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martes, 25 de febrero de 2020

Perú, Chile y Colombia son los países con menor riesgo país y Argentina el de mayor riesgo. Lo que implica que Argentina tiene mayor probabilidad de incumplimiento en su pago de bonos. Los detalles, aquí.


Perú, Chile y Colombia son los países con menor riesgo país y Argentina el de mayor riesgo.
Lo que implica que Argentina tiene mayor probabilidad de incumplimiento en su pago de bonos. Los detalles, aquí.
(Foto: GEC)
La República de Colombia analizó el comportamiento que han tenido los CDS (credit default swaps) a cinco años con el propósito de conocer cuál es la exposición a la que se enfrentan los inversionistas.
La evaluación reveló que Perú con 41, Chile con 45 y Colombia con 69 son los países de la región con menor riesgo país, lo que implica menor incumplimiento en su pago de bonos. Caso contrario ocurre con Argentina.
Esta nación con 4.092 unidades es el país que presenta la mayor probabilidad de incumplimiento, seguido de Brasil con 92 y México con 72.
En opinión del jefe de investigaciones económicas de Acciones y Valores, Wilson Tovar, pese a que Brasil y México están dentro de los tres países más riesgosos para los tenedores de bonos o inversionistas, su posición no debe tomarse como algo negativo, ya que están lejos del puntaje que registra Argentina.
De acuerdo a este especialista, las unidades alcanzadas por los países de la región, sin tomar en cuenta a Argentina, va en línea con el comportamiento que han tenido los bonos del tesoro de Estados Unidos en medio del avance del coronavirus.
Por su parte, para el analista económicos Gregorio Gandini, el buen momento por el que pasan los países en términos de riesgo país se deb a que -en el caso de Brasil y México- iniciaron el año con un buen comportamiento en varias aspectos.
En el caso de Colombia, para el experto en los último días ha registrado una reducción en su nivel de riesgo gracias a que tiene proyecciones de crecimiento favorables frente al promedio mundial y otras naciones del continente.
A esto se suma que cumple con los pagos a los que se compromete, mientras que en el caso de Chile, la posición que alcanzó esta nación se explica en que ha venido superando el impacto del estallido social que registró a finales del 2019.
Gandini resaltó que el impacto del coronavirus no se ha sentido en estos mercados ya que no se registra una alta exposición al contagio y porque el temor en torno a este patógeno ha venido disminuyendo con el paso de los días.

FUENTE: https://gestion.pe/economia/peru-chile-y-colombia-son-los-paises-con-menor-riesgo-pais-y-argentina-el-de-mayor-riesgo-noticia/

lunes, 1 de julio de 2019

Perú: Sueldos en el Poder Judicial: el laberinto de los bonos para jueces supremos En apenas cuatro años, los sueldos de los jueces supremos más antiguos del Poder Judicial se han incrementado en 15 mil soles. Los magistrados con más de cinco años en este cargo pasaron de ganar S/27.117 en el 2015 a S/42.717 en la actualidad, más de lo que recibe un ministro de Estado o el presidente de la República.


Perú: Sueldos en el Poder Judicial: el laberinto de los bonos para jueces supremos
En apenas cuatro años, los sueldos de los jueces supremos más antiguos del Poder Judicial se han incrementado en 15 mil soles. Los magistrados con más de cinco años en este cargo pasaron de ganar S/27.117 en el 2015 a S/42.717 en la actualidad, más de lo que recibe un ministro de Estado o el presidente de la República.
Radiografía remunerativa. Ingresos anuales de magistrados con más de cinco años en el cargo superan a los de otros altos funcionarios del Estado.
Los aumentos se han dado progresivamente a través de bonificaciones sobre el sueldo básico. Desde 1993, con la emisión de la ley orgánica del Poder Judicial, los jueces supremos más antiguos reciben un bono que, en principio, no era pensionable.
Originalmente, los magistrados tenían que haber cumplido diez años en el cargo de juez supremo para recibir un bono equivalente al 25% de la remuneración básica. Así, hasta el 2015, los funcionarios que cumplían estas características ganaban hasta S/27 mil mensuales.
Pero la ley de presupuesto del 2016 –aprobada en el gobierno de Ollanta Humala– introdujo cambios: ya no era necesario cumplir diez años en el cargo para acceder a esta gracia, sino solo cinco. Además, la bonificación se convirtió en el equivalente a tres unidades de ingreso en el sector público (UISP, fijada en S/2.600 desde el 2016 hasta la fecha); y el monto pasaba a ser pensionable después de que el funcionario cumpliera treinta años de servicio en el Estado, diez de ellos en el Poder Judicial.
Con estas modificaciones, los jueces supremos con más de cinco años en el puesto pasaron a ganar S/31 mil mensuales. Este monto está registrado en la página de transparencia del Poder Judicial y en las declaraciones juradas emitidas por los magistrados ante la Contraloría de la República.
—Segundo bono—
En diciembre del 2017, en medio de la tensión previa al primer pedido de vacancia contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, se promulgó la ley de presupuesto del 2018. En una de las disposiciones complementarias, se aprobó otorgar una bonificación adicional para jueces supremos titulares de la Corte Suprema equivalente a 4,5 UISP ( S/11.700). La intención era que el bono fuera solo por el 2018.
Fuentes de El Comercio indicaron que el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso no incluía este aumento, sino uno mucho menor. Fue en el debate de la Comisión de Presupuesto, entonces presidida por la fujimorista Karina Beteta, que se hizo esta modificación.
El legislador Armando Villanueva (Acción Popular), integrante de ese grupo, no recuerda que este tema haya sido planteado como punto central en la discusión sobre el presupuesto público. Este Diario intentó comunicarse con la congresista Beteta, pero no fue posible contactarnos con ella.
Con esta modificación, los jueces supremos con más de cinco años pasaron a recibir 7,5 UISP de bonificación, lo que sumado a su sueldo y otros beneficios alcanzaba S/42.717 mensuales.
Pero la redacción de esta disposición complementaria no distinguía entre magistrados antiguos y nuevos. Así, por ejemplo, el ex juez César Hinostroza, quien no tenía cinco años en el cargo, pasó de percibir S/23 mil a S/34.917 mensuales, hasta que fue destituido por su vinculación con el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.
La modificación también dispuso que esta bonificación fuese aplicada a los fiscales supremos del Ministerio Público. Por ello, los fiscales Zoraida Ávalos, Pedro Chávarry y Pablo Sánchez pasaron de ganar S/20.800 a percibir S/32.500 durante el 2018. La diferencia equivale a las 4,5 UISP que se otorgaron como bono.
—Mal remedio—
La ley de presupuesto del 2019, aprobada en noviembre del año pasado por el Congreso, intentó corregir esta situación, pero sin éxito. Se hizo una modificación al bono original: se incrementó de 3 a 4,5 UISP para jueces y fiscales supremos, y miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La redacción era engorrosa y omitió el segundo bono, lo que generó una controversia entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
En enero, la Sala Plena de la Corte Suprema emitió un comunicado para protestar por la interpretación que el Ministerio de Economía hizo sobre los beneficios a jueces. Señaló que estaban recortando sus remuneraciones.
Para el Poder Judicial, las bonificaciones otorgadas permanecen en el tiempo, por lo que no es válido decir que el bono que recibieron en el 2018 ya no está vigente. Por ello, el Ejecutivo incluyó una aclaración a este tema en el proyecto de modificación de la ley de presupuesto enviado en mayo, la cual fue aprobada por el Congreso.
El jueves, se promulgó una norma que convertía en permanente la bonificación de 4,5 UISP otorgada a fines del 2017, adicional a la que originalmente tenían los magistrados del Poder Judicial de 3 UISP. Estos beneficios están vigentes para jueces y fiscales supremos, y miembros del pleno del JNE, con más de cinco años en el cargo.
—Montos actuales—
Solo 13 de los 18 magistrados titulares que integran la Corte Suprema del Poder Judicial cumplen estos requisitos. Los otros cinco perciben casi S/35 mil mensuales.
La diferencia entre sus sueldos y los de funcionarios de menor nivel es elevada. Los jueces supremos provisionales cumplen las mismas funciones, aunque no hayan pasado la evaluación para ser titulares, explica el especialista Gorki Gonzales. El sueldo de estos magistrados es de S/25 mil mensuales. En tanto, un juez superior percibe S/19 mil.
Según el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, esta diferencia no guarda relación con la proporcionalidad establecida en la ley orgánica del PJ. Esta señala que un juez superior debe ganar el 90% de lo que gana un vocal de la Corte Suprema.

FUENTE: Jonathan Castro
https://elcomercio.pe/politica/sueldos-judicial-laberinto-bonos-jueces-supremos-noticia-ecpm-648058

martes, 19 de julio de 2011

¡El faenón de despedida!

¡El faenón de despedida!

Entre gallos y medianoche, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un proyecto de ley para pagarles más de 1,000 millones de dólares a los poseedores de bonos producto de la reforma agraria realizada hace 40 años por Juan Velasco Alvarado.

Según un tenedor de bono citado por la agencia de noticias Reuters, el presidente Alan García podría promulgar la norma antes de que ceda el poder el 28 de julio al mandatario electo, Ollanta Humala.

La propuesta fue sustentada anoche por el presidente de la Comisión Agraria, el congresista aprista Aníbal Huerta Díaz y se aprobó, tras un breve debate, por 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. La prensa fue informada de esta aprobación a través de una nota de prensa del Congreso enviada a la agencia estatal Andina. Se informó que la exoneración de la segunda votación será tramitada por la Junta de Portavoces.

La norma aprobada autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a emitir bonos soberanos hasta por el valor de los bonos de la deuda agraria actualizada, la cual se vencerá dentro de 30 años.

Se precisa que el MEF, a través de la Dirección Nacional de Endeudamiento, será el encargado de acreditar, certificar y canjear los bonos, y se agrega que los tenedores del bono tendrán hasta el 31 de diciembre del 2015 para solicitar la actualización de su deuda.

Intervinieron para apoyar la propuesta los congresistas Javier Bedoya de Vivanco (UN), Rafael Yamashiro Oré (UN), Aldo Estrada Choque (UPP), Fabiola Morales Castillo (AN) y Karina Beteta Rubín (UPP). Daniel Abugattás Majluf (GPN) planteó el archivo de la iniciativa, al señalar que genera gasto público y deja una “bomba de tiempo” al próximo gobierno.

Fredy Otárola Peñaranda (GPN) dijo que este tema debe ser abordado por el próximo Parlamento Nacional debido a lo complejo del tema. Oswaldo Luízar Obregón (BPCD) puso observaciones a la propuesta. Lourdes Alcorta Suero (AN) lamentó que el Estado tenga que asumir deudas ocasionadas durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado.

José Carrasco Távara (PAP) solicitó información sobre la cantidad de bonos de la deuda agraria emitidos. Al respecto, la agencia Reuters señala que según los que se beneficiarían con el pago de la deuda señalan que esta ascendería a más de US$4,500 millones.

El problema es que la mayoría de dichos bonos estarían en manos de grandes grupos de poder e inversionistas extranjeros que durante todos estos años se dedicaron a comprarlos a precios irrisorios, por lo que obtendrían grandes beneficios al momento de recuperar dichos recursos del Estado.

En octubre del 2010 el Banco de Crédito del Perú interpuso una demanda judicial contra el Estado, por el pago de 3.279 bonos de la reforma agraria. Esos papeles equivaldrían a US$27 millones. Mediante un comunicado de prensa la entidad financiera informó en esa fecha que había iniciado la acción judicial a fin de evitar que prescriba el pago de dichos papeles.

En el 2003, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas estimó la deuda en 4,300 millones de nuevos soles, motivo por el cual era inviable el pago. La Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas también preparó un informe en el que precisa que “resulta inviable atender cualquier requerimiento de actualización del valor y pago de los bonos de la deuda agraria u otra obligación derivada del proceso de reforma agraria”.

FUENTE: http://diario16.pe/noticia/7536-aael-faenaon-de-despedida