B
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