Perú: JUSTICIA. Las pruebas que faltaban en el Caso Humala. El Comercio accedió a las planillas que entregó Odebrecht al equipo especial que revelan que el ‘codinome’ ‘Italo Italiano Eleicao Peru’ corresponde a la campaña del expresidente en el 2011

Perú: JUSTICIA.

Las pruebas que faltaban en el Caso Humala.

El Comercio accedió a las planillas que entregó Odebrecht al equipo especial que revelan que el ‘codinome’ ‘Italo Italiano Eleicao Peru’ corresponde a la campaña del expresidente en el 2011

Esta semana el equipo especial del Caso Lava Jato recibió aproximadamente 400 documentos del servidor My Web Day que detallan cuál fue la ruta del dinero con el que Odebrecht aportó más de US$4,7 millones a las campañas presidenciales peruanas en el 2011. Estas planillas registran todos los movimientos que se realizaron en el Departamento de Operaciones Estructuradas y confirman la tesis fiscal sobre cómo llegó el dinero para el entonces candidato Ollanta Humala.

Hasta ahora, la fiscalía solo tenía como pruebas de los US$3 millones que aportó Odebrecht a la campaña de Humala en el 2011 las declaraciones que dieron el ex CEO de la empresa Marcelo Bahía Odebrecht, el exejecutivo de la constructora en el Perú Jorge Barata y otros testigos. Asimismo, contaba con correos electrónicos encriptados que intercambiaron Barata y Luiz Antonio Mameri, exlíder empresarial de la firma brasileña en América Latina y Angola, entre abril y mayo del 2011. En estos e-mails, ambos dejaron constancia de los pagos entregados a la campaña presidencial de ese año en el Perú.

Sin embargo, la nueva documentación trae órdenes de pago y transferencias bancarias autorizadas por Marcelo Odebrecht para la campaña nacionalista a pedido del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, fundado por Luiz Lula da Silva.

“En ese caso específico llamé directamente a Jorge Barata y le dije: ‘La gente aquí en Brasil, del Partido de los Trabajadores, me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala con US$3 millones’”, declaró el ex CEO de la empresa en mayo del 2017 ante los fiscales Germán Juárez y Rafael Vela.

Los US$1’790.534 que se entregaron con el ‘codinome’ ‘Campanha nac 3’ corresponden al millón de dólares entregado a la candidatura de Keiko Fujimori y la diferencia corresponde a los aportes a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo.

—La ruta del dinero—

En el caso de Ollanta Humala, las órdenes de pago ascienden a un total de US$2’999.895. Los desembolsos se realizaron entre el 9 de mayo y 14 diciembre del 2011 a través de la ‘offshore’ Klienfeld de Odebrecht hacia la cuenta en el Credicorp Bank de Panamá de la empresa Construmaq, del prófugo Gonzalo Monteverde.

Según la fiscalía, Monteverde fue el operador financiero de la constructora en el Perú.

Esta información fue confirmada en diciembre pasado por Luis da Rocha Soares, extesorero internacional de la compañía, quien declaró que Monteverde entregó recursos de sus compañías, entre ellas Construmaq S.A.C., a Barata para que concretara los aportes y sobornos a sus destinatarios finales a través de ‘doleiros’.

Barata afirmó que en algunas ocasiones Monteverde entregaba estos pagos con su dinero y que luego la constructora le reembolsaba.

Según los documentos recibidos por la fiscalía y a los que accedió El Comercio, Marcelo Odebrecht, identificado con las siglas MBO, figura como “responsable” de autorizar todos los pagos que desembolsó la compañía para financiar la campaña de Humala [ver recuadro].

Estos nuevos documentos revelan que el ‘codinome’ ‘Italo Italiano Eleicao Peru’ corresponde al financiamiento de US$3 millones que Odebrecht entregó a la campaña de Ollanta Humala.

—De origen ilícito—

En la sentencia dictada contra Antonio Palocci Filho, exministro de Hacienda de Lula da Silva, y otros implicados en el Caso Lava Jato, el juez brasileño Sergio Moro determinó que el exfuncionario “tiene responsabilidad” en lavar activos, ya que “administraba una especie de cuenta corriente informal de beneficios indebidos y donaciones electorales no declaradas concertadas por el grupo Odebrecht con funcionarios políticos del PT”.

La sentencia, además, señala que “fue probado en juicio que parte de las coimas concertadas con los funcionarios de Petrobras en los contratos estatales [de Brasil] fue direccionada al financiamiento ilícito de campañas electorales o al pago de deudas de campaña”. Agrega que parte de estos recursos se destinó al financiamiento de campañas en el extranjero.

Esto coincide con la tesis del fiscal Germán Juárez, que asegura que el origen de los US$3 millones que aportó Odebrecht a la campaña de Humala provienen de fuente ilícita.

—Las otras campañas—

Jorge Barata fue el encargado de administrar los desembolsos para las otras campañas que Odebrecht financió en el 2011, a diferencia de la de Humala, las cuales fueron manejadas por Marcelo Odebrecht.

Al lado de estos pagos realizados entre mayo y diciembre del 2011 aparecen sus iniciales ‘JB’. En total administró US$1’790.534.

—Defensa de los Humala: “Documentos son una especulación”—

En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado defensor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, indicó que “la nueva información abonará en la tesis fiscal, pero en cualquier hipótesis este aporte de campaña [...] [no modifica que] la discusión de fondo sea si un aporte constituye un delito para lavado de activos”.

El abogado Pedraza agregó que “estos documentos constituyen una especulación mientras no se encuentren dentro de la carpeta fiscal

Fuente: https://elcomercio.pe/politica/justicia/las-pruebas-que-faltaban-en-el-caso-ollanta-humala-caso-odebrecht-noticia/?embtrk=5f3gm-R-27949385-R-5i8em:-R-5a5,o7,

Graciela Villasís Y Junior Miani

Anel Townsend y su accidentada participación en la Comisión Lava Jato. Vocera de la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán el 2013 discutió con legisladores

Anel Townsend y su accidentada participación en la Comisión Lava Jato.

Vocera de la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán el 2013  discutió con legisladores

La ex parlamentaria, Anel Townsend junto a nuestro Director Ejecutivo Carlos Alfredo Cárdenas Borja

Un accidentado inicio tuvo la participación de Anel Townsend en la Comisión Lava Jato del Congreso esta tarde. La también ex parlamentaria fue convocada a dicho grupo de trabajo, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, en su calidad de principal vocera de la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán como alcaldesa de Lima en el 2013.

La participación de Townsend empezó a las 2:06 p.m. Ella empezó presentándose como ex legisladora y detallando sus cargos en el Parlamento para inmediatamente cuestionar a varios miembros de la comisión.

“Quiero aprovechar para, a través de su persona, señalar que considero que hay integrantes de esta comisión que han adelantado opinión. Por ejemplo, la señora [Karina] Beteta ha dicho que soy miembro de una banda criminal. El señor [Mauricio] Mulder (señalándolo con el índice izquierdo) ha dicho que soy operadora de un publicista”, dijo para también cuestionar luego al congresista Víctor García Belaunde.

En ese momento, Townsend fue interrumpida por Bartra, quien le pidió que aclare si tenía algún problema en responder ante la comisión, lo que ella negó. Pero insistió en criticar presuntos adelantos de opinión.

Más adelante intervino Mauricio Mulder para cuestionar la actitud de Twonsend. “Ha querido hacer una declaración y le pasó a ella lo mismo cuando Vladimiro Montesinos (ex asesor presidencial de Alberto Fujimori) también se paró en su comisión y quiso hacer una declaración por su cuenta”, señaló el aprista. “Yo la comparo, pues, la comparo”, acotó luego.

La invitada se molestó por esa expresión. “Eso es falso, una ciudadana no puede ser comparada con un delincuente”, replicó.

—Otro momento de tensión—

Menos de media hora después, vino otro momento de tensión tras otra pregunta de Mulder. “Lo que quiero es que se esclarezca la verdad. No interesa los sentimientos, sino la convicción de que hay que sancionar cualquier crimen cometido e identificar cualquier ilegalidad. Y con esa misma firmeza, se exija de parte de otros partidos a sus líderes. Por ejemplo que no se tumben al Tribunal Constitucional”, comentó.

—“Señora, Townsend, se le exhorta por segunda vez a que responda las preguntas de los parlamentarios. No le ha respondido”, instó Bartra.

— “Le contesté”, replicó la ex parlamentaria.

— “Señora Townsend, por favor no me interrumpa”, interfirió Bartra con alto tono en su voz.

— “No me grite. Ok, no la interrumpo. Con tranquilidad”, dijo Townsend en otro momento álgido. 

Posteriormente, la sesión continuó con Townsend señalando que desconoce si la campaña del No recibió US$3 millones de empresas brasileñas. Apuntó que no fue responsable de las finanzas, pero pidió que si hay algo ilegal, se investigue y castigue. Reconoció haber conocido al publicista brasileño Valdemir Garreta en una reunión con el también asesor Luis Favre.
Afirmó además que los artistas rostros del No a la revocatoria participaron sin cobrar dinero. En tanto, refirió que a ella le dijeron que el grupo Amigos de Lima Metropolitana se encargaría de recaudar los fondos en esa campaña del 2013, pero precisó no conocer a nadie del grupo. 

Previamente se presentó en la comisión Marco Zevallos, personero legal de la campaña del No. Para hoy también se espera a Gustavo Guerra García, ex funcionario municipal de Villarán.

FUENTE: https://elcomercio.pe/politica/anel-townsend-accidentada-participacion-comision-lava-jato-noticia-478323

La Hora de los Socios. Se viene el capítulo de la responsabilidad de los consorciados en caso Odebrecht. Graña y Montero en línea crítica.

La Hora de los Socios.

Se viene el capítulo de la responsabilidad de los consorciados en caso Odebrecht. Graña y Montero en línea crítica. 

El mapa del caso Lava Jato ya se encuentra trazado en el despacho del fiscal anticorrupción Hamilton Castro. La colaboración de parte de los ejecutivos brasileños de la empresa Odebrecht, Jorge Barata y Ricardo Boleira, además de la información facilitada por la misma empresa en el Perú, redundó en los siguientes casos:

Metro de Lima, carretera Interoceánica –que tiene un capítulo adicional con el pago de coimas al ex presidente de Ositran para la aceleración de certificados de avance de obras- y Félix Moreno y corrupción en el Callao.

Adicionalmente, el testimonio de Barata sobre el pago de US$ 3 millones a Nadine Heredia fue remitido al fiscal Germán Juárez, que ya se encontraba investigando a la ex primera dama por los manejos irregulares del dinero del Partido Nacionalista.

Según una fuente, falta el desarrollo de “un par de temas”.

Mucho se ha especulado sobre si la “delación premiada” de Barata en Brasil, cuyo secreto se espera será levantado en junio en Brasil, traería consecuencias adicionales en el Perú, y si el traspaso de información al país se vería afectado por la virtual quiebra de Odebrecht aquí.

“Lo que venga de Brasil no será un tsunami”, resume categórica la fuente.

José Graña negó que la empresa supiera de coimas, pero renunció a su presidencia.

Según la información recabada por la Fiscalía, no hay elementos adicionales a lo que los ejecutivos confesaron en el Perú. De hecho, sus aportes al fiscal Castro han sido mucho más completos.

Un ejemplo es la investigación sobre los consorciados con Odebrecht, que se encuentra en plena corroboración y tendrá un fuerte impacto en las próximas semanas.

Los consorcios que Odebrecht integró con Graña y Montero fueron los de las carreteras Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima y el Gasoducto del Sur. JJC también participó en el proyecto de la Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3. Era el consorcio Conirsa, que inicialmente se repartía con  60% para Odebrecht, 28% para GyM, 7% para JJC y 5% para Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. En 2006 los porcentajes se modificaron a 70%, 19%, 7% y 4%. Debido al escándalo, en marzo JJC puso en venta su participación.

Ya en febrero, la revelación de Barata sobre la supuesta complicidad de la constructora peruana Graña y Montero había golpeado el desempeño bursátil de la primera empresa de construcción e ingeniería peruana. A partir de entonces, los vaivenes de la acción reflejan la incertidumbre que la rodea.

José Graña renunció a la presidencia del grupo y Mario Alvarado a la gerencia general. En marzo, Augusto Baertl fue elegido como nuevo presidente del directorio, que fue renovado en 7 de sus 9 puestos.

GyM  reportó la semana pasada un crecimiento de 11,6% en el primer trimestre del año, frente al mismo período de 2016, con una utilidad neta de US$ 79,1 millones.

Pero lo que ha permitido estos números es la venta de activos de la compañía que, como consecuencia de la rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano, anunció en enero un plan de desinversión por US$ 300 millones de activos no estratégicos. Graña estaba consorciada en el Gasoducto con la española Enagás y Odebrecht, que no logró vender su participación tras el escándalo Lava Jato. Por eso no se logró el cierre financiero.

Durante el primer trimestre Graña vendió sus participaciones por US$108 millones en los proyectos del Cuartel San Martín y Red Eagle Mining Corporation. En las últimas semanas hicieron lo mismo con sus tajadas en la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) y PRINSUR. 

Sobre Graña y Montero, una de las empresas más grande del Perú, pende como una espada de Damocles el Decreto de Urgencia 003, que prohíbe a empresas confesas y condenadas por actos de corrupción contratar con el Estado.

“Hay presunción de inocencia no solo para Graña sino para todas las demás, hasta que se les sentencie y en ese momento se aplicará lo mismo”, dijo a CARETAS el mes pasado la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. 

Los consorcios que Odebrecht integró con Graña      y Montero fueron los de las carreteras Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima y el Gasoducto del Sur. JJC también participó en el proyecto de la Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3. Era el consorcio Conirsa, que inicialmente se repartía con  60% para Odebrecht, 28% para GyM, 7% para JJC y 5% para Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. En 2006 los porcentajes se modificaron a 70%, 19%, 7% y 4%. Debido al escándalo, en marzo JJC puso en venta su participación.

Ya en febrero, la revelación de Barata sobre la supuesta complicidad de la constructora peruana Graña y Montero había golpeado el desempeño bursátil de la primera empresa de construcción e ingeniería peruana. A partir de entonces, los vaivenes de la acción reflejan la incertidumbre que la rodea.

José Graña renunció a la presidencia del grupo y Mario Alvarado a la gerencia general. En marzo, Augusto Baertl fue elegido como nuevo presidente del directorio, que fue renovado en 7 de sus 9 puestos.

GyM  reportó la semana pasada un crecimiento de 11,6% en el primer trimestre del año, frente al mismo período de 2016, con una utilidad neta de US$ 79,1 millones.

Pero lo que ha permitido estos números es la venta de activos de la compañía que, como consecuencia de la rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano, anunció en enero un plan de desinversión por US$ 300 millones de activos no estratégicos. Graña estaba consorciada en el Gasoducto con la española Enagás y Odebrecht, que no logró vender su participación tras el escándalo Lava Jato. Por eso no se logró el cierre financiero.

Durante el primer trimestre Graña vendió sus participaciones por US$108 millones en los proyectos del Cuartel San Martín y Red Eagle Mining Corporation. En las últimas semanas hicieron lo mismo con sus tajadas en la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) y PRINSUR. 

Sobre Graña y Montero, una de las empresas más grande del Perú, pende como una espada de Damocles el Decreto de Urgencia 003, que prohíbe a empresas confesas y condenadas por actos de corrupción contratar con el Estado.

“Hay presunción de inocencia no solo para Graña sino para todas las demás, hasta que se les sentencie y en ese momento se aplicará lo mismo”, dijo a CARETAS el mes pasado la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. 

FUENTE: http://caretas.pe/sociedad/78980-la_hora_de_los_socios

LA RUTA DE LA CORRUPCIÓN: Lava Jato: la investigación que reveló la megacorrupción en Latinoamérica.

LA RUTA DE LA CORRUPCIÓN:

Lava Jato: la investigación que reveló la megacorrupción en Latinoamérica.

Carretera Interoceánica Sur. | Fotógrafo: ANDINA

Entre el 2004 y el 2012, por lo menos cuatro constructoras entregaron unos 3 mil millones de dólares en sobornos para empresarios y políticos.

La tremenda investigación del caso Lava Jato, que ya tiene a varios exfuncionarios de por lo menos cuatro empresas constructoras tras las rejas y a un expresidente peruano prófugo y con un mandato de prisión preventiva, está aún empezando a mostrar resultados.

Es imposible prever qué tan lejos llegarán sus consecuencias. Pero para poder entender de qué va y en especial, a dónde va, aquí le contamos cuáles fueron las primeras pistas que llevaron a desarrollar este mega proceso y los principales hitos que pasaron, casi inadvertidamente, ante los ojos de la opinión pública.

1. La operación Castillo de Arena

La constructora Camargo Correa inició sus operaciones en la década de 1920 transportando arena para grandes obras de infraestructura. Su crecimiento fue sostenido y exitoso. Actualmente está presente en más de 40 países de todo el mundo.

Aparentemente, esta empresa no fue del todo honesta en su desarrollo. Un anónimo denunció que desde hacía varios años, Camargo Correa formaba parte de una red de lavado de activos con administraciones y libros contables paralelos.

En 2008 la policía de Sao Paulo inició entonces un seguimiento. Lo que empezó siendo una investigación de lavado de activos acabó revelando todo un sistema de aportes a partidos políticos en campaña con la intención de asegurarse millonarios contratos con los gobiernos de turno de todo Latinoamérica.

 Marcelo Odebrecht fue detenido en 2015. Desde entonces ha cooperado con la Policía Feberal de Brasil y ha revelado nombres de empresarios y políticos que han participado en la red de megacorrupción. | Fuente: EFE

Cuatro directivos de Camargo Correa fueron detenidos y se encontró muchas evidencias de este supuesto esquema de aportes ilícitos. Pero extrañamente, los directivos empezaron a ser liberados por la justicia brasilera y los abogados de Camargo Correa se salieron con la suya. La investigación fue archivada por haberse iniciado con un testimonio anónimo.

Muchas pruebas fueron recopiladas durante esta investigación, se especula incluso que existe entre ellas referencias a Alejandro Toledo y a Alan García, pero nada de eso podrá ser usado como evidencia luego de que, por cuestiones de la legislación brasilera, el proceso fue archivado y anulado.  

2. Operación Lava Jato

Resulta que lo mismo de lo que se acusó a Camargo Correa, lo hacían incluso en mayores cantidades, varias otras empresas constructoras brasileras: Odebrecht, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez, y la misma Camargo Correa, si es que no aparecen más.

Se ha calculado que entre el 2004 y el 2012 se ha entregado unos 3 mil millones de dólares en sobornos para empresarios y políticos.

Todo empezó en el año 2013, la policía fiscal del estado de Curitiba en Brasil investigó a Petrobrás, una de las más grandes empresas estatales de Latinoamérica. A raíz de esta investigación, en marzo del 2014, 24 personas fueron detenidas en ese mismo país. 

Dilma Roussef, expresidenta de Brasil y en este entonces ministra de Energía, terminó involucrada y relevada de la presidencia cuando se comprobó que, en esa época, ella misma creó como ministra, una política que facilitaba el otorgamiento de obras e incentivó los sobornos y la corrupción.

Entre el 2004 y el 2012 se ha entregado unos 3 mil millones de dólares en sobornos para empresarios y políticos.

3. Marcelo Odebrecht

Detenido por la justicia en 2015, Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora, tendría que purgar 19 años de prisión por los escándalos de su empresa. Él y otros 80 funcionarios de Odebrecht se acogieron a la colaboración eficaz y empezaron, desde noviembre del año pasado a contarle todos los detalles de las operaciones ilícitas a la justicia.

Jorge Simoes Barata era el representante de Odebrecht en Perú y sí, él también se acogió a la colaboración eficaz. Y es por sus palabras que muchos de los funcionarios y exfuncionarios peruanos tendrán que pasar inevitablemente por los tribunales.

4. Las obras en la mira

15 grandes obras de infraestructura realizadas o realizándose en Perú ya están siendo investigadas por la justicia brasilera y peruana por los altos sobrecostos que han tenido en su construcción, por algunas irregularidades en el otorgamiento de las buena pro o por algunas cosas extrañas que han ocurrido con adendas y arbitrajes.

La obra más importante por la que se investiga a Alejandro Toledo es la carretera Interoceánica, entre otras. El San Benito para Alan García y demás funcionarios del gobierno aprista (que ojo, ya hay algunos presos) será el metro de lima, mejor conocido como el tren eléctrico. Y la gran obra a investigar del gobierno de Ollanta Humala será el gasoducto sur peruano.

El expresidente Alejandro Toledo hubiera recibido $20 millones en sobornos por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Toledo se encuentra actualemente en Estados Unidos desde dónde ha declarado que no regresará al Perú para declarar frente a la Fiscalía. | Fotógrafo: ANDINA

Si bien en el gobierno de Alberto Fujimori es en el que más obras se han realizado con la cuestionada Odebrecht, estas obras, también con sobrecostos no han sido aun integradas a la investigación.

5. Alejandro Toledo

Las delaciones de Barata lo encontraron fuera del Perú, pero quizás sería de ingenuos creer que lo tomaron por sorpresa. Según se ha denunciado, el ex presidente de los 4 suyos habría recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para favorecerlo en la concesión de las carreteras interoceánicas.

El expresidente sigue no habido y a estas alturas es imposible prever el desenlace de la historia. Lo que quizás sí sea posible prever es que no será el último exmandatario peruano con la espada de Damocles de Odebrecht pendiendo sobre sus cabezas.

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Redacción: Eugenia Guevara.

Fuentes: IDL-Reporteros y Convoca.pe.

http://rpp.pe/politica/actualidad/que-es-lava-jato-el-caso-que-revelo-la-megacorrupcion-en-latinoamerica-noticia-1030961

CRISIS POLÍTICA EN BRASIL Las protestas más multitudinarias de la democracia ponen contra las cuerdas a Rousseff. Cientos de miles de brasileños marchan por la salida del poder de la presidenta y contra la corrupción.

CRISIS POLÍTICA EN BRASIL

Las protestas más multitudinarias de la democracia ponen contra las cuerdas a Rousseff.

Cientos de miles de brasileños marchan por la salida del poder de la presidenta y contra la corrupción.

Manifestantes en la Avenida Paulista (São Paulo). / Miguel Schincariol AFP

Una multitud vestida de verde y amarillo ha salido a las calles de Brasil este domingo contra la corrupción, por la salida del poder de la presidenta Dilma Rousseff y la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Son las protestas políticas más multitudinarias de la democracia de este país, y este éxito aplastante pone mucha presión sobre el Gobierno, sumido en una larga crisis política.  

En São Paulo, la ciudad que suele funcionar como termómetro de este tipo de movilizaciones, unas 450.000 personas participaban vestidas de verde y amarillo en la protesta la tarde del domingo, según los primeros datos del Instituto Datafolha, el sistema de medición del diario Folha de S. Paulo. La única manifestación comparable, en marzo del año pasado, reunió a menos de la mitad (210.000 personas), según el mismo periódico, y un millón, según la policía. En Río de Janeiro, los organizadores celebraron la llegada de un millón y medio de personas y afirmaban haber batido su propio récord. La Policía no ofreció datos de participación. En Brasilia, la Policía Militar calculó 100.000 asistentes (el doble según los organizadores). Decenas de miles también salieron a la calle en otros puntos del país.

Verde y amarillo

“Hemos llegado al límite. Es la primera vez que vengo a una manifestación, he dejado a todos mis nietos en casa, pero quería demostrar mi apoyo a la Fiscalía para que continúe haciendo su trabajo”, explicaba en Río de Janeiro el empresario jubilado Ricardo Castro, de 71 años. Los manifestantes, que empezaron rezando un Padre Nuestro, entonaron cantos a favor de la Policía Federal y el juez Sérgio Moro. El magistrado, convertido en un héroe de las protestas, comanda la Operación Lava Jato, una investigación que investiga la corrupción en Petrobras y que salpica a empresarios y políticos de todos los colores. “Yo no quiero vivir en otro país, quiero vivir en otro Brasil”, cantaba la multitud reunida en Copacabana.

En São Paulo, el centro neurálgico de los negocios de la ciudad se colapsó la tarde del domingo. Los manifestantes de la Avenida Paulista sostuvieron sobre sus cabezas una gigantesca pancarta con las palabras “Impeachment ya” y pasearon muñecos inflables de Lula y Rousseff. En el barrio acomodado de Pinheiros, centenares de personas con camisetas y banderas de Brasil se dirigían a la manifestación cantando “Nossa bandeira jamais será vermelha” (“Nuestra bandera jamás será roja”), en alusión a la enseña del Partido de los Trabajadores (PT).

Mientras una marea verde y amarilla tomaba las calles, las muestras de apoyo al PT de Lula y Rousseff fueron discretas y puntuales en algunas ciudades, con carteles, pintadas y pequeñas reuniones. El temor de las autoridades era que el clima de polarización que domina el debate político en Brasil provocase enfrentamientos violentos. Entre la multitud enfervorecida, una chispa puede causar un incendio. En Río de Janeiro, por ejemplo, tres jóvenes con camisetas rojas (el color del PT) fueron escoltados en un coche de la policía para evitar un linchamiento.

Tono contra el PT

En 2013, Brasil también vivió multitudinarias protestas, aunque en aquel momento empezaron por la subida en la tarifa del transporte, y pronto abarcaron otras causas, como la calidad del sistema público de salud y la educación. Si bien aquellas movilizaciones mezclaron a brasileños de distintas orientaciones políticas y clases sociales, las marchas de 2015 y 2016 tienen un marcado tono anti PT.

La convocatoria de manifestaciones de este domingo eran una prueba de fuego para las organizaciones que, desde finales de 2014, iniciaron un movimiento contra la corrupción y contra la permanencia de Rousseff en el poder. Y la protesta es un ejemplo más de la crisis política que lleva meses agitando Brasil. La presidenta enfrenta serias dificultades para gobernar, sus índices de popularidad rondan el 11%, y la economía no levanta cabeza. En la Cámara de Diputados, donde cada vez cuenta con menos apoyos, la presidenta enfrenta un pedido de destitución por supuestas maniobras fiscales. Paralelamente, el Tribunal Superior Electoral estudia la posibilidad de impugnar el mandato de Rousseff y de su vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) por supuestas irregularidades y abuso de poder durante la campaña electoral de 2014. Si la decisión juzgase que Rousseff llegó al poder por medios ilegítimos, supondría la convocatoria de nuevas elecciones.

El aislamiento de Rousseff puede empeorar. El PMDB, al que pertenecen seis de los 31 ministros y 67 de los 513 diputados de la Cámara legislativa, amenaza con romper definitivamente con ella. En su convención nacional este sábado, la formación prohibió a sus políticos aceptar nuevos cargos en el Ejecutivo y se dio 30 días para decidir acerca de la separación.

A estas dificultades se suman los escándalos de corrupción que salpican a empresarios y políticos de todos los colores. Hasta Lula, mentor político de Rousseff, ha sido acusado de beneficiarse de la corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Y, en un gesto inédito, la Fiscalía de São Paulo lo ha denunciado por lavado de dinero, en un caso judicial paralelo, y ha pedido su prisión preventiva. Si el caldo de cultivo para manifestaciones multitudinarias llevaba cocinándose hace meses, la imagen de Lula conducido por la Policía Federal para declarar sobre supuestas regalías recibidas de empresas corruptas, hizo el resto.

FUENTE:  http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/13/actualidad/1457896895_160067.html

MARÍA MARTÍN

RAQUEL SECO

Río de Janeiro / São Paulo

El mayor constructor de Brasil, condenado a 19 años de prisión en el caso Petrobras. Marcelo Odebrecht está implicado en una trama de corrupción de la petrolera estatal.

El mayor constructor de Brasil, condenado a 19 años de prisión en el caso Petrobras.

Marcelo Odebrecht está implicado en una trama de corrupción de la petrolera estatal.

Marcelo Odebrecht en septiembre 2015. /Heuler Andrey /AFP

El mayor constructor de Brasil y presidente de uno de los mayores imperios empresariales de América Latina, Marcelo Odebrecht, fue condenado este martes a 19 años de prisión por participar en una trama que conseguía contratos de forma fraudulenta con la petrolera brasileña Petrobras. Se trata del paso más reciente de la interminable Operación Lava Jato, que desde abril de 2014 analiza una red de desvíos de dinero, obras sobrefacturadas y sobornos, y que cada vez apunta más alto: el viernes pasado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue acusado de lucrarse con la corrupción de Petrobras.

El juez Sérgio Moro, responsable de la investigación, considera a Odebrecht culpable de crímenes de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. Según Moro, Odebrecht formó un “club” con otras compañías para conseguir licitaciones fraudulentas con la petrolera. “Los contratistas acordaban previamente quiénes se llevarían los contratos, manipulando los precios durante la licitación. Así conseguían, sin competición real, contratos al precio más alto posible”, afirma la sentencia. El magistrado califica el sistema de lavado de dinero que usaba Marcelo Odebrecht de “sofisticado”, con cuentas en el exterior de Brasil, y lo acusa de realizar al menos dos pagos ilícitos a empleados de Petrobras: uno por valor de 28,7 millones de dólares y otro de 35 millones. Los sobornos servían para que los trabajadores “no obstaculizaran el funcionamiento de la trama y los ajustes fraudulentos de las licitaciones”, según Moro.

Marcelo Odebrecht presidió entre 2008 y 2015 el grupo de ingeniería, construcción, petroquímica, industria naval y defensa creado por su abuelo Norberto, que emplea a 168.000 personas en 28 países y facturó 107.000 millones de reales (28.526 millones de dólares) en 2014, según datos de la corporación. Desde el año pasado, sin embargo, la empresa intenta saldar deudas millonarias con despidos masivos y venta de activos. En junio de 2015, el nieto del fundador del imperio tuvo que dejar el cargo y entrar en prisión preventiva por el escándalo de Petrobras, lo que supuso un durísimo golpe para su imagen.

La relación entre Petrobras y Odebrecht es bien conocida. Entre 2001 y 2014, el grupo empresarial participó en 120 concursos de licitación para Petrobras, de los que se llevó el 10%. Uno de los delatores de la trama de corrupción de la estatal, el presidente de la constructora Camargo Corrêa (también implicada en la red), Dalton Avancini, aseguró que Odebrecht lideraba el “club de las constructoras”, como llamaba a las 23 empresas que supuestamente conseguían licitaciones de Petrobras de forma fraudulenta.

La detención de Lula

El empresario es uno de los pocos acusados en la Operación Lava Jato que no ha aceptado un acuerdo de delación premiada (confesiones a cambio de rebajas en la condena) con la justicia. Su abogado, Nabor Bulhões, calificó la condena de “equivocada e injusta”. Nadie descarta que Odebrecht se acoja a los acuerdos judiciales, que se han convertido en habituales en la Operación Lava Jato. El abogado del empresario brasileño ha subrayado que si un día su cliente llega a un acuerdo judicial, se tratará de “una opción de supervivencia ante un grave e inaceptable error judicial”. Según él, todos los delatores del caso y los testigos del juicio han eximido de los delitos a Marcelo Odebrecht. “Los acusados interrogados en juicio solo se refieren a él para decir que no tienen conocimiento de que participara de actos ilícitos”, explica. Odebrecht puede recurrir la sentencia.

El juez Sérgio Moro ha condenado a 62 personas y sus miras apuntan cada vez más alto. El escándalo del viernes, cuando Lula fue obligado a declarar durante más de tres horas, acusado de lucrarse con la corrupción, supuso un shock para Brasil y para la izquierda, que lo considera un referente. Fue también un tremendo golpe para Lula, que no oculta sus intenciones de presentarse, otra vez, a las elecciones de 2018.

CONFESIONES POR VENTAJAS JUDICIALES

Marcelo Odebrecht ha optado por el momento por no colaborar con la justicia en el sistema de delaciones premiadas que ya es habitual en el caso Petrobras. Si el empresario llegase a un acuerdo para hacer revelaciones a cambio de rebajas en su condena, su confesión podría ser devastadora para el Gobierno de Brasil.

La empresa Odebrecht, nacida en 1944, prosperó durante la dictadura militar de Brasil (1964-1985), en gran parte debido a sus contratos con Petrobras, y desde entonces nunca ha dejado de estar cerca del poder, trabajando en muchas obras públicas y con una estrecha relación con los sucesivos presidentes. La compañía aportó 16 millones de reales (4,2 millones de dólares) a la campaña electoral de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) de 2014, y ocho (2,1) a la de su principal rival en esos comicios, Aécio Neves (Partido de la Social Democracia Brasileña).

Algunos trabajadores de Odebrecht se plantean estos días aceptar un acuerdo de confesión a cambio de ventajas judiciales. Una de ellas es la secretaria Maria Lúcia Tavares, responsable de registrar pagos ilícitos. La fiscalía estudia ahora documentos incautados en el domicilio de la secretaria para intentar confirmar si quien recibía los pagos era João Santana, publicista y estrella del márketing político del Partido de los Trabajadores.

FUENTE: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/08/actualidad/1457449025_846515.html