Perú: Piden investigar presuntos aportes de Odebrecht a congresistas. En su diálogo con Moisés Mamani, Kenji Fujimori aseveró que tres congresistas de Fuerza Popular recibieron dinero de la empresa

Perú: Piden investigar presuntos aportes de Odebrecht a congresistas.

En su diálogo con Moisés Mamani, Kenji Fujimori aseveró que tres congresistas de Fuerza Popular recibieron dinero de la empresa

Jorge Barata señaló ante fiscales peruanos en febrero que Odebrecht aportó a postulantes al Congreso de "todos" los partidos en el proceso electoral del 2011. (Foto: El Comercio)

Aunque brevemente y sin dar mayor detalle, el legislador no agrupado Kenji Fujimori realizó durante su conversación con el parlamentario Moisés Mamani (Fuerza Popular) una aseveración respecto a tres colegas de bancada de este: el presidente del Parlamento Luis Galarreta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta.

“Kenji Fujimori: Letona, Alcorta y Galarreta (se escucha interrumpido) recibieron plata de Odebrecht […]”, señala la transcripción de todo el diálogo sostenido el pasado15 de marzo entre Fujimori, Mamani, Guillermo Bocángel y el asesor Alexei Toledo. El diario “Correo” difundió la conversación completa.

Como se sabe, Fuerza Popular difundió a fines de marzo videos y audios grabados por Mamani, en los que se da cuenta de una presunta negociación de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Al respecto, la parlamentaria Maritza García, del bloque de Kenji Fujimori, consideró pertinente y necesario que el Ministerio Público realiza las investigaciones y acciones del caso para conocer los videos en su integridad, determinar cómo nació la conversación y cómo se llegó al tema de Odebrecht y los presuntos aportes a legisladores de Fuerza Popular.

“Lo que Kenji ha narrado es parte de una investigación que tiene que iniciar el Ministerio Público, porque si están creyendo en un sentido lo que él divulga, también hay que tomar en serio el otro sentido de lo que menciona”, manifestó García a RPP.

En otro momento, consideró que cada parte debe defenderse como corresponde, pero con pruebas en mano. “Porque las palabras se las lleva el viento. Lo que queremos son los medios de prueba. No sé si Kenji Fujimori las tendrá”, añadió.

Quien también se pronunció al respecto es el congresista no agrupado Robeto Vieira. “Señores de la fiscalía, por el bien del país, denuncia sobre supuesto aporte a campañas de congresistas Luis Galarreta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta debe ser corroborada o negada por [Jorge] Barata y Odebrecht. El pueblo quiere la verdad”, expresó vía Twitter.

Cabe recordar que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, señaló a fiscales peruanos durante su declaración a fines de febrero en Sao Paulo (Brasil) que la constructora brasileña efectuó aportes a postulantes al Congreso de la República en el proceso electoral del 2011.

En un extracto difundido por “IDL-Reporteros”, el empresario respondió ante la consulta realizada: "A todos los partidos, a todos". “Entendíamos que el Poder Legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el Ejecutivo. Pese a que el Legislativo en el Perú tiene un papel mucho más fiscalizador que promotor, también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo”, dijo también Barata.

Ante lo señalado por Kenji Fujimori, Alcorta, Letona y Galarreta expresaron vía Twitter su rechazo a tales dichos, tuvieron calificativos contra el legislador no agrupado y negaron haber recibido aportes de Odebrecht.

“¿De qué sirve indignarse, insultar? Pidan investigación a la fiscalía y faciliten [que] se les levante el secreto bancario, de comunicaciones”, opinó Gloria Montenegro, parlamentaria de APP.

En tanto, el vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, expresó en Twitter: "Desde el Movimiento Nuevo Perú solicitaremos a la fiscalía que el fiscal a cargo del Caso Lava Jato pregunte a Marcelo Odebrecht y a [Jorge] Barata quiénes han sido los congresistas financiados por la empresa Odebrecht. Urge saber qué congresistas recibieron dinero de la corrupción". 

FUENTE: https://elcomercio.pe/politica/piden-fiscalia-investigue-presuntos-aportes-odebrecht-congresistas-noticia-510465

QUIEREN "FABRICAR" COLABORACIÓN EFICAZ PARA EXTRADICIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO.

QUIEREN "FABRICAR" COLABORACIÓN EFICAZ PARA EXTRADICIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO.

(Foto web El Comercio)

El fiscal Hamilton Castro necesita "corroborar" la solitaria versión de Jorge Barata y poder armar un cuaderno de extradición (USA), ya que hasta hoy no tiene ninguna causa probable; por eso, en su desesperación, requirió la prisión preventiva de empresarios asociados a Odebrecht.

Una prueba de ello es que la fiscalia basó la ampliación de investigación preparatoria y el requerimiento de prisión preventiva contra los empresarios, en torno a AT.

Ahora que cuatro de ellos están recluidos, el fiscal espera "fabricar" una colaboración eficaz a cambio de excluirlos del proceso.

La Hora de los Socios. Se viene el capítulo de la responsabilidad de los consorciados en caso Odebrecht. Graña y Montero en línea crítica.

La Hora de los Socios.

Se viene el capítulo de la responsabilidad de los consorciados en caso Odebrecht. Graña y Montero en línea crítica. 

El mapa del caso Lava Jato ya se encuentra trazado en el despacho del fiscal anticorrupción Hamilton Castro. La colaboración de parte de los ejecutivos brasileños de la empresa Odebrecht, Jorge Barata y Ricardo Boleira, además de la información facilitada por la misma empresa en el Perú, redundó en los siguientes casos:

Metro de Lima, carretera Interoceánica –que tiene un capítulo adicional con el pago de coimas al ex presidente de Ositran para la aceleración de certificados de avance de obras- y Félix Moreno y corrupción en el Callao.

Adicionalmente, el testimonio de Barata sobre el pago de US$ 3 millones a Nadine Heredia fue remitido al fiscal Germán Juárez, que ya se encontraba investigando a la ex primera dama por los manejos irregulares del dinero del Partido Nacionalista.

Según una fuente, falta el desarrollo de “un par de temas”.

Mucho se ha especulado sobre si la “delación premiada” de Barata en Brasil, cuyo secreto se espera será levantado en junio en Brasil, traería consecuencias adicionales en el Perú, y si el traspaso de información al país se vería afectado por la virtual quiebra de Odebrecht aquí.

“Lo que venga de Brasil no será un tsunami”, resume categórica la fuente.

José Graña negó que la empresa supiera de coimas, pero renunció a su presidencia.

Según la información recabada por la Fiscalía, no hay elementos adicionales a lo que los ejecutivos confesaron en el Perú. De hecho, sus aportes al fiscal Castro han sido mucho más completos.

Un ejemplo es la investigación sobre los consorciados con Odebrecht, que se encuentra en plena corroboración y tendrá un fuerte impacto en las próximas semanas.

Los consorcios que Odebrecht integró con Graña y Montero fueron los de las carreteras Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima y el Gasoducto del Sur. JJC también participó en el proyecto de la Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3. Era el consorcio Conirsa, que inicialmente se repartía con  60% para Odebrecht, 28% para GyM, 7% para JJC y 5% para Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. En 2006 los porcentajes se modificaron a 70%, 19%, 7% y 4%. Debido al escándalo, en marzo JJC puso en venta su participación.

Ya en febrero, la revelación de Barata sobre la supuesta complicidad de la constructora peruana Graña y Montero había golpeado el desempeño bursátil de la primera empresa de construcción e ingeniería peruana. A partir de entonces, los vaivenes de la acción reflejan la incertidumbre que la rodea.

José Graña renunció a la presidencia del grupo y Mario Alvarado a la gerencia general. En marzo, Augusto Baertl fue elegido como nuevo presidente del directorio, que fue renovado en 7 de sus 9 puestos.

GyM  reportó la semana pasada un crecimiento de 11,6% en el primer trimestre del año, frente al mismo período de 2016, con una utilidad neta de US$ 79,1 millones.

Pero lo que ha permitido estos números es la venta de activos de la compañía que, como consecuencia de la rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano, anunció en enero un plan de desinversión por US$ 300 millones de activos no estratégicos. Graña estaba consorciada en el Gasoducto con la española Enagás y Odebrecht, que no logró vender su participación tras el escándalo Lava Jato. Por eso no se logró el cierre financiero.

Durante el primer trimestre Graña vendió sus participaciones por US$108 millones en los proyectos del Cuartel San Martín y Red Eagle Mining Corporation. En las últimas semanas hicieron lo mismo con sus tajadas en la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) y PRINSUR. 

Sobre Graña y Montero, una de las empresas más grande del Perú, pende como una espada de Damocles el Decreto de Urgencia 003, que prohíbe a empresas confesas y condenadas por actos de corrupción contratar con el Estado.

“Hay presunción de inocencia no solo para Graña sino para todas las demás, hasta que se les sentencie y en ese momento se aplicará lo mismo”, dijo a CARETAS el mes pasado la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. 

Los consorcios que Odebrecht integró con Graña      y Montero fueron los de las carreteras Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima y el Gasoducto del Sur. JJC también participó en el proyecto de la Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3. Era el consorcio Conirsa, que inicialmente se repartía con  60% para Odebrecht, 28% para GyM, 7% para JJC y 5% para Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. En 2006 los porcentajes se modificaron a 70%, 19%, 7% y 4%. Debido al escándalo, en marzo JJC puso en venta su participación.

Ya en febrero, la revelación de Barata sobre la supuesta complicidad de la constructora peruana Graña y Montero había golpeado el desempeño bursátil de la primera empresa de construcción e ingeniería peruana. A partir de entonces, los vaivenes de la acción reflejan la incertidumbre que la rodea.

José Graña renunció a la presidencia del grupo y Mario Alvarado a la gerencia general. En marzo, Augusto Baertl fue elegido como nuevo presidente del directorio, que fue renovado en 7 de sus 9 puestos.

GyM  reportó la semana pasada un crecimiento de 11,6% en el primer trimestre del año, frente al mismo período de 2016, con una utilidad neta de US$ 79,1 millones.

Pero lo que ha permitido estos números es la venta de activos de la compañía que, como consecuencia de la rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano, anunció en enero un plan de desinversión por US$ 300 millones de activos no estratégicos. Graña estaba consorciada en el Gasoducto con la española Enagás y Odebrecht, que no logró vender su participación tras el escándalo Lava Jato. Por eso no se logró el cierre financiero.

Durante el primer trimestre Graña vendió sus participaciones por US$108 millones en los proyectos del Cuartel San Martín y Red Eagle Mining Corporation. En las últimas semanas hicieron lo mismo con sus tajadas en la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) y PRINSUR. 

Sobre Graña y Montero, una de las empresas más grande del Perú, pende como una espada de Damocles el Decreto de Urgencia 003, que prohíbe a empresas confesas y condenadas por actos de corrupción contratar con el Estado.

“Hay presunción de inocencia no solo para Graña sino para todas las demás, hasta que se les sentencie y en ese momento se aplicará lo mismo”, dijo a CARETAS el mes pasado la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. 

FUENTE: http://caretas.pe/sociedad/78980-la_hora_de_los_socios