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sábado, 6 de febrero de 2021

"La caída del dólar recién está comenzando": el impacto de la pandemia en la moneda más fuerte del mundo (y cómo afecta a América Latina) Uno de los efectos de la recesión económica causada por la pandemia de covid-19 es que el mundo fue inundado por dólares. La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) -cuya misión es controlar la política monetaria del país como lo hacen todos los bancos centrales- redujo drásticamente la tasa de interés hasta dejarla casi en 0%.

"La caída del dólar recién está comenzando": el impacto de la pandemia en la moneda más fuerte del mundo (y cómo afecta a América Latina)

Uno de los efectos de la recesión económica causada por la pandemia de covid-19 es que el mundo fue inundado por dólares.

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) -cuya misión es controlar la política monetaria del país como lo hacen todos los bancos centrales- redujo drásticamente la tasa de interés hasta dejarla casi en 0%.

México es el país donde más se ha depreciado el dólar, seguido por Chile, Colombia y Brasil.

Y como la tasa de interés equivale al costo del dinero de un país, mientras más baja, menos vale su divisa.

En paralelo, la FED le dio rienda suelta a la impresión de billetes para comprar bonos (tanto en el sector privado como en el sector público), con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis.

Esa inyección de dinero permitió financiar el aumento del gasto fiscal y le dio oxígeno a los mercados.

Pero al mismo tiempo ayudó a empujar la baja del valor del dólar frente a las principales monedas del mundo en los últimos 10 meses.

Esto se puede observar en uno de los índices que sigue la evolución de la divisa, el Bloomberg Dollar Index (BBDXY), el cual llegó a un máximo de casi 1.300 puntos el 23 de marzo.

Y de ahí en adelante comenzó una caída que no ha dado tregua hasta ahora, como lo muestra el gráfico.

Se trata de una caída superior al 12% en los últimos 10 meses (un porcentaje que puede variar levemente según el índice que se utilice para seguir la evolución de la divisa).

Actualmente está en su nivel más bajo desde comienzos de 2018 y muchos expertos coinciden en que la moneda seguirá depreciándose.

"El dólar seguirá cayendo"

"El desplome del dólar recién comienza", le dice a BBC Mundo Stephen Roach, profesor de la Universidad de Yale y expresidente del banco de inversión Morgan Stanley en Asia.

El académico predice que la divisa podría caer más de 35% hacia fines de este año basándose en tres grandes razones.

La primera es que hay un fuerte aumento del déficit de cuenta corriente de EE.UU., es decir, que el país paga más al exterior por el intercambio de mercancías, servicios y transferencias de lo que recibe.

Su proyección es que ese déficit seguirá impulsando una baja de la divisa.

La segunda razón es el alza del euro, luego de que los gobiernos de Alemania y Francia acordaran un paquete de estímulo fiscal, además de la emisión de bonos.

Y la tercera, es que Roach predice que la Reserva Federal haría muy poco para evitar el descenso del dólar.

Con Estados Unidos cada vez más dependiente del capital extranjero para compensar su creciente déficit de ahorro interno, explica, y con las políticas que ha adoptado la FED que crean un exceso masivo de billetes, "el caso por un fuerte debilitamiento del dólar parece más convincente que nunca", argumenta.

En relación a los efectos que un dólar depreciado tiene en los mercados emergentes (como podrían ser Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú o Chile en Latinoamérica), el experto plantea que pueden venir alzas en algunas de las bolsas de esos países.

En la medida que la Reserva Federal no suba las tasas de interés, que es lo que Roach supone va a ocurrir, "la debilidad del dólar debería provocar aumentos en los mercados bursátiles extranjeros en general y en las acciones de los mercados emergentes en particular", explica.

"No hay que exagerarlo"

Sin embargo, otros economistas argumentan que si bien la divisa estará un poco débil este año, en nigún caso hay que esperar un desplome.

"No hay que exagerar la caída del dólar", escribió a comienzos de enero Mark Sobel, presidente para EE.UU. del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF por sus siglas en inglés), en la web del centro de estudios.

Su postura es que hay en el ambiente una perspectiva "muy deprimente" para el dólar.

"Es posible que el dólar caiga este año, pero una narrativa demasiado negativa no se justifica", apunta Sobel.

Uno de sus argumentos es que el dólar ya ha caído bastante (13% en 2020 desde su máximo en marzo).

Otro, es que en medio de la incertidumbre global, no es tan seguro que los inversores prefieran correr riesgos y apostar por otras monedas que no sean el dólar.

En paralelo, el economista también considera que pueden haber condiciones monetarias relativamente más favorables en EE. UU. y que el actual ciclo de un dólar fuerte, simplemente está llegando a su fin.

Efectos en América Latina

En la región la baja del dólar llegó con rezago en comparación con otras partes del mundo.

Una de las razones que explican esa demora en su descenso frente a las monedas de las economía latinoamericanas, es que éstas son más riesgosas, como explica Diego Mora, ejecutivo senior de la consultora XTB.

Entonces, aunque la divisa esté cayendo, en la región sigue siendo demandada por su calidad de refugio cuando hay incertidumbre.

"La depreciación del dólar en Latinoamérica comenzó recién hace cuatro o cinco meses", comenta Mora en diálogo con BBC Mundo.

Al analizar las economías más grandes de la región, el analista dice que México es el país donde más se ha depreciado el dólar, seguido por Chile, Colombia y Brasil.

Las consecuencias del desplome varían sustancialmente dependiendo de los distintos actores económicos.

Por un lado, a los consumidores latinoamericanos les beneficia -apunta el experto- porque muchos de los bienes que se consumen son importados, como por ejemplo, los autos y los productos tecnológicos.

Sin embargo, la historia no es tan simple, porque al mismo tiempo han subido los precios de algunas materias primas alimenticias, advierte.

El maíz, el trigo, el cacao y otros productos que son de primera necesidad, han tenido alzas superiores al 30% debido a la depreciación del dólar.

Hakan Aksoy, administrador de portafolios senior en la empresa de la empresa Amundi, explica que con el dólar más débil, espera que los precios de las materias primas aumenten, algo que beneficia a los países latinoamericanos.

Por otro lado, un dólar más débil significa que habrá una política fiscal y monetaria más flexible en EE. UU., le dice a BBC Mundo.

Así las cosas, "los países emergentes pueden pedir prestado más fácilmente, lo que ayuda a sus demandas de financiamiento externo", apunta Aksoy.

Todo esto, sería positivo para el crecimiento y la percepción de riesgo de los inversores.

El consenso entre analistas es que pese a las diferencias entre países, la depreciación del dólar trae más beneficios que desventajas para la región.

"Un dólar depreciado es definitivamente positivo para las economías latinoamericanas", comenta Joseph Mouawad, administrador de fondos de la firma Carmignac, especializado en mercados emergentes.

"Un dólar débil viene con precios más altos de las materias primas", le dice a BBC Mundo.

En relación con la deuda en dólares de los países latinoamericanos, Diego Mora explica que, como hay una mayor cantidad de la divisa en el mundo y las tasas de interés están bajas, Estados Unidos tiene menos poder negociador.

Entonces, "la deuda en dólares de los países latinoamericanos puede ser renegociada a menores tasas de interés".

 

FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55835740



martes, 12 de enero de 2021

Venezuela: qué se sabe de la operación policial en Caracas que terminó en una "masacre" El gobierno de Venezuela continúa con su política de mano dura contra la delincuencia. El pasado fin de semana, un operativo policial, que incluía a miembros del polémico cuerpo policial FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana), dejó 23 muertos en un barrio de Caracas, según Provea, una ONG de defensa de los Derechos Humanos.

Venezuela: qué se sabe de la operación policial en Caracas que terminó en una "masacre"

El gobierno de Venezuela continúa con su política de mano dura contra la delincuencia.

El pasado fin de semana, un operativo policial, que incluía a miembros del polémico cuerpo policial FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana), dejó 23 muertos en un barrio de Caracas, según Provea, una ONG de defensa de los Derechos Humanos.

"Su indumentaria siniestra busca amedrentar a la población", denuncian los expertos.

La cifra de Provea se basa en datos de la propia policía y de las familias, que ya empiezan a denunciar "ejecuciones".

Hasta este martes, el gobierno venezolano no había dado su versión de lo sucedido.

"No hay comentarios por ahora", dijo a BBC Mundo sobre los hechos en La Vega un portavoz del Ministerio Público.

El fiscal fiscal general, Tarek William Saab, no respondió la petición de comentarios de BBC Mundo.

Tampoco el Ministerio del Interior, Justicia y Paz respondió a la solicitud de BBC Mundo.

¿Qué se sabe?

Desde la noche del viernes y durante el fin de semana, en las redes sociales los vecinos publicaron videos de la llegada de miembros de las FAES, fuertemente armados, al barrio de La Vega, en el oeste de la capital venezolana, y de los posteriores enfrentamientos.

"El foco fundamentalmente fue en La Zulia, que es una calle bastante larga en contacto con Las Torres, que es una zona estratégica territorialmente porque quien la controla también controla la boca suroeste de Caracas, que es un corredor importante", asegura a BBC Mundo Andrés, un vecino y líder social de la comunidad que prefiere usar un nombre ficticio por temor a represalias.

Marino Alvarado, coordinador de investigaciones de Provea, calificó lo sucedido de "masacre" y habló de 23 muertos.

Las FAES operan en los barrios populares de Venezuela, donde reciben denuncias de violaciones de los derechos humanos.
"El enfrentamiento fue en la parte baja (de La Vega), pero aún en la parte alta, en la que vivo, se escucharon las detonaciones, se vivió mucha zozobra, estuvimos en mucha tensión durante los enfrentamientos", dijo a BBC Mundo por teléfono Amaranta, una vecina de la zona que también prefiere no dar su nombre real.

"Aún continúa mucha presencia de las FAES incluso en la parte alta", dijo la noche del lunes la mujer, que durante los enfrentamientos trató de no salir de casa, mantener a su familia alejada de las ventanas, no poner música y bajar el volumen de la televisión "para que no se dieran cuenta de que había gente".

Marino Alvarado aseguró que los 23 muertos son el mayor saldo de víctimas desde que el Estado venezolano comenzó la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una polémica política de mano dura contra la delincuencia en uno de los países más violentos del mundo.

La vecina de La Vega, una parroquia tradicionalmente más tranquila que otras del entorno, teme por sus hijos adolescentes, a menudo objetivo de estos operativos por considerarlos como sospechosos de pertenecer a las bandas.

"Los amedrentan y les dicen: Te callas o te siembro. ¿Y cómo yo amarro a la pata de la cama a unos adolescentes?", dijo preocupada.

En algunos barrios las bandas han ocupado el lugar dejado por la policía.

No hay detalles de contra qué banda actuaba la policía, aunque podría ser la del "Coqui", basada en la cercana zona de la Cota 905 y que es una de las más peligrosas de Caracas y las de mayor control territorial.

¿Cuán habituales son estas operaciones?

Operativos como el de La Vega son habituales en Caracas y en otras partes del país.

En los barrios populares se denuncia la ausencia del Estado y es habitual el control por parte de bandas. Entre abril y mayo se registraron enfrentamientos entre grupos armados en Petare, el barrio popular más grande de América Latina.

Posteriormente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado entraron en acción contra la banda de "Wilexis".

En la Cota 905, cercana a La Vega, en los últimos meses fueron habituales también los enfrentamientos entre la policía y la banda del "Coqui".

A final de 2020, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) publicó su informe anual en el que destacó el descenso de los fallecimientos respecto a 2019 por la pandemia de coronavirus en un país que, sin embargo, sigue siendo el de mayor número de muertes violentas de América Latina: 11.891 en 2020, es decir 45,6 por cada 100.000 habitantes.

La gran novedad del informe es que del total de muertes violentas, un 35,5% fue a manos de la policía, en lo que se clasifica como "resistencia a la autoridad", una cifra superior a la de los homicidios.

"Por primera vez fueron más los muertos por la policía que los asesinados por los delincuentes", dijo Roberto Briceño-León, presidente del OVV.

Según los cálculos de Provea, de 2010 a agosto de 2020 más de 27.000 personas han sido asesinadas por organismos policiales y militares, "con un crecimiento significativo en los últimos cinco años desde que surge la OLP".

¿Qué es la OLP?

Desde que el gobierno de Venezuela creó en julio de 2015 la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), han aumentado las denuncias por asesinatos y desaparecidos a manos de la policía.

De julio de 2015 a febrero de 2016 el gobierno dijo que hubo 245 víctimas y 2.310 detenidos. Después dejó de hacer público el conteo.

La OLP, en la que participan fuerzas especiales civiles y militares, nació el 13 de julio de 2015 como un nuevo plan contra el crimen, pero no hay ningún documento oficial y público que detalle su metodología ni sus metas, denuncian las organizaciones de derechos humanos.

El presidente, Nicolás Maduro, dijo entonces que el objetivo era "apretar al máximo el castigo de todos los crímenes".

Y la OLP ha golpeado especialmente en los barrios más pobres, los más violentos, allí donde la presencia del Estado es escasa y donde los policías son el enemigo de las bandas.

A esas bandas se les entregó las llamadas "zonas de paz", sectores en los que pueden ejercer control a cambio de garantizar seguridad.

"Pero eso se ha ido extendiendo a dinámicas de control territorial y se le ha escapado de las manos al Estado", dice a BBC Mundo Andrés, líder social de la Vega.

La respuesta del Estado contra la violencia ha sido más violencia.

¿Qué son las FAES?

Es el grupo de la policía más temido por su poder de fuego y por su despliegue con armas largas, capuchas e incluso máscaras con el símbolo de la calavera.

La respuesta del Estado suele ser tan violenta como la que ejercen las bandas.
Son los comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, una unidad de élite activada en 2017 por orden directa del presidente Maduro.

Su misión, dijo el mandatario, es el "proteger al pueblo frente al crimen".

En junio de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, algo que este fin de semana denunciaron también vecinos de La Vega.

El informe de Bachelet incluyó entre sus recomendaciones finales la disolución de las FAES y la apertura de una investigación independiente sobre su actuación que atendiera a las víctimas.

Pocos días después de que se hiciera público el informe, Maduro apareció en un acto con efectivos de las FAES.

"¡Viva el FAES!", proclamó.

En septiembre del año pasado el informe de la Misión para la Determinación de los Hechos en Venezuela de Naciones Unidas dijo que "hay bases razonables" para creer que tanto el presidente Maduro como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de crímenes que entran dentro de la categoría de lesa humanidad.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", dice el informe.

El gobierno aseguró que el reporte está lleno de "falsedades", pero en los últimos meses ha estado trabajando de cerca con la oficina de Bachelet.

También en septiembre, Bachelet habló sobre los derechos humanos en Venezuela e insistió, entre otras cosas, en las acciones de las FAES.

"Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020", expresó la expresidenta de Chile.

El presidente Nicolás Maduro creó las OLP y las FAES.

"El Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país", dijo Bachelet sobre la actuación de la fiscalía.

Las palabras de Bachelet ponían de relieve que hubo una cierta reacción del Estado para castigar los excesos de estos operativos.

Maduro rechazó el informe de Bachelet y exigió su rectificación.
De hecho, el fiscal, Tarek William Saab, admitió públicamente los excesos de un cuerpo que, sin embargo, sigue operativo.

"Ahora la modalidad es el secuestro que promueven funcionarios policiales. Hay dos denunciadas vinculadas a las FAES nuevamente", señaló Saab en noviembre en la televisión estatal.

"Yo no entiendo qué es lo que está pasando con las FAES. Son 800 o 1.000 policías. Es mentira podrida que por ellos se han reducido los índices delictivos", agregó, restando importancia al supuesto papel del cuerpo en la estrategia contra el crimen.

 

FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55639727




viernes, 11 de mayo de 2018

Qué lecciones puede sacar Venezuela de las hiperinflaciones en Perú, Nicaragua y Bolivia, las peores registradas en América Latina. Fueron muchas las hiperinflaciones en América Latina en los 80 y comienzos de los 90.


Qué lecciones puede sacar Venezuela de las hiperinflaciones en Perú, Nicaragua y Bolivia, las peores registradas en América Latina.
Fueron muchas las hiperinflaciones en América Latina en los 80 y comienzos de los 90. 
La hiperinflación escaló a su máximo en Perú durante el gobierno de Alán García.
Hubo una época traumática en que el dinero de la gente casi no valía nada, había un déficit fiscal gigantesco y la inflación estaba tan disparada que los cambios en los precios podían ser cuestión de horas.
Horas amargas para numerosas personas que recuerdan esos difíciles años, seguidos por drásticos ajustes inspirados en muchos casos por el economista estadounidense Milton Friedman, férreo defensor de la liberalización total de la economía.

¿Qué tan drásticos? Es ahí donde la discusión se hace inagotable. Y en el caso de Venezuela, las soluciones gradualistas-las que preponen reformas progresivas para disminuir la burbuja inflacionaria- no encuentran mucho eco entre los expertos.
El ranking de los países con más alta hiperinflación en la historia de la región es debatible, porque los expertos no se ponen de acuerdo en cuál es la mejor manera de medirla y qué datos son fiables.
Al primer lugar de la lista postulan Perú, Bolivia y Nicaragua. En cada una de estas naciones se aplicaron fórmulas distintas para salir del abismo, pero en todas ellas se repitieron políticas de shock, cuyos efectos siguen siendo discutidos hasta el día de hoy.

La cola del perro
La peor hiperinflación en la historia reciente de América Latina se registró en Perú en 1990, bajo el gobierno de Alan García.
Este país encabeza la lista, si seguimos la definición más utilizada por los economistas, que considera la hiperinflación como un alza de los precios de más de 50% durante al menos 30 días seguidos.

Con ese parámetro, el segundo lugar lo ocupa Nicaragua y el tercero Venezuela, según el economista Steve H. Hanke, profesor de economía aplicada de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, quien lleva años midiendo la inflación diaria que experimentan los países a nivel mundial.
Según el registro de Hanke, Perú llegó a 397% mensual en 1990; Nicaragua a 261% en 1986; Venezuela a 234% en abril de este año; Argentina a 197% en 1989; y Bolivia a 183% en 1985.
Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincide en que ese fue el peor año, y su análisis considera que hubo un alza de precios anual de 7.649%, utilizando los datos del Banco Central de Reserva de Perú.
La Venezuela actual va camino de romper ese negativo récord en 2018, ya que el FMI proyecta una inflación de 13.000%.

Pero, advierte el economista, en aquella época las mediciones tenían inconvenientes. "Es probable que haya sido un tercio menos o hasta la mitad menos de lo que conocemos", le dice Macera a BBC Mundo.
"Creo que fue la más violenta de América Latina", agrega. "Por eso, la política aplicada en el primer año del gobierno de Fujimori fue fundamental. Fue dura, pero no había otro modo de combatir la hiperinflación", opina.
"Se dice que cuando Milton Friedman le explicaba a Augusto Pinochet que la única manera de terminar con la hiperinflación era de un porrazo. Le dijo: 'Si quieres cortar la cola de un perro, y lo haces poco a poco, pedacito por pedacito, matarás al perro. Tienes que hacerlo de golpe, de una sola vez. Lo mismo pasa con la inflación'".

El "Fujishock"
Fujimori aplicó el llamado "Fujishock", probablemente el ajuste económico más duro en la historia de ese país.
Tan duro, que hasta el propio ministro Juan Carlos Miller lo anunció y terminó su discurso con la famosa frase "Dios nos ayude".
El país tenía un gigantesco déficit fiscal provocado por un aumento del gasto público durante el gobierno de Alan García que buscaba activar la demanda interna.

"Para financiar ese gasto, en un momento se pusieron a imprimir billetes como locos", dice Jorge Gonzales, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico, en conversación con BBC Mundo.
Cuando Fujimori llegó al poder levantó el control de precios, liberó el dólar, privatizó empresas públicas, eliminó subsidios y paró la impresión de dinero, entre una serie de otras medidas.
"Fujimori logró detener la inflación en pocas semanas", dice el economista.
¿Pero cuál fue el costo? "Si hay que criticar algo, yo diría que Fujimori no supo o no pudo crear una red social de ayuda para moderar los efectos del plan".
Políticas similares se aplicaron en varios países de la región, que venían saliendo o que estaban en medio de la crisis de la deuda externa que causó estragos en los 80.

Abrir la billetera fiscal
Según los datos del Banco Mundial, la peor inflación anualizada (que se mide por el alza de los precios en los últimos doce meses) en la historia de América Latina la tuvo Bolivia con 23.443% en septiembre de 1985.
Le siguen Argentina con 20.262% (marzo 1990) y Perú con 12.379% (agosto 1990). Completan la lista Brasil con 6.821% (abril 1990) y Chile con 745% (abril 1974).
En Bolivia, el déficit fiscal generó un escenario complejo. En 1982, el gobierno de Hernán Siles Zuazo abrió la billetera fiscal y puso controles a la política cambiaria.
Comenzó a subir rápidamente la inflación, que se trató con devaluaciones recurrentes que se hacían insostenibles para los ciudadanos.

Para 1985, las cosas se habían escapado de control y, cuando llegó al poder, Víctor Paz Estenssoro puso en práctica una dura reforma económica.
¿Suena conocido? El paquete incluía medidas como la eliminación del control de precios, la unificación cambiaria con libre convertibilidad, ajuste de tarifas de servicios públicos, congelamiento de salarios, paralización de inversiones públicas, reformas impositivas, financiamiento externo del déficit fiscal.
Este paquete tampoco fue acompañado de políticas sociales que mitigaran los efectos en la población, tal como ocurrió en Perú, aunque cada episodio tuvo sus propias características.
Si en algo están de acuerdo los economistas es que Nicaragua tuvo la inflación más prolongada de América Latina, que se extendió desde junio de 1986, hasta marzo de 1991.

En Perú se aplicó el "Fujishock".
Los datos del FMI no coinciden al 100% con los del Banco Mundial.
Según el FMI, la hiperinflación más de América Latina alta la vivió Nicaragua en 1987 con una subida de precios de 13.111% anual, seguido por Bolivia en 1985 con 11.750% y Perú en 1990 con 7.480%.
Aunque las mediciones son divergentes, coinciden en que los casos más dramáticos: se repiten los nombres de Perú, Bolivia, Nicaragua, Argentina. Y ahora se suma a la lista Venezuela, que vive una de las peores crisis políticas y económicas que le ha tocado enfrentar a ese país.
De hecho, el FMI proyecta que este año la inflación venezolana llegaría a 13.000%, bajo condiciones de pobreza extrema, violencia y escasez.

No gastes más de lo que tienes
El escenario internacional es muy distinto al que existía en los 80 o al inicio de los 90. Por eso, dicen los expertos, las recetas implementadas en ese entonces no se deberían aplicar de la misma manera en el contexto actual.
Según Diego Macera, la hiperinflación de Venezuela está marcada, a diferencia de la peruana, por una profunda escasez.
"Aunque la naturaleza del problema es similar: un control absurdo sobre el sistema de mercado que ahoga la economía. En ese sentido, la estrategia que debe seguir es similar a la de Perú", opina Macera.

Quienes han seguido los casos de inflación a nivel internacional, sostienen que el primer paso es independizar el Banco Central del poder político y dejar de financiar el déficit fiscal con emisión de billetes.
"La inflación no la paras controlando precios o tomando el control de los supermercados", dice Jorge Gonzales. "Es como si una persona con fiebre decide bajarla rompiendo el termómetro".
Nicaragua tuvo la inflación más larga de América Latina.
Otros expertos dicen que el paso número uno es dolarizar la economía de un solo golpe.
Si lo hiciera, Venezuela podría ser el cuarto país de América Latina en adoptar la moneda estadounidense después de Panamá, El Salvador y Ecuador.
Otra visión plantea que a Caracas le convendría seguir el camino que en su minuto adoptaron Bolivia y Perú, estableciendo un tipo de cambio flotante y con bancos centrales fuertes e independientes.
Los que defienden esta política, como el economista venezolano Omar Zambrano, piensan que permitiría estabilizar los precios, aumentar el crecimiento y reducir la pobreza.
Otro factor relevante es que Venezuela es un país con una producción concentrada en el petróleo, algo que lo distingue de los demás.

El FMI proyecta una inflación en Venezuela de 13.000% para este año.
En general, una de las lecciones que han dejado las crisis hiperinflacionarias de la región es que un manejo irresponsable de la política monetaria y en general de la economía puede tener consecuencias gravísimas.
Esa lección la han tenido que aprender a la fuerza los países que han sufrido esa espiral descontrolada de subida de precios.
La situación en Venezuela, en medio de un turbulento panorama político, hace más difícil el desafío.
No se sabe cuáles serán las medidas que Venezuela tomará para salir de su crisis, pero si la situación sigue por el camino que ha llevado hasta ahora, el reloj seguirá marcando el avance de una crisis que no da señales de aflojar.

FUENTE:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-44043989

sábado, 15 de julio de 2017

Como en los viejos tiempos. Tras casi tres meses de lucha democrática en Venezuela, más de 400 personas están sometidas a tribunales militares

Como en los viejos tiempos.
Tras casi tres meses de lucha democrática en Venezuela, más de 400 personas están sometidas a tribunales militares
(Por DIEGO GARCÍA-SAYAN)
Nuestro Director Ejecutivo, Carlos Alfredo Cárdenas Borja y el jurista, Diego García -Sayan
Groucho Marx, no Carlos el alemán, en su genial humor negro, sabio y de bisturí, dijo algo así como que “la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música”. Acaso exagerado y simplificador, ya que en determinadas circunstancias la justicia militar podría tener una explicación histórica y hasta lógica y jurídica. Al tratarse, por ejemplo, de hechos y circunstancias estrictamente militares como la deserción en el campo de batalla u otros hechos que erosionen gravemente la disciplina castrense. Pero, esencialmente, es certero Groucho.

Fuera de circunstancias excepcionales —y circunscritas del ámbito estrictamente militar—, en las sociedades democráticas básicamente ha pasado a la historia el juzgamiento de civiles por tribunales militares, herramienta tan socorrida por dictaduras o gobiernos autoritarios. O eso creíamos. Después de casi tres meses de lucha democrática en las calles venezolanas y casi un centenar de muertos, más de 400 personas —la mayoría jóvenes— estarían sometidas a tribunales militares. Eso es una regresión histórica en Latinoamérica y una violación abierta de normas internacionales y constitucionales.

Las normas constitucionales de la mayoría de países latinoamericanos y, por cierto, la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana en más de 20 casos contenciosos sobre casos de países como Colombia, Chile, Perú y Venezuela ha avanzado en una clara ruta restrictiva de la justicia penal militar. Llegados a este punto, de acuerdo con el derecho internacional, la misma sólo puede ser aplicable en dos circunstancias concurrentes: a) tratándose de personal militar en actividad; b) por delitos estrictamente castrenses (por ejemplo, los vinculados a la deserción de filas). La doctrina en el ámbito de Naciones Unidas es semejante.

Como estableció la Corte Interamericana en el caso Usón Ramírez contra Venezuela (2009) en concordancia con otros 19 fallos semejantes sobre la misma materia, el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso; exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio o, especialmente, subordinación jerárquica sobre la sustancia de su decisión. La Constitución venezolana de 1999 es concordante con ese criterio. Establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar (artículo 261). Como lo ha recordado recientemente la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela los delitos “de naturaleza militar” son las infracciones a los deberes de disciplina, obediencia y subordinación de cargo de miembros activos de la Fuerza Armada. No las protestas callejeras de civiles.

Que una norma del Código Orgánico de Justicia Militar (artículo 123) —previo a la Constitución— autorice el procesamiento de civiles por tribunales militares no cambia las cosas ni “viste” de derecho el atropello. Sobre el Código prevalece la Constitución (posterior al Código) y el derecho internacional. Así lo ha recordado hace no mucho la Sala de Casación Penal en sentencia del 6 de diciembre de 2016. Recurrir a la justicia militar para juzgar a civiles es algo que extrema, más allá del límite, lo que es compatible con las obligaciones y estándares internacionales. Y, como la experiencia latinoamericana de los últimos 20 años ha demostrado, suele ser una medida desesperada e inútil para defender un orden contrario al derecho. Pasos graves que tienen, por cierto, un contenido ambivalente. Porque si bien es una ostensible regresión que tribunales militares juzguen a civiles que no han cometido un “delito militar”, la experiencia latinoamericana y de otras regiones indica que cuando se recurre a esas medidas arbitrarias extremas suele ser cuando la lógica autoritaria en el poder expresa una desesperación, anunciando, por lo general, lo que podría ser el principio del fin de ese autoritarismo. Anunciando, así, tiempos mejores.

FUENTE: https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/14/actualidad/1499989079_620672.html