HERIBERTO BENÍTEZ PROMETE DEFENDER AL ABOGADO Y LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

HERIBERTO BENÍTEZ PROMETE DEFENDER AL ABOGADO Y LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN
Escrito por Lesly Arce
viernes, 28 de mayo de 2010

FUENTE: http://www.radiouno.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=15325&Itemid=26

El candidato para el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Heriberto Benítez Rivas, quien lleva el número 19 en representación al Colegio de Abogados, llegó a la ciudad de Tacna para impulsar su campaña electoral con miras al proceso eleccionario a realizarse este 13 de junio.

El ex parlamentario y defensor de los Derechos Humanos, a través de RADIO UNO, manifestó que de ser elegido por los juristas tendrá dos puntos básicos de acción al interior del CNM: La defensa irrestricta de la profesión de la abogacía y la lucha frontal contra la corrupción, que permita evitar que magistrados y fiscales continúen en compadrazgos y atropellen los derechos de los ciudadanos.

"De resultar elegido por mis colegas abogados, los defenderemos, y lucharemos contra la corrupción, si se encuentra a algún juez o fiscal involucrado en actos de corrupción u otro delito, se realizará su destitución inmediata y a la prisión (…) creemos que no sólo es necesario sacarlos del Poder Judicial, sino hace falta procesarlo y enviarlo a la cárcel", indicó.

Para que esto se concrete, Benítez, refirió que desde el CNM impulsará el cambio de los órganos de control que pertenecen al Ministerio Público, y al Poder Judicial, pasen a depender del Consejo Nacional de la Magistratura, para evitar "El otoronguismo, ya que hay una equivocada lealtad entre jueces y fiscales para no sancionarse entre ellos mismos, hay que desprender ese cordón umbilical", acotó el candidato por el número 19.

"Abogados de Tacna, marquen por el 19 y apoyen a esta campaña", concluyó el candidato al CNM quien representará a los abogados durante los comicios electorales del 13 de junio.

Hay algunos jueces intocables

Hay algunos jueces intocables

FUENTE: DIARIO LA PRIMERA- PERU / HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS - COLUMNISTA "EL DEDO EN LA LLAGA"

La Constitución Política determina que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, las cuales no surten efecto jurisdiccional alguno, ni deben interferir en el procedimiento judicial; sin embargo, aquellas pesquisas resultan incomodas cuando aparecen nombres de algunos miembros de la máxima instancia del Poder Judicial (PJ) o de magistrados cercanos al Poder Ejecutivo que se consideran intocables.

Las vacas sagradas del Palacio de Justicia no aceptan ser tocadas, ni con el pétalo de una rosa; incluso, se sienten tan endiosados, que mencionarlos en alguna investigación parlamentaria resulta una ofensa a la judicatura.

Ítem más, los jueces ligados al partido de gobierno deben cuidar al jefe de Estado de las tareas de fiscalización que realiza el Poder Legislativo, ya que todos podrían estar seriamente comprometidos en graves ilícitos penales.

Dichos magistrados saben, perfectamente, que las indagaciones pueden concluir con acusaciones constitucionales.

El Congreso analiza la responsabilidad política o penal de altos funcionarios. Por eso, algunos jueces vinculados al gobierno se alteran y ponen nerviosos; es más, están asustados, por las consecuencias y exigen una protección corporativa.

Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 139º de la Ley Fundamental establece que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos; en consecuencia, el órgano jurisdiccional no debe alarmarse por la solicitud del Poder Legislativo para que les proporcionen determinadas piezas procesales.

El ordenamiento jurídico vigente debe respetarse; no cabe utilizar ningún pretexto para no acatar los dispositivos legales.

No existe ninguna justificación, ni argumento legal para que algún juez o Tribunal se niegue u oponga a entregar el material requerido por una Comisión de Investigación del Congreso.

El Poder Judicial (PJ) no puede resistirse a cumplir el requerimiento de los legisladores.

Actualmente, existe un vergonzoso enfrentamiento entre dos poderes del Estado que resulta perjudicial para el sistema democrático y el propio Estado Constitucional de Derecho; estamos ante una situación muy delicada e inaceptable.

El titular de la Corte Suprema de Justicia, en honor a la verdad, ridiculizó, públicamente, a un grupo de parlamentarios que acudieron al Palacio de Justicia.

El presidente del Congreso amenazó con denunciar a la magistrada del 34º Juzgado Penal de Lima, por un delito que ha sido derogado; y, en plena batalla legal incursionó el presidente del Consejo de Ministros (PCM) pidiendo la divulgación de los audios, creando una mayor confusión.

Esta extraña solicitud del portavoz del gobierno, ligado partidariamente al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima (quien es jefe directo de la jueza a cargo de las pesquisas) hace suponer que el tema ya estaría políticamente controlado y, seguramente, los audios comprometedores desaparecieron.