Condenada
una pareja que cobró durante 24 años la pensión de un familiar fallecido.
El
tribunal les impone cuatro años y nueve meses de prisión y una multa de 67.800
euros
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| Una mujer retira dinero de un cajero automático, en Terrassa (Cataluña). CRISTÓBAL CASTRO |
La
Audiencia Provincial de A
Coruña ha condenado a tres años y nueve meses de prisión a un
matrimonio acusado de fraude a la Seguridad Social y falsedad documental, por
cobrar durante 24 años la pensión del padre de la mujer, que había fallecido en
abril de 1991. La estafa fue descubierta en 2014 por los servicios sociales de
la Xunta de Galicia cuando
la pareja pretendía renovar el papeleo un año más.
Tras
alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, los acusados han
reconocido los hechos y han aceptado la condena solicitada para evitar el pago
de las multas previstas, pero tendrán que devolver los 67.800 euros que
cobraron a través de una cuenta bancaria tras falsificar documentos y la firma
del fallecido.
En
la sentencia quedó probado que a lo largo de todos estos años, tal y como se
recoge en el escrito del fiscal, la hija y el yerno de V. L. L., beneficiario
de una pensión no contributiva por incapacidad, no comunicaron a la Xunta su
fallecimiento. Por ese motivo, la Administración continuó ingresando la cuantía
de las prestaciones en la cuenta bancaria que el hombre compartía con su
esposa, pese a que esta falleció en 2015.
La
viuda fue denunciada por la Consejería de Trabajo y Bienestar Social por
ocultar el óbito de su marido, pero tras fallecer ella las diligencias
judiciales fueron archivadas. La responsabilidad recayó también en la hija del
fallecido, M. A. L. y su pareja, J. R. C. M., quienes incurrieron en dos
delitos continuados de estafa y falsificación documental, ya que ambos se
encargaban de cubrir toda la documentación que requería la Xunta para seguir
abonando la pensión.
Falsificación
de la firma
Sobre
la base de estas pruebas documentales ha quedado acreditado que los acusados
percibieron el importe mensual de la ayuda por discapacidad que tenía asignada
el fallecido desde mayo de 1991 hasta julio de 2014. En ellas se constata la
falsificación de la firma del fallecido por parte de su hija para renovar el
subsidio que cobraba por problemas de movilidad y que le había concedido la
Xunta un año antes de fallecer, el 23 de marzo de 1990.
Todo
el papeleo falso que fue confeccionado de su puño y letra por los acusados,
incluyendo un documento de fe de vida expedido por el Registro Civil, era
presentado en la delegación de la Xunta en A Coruña “dando así apariencia de
que el beneficiario continuaba vivo”, dice la sentencia.
Pero
en mayo de 2013, la Xunta advirtió de que en la declaración de ese ejercicio el
solicitante no había dado respuesta por escrito a la petición de los servicios
sociales para que estos pudieran consultar sus datos económicos y fiscales, por
lo que le requirió al fallecido que cubriese de nuevo la casilla
correspondiente al estar incompleta. Dicho requerimiento no fue atendido por
los acusados, ante el temor a ser descubiertos, por lo que la Conselleria,
mediante una resolución de 3 de junio de 2014, suspendió con carácter
provisional el pago de las ayudas públicas.
Así,
los acusados fabricaron un plan alternativo que consistió en comunicar a la
Xunta de Galicia que el beneficiario fallecido se trasladaba a Madrid para
residir con uno de sus hijos y que este se encargaría en adelante de tramitarle
la pensión no contributiva ante los órganos de dicha Comunidad Autónoma. Para
ello, el yerno escribió de su puño y letra el cuerpo del escrito, mientras su
mujer estampó una firma falsificada de su padre en el documento que presentaron
el 1 de julio de 2014 en la delegación de la Xunta en A Coruña.
Fue
entonces cuando los servicios sociales descubrieron la estafa al constatar que
no existía ningún traslado de residencia y que el solicitante había fallecido
en 1991. Aún así, ambos acusados elaboraron un último escrito de su puño y
letra para aludir toda responsabilidad penal y administrativa. En el documento,
también falsificaron la firma de la viuda del beneficiario en el que esta
reconocía el cobro indebido de las ayudas y se ofrecía a restituir el importe.
FUENTE:
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/09/actualidad/1523292655_243294.html
