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viernes, 19 de noviembre de 2010

EL pasado del juez candidato: se llama Juan Vidal Morales

El pasado del juez candidato
Se llama Juan Vidal Morales y aspira a dirigir los destinos de la Corte Superior de Lima, pero guarda un secreto del que prefiere no hablar.

Es vox pópuli en el Poder Judicial (PJ) que el presidente de la Corte Superior de Lima y amigo del partido aprista, César Vega Vega, ya tendría candidato para sucederlo en el cargo desde el 2 de diciembre próximo.

Ese “favorito” del mandamás de la corte limeña es el vocal superior Juan Carlos Vidal Morales.

Pero este magistrado lleva sobre sus espaldas una historia de la que prefiere no hablar.

Desde hace seis años, Vidal Morales es investigado en el PJ y en el Ministerio Público (MP) por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria, sin veredicto final, por el momento.

Pese a que Vidal hubiera preferido mantener en reserva esta información, vale la pena revisar la foja de servicios de quien vendría siendo auspiciado por Vega Vega para dirigir la corte judicial más importante del Perú por los próximos dos años.

DECLARACIONES JURADAS.

Vidal Morales preside actualmente la Quinta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Lima.

Las investigaciones contra él empezaron en el año 2004, cuando la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) efectuaba una revisión de rigor de las declaraciones juradas de los magistrados del PJ.

En aquel entonces, la OCMA se encontraba bajo la jefatura de Francisco Távara, quien dos años después se convertiría en presidente de la Corte Suprema.

Távara detectó que las declaraciones juradas de los años 2003 y 2004 presentadas por Vidal no contenían información real.

En ellas, el vocal superior había consignado poseer una camioneta Ford valorizada en S/.103,500. Pero, extrañamente, el mismo vehículo había sido registrado en su declaración de 2002 con el valor de S/.45,000.

“(Esa) situación amerita una aclaración aun mayor”, indicó en 2007 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que continuó con el proceso iniciado por la OCMA.

Ese no fue el único dato extraño.

“De otro lado... tampoco consignó el valor real declarado en el caso del inmueble ubicado en el distrito de La Molina (pues) lo declarado no correspondía a la condición de un terreno sino de una casa habitación; razón por la que no es aceptable que haya consignado como valor del inmueble únicamente el valor del terreno”.

LAS INVESTIGACIONES.

El 27 de abril de 2006, la OCMA concluyó sus pesquisas y emitió la Resolución Nº 90, sancionando a Vidal con la medida disciplinaria de apercibimiento.

Cuando el caso llegó al CEPJ, este colegiado de vocales supremos confirmó la sanción, el 11 de junio de 2007, y decidió remitir el expediente a la Fiscalía de la Nación para que efectúe una “investigación más exhaustiva” y pida el levantamiento del secreto bancario y tributario del magistrado Vidal.

Así se hizo.Pero eso fue el inicio de lo que vino después, cuando la fiscalía empezó a investigar a Vidal Morales por presunto enriquecimiento ilícito y presunta defraudación tributaria.

El primer caso, a cargo del propio despacho de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, y el segundo, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Defraudación Tributaria.

Según fuentes judiciales, la investigación de la Fiscalía de la Nación se encontraba muy avanzada hasta que, el 10 de setiembre de 2009, Vidal presentó un hábeas corpus para detener el proceso indagatorio.

El 4 de agosto de 2010, el 58º Juzgado Penal de Lima, a cargo de Antonia Saquicuray, admitió dicho recurso por “vulnerar el plazo razonable de la investigación”, y ordenó el archivamiento de lo avanzado.

La Fiscalía apeló tal decisión, pero el 13 de setiembre pasado, la Segunda Sala Penal con Reos Libres –que depende de la presidencia de la Corte de Lima– ratificó el archivamiento.

Pese a los requerimientos de información de este diario, hasta ahora no se sabe si el despacho de la fiscal Echaíz volvió a apelar.

El doctor Vidal Morales no aceptó ser entrevistado por Perú.21.

Además de lo señalado, hubiéramos querido preguntarle por tres modernos vehículos que adquirió en los últimos dos años por más de US$120 mil: un Mercedes Benz, de US$44,000; una camioneta Mitsubishi Montero, que le costó US$59,200, y un auto Suzuki, de US$16,990.

Todos, según Registros Públicos, pagados al contado.

Esto podría, probablemente, evidenciar signos exteriores de riqueza en Vidal, como diversas fuentes judiciales han dicho a este diario. Lamentablemente, el candidato a la presidencia de la Corte de Lima optó por la reserva absoluta.


Desde el miércoles, Perú.21 solicitó entrevistar al doctor Juan Carlos Vidal, pero en su despacho no nos facilitaron el contacto. Ayer, voceros de la Corte de Lima nos dijeron que la entrevista se concretaría, pero después mandaron decir que “en aras de la transparencia”, aceptaban nuestro pedido siempre y cuando este diario les precisara “quién” nos proporcionó la información que hoy publicamos, y “cómo” nos llegó. Por supuesto, no accedimos a ello.


JUAN CARLOS VIDAL MORALES (58)
Presidente de la 5ª Sala Superior Penal de Lima.
Candidato a la presidencia de la Corte Superior de Lima.
Investigado por presunto enriquecimiento ilícito y presunta defraudación tributaria.


Autor: Daniel Yovera

VERSION IMPRESA:

martes, 28 de septiembre de 2010

Agustin Mantilla a punto de lograr impunidad

Agustin Mantilla a punto de lograr impunidad (*)
Lista sentencia que cierra el proceso contra el Comando Rodrigo Franco que cometió secuestros y asesinatos en el primer gobierno del presidente García.

Quiere aprovechar las elecciones para huir de la justicia.

Mañana puede representar un día de luto para los derechos humanos, si la tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lima, presidida por Jorge Aguinaga, se pronuncia a favor del insólito hábeas corpus de Agustín Mantilla contra el fiscal y los jueces del proceso que afronta junto con otros ocho acusados, desde el 2007, por los crímenes cometidos por el llamado Comando Rodrigo Franco.

Mantilla y su defensa buscan anular el proceso con ese recurso, apelando al argumento de las supuestas insuficiencias en la investigación preliminar y la “inexistencia” del delito de lesa humanidad en el ordenamiento legal en el momento que ocurrieron los secuestros y asesinatos (tesis que fue uno de los pilares del Decreto Legislativo 1097, promulgado un mes después de presentada la demanda).

El juez Juan Elías Changanaquí Romero, suplente de 35º Juzgado penal, resolvió a favor de Mantilla y los ex integrantes del citado escuadrón de la muerte, al aceptar sus argumentos, lo que se conoció en medio de la batahola de los decretos de impunidad y militarización, pero no era posible apreciar en todos sus alcances hasta tener en la mano la sentencia.

LA PRIMERA tuvo acceso a esa sentencia, de la cual se infiere el movimiento para cerrar los crímenes de la guerra sin sanción para los culpables es muy amplio y que no por causalidad ha establecido un calendario que busca utilizar el momento de las elecciones para limpiar las sucias hojas de vida de varios personajes claves del primer gobierno de García y del decenio de Fujimori.

Al argumento irrebatible del fiscal Julio César Cordero Bautista, de la segunda fiscalía supraprovincial, ante el juez Changanaquí, rebate el argumento de que la denuncia contra Mantilla “entraña una gravísima amenaza a su libertad personal”, pues señala que el ex ministro nunca ha estado detenido por estos delitos atroces (lo ha estado por corrupción, por recibir dinero de Montesinos), y ha llevado el proceso con sus demás inculpados con orden de comparecencia.

Cesar Vega Vega, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima- Perú

El fiscal rebate también la tesis de que durante la serie de asesinatos cometidos por el Comando Rodrigo Franco no se usaba la expresión “delito de lesa humanidad”, pese a lo cual los delitos cometidos son claramente crímenes contra los derechos humanos, ejecutados en serie, con patrones de realización similares, perpetrados por agentes del Estado, lo que los distingue de otros delitos comunes y los incluye en la citada definición.

Precisamente esa ha sido la argucia usada para meter el contrabando del DL 1097, que quería dar como corte la fecha de adhesión del Perú a la Convención sobre Imprescriptibilidad (12 de junio del 2003), lo que automáticamente hacía prescriptibles los delitos anteriores, incluidos los ocurridos durante la guerra interna (1980-1995)

El fiscal Cordero advierte que los antecedentes de su denuncia se encuentran en el fallo de la Corte Interamericana de derechos humanos de setiembre de 2007 que establece que el estado peruano violó el derecho a la vida de los dirigentes sindicales Saúl Cantoral y Consuelo García y ordena investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

Los indicios que conducen al proceso se refieren por cierto a la naturaleza política de los crímenes (tipo de víctimas y reivindicación de los hechos); la declaración de testigos, entre ellos varios ex miembros del comando; diversas pruebas circunstanciales (atentado contra el Diario Marka, que fracasó y produjo bajas entre los miembros de la banda).

Teniendo todo esto en las manos la Sala Especial ha abierto la investigación sobre los miembros del comando y su jefe político Agustín Mantilla.

Es ahí donde la intervención del juez Changanaquí ha resultado invasiva y directamente orientada a abrirle una ventana de salida a los asesinos y secuestradores, según define en su sentencia, en la que afirma que se ha vulnerado el debido proceso de Mantilla, Chito Ríos y otros, al haber sido denunciados “sin una adecuada investigación preliminar”, lo cual no fundamenta y representa una acusación gratuita y agravante contra sus superiores de la Sala Superior y el Fiscal Superior de la causa.

A más de veinte años de la cadena de asesinatos y desapariciones cometidas por el tristemente célebre Comando Rodrigo Franco, un juez suplente quiere echarse abajo el proceso que está entrando en fase oral, creando su propio 1097 judicial para salvar a los violadores de derechos humanos.

CREDENCIALES

Ahora la resolución final de este embrollo está en manos de uno de los presidentes de sala con peores credenciales, aquel al que un miembro de su propio colegiado acusó por haberlo amenazado de muerte en relación al caso de narcotráfico contra el ex alcalde Valdez de Pucallpa; lo que causa profunda preocupación a la comunidad de derechos humanos y la ciudadanía en general, por lo peligroso de la situación para la administración de justicia.




domingo, 6 de diciembre de 2009

CESAR JAVIER VEGA VEGA, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, seria investigado por presunto delito de corrupción

CESAR JAVIER VEGA VEGA, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, seria investigado por presunto delito de corrupción en la modalidad de tráfico de influencia, delito sancionado hasta con ocho años de pena privativa de libertad.

(NOTA DE PRENSA)

Cesar Javier Vega Vega, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima


Con fecha 24 de noviembre del presente año, la Fiscal de la Nación Gladys Echaiz Ramos, dispone se remita mediante oficio Nº15216-MP-FN-SEGINFN, a efectos la Fiscalia Suprema de Control Interno, disponga si es viable abrir investigación respecto a la irregular conducta del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, CESAR JAVIER VEGA VEGA.

Todo esto en relación a los videos difundidos los días jueves doce de noviembre del presente año (programa periodistico veinticuatro horas) y viernes trece del mismo mes y año (noticiero noventa segundos) asi como del reportaje difundido por el programa PUNTO FINAL (emitido por frecuencia latina) con fecha quince de noviembre del presente año.

Una situación gravísima, pues en dichos videos difundidos, se aprecia que, a nombre de la Corte Superior de justicia de Lima, CESAR JAVIER VEGA VEGA, le entrega una distinción al abogado URIEL ARAMAYO CORDERO, quien es asesor de la Universidad Alas Peruanas.

El otorgamiento de este reconocimiento es negado por el Presidente de La Corte Superior CESAR JAVIER VEGA VEGA, llegando incluso a señalar la no existencia de video alguno respondiéndole textualmente a la periodista “este es un modo de chantajear a la gente”.

"...Vega Vega,de ser culpable, en su calidad de funcionario publico, seria condenado a una pena que oscilaria entre los cuatro a ocho años de prision efectiva", digo el abogado Carlos Cardenas Borja

El abogado Carlos Alfredo Cardenas Borja, quien solicita a la titular del Ministerio Publico se efectúen las pesquisas correspondientes (en su calidad de ciudadano y al amparo de lo dispuesto en el articulo 80º de la ley orgánica del Ministerio Publico), dijo: “Para una visión clara de la actitud y proceder del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, CESAR JAVIER VEGA VEGA, los videos referidos deben ser analizados por dicho Ministerio, pues se presume la comisión de ilícitos penales (corrupción de funcionarios en la modalidad de trafico de influencias) que ameritan la exhaustiva investigación y de ser el caso su posterior denuncia penal ante el Poder Judicial”.

El programa periodístico “24 HORAS” (PANAMERICANA TELEVISION), difunde el día doce de noviembre del presente año, un video en el que se puede observar una conducta inaceptable del actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, CESAR JAVIER VEGA VEGA.

Reportaje similar es difundido por el programa periodístico “NOVENTA SEGUNDOS”, con fecha trece de noviembre del presente año, en el que incluso se habla del “nombramiento de una juez en el distrito limeño de Jesús María, la misma que es pariente del asesor de la Universidad Alas peruanas URIEL ARAMAYO CORDERO.

Estaríamos frente graves ilícitos penales de corrupción de funcionarios en la modalidad de trafico de influencias (articulo 400º código penal) los mismos que deberán esclarecerse con las investigaciones correspondientes.

Corresponde investigar al Ministerio Publico como defensor de la legalidad y titular de la acción penal que es.

La Fiscalia Suprema de Control Interno, a designado a la presente investigación como “Caso Nº1061-2009” y las investigaciones estarán a cargo de la "Comision B".

Probablemente sea el Fiscal Supremo Avelino Guillen quien sea el encargado de realizar las investigaciones.

YouTube

cardenasborja ha compartido un video contigo en YouTube:

Cesar Javier Vega Vega: Videos compromete a Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.
La Universidad Privada Alas Peruanas no sólo habría financiado viajes al extranjero sino almuerzos y agasajos a magistrados del Poder Judicial. (Edición 12 de noviembre de 2009) (Fuente 24 Horas - Panamericana Television)