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domingo, 6 de septiembre de 2026

Perú: Richard Concepción Carhuancho: “Esos fallos del TC sobre Fujimori y Humala han sido selectivos e invadieron la justicia ordinaria”

Perú: Richard Concepción Carhuancho: “Esos fallos del TC sobre Fujimori y Humala han sido selectivos e invadieron la justicia ordinaria”

En entrevista con Infobae, el juez actualmente suspendido responde a Pier Figari, critica el criterio “impuesto por el TC con argumentos políticos” sobre los aportes de campaña, defiende su decisión de enviar a prisión preventiva a Keiko Fujimori y considera que es “altamente probable” que en la JNJ se proponga su destitución

Concepción Carhuancho cuestionó los fallos del Tribunal Constitucional sobre los aportes de campaña y los consideró más políticos que jurídicos. (Paula Elizalde)

Richard Concepción Carhuancho, suspendido en sus funciones como juez de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, enfrenta una nueva ofensiva: una demanda millonaria del hoy diputado Pier Figari por haber dictado prisión preventiva en su contra en 2019.

En entrevista con Infobae, el magistrado sostiene que es una demanda que debe ser desestimada porque la considera “arbitraria”. Además, se pronuncia sobre los recientes fallos del Tribunal Constitucional (casos Keiko Fujimori y Ollanta Humala) que establecieron que los aportes de campaña antes de 2016 no serían lavado de activos, así como de los procesos disciplinarios que se le siguen en la Junta Nacional de Justicia.

¿Y cuál es su posición al respecto de que ahora pida una indemnización millonaria?

Es una demanda manifiestamente infundada, que debe ser rechazada. ¿Por qué? Porque yo solamente he obrado conforme a mis funciones, conforme a la legalidad, al dictar prisión preventiva en contra del señor Pier Figari. Por cierto, a mí tan solo se me demanda por haber dictado la prisión preventiva en su contra y el motivo central es que lo habría encarcelado sabiendo de antemano que el hecho que se le imputaba no era delito a raíz de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Sobre ello, ¿qué hay que decir? Número uno: al momento en que se discutió la prisión preventiva del señor Pier Figari, ellos en ningún momento plantearon la atipicidad de la conducta. No promovieron de que esa conducta era atípica como ahora lo es. Dos: mi decisión fue impugnada en varias instancias. Mi decisión de prisión preventiva que impuse a Pier Figari ha sido confirmada por el Tribunal Superior por unanimidad, es decir, por los tres votos de los magistrados

Y también por la Corte Suprema.

Luego, ellos interponen casación y se va a la Corte Suprema. Inicialmente, también van por la confirmatoria de la prisión preventiva. Es decir, todos los magistrados estuvieron conformes a nivel de la Corte Suprema de que debía dictarse, confirmarse, ratificarse la prisión preventiva contra Pier Figari. Lo único que estaba en discusión a nivel de la Corte Suprema era respecto al plazo. Si era 36 meses, como inicialmente se dictó, o debía reducirse a 18. Esa era la única discrepancia. Y es por eso que mandan a llamar como voto dirimente a la doctora Castañeda Otsu. Y la doctora votó porque se reduzca el plazo a 18 meses. Y así quedó la prisión preventiva de Pier Figari, es decir, ratificada la prisión preventiva, pero reducida en cuanto al plazo de 36 a 18 meses.

Pero los jueces superiores ni supremos han sido incluidos en esta demanda

Y ayer tuve ocasión de ver una entrevista que se le hace al doctor Aurelio Pastor, donde se le pide explicación. (Se le pregunta) ‘Pero si esta decisión de prisión preventiva fue ratificada por varias instancias, por qué contra el juez de primera instancia’. ‘No, porque esa es su voluntad’ (respondió). Es decir, hay una actuación netamente arbitraria en cuanto a la postulación, incluso de la demanda. Pero no solamente eso, sino para zanjar el tema, Pier Figari no acudió al TC, como sí acudió la actual presidenta Keiko Fujimori. Y recordará usted que fue excarcelada también en una votación reñidísima de cuatro a tres, en la cual votó a favor Ernesto Blume. Blume en ningún momento de su fallo (ponencia) dijo que esa conducta era atípica. (...) Se dice que era bien claro que los hechos que se le atribuían, aportes de campaña de presunta procedencia ilícita para la campaña política, era atípica, es decir, no era delito. Pues bien, eso no era tan claro en ese momento. Es más, la posición jurisprudencial dominante de nuestra Corte Suprema era por considerar de que eso era delito.

Si se probaba en juicio que los aportes efectivamente eran de origen ilícito

Y prueba de ello es que el primer caso en donde se plantea si los aportes de campaña son o no delito fue en el caso de Ollanta Humala. Ollanta Humala plantea una excepción de improcedencia de acción en su proceso, señalando que los aportes de campaña no son delito porque recién se criminalizan con el financiamiento ilegal. Yo resuelvo en primera instancia y lo desestimo. Va en apelación a la sala superior, lo ratifica, mantiene que es delito, es decir, el hecho imputado es delito. Y es más, llega a la Corte Suprema y ahí cinco magistrados, dentro de ellos el ponente Luján Túpez...

Y César San Martín

Y César San Martín ratifican que los hechos imputados por aporte de campaña de presunta procedencia ilícita son delito. Lo ratifican. (...) Lo que pasa es que esto recién cambia con el nuevo TC. Y creo yo que ellos han dado una fundamentación política antes que jurídica. No hay que olvidar que la composición actual del TC ha sido elegida por varias facciones, dentro de ellas por el partido Fuerza Popular. Yo creo, y si uno examina los argumentos, son básicamente políticos antes que jurídicos. Han salido muchos abogados a decir que esto es claro, ¿no? La mayoría de los abogados son abogados de investigados. Pero hay otro sector de juristas, de verdaderos académicos que están en contra de este fallo. Me refiero, por ejemplo, a la opinión del doctor Iván Montoya Vivanco. Él ha escrito hace poco para la Universidad Católica respecto a que el pronunciamiento del TC habría sido irregular, incluso, porque ha invadido competencias que no le corresponden. También hemos escuchado la opinión de César Azabache y de Lamas Puccio. Así es que no se diga por ahí de que el tema es claro y evidente, que en todo momento se dijo que no era delito. Eso no ha sido así.

Justo después del fallo del TC, se da el cambio de posición de la Corte Suprema con lo que es aportes, digamos se adhiere a la posición del TC. Pero también llegó a las primeras instancias, específicamente en casos en los que usted estuvo a cargo (Lourdes Flores Nano y PPK) donde también decidió al final archivar el proceso. Leyendo sus resoluciones se entiende claramente que usted no está de acuerdo con el cambio jurisprudencial de la Suprema y que a regañadientes está acatándola y archivando las investigaciones

Es que luego del pronunciamiento del TC viene el pronunciamiento en el caso Susana de la Puente Wiese. ¿Y qué dijo la Suprema? Luján Túpez versus Luján Túpez. Anteriormente, en el de Ollanta Humala había dicho que los aportes de campaña eran delito, pero respecto a Susana de la Puente, sobre la recepción de dinero para campañas en efectivo, dijo que en ese caso no era delito, particularmente por el hecho que cuando recepciona el dinero lo canaliza en la actividad bancaria y luego lo introduce al partido político para la campaña. Como se ha canalizado por la entidad bancaria, ya no había una idea de dificultar la identificación de su origen, era rastreable. Creo yo que esa posición es altamente discutible, por decirlo menos. (...) Y en mi caso particular, archivé el caso de aportes de campaña en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y de Lourdes Flores. Pero el fundamento gravitante fue por alinearme a la jurisprudencia del TC y de la Corte Suprema.

A pesar de no estar de acuerdo

El motivo central gravitante fue por igualdad de trato. Si es que a los demás, por eso mismo le archivaron el caso, lo lógico también es que se archive a todos los demás que estén en una situación jurídica parecida a la de los demás. Pero hice mi salvamento de voto. Es decir, hice mi advertencia de que no estaba de acuerdo con eso y justifiqué, por ejemplo, en el caso de Susana de la Puente, que era muy peligroso asumir como criterio la canalización en la entidad bancaria para bendecir el dinero

Siguiendo con el TC, creo que ha sido la actual composición en la que en varios casos se ha roto esa regla de que un juez constitucional no puede ver temas de la justicia ordinaria. Por ejemplo, al ver los casos de la señora Keiko Fujimori, del señor Ollanta Humala y del señor Vladimir Cerrón. ¿Considera que es una injerencia?

Yo creo indudablemente que estos fallos del TC, sobre todo en el caso de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala, han sido decisiones selectivas y han invadido los fueros de la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, a simple vista, el tema de la tipicidad. Esto es el planteamiento de que los hechos no son delitos. ¿Qué ha dicho en otros casos este mismo Tribunal Constitucional que ha ingresado a los terrenos de la evaluación de si el hecho es típico o no es típico, si tiene contenido criminal o si no tiene contenido criminal? Ese mismo tribunal ha dicho, cuando le han planteado la tipicidad de la conducta: “Yo no voy a ingresar a ese tema porque corresponde a la jurisdicción ordinaria”. ¿Y sabe dónde lo pueden ver con toda claridad? En el voto del magistrado Monteagudo. Él mismo dice: ¿Cómo es posible que el TC ahora, en el caso de Keiko Fujimori, cuya copia espejo es el caso de Ollanta Humala, ingrese al tema de la tipicidad cuando anteriormente ese mismo tribunal había dicho que la justicia constitucional no puede entrar a evaluar temas de la tipicidad o atipicidad del comportamiento atribuido a los investigados, porque eso corresponde a la jurisdicción ordinaria. Nótese que ha habido un pronunciamiento selectivo a favor de determinados investigados.

Usted como el primer juez de investigación preparatoria que estuvo a cargo del caso Cócteles, mandó a prisión preventiva a la señora Keiko Fujimori al considerar que habían fundados elementos de convicción sobre la presunta comisión del delito de lavado de activos, además de la obstaculización y el peligro de fuga en 2019. Ocho años después, ¿sigue creyendo que existen esos elementos de convicción de que la señora Keiko Fujimori habría cometido el lavado de activos?

Yo en su momento me pronuncié. Yo en su momento evalué el requerimiento y en base a ello di una determinada decisión. Considero que mi decisión estuvo ajustada a derecho, prueba de ello que ha sido confirmada en muchas instancias y la excarcelación vino por una decisión bien ajustada de cuatro a tres en el TC. Yo simplemente he obrado conforme a mis atribuciones. Y no es tan claro, no es tan cierto y evidente que el tema de los aportes de campaña nunca fue delito. Lo que ocurre es que ha habido un cambio jurisprudencial implantado por el TC y la Corte Suprema, sobre todo impuesto por el TC con criterios políticos. Y bueno, los operadores de justicia a veces tenemos que, a pesar de que discrepemos, seguir esos planteamientos, pero por una cuestión de predictibilidad en el dictado de decisiones judiciales y de igualdad de trato. Pero jurídicamente yo discrepo, tanto del fallo del TC y también discrepo muy respetuosamente del fallo emitido en el caso Susana de la Puente.

Creo que usted es el único magistrado que tiene tres fallos del TC cuestionando su desempeño. Uno es del caso Nicanor Boluarte sobre la diapositiva. La defensa de Nicanor solicitó su recusación, que la desestimó. En consulta la sala de apelaciones también lo desestimó y dijo que no había problema en que usted siga a cargo. En la ANC también se archivó la queja. Pero ahora la Junta Nacional de Justicia le abrió un proceso disciplinario y lo ha suspendido y, según la sentencia del TC, usted ha adelantado opinión con esta diapositiva. ¿No cree que ya sería obvio cuál va a ser el sentido del informe de instrucción que propondrá María Teresa Cabrera?

Es quien propuso mi suspensión cautelar por seis meses. Y que fue aprobada por tres a tres. Lo primero que debo dejar claro es que en ningún momento yo emití opinión alguna ni dije alguna palabra, opinión, frase sobre los investigados. Todo se resume en la puesta de una imagen. Una imagen, por cierto, que no tiene anotación alguna como tal así es que a mi modo de ver no hubo adelanto de opinión. Prueba de ello es que cuando me recusan, como usted dijo, la sala superior vio ese tema y al resolver eso dijo que efectivamente no se aprecia adelanto de opinión alguno. Claro, (la Sala) señala que debí ser mucho más prudente en la puesta de imágenes en el dictado de una clase, pero remarcó que estaba dentro de la legalidad, dentro de mi libertad de expresión.

Pero el TC dice otra cosa

Pero ojo que eso también fue visto por la Autoridad Nacional de Control hasta en tres casos, tres casos ya archivados con decisión definitiva. O sea, hubieron tres casos por lo mismo que me aperturaron investigación, sobre todo en un expediente donde se dijo que ese hecho no constituía adelanto de opinión, que no he incurrido en falta administrativa alguna y por ende archivó esa queja. Es decir, cerró el tema disciplinario. (...) Yo he planteado ante la JNJ la excepción de non bis in idem, que no pueden perseguirte dos veces por lo mismo. Aquí ya el tema disciplinario está cerrado. Por más que luego el TC me haya apartado o me haya excluido del caso. Lo cierto es que el tema disciplinario ya está cerrado con esos tres casos.

¿Qué opina entonces del fallo del TC? O sea, ellos no son un órgano disciplinario, aunque tienen la facultad de comunicar a los órganos disciplinarios sobre presuntas faltas de magistrados o de abogados

Ellos no son un órgano disciplinario, pero nuevamente han ingresado a temas que le corresponde a la jurisdicción ordinaria a través de los mecanismos procesales. Lo otro es que envía copias (a la JNJ) a pesar de tener pleno conocimiento, porque yo le presenté ante el tribunal, que ese caso ya había sido archivado disciplinariamente ante la Autoridad Nacional de Control. Pero aun así me envía copias para seguir investigándome.

Es más no manda copias a la ANC...

No, lo remite directamente a la Junta Nacional de Justicia

¿Por qué será? ¿No le parece una coincidencia?

Para empezar, siempre la Junta Nacional de Justicia se ha abocado para ver simplemente destitución, nada más. Pero la investigación siempre se lo dejaba a la Autoridad Nacional de Control. Pero en mi caso no, se han abocado desde el momento uno

Entiendo que el reglamento de la Junta contempla esa potestad de que excepcionalmente, si es un caso de trascendencia, pueden abocarse

Habría que ver, porque ese precedente recién lo han cambiado porque eso no era lo que ocurría regularmente.

Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Oswaldo Ordóñez, José Domingo Pérez. ¿Usted cree que es el siguiente en esta lista?

Yo he sido magistrado, actualmente magistrado suspendido, y tenemos el olfato, ¿no? Cuando dictas una medida cautelar tan gravosa como una suspensión temporal en el cargo por seis meses, es porque apuntas a una sanción grave.

La destitución.

Sí, a una sanción grave como la destitución.

Usted está seguro que la consejera Cabrera va a proponer la destitución

Es altamente probable, vamos a ponerlo en esos términos. Es altamente probable por el escenario previo y por todo lo que se viene, por todo lo que se ha venido dando en el caso en donde se ha desconocido el non bis in idem

¿Usted se ve de regreso en el Poder Judicial?

Yo dije desde el primer día en que me iniciaron acciones que voy a luchar por mis derechos hasta el final. Yo voy a reclamar mis derechos. Considero que estos tres procesos (disciplinarios) no están arreglados a ley y que deben archivarse. Sin embargo, por ejemplo, ayer me han notificado del segundo caso que tengo, de la supuesta demora en la elevación de la apelación de la prisión preventiva de Mateo Castañeda. Sobre ese mismo asunto, la Autoridad Nacional de Control ya me investigó. La propia defensa de Mateo Castañeda me quejó. ¿Y qué hizo la autoridad? Archivó el caso.

¿Usted se arrepiente de haber llegado a la Corte Superior Nacional?

Yo solamente he cumplido con mis funciones desde el primer día hasta el día que he sido suspendido. Sí tenía en consideración los riesgos que significaba ser juez de la Corte Nacional, pero aun así lo asumí. Yo no me arrepiento. Simplemente he cumplido con mis funciones y considero que ahora el apartamiento de la Corte ha sido totalmente injusto, ilegal, inconstitucional y por eso que voy a hacer valer mis derechos hasta la última instancia.

 

FUENTE: 

Diego Casimiro Ore 

https://www.infobae.com/peru/2026/09/06/richard-concepcion-carhuancho-considera-que-fallos-del-tc-en-casos-fujimori-y-humala-han-sido-selectivos-e-invadieron-la-justicia-ordinaria/



sábado, 5 de septiembre de 2026

«Mi decisión de imponer prisión preventiva fue confirmada por la Sala de Apelaciones de manera unánime y, a nivel casacional, por la Corte Suprema»: Concepción Carhuancho sobre demanda de indemnización de Pier Figari. El juez Richard Concepción Carhuancho calificó de «inviable y selectiva» la pretensión de indemnización civil por dos millones de soles planteada en su contra por Pier Figari, exasesor investigado en el caso Cocteles. Al ser consultado sobre la audiencia de conciliación tras haber ordenado la prisión preventiva de Figari, el magistrado remarcó: «Yo simplemente he cumplido con mis funciones. Lo que creo que en el fondo se pretende es perseguir de manera selectiva y a nivel civil a los jueces nada más por cumplir sus funciones».

«Mi decisión de imponer prisión preventiva fue confirmada por la Sala de Apelaciones de manera unánime y, a nivel casacional, por la Corte Suprema»: Concepción Carhuancho sobre demanda de indemnización de Pier Figari.

El juez Richard Concepción Carhuancho calificó de «inviable y selectiva» la pretensión de indemnización civil por dos millones de soles planteada en su contra por Pier Figari, exasesor investigado en el caso Cocteles. Al ser consultado sobre la audiencia de conciliación tras haber ordenado la prisión preventiva de Figari, el magistrado remarcó: «Yo simplemente he cumplido con mis funciones. Lo que creo que en el fondo se pretende es perseguir de manera selectiva y a nivel civil a los jueces nada más por cumplir sus funciones».


El magistrado sostuvo que los fallos emitidos dentro del ejercicio regular de la función constitucional no pueden ser objeto de persecución o reparaciones pecuniarias en el fuero civil. Para sustentar la regularidad de su decisión en el marco del proceso penal ordinario, el magistrado defendió la legalidad y el control jerárquico que existió sobre su pronunciamiento: «Mi decisión fue confirmada por dos instancias: por la Sala Penal de Apelaciones de manera unánime. Luego fue ratificada a nivel casacional por jueces de la Corte Suprema«.

Asimismo, el magistrado precisó que la discusión jurídica en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia no cuestionó la legitimidad de la medida cautelar restrictiva, sino que se concentró de forma exclusiva en la idoneidad del plazo. Concepción Carhuancho señaló que la única controversia de los jueces supremos «radicaba en cuanto al plazo, si debía mantenerse 36 o 18 meses», agregando que el posterior pronunciamiento del Tribunal Constitucional se resolvió con una ajustada votación de «cuatro a tres», lo que evidencia el arduo debate que el caso generó en sede jurisdiccional.

En relación con los cargos atribuidos, el magistrado rebatió los argumentos de la defensa de Figari respecto a que las conductas imputadas no constituían hechos penalmente relevantes en el momento de la postulación de la medida. El juez aseveró que «el núcleo de su demanda es porque él considera que los aportes de campaña nunca han sido delito». No obstante, aclaró que la interpretación jurídica vigente era distinta antes de la reforma de criterios constitucionales: «Antes de la decisión del TC, se asumía de que los aportes de campaña eran delito».

Para fundamentar su actuación procesal, el juez de investigación preparatoria destacó que su labor se rigió de forma estricta por las pautas hermenéuticas de los tribunales superiores. «Para la órbita jurisprudencial, nosotros nos debemos también a los criterios, nosotros seguimos ese planteamiento», puntualizó Concepción Carhuancho. Asimismo, recalcó el carácter no estrictamente jurídico de la posterior variación jurisprudencial: «El tema de los aportes de campaña siempre se ha considerado delito a nivel jurisprudencial; eso cambia recién con una decisión política, no jurídica, del Tribunal Constitucional».

Adicionalmente, el magistrado advirtió sobre el impacto adverso que la justicia constitucional genera al intervenir de forma directa en causas penales en trámite. El juez coincidió con las críticas de académicos del sector jurídico que sostienen que el Tribunal Constitucional «ha interferido con las funciones del Poder Judicial» al resolver sobre la tipicidad de conductas cuando el proceso penal ya se encontraba en etapa de juicio oral. A su criterio, el tribunal, de manera excepcional, «ingresa a esos temas para ver la tipicidad que corresponden netamente a la jurisdicción ordinaria, una invasión de los terrenos de la jurisdicción ordinaria».

Respecto a la naturaleza dirigida de la futura demanda, Concepción Carhuancho cuestionó que la acción resarcitoria no involucre a todos los operadores judiciales que convalidaron la medida y se concentre únicamente en el juez Víctor Zúñiga Urday y su persona. Frente a este panorama, descartó la viabilidad de un acuerdo conciliatorio y argumentó la existencia de causas de exención del deber de indemnizar: «Todo daño debe repararse, sí, pero hay casos en los cuales no cabe la reparación cuando ha sido en el ejercicio regular del cargo o en el ejercicio regular del derecho, es decir, son causas de exclusión de responsabilidad».

Finalmente, el magistrado, quien se encuentra actualmente suspendido de sus funciones jurisdiccionales, ratificó que no cederá ante pretensiones económicas por el sentido de sus fallos penales. «Yo voy a exponer también mi posición frente a cualquier planteamiento que haga el conciliador o la parte demandante» y «voy a defender mis derechos ante ese escenario que pueda abrirse», concluyó Concepción Carhuancho, insistiendo en que se trata de un debate sobre el «criterio jurisdiccional, y el criterio no se puede perseguir».

 

FUENTE:  Agustin Ricci

https://lpderecho.pe/mi-decision-imponer-prision-preventiva-confirmada-sala-apelaciones-manera-unanime-nivel-casacional-corte-suprema-concepcion-carhuancho-demanda-indemnizacion-pier-figari/



sábado, 16 de marzo de 2024

Poder Judicial Perú: Propietario que alquila inmueble sabiendo que se está cometiendo ilícito no solo sería condenado como cómplice también decomisaría propiedad. Advierte el Poder Judicial. El juez Juan Rosas Castañeda señaló que si un propietario alquila un bien pese a conocer o ser consciente que se están realizando hechos delictivos como lavado de activos, trata de personas o secuestro no solo podría ser denunciado sino también condenado como cómplice recibiendo una pena igual al autor del delito.

Poder Judicial Perú: Propietario que alquila inmueble sabiendo que se está cometiendo ilícito no solo sería condenado como cómplice también decomisaría propiedad.

Advierte el Poder Judicial.

El juez Juan Rosas Castañeda señaló que si un propietario alquila un bien pese a conocer o ser consciente que se están realizando hechos delictivos como lavado de activos, trata de personas o secuestro no solo podría ser denunciado sino también condenado como cómplice recibiendo una pena igual al autor del delito.

Juez peruano, Juan Rosas Castañeda

“Evidentemente va a tener un grado de responsabilidad ya sea como autor o como cómplice, y va a merecer una pena incluso igual al autor si es un cómplice primario. Y si es un cómplice secundario por ser delitos graves, en la mayoría de veces, va a ser una pena efectiva”, aseveró.

En esa misma línea, el magistrado señaló que la investigación no solo puede abrirse de oficio por parte del Ministerio Público, sino, además, los familiares de las víctimas de secuestro o trata de personas pueden denunciar al propietario del inmueble donde se realizó el hecho delictivo.

DECOMISO DE LA PROPIEDAD

Explicó que, en este caso, el propietario del bien no solo podría recibir una pena efectiva sino también podría aplicársele el pago de una reparación civil como responsable del delito o también podría sufrir el decomiso de su propiedad.

“En el caso de la reparación civil el sujeto tiene la obligación de reparar el daño que ocasionó al cometer el delito de secuestro y, por lo tanto, esta persona que ha sido víctima del secuestro debe ser indemnizado con el pago de una reparación civil”, aseveró.

Por otro lado, admitió que existen casos donde el propietario desconoce que en su inmueble se está cometiendo hechos ilícitos, y el dueño no podría ser denunciado o condenado penalmente, sin embargo, su propiedad si sería decomisada o extinta.

“Puede ser que (el propietario) no haya actuado dolosamente, es decir, que no sepa que se está cometiendo un delito dentro de su propiedad. Puede ser que resulte absuelto en un proceso penal, pero por su negligencia lo más posible es que pierda su propiedad”, aclaró.

Para evitar estos hechos, el magistrado recomendó a los dueños que quieren alquilar un bien tomen sus precauciones como solicitar al arrendatario sus antecedentes penales e introducir en el contrato de alquiler una cláusula de supervisión que le faculte ingresar al inmueble cada cierto tiempo para verificar qué actividades está realizando dentro de su propiedad. 


FUENTE:  https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/920985-propietario-que-alquila-inmuble-sabiendo-que-se-esta-cometiendo-ilicito-no-solo-seria-condenado-como-complice-tambien-decomisaria-propiedad


 

lunes, 11 de marzo de 2024

PERÚ: PODER JUDICIAL ALERTA QUE AGRESORES QUE ATENTAN CONTRA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES PUEDEN SER SANCIONADOS HASTA CON CADENA PERPETUA. Cuando concurren dos o más circunstancias agravantes

 

PERÚ: PODER JUDICIAL ALERTA QUE AGRESORES QUE ATENTAN CONTRA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES PUEDEN SER SANCIONADOS HASTA CON CADENA PERPETUA.
 Cuando concurren dos o más circunstancias agravantes

Jueza Yavari Villanueva recordó cuales son las medidas de protección que se otorgan para garantizar el libre desenvolvimiento de las mujeres.

Yavari Villanueva Portella, Jueza peruana.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la jueza de la Corte de Lima Sur, Yavari Villanueva Portella, recordó que los actos de violencia física y psicológica, así como de acoso sexual ejercidos contra las mujeres tienen penas severas.


Señaló que el Código Penal cuenta con normas que previenen y sancionan la comisión de delitos y faltas contra las mujeres, cuyas penas se agravan cuando la víctima se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad.


Expresó que las acciones que atentan contra la vida de la mujer y le causan muerte, son calificadas como feminicidio, entonces la pena mínima es de 20 años, si el hecho fue cometido en un contexto de violencia familiar, acoso sexual, abuso de poder o cualquier forma de discriminación.


Las penas se agravan y superan los 30 años de cárcel cuando la víctima es menor de edad, adulta mayor, tiene cualquier tipo de discapacidad, entre otros; y, se sancionará con cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes.


“Hablamos de cadena perpetua, por ejemplo, cuando es una menor de edad y, además, se actuó con alevosía o se empleó un medio que pusiera en peligro a la víctima, como las armas de fuego”, precisó.


En el caso del acoso sexual, previsto en el artículo 176-B, se sanciona conductas de vigilancia, persecución, hostigamiento o asedio a una persona para llevar a cabo actos de connotación sexual sin el consentimiento de esta, por lo que se sancionará en su modalidad básica hasta con cinco años.


MEDIDAS DE PROTECCIÓN


La jueza Yavari Villanueva precisó que frente acciones que atentan contra la integridad física, psicológica o sexual, una mujer está en su derecho a solicitar medidas de protección con el fin de que la violencia cese y garantizar su libre desenvolvimiento en la sociedad.


“Entre las medidas de protección a otorgar se encuentran el retiro del agresor a del domicilio en el que se encuentra la víctima y la prohibición de regresar al mismo; así como el impedimento de acercamiento a la víctima sea a su centro de labores, estudios o donde realice sus actividades cotidianas. También está la prohibición de la comunicación con la víctima”, detalló. 


La magistrada informó que las medidas que son otorgadas deben ejecutarse inmediatamente, y son el mecanismo que el Estado prevé para proteger a las mujeres víctimas y estas puedan continuar con sus actividades, libre de violencia. 


Finalmente, puntualizó que el incumplimiento de las medidas de protección, por parte del agresor da como resultado que este sea denunciado y sancionado por la comisión del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, conforme al artículo 368 del Código Penal.



Lima, 10 de marzo de 2024


FUENTE: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2024/cs_n-poder-judicial-alerta-agresores-atenta-contra-integridad-mujeres-sancionados-cadena-perpetua





lunes, 15 de noviembre de 2021

Perú: 25 postulantes “Aptos” para postular al cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional registran AFILIACIÓN PARTIDARIA en ROP del JNE, de ellos 7 con inscripción VIGENTE

 

Perú: 25 postulantes “Aptos” para postular al cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional registran AFILIACIÓN PARTIDARIA en ROP del JNE, de ellos 7 con inscripción VIGENTE


Unidad de Investigación de “El Todopoderoso”:

Lima, 15 de noviembre de 2021

La Comisión Especial de Selección de Magistrados del TC del Congreso de la República debería ser más exhaustiva en la revisión de los antecedentes e idoneidad de los postulantes. 

El artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que los Magistrados del TC “Están PROHIBIDOS de afiliarse a organizaciones políticas”. Si la Ley prohíbe que los Magistrados se afilien a partidos políticos, con mayor razón los postulantes al TC no deben militar en una organización política, pues requisito indispensable para ser un Juez constitucional independiente e imparcial, es no mantener vínculo partidario.

Comision Especial de Seleccion de candidatos Aptos para el Tribunal Constitucional del Perú

Muchos de los postulantes han renunciado a sus partidos, pero sin duda la relación se mantiene. Muchos de estos postulantes han sido Congresistas, han postulado al Congreso o querían hacer una carrera política, pero como nos les resultó, ahora creen que pueden llegar al Tribunal Constitucional como si fuera un cargo político. También podríamos pensar que no les ha gustado perder los beneficios del poder.

SEÑORES postulantes defínanse o hacen política o se dedican a la judicatura. ¿Se imaginan si los jueces y fiscales antes de postular a tales cargos exhiben una carrera partidaria como mérito para administrar justicia?

Señores de la Comisión Especial están a tiempo de rectificar e impedir que nos den gato por liebre.

Postulantes afiliados al partido político ACCIÓN POPULAR

Postulante

Partido Político

Afiliación

ARIAS ESTELLA CASTILLO, FERNANDO LUIS

ACCIÓN POPULAR                     

VIGENTE

VELASCO PEREZ VELASCO, DAVID MOISES

ACCIÓN POPULAR

VIGENTE

MONTEAGUDO VALDEZ, MANUEL

ACCIÓN POPULAR

VIGENTE

ZEGARRA GUEVARA, JAIME ANTONIO

ACCIÓN POPULAR

VIGENTE

ARANGO ARBI VALENTINO AQUINO

ACCIÓN POPULAR

VIGENTE

 

Postulantes afiliados al partido político PARTIDO MORADO

Postulante

Partido Político

Afiliación

GALLEGOS CANALES, YOLANDA

PARTIDO MORADO

VIGENTE

 

 

Postulantes afiliados al partido político PODEMOS

Postulante

Partido Político

Afiliación

CABRERA VEGA, MARIA TERESA

PODEMOS

VIGENTE

PEREZ ARROYO, MIGUEL RAFAEL

PODEMOS

RENUNCIA Presentada al DNROP/JNE el 16-abr-2021 

 

Postulantes afiliados al partido político ALIANZA PARA EL PROGRESO

Postulante

Partido Político

Afiliación

ESTELA HUAMAN, JOSE ALBERTO

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Se canceló la inscripción de APP.

El postulante no renunció.

NAVARRETE ROLDAN, CARLOS ALFONSO

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Se canceló la inscripción de APP.

El postulante no renunció.

FLORES TIJERO, MARCO ANTONIO

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Se canceló la inscripción de APP.

El postulante renunció

ante la DNROP/JNE el 08-feb-2021

 

Postulantes afiliados al partido político VICTORIA NACIONAL

Postulante

Partido Político

Afiliación

ESTEVES TORRES, TITO

VICTORIA NACIONAL

Se canceló la inscripción de VICTORIA NACIONAL.

Renuncia presentada a la DNROP/JNE el 10-oct-2016

 

Postulantes afiliados al partido político PARTIDO APRISTA PERUANO

Postulante

Partido Político

Afiliación

FALLA LAMADRID, LUIS HUMBERTO

PARTIDO APRISTA PERUANO

Se canceló la inscripción del PARTIDO APRISTA PERUANO.

Se canceló la inscripción de El postulante no renunció.

CALLE HAYEN, FERNANDO ALBERTO

PARTIDO APRISTA PERUANO

Se canceló la inscripción del PARTIDO APRISTA PERUANO.

Renuncia presentada al DNROP/JNE el 03-mar-2009

MESIA RAMIREZ, CARLOS FERNANDO

PARTIDO APRISTA PERUANO

Se canceló la inscripción del PARTIDO APRISTA PERUANO.

Renuncia presentada a la DNROP/JNE el 28-feb-2019

LAMADRID IBAÑEZ, HUGO FLORENTINO

PARTIDO APRISTA PERUANO

Se canceló la inscripción del PARTIDO APRISTA PERUANO. Postulante presentó solicitud de afiliación en 2008, pero estaba afiliado al PNP.

CABAÑAS LOPEZ, EBER HUMBERTO

PARTIDO APRISTA PERUANO

Se canceló la inscripción del PARTIDO APRISTA PERUANO. Postulante se afilió en el 2004 y fue desafiliado en el 2009.

 

Postulantes afiliados al partido político PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

Postulante

Partido Político

Afiliación

GALINDO SANDOVAL, CAYO CESAR

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

Se canceló la inscripción del PARTIDO NACIONALISTA PERUANO.

Renuncia presentada a la DNROP/JNE el 18-oct-2019

ARRIETA CALDERON, SIFRIGD EMILIO

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

Se canceló la inscripción del PARTIDO NACIONALISTA PERUANO.

Renuncia presentada a la DNROP/JNE el 16-sep-2013

 

Postulantes afiliados al partido político PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Postulante

Partido Político

Afiliación

QUEZADA TOMAS, ANGEL ROBERTO

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Se canceló la inscripción del PARTIDO POPULAR CRISTIANO.

 

Renuncia presentada al DNROP/JNE el 27-ago-2019

CHAVEZ DUEÑAS, LOURDES

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Se canceló la inscripción del PARTIDO POPULAR CRISTIANO.

Renuncia presentada al DNROP/JNE el 11-jun-2014

 

Postulantes afiliados al partido político TODOS POR EL PERÚ

Postulante

Partido Político

Afiliación

ALEJOS IPANAQUE, PABLO

TODOS POR EL PERÚ

Se canceló la inscripción del partido TODOS POR EL PERÚ.

Renuncia presentada al OD - JNE - UCAYALI el 26-sep-2019.

BRAVO MIRANDA, MIGUEL ANGEL

TODOS POR EL PERÚ

Se canceló la inscripción del partido TODOS POR EL PERÚ.

Presentó su solicitud de afiliación pero no cumplió los requisitos.

 

Postulantes afiliados al MOVIMIENTO REGIONAL AQP

Postulante

Partido Político

Afiliación

MEDINA MINAYA, ABDIAS JONATAN

MOVIMIENTO REGIONAL AQP

En proceso de afiliación.

 

Postulantes afiliados al partido CAMBIAR PARA AVANZAR 

Postulante

Partido Político

Afiliación

RIOJA VALLEJOS, JORGE LUIS

MOVIMIENTO REGIONAL AQP

Partido no concluyó inscripción.

Renuncia presentada al DNROP/JNE el 17-dic-2010