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jueves, 28 de marzo de 2013

Ministerio Público: Sacando el Cuerpo. Narcotráfico: El fiscal de la Nación, José Peláez, debe explicar por qué el Ministerio Público se encuentra a punto de hundir el caso Sánchez Paredes.

Ministerio Público: Sacando el Cuerpo
Narcotráfico: El fiscal de la Nación, José Peláez, debe explicar por qué el Ministerio Público se encuentra a punto de hundir el caso Sánchez Paredes. 
Ningún representante del Ministerio Público acudió a la audiencia judicial más importante del proceso. Y lo que es peor: la Fiscalía hizo llegar al tribunal el informe que solicita archivar todo el caso
El pasado jueves 21 deben haber sonado las alarmas en las unidades que combaten al narcotráfico en Perú y Estados Unidos.
Y quizá también en Colombia y México.

Aquel día, en vísperas de Semana Santa, el Ministerio Público volvió a clavar la lanza en el costado de la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas. 
Orlando Sánchez Paredes es uno de los procesados en el más grande caso de lavado de dinero del país
Después de un año cargado de reveses, denuncias que empañaban el debido proceso y sucesivos cambios de magistrados, el Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional convocó a audiencia pública para definir el destino del caso Sánchez Paredes.

Tratándose del más grande caso de lavado de dinero de la historia peruana, la expectativa era singular.

La audiencia tenía como propósito escuchar los alegatos de la defensa de los procesados: los hermanos Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes; Fidel y Miguel Sánchez Alayo; Blanca Sánchez Príncipe y el exministro aprista Jesús Esteves Ostolaza. 
El Colegiado “D” emitirá dictamen en un mes. La Fiscalía complicó las cosas.
El plato de fondo lo constituían los informes de la procuradora antidrogas Sonia Medina y, especialmente, del representante del Ministerio Público.

En una nota de prensa difundida la semana pasada por el Colegiado “D” se destacaba que la opinión del fiscal encargado del caso tendría una especial relevancia.

Luego de ello, el tribunal tomaría una decisión.

Pero he aquí que ocurrió lo inesperado: ningún representante del Ministerio Público acudió a la audiencia clave.

Y lo que es peor, la Fiscalía hizo llegar al tribunal el informe que recomienda refundir el emblemático caso en el archivo definitivo.

GÓLGOTA JUDICIAL

El calvario empezó a las 9 de la mañana, cuando ingresaron a la Sala los jueces del Colegiado “D”: Luis Alberto Cevallos, Jackeline Yalán y Liliana Placencia. 
Jueves 21. La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo se batió sola contra los abogados de los procesados en cinco largas horas de audiencia.
Sentados de espaldas al ventanal, jocosos y distendidos, se ubicaban los abogados César Nakazaki, Luis Roy Freyre, Luis Reyna y Jorge Paredes.

En la otra orilla, la procuradora Sonia Medina ordenaba sus papeles con aprehensión.

Estaba más sola que nunca.

El tribunal empezó leyendo el único documento que le había hecho llegar el Ministerio Público: el informe de la fiscal María Maguiña, quien en abril del año pasado recomendó archivar el caso, aduciendo que la fortuna de los hermanos Sánchez Paredes “está debidamente fundamentada” (CARETAS 2226 - Abogados en Acción
En la investigación fiscal del caso de la matanza de Ica también ocurrieron cosas extrañas.
El informe Maguiña provocó tal escándalo que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, ordenó separarla del cargo y someterla a una investigación interna.

“Estamos convencidos plenamente que este caso debe llegar a un juicio oral de todas maneras y hacemos votos para que la Sala que va a resolver se pronuncie”, declaró Peláez Bardales al programa ‘No Hay Derecho’ de Ideeleradio hace un año.

Sucedió lo contrario.

El mes pasado, el fiscal supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, absolvió a Maguiña y así el informe que ordenaba enviar el gigantesco caso al archivo fue remitido sin atenuantes por la propia Fiscalía de la Nación a la Sala Penal Nacional.

FISCAL DE VACACIONES

Como era de esperarse, la ausencia del representante del Ministerio Público fue aplaudida por la defensa de los procesados.

“Solicitamos que de conformidad con la vapuleada fiscal Maguiña y su dictamen (sic), la Sala disponga no haber mérito para pasar a juicio oral y el archivamiento del proceso”, exigió Luis Roy Freyre, abogado de Manuel Sánchez Paredes y padre de Eduardo Roy Gates, consejero legal del presidente Ollanta Humala.
De Ripley. Abogado César Nakazaki exige ahora que se respete el fallo de la Fiscalía.
La procuradora se batió sola contra los abogados y, tras 5 largas horas de audiencia, se marchó exhausta e indignada.

“La inercia del Ministerio Público es insólita”, se lamentó Medina. “En un caso de gran connotación para el país, esperaba que un fiscal ilustrara a la Sala sobre su posición. Me dejaron sola”.

CARETAS supo que quien debía acudir a la audiencia del jueves 21 era el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, Fidel Castro Chirinos, pero este solicitó vacaciones antes de que se programara la vista de causa.

Su adjunta, Rosa Flores Chávez, evitó declarar a esta revista.

Quien sí lo hizo fue el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez.

“Yo planteé la acusación del caso Sánchez Paredes, en 2010. Después de eso ya no tuve nada más que ver en el caso”, sostuvo.
Fuentes cercanas al Fiscal de la Nación dijeron que este “desconocía” lo que había ocurrido y que “tomaría cartas en el asunto”.

Medina retrucó: “No es lógico ni coherente que la máxima autoridad del Ministerio Público desconozca lo que hacen sus propios fiscales en el más grande caso de lavado de activos”.

No lo es, sin duda, porque a este último y grave incidente se suman otros sucesos extraños:

l En el caso de la matanza protagonizada por guardaespaldas de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos frente al Poder Judicial de Ica, en febrero del 2011, un fiscal, José Luis Herrera, se pasó casi 2 años sin emitir dictamen y después fue “promovido” de puesto. A su reemplazante, el fiscal César Pecho Peche, le tomó un mes excluir al clan trujillano a pesar de que los muertos trabajaban para ellos.

l Del mismo modo, la investigación a Orlando Sánchez Paredes y a la minera Comarsa por desvío de insumos químicos al narcotráfico estuvo un año en manos del fiscal Tony García. Cuando se disponía a emitir dictamen fue removido del cargo, en octubre pasado. Su sucesor, Fidel Castro, archivó el caso en 2 meses.

LO QUE IMPORTA

La notoria lavada de manos preocupa más porque el narcotráfico está alcanzando niveles alarmantes y colándose por todos los estamentos del Estado.

La semana pasada, la propia Fiscalía Antidrogas del Callao desarticuló en el aeropuerto Jorge Chávez una red de corrupción que involucra a 10 agentes antidrogas con cárteles mexicanos.

Y hasta el congresista Kenji Fujimori, hijo del encarcelado expresidente, enfrenta la posibilidad de una investigación tras el hallazgo de 100 kilos de cocaína en un depósito aduanero del que es socio fundador.

El Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional emitirá dictamen en un mes, pero la posición de la Fiscalía ha complicado las cosas.

Echar tierra sobre una investigación que ha durado cinco años y negar los esclarecimientos finales de un juicio oral es imperdonable.

Y absurdo porque, mientras esto ocurre en el Perú, en EE.UU., la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York congeló 13 cuentas bancarias de Manuel Sánchez Paredes y de sus seis hijos por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero ( CARETAS 2253 – Sánchez Paredes: Entre la Corte y la Pared

Y todo indica que llevará el caso ante un Gran Jurado de Nueva York.
¿Le importa esto al doctor Peláez Bardales? ¿O es que seguirá haciendo la de Pilatos? 

(Escribe: Américo Zambrano)
FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1094&idSTo=0&idA=63167#.UVUChxdLN1B


jueves, 5 de abril de 2012

Abogado en Acción

Abogado en Acción
Manuel Sánchez Paredes celebra.
Fiscal adjunta dictamina archivar el megaproceso seguido a los Sánchez Paredes por lavado de dinero. Abogado del clan fue Eduardo Roy Gates, asesor jurídico del Presidente de la República.
Arriba, Manuel Sánchez Paredes celebra.

En las vísperas de Semana Santa, el Ministerio Público enterró una lanza en el costado de la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico.

El viernes 30, la fiscal adjunta superior María Maguiña Torres dictaminó que no hay pruebas para acusar a los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, así como a Fidel Sánchez Alayo, Blanca Sánchez Príncipe y Belisario Esteves Ostolaza por el delito de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.

Martes 15 de marzo de 2011. Manuel Sánchez Paredes y sus abogados Luis Roy Freyre y Eduardo Roy Gates en la Fiscalía de Ica por el caso de los 3 muertos.
Para la fiscal Maguiña, no hay mérito alguno para iniciar juicio oral a los Sánchez Paredes y concluye que el más grande caso de lavado de dinero de la historia peruana debería ser archivado por la Sala Penal Nacional.

Un caso importante y simbólico, cuya resolución debería ser patrocinada por el propio Presidente de la República, se encuentra a punto de hundirse.

Aquí y en la China hay sectores de la Fiscalía susceptibles de hacerle eco al poder político. Y en Palacio de Gobierno trabaja como asesor presidencial en materias legales Eduardo Roy Gates, ex abogado de Manuel Sánchez Paredes. Y su padre sigue siendo uno de los abogados principales del clan norteño.

La vinculación acrecienta el escándalo por la decisión de Maguiña, que necesitó solo 15 días para resolver un expediente de un millón de folios y borró de un plumazo cuatro años de investigación del propio Ministerio Público.

La balacera entre guardaespaldas de la propia familia en disputa dejó 3 muertos en Ica.
LA RUTA DEL EXPEDIENTE

La ‘megainvestigación’ arrancó en enero de 2008 con una inusual conferencia del ex presidente Alan García en Palacio de Gobierno. Potentados del norte, los Sánchez Paredes deben haber hecho contribuciones a muchas candidaturas, incluyendo las apristas. Hacia 2007 su presencia fue adquiriendo una impronta más arrogante, sobre todo a través de la segunda generación, y alguna sugerencia de extorsión llegó a Palacio. Fue allí cuando el ex Presidente decidió identificar a los miembros principales del clan.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina y un numeroso grupo de policías del Equipo Especial de Investigación de la Dirandro, bajo el mando del general PNP Carlos Morán, iniciaron las investigaciones a 77 miembros del clan trujillano y a 124 empresas del grupo. En el camino fueron separando la paja del trigo y, en marzo de 2010, tras 2 años de pesquisas, el fiscal Chávez interpuso denuncia penal contra 7 personas y 10 empresas por lavado de activos del narcotráfico (CARETAS 2122). La lista inicial se redujo significativamente, lo que reflejaba un trabajo minucioso e independiente.
La fiscal Maguiña necesitó solo 15 días para resolver el expediente de un millón de folios del caso Sánchez Paredes.
El voluminoso expediente pasó al despacho del juez supraprovincial Omar Pimentel Calle, quien abrió instrucción contra los 7 acusados. Chávez fue promocionado como jefe coordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado y el caso fue asumido por el fiscal superior titular Tony García. En octubre de 2011, García fue reasignado exclusivamente al juicio del caso Business Track y el MP nombró como su reemplazo a la fiscal adjunta María Maguiña Torres.

Aproximadamente hace 15 días, Pimentel culminó la etapa de instrucción y remitió el voluminoso expediente a Maguiña, para que en su calidad de titular de la acción penal solicite el inicio del juicio oral. Ocurriría lo contrario.

EL ASESOR DE PALACIO

El dictamen de Maguiña ha conmocionado a las autoridades que luchan contra el lavado de activos y el narcotráfico. El propio fiscal Chávez Cotrina se mostró “bastante sorprendido” y pidió que la fiscal “responda por sus actos”.
Fiscal adjunta María Maguiña Torres borró de un plumazo los cuatro años de investigaciones del propio Ministerio Público.
La procuradora antidrogas Sonia Medina se preguntó: “¿Cuál es el interés de que el proceso no se ventile en el Poder Judicial? ¿Qué vergüenzas o desvergüenzas se quieren encubrir? ¿Qué ha llevado a la fiscal Maguiña a archivar el caso en tiempo récord?”. Y añadió: “Estoy tremendamente desconcertada. Tiene que haber una decisión política acá, porque esos criterios no se pueden determinar así nomás. Esto es gravísimo”.

El abogado principal del clan norteño es Luis Eduardo Roy Freyre, padre de Eduardo Roy Gates, el asesor jurídico del Presidente de la República. El propio Roy Gates fue el abogado designado para interponer una batería de Hábeas Corpus en juzgados del interior del país con el fin de archivar el ‘megaproceso’ a los Sánchez Paredes.
2007. Ollanta Humala y su abogado Eduardo Roy Gates salen del Ministerio Público tras una diligencia del caso Madre Mía.
Y ambos, padre e hijo, estuvieron en Ica junto a Manuel Sánchez Paredes cuando una balacera entre los guardaespaldas de los miembros de la misma familia en disputa dejó tres muertos frente al Poder Judicial de Ica, el año pasado (CARETAS 2172). Las fotos que abren este reportaje corresponden precisamente a una de las diligencias de la llamada matanza de Ica.

El fiscal de Ica, José Luis Herrera, a diferencia de lo ocurrido en Lima, aún no formaliza acusación, presionado por el rosario de amenazas provenientes de los investigados, según fuentes judiciales.

En 2007 Roy Gates formó parte de la defensa de Humala en el caso Madre Mía junto al ex vicepresidente Omar Chehade. Dos años después la denuncia contra Humala por presunta violación a los derechos humanos fue archivada en primera instancia y posteriormente el fallo fue confirmado por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que entonces era presidida por el vocal César San Martín, hoy presidente del Poder Judicial.

Cuando se cuestionó el nombramiento de Roy Gates en Palacio, Chehade fue el primero en defenderlo. “Pongo las manos al fuego por él”, zanjó.

Una versión confiable indica que Roy Gates le dijo al Presidente que él y su padre habían sido contratados para labores específicas en la defensa del clan y que, por último, eran varios los abogados inmersos en el caso. Pero su padre está ligado a los Sánchez Paredes desde hace dos décadas. Luis Roy Freyre fue abogado de Perciles Sánchez Paredes, el patriarca familiar, en el proceso por narcotráfico que afrontó en 1984. Éste fue absuelto en 1988, pero lo asesinaron a tiros 3 años después en Trujillo.
El dictamen exculpatorio de la Fiscalía beneficia también a Fidel Sánchez Alayo (al centro).
UN ACCESO PRIVILEGIADO

CARETAS buscó a la fiscal Maguiña el lunes 2. A través de un vocero de prensa del Ministerio Público mandó a decir que es autónoma en sus decisiones y que tampoco podía hacer público su dictamen, porque era un documento reservado.

Sin embargo, uno de los procesados, Orlando Sánchez Paredes, parece haber tenido acceso privilegiado al documento y lo ha circulado en un comunicado dirigido a la prensa, el lunes último. “La Fiscalía Superior en Criminalidad Organizada ha emitido su Dictamen Fiscal Superior considerando que NO HAY MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra ninguna de las personas (naturales y jurídicas) injustamente procesadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos y por ende solicita el ARCHIVO DEFINITIVO de este proceso. En otras palabras, el Ministerio Público, entidad encargada de perseguir los delitos, ha concluido que no he cometido el delito de lavado de activos pues ha quedado acreditado ante las autoridades que ninguno de los procesados poseemos bienes, dinero o patrimonio proveniente de origen ilícito”, celebró el hermano de Perciles.

Fuentes de la Fiscalía insisten en que el caso no está totalmente perdido. El dictamen de Maguiña pasará a la Sala Penal Nacional que tiene dos caminos: estar de acuerdo con la fiscal y archivar definitivamente el proceso. La otra opción es elevarlo a una Fiscalía Suprema para que determine si procede el juicio oral.

“Esta es una cachetada al sistema, un golpe muy duro”, se lamenta el general Morán. “Y también es un riesgo porque hay policías que hemos sido víctimas de demandas millonarias por investigar a este clan. Esto nos llena de indignación y frustración porque sentará un precedente judicial nefasto. Y significará un retroceso en la batalla contra el narcotráfico”.


(Américo Zambrano).
FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1014&idSTo=0&idA=58123&NL=1





domingo, 13 de febrero de 2011

Abanto negó ser intermediario entre Alan García y los Sánchez Paredes

Abanto negó ser intermediario entre Alan García y los Sánchez Paredes
El otrora abogado de Alfredo Sánchez Miranda aseguró que el 2006, este último le entregó S/.5 mil para ayudarlo a él, no directamente al entonces candidato


El abogado Humberto Abanto negó haber sido “intermediario” entre el clan Sánchez Paredes y el presidente de la República, Alan García, pues sostuvo que los 5 mil soles que recibió de Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, empresario investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, fueron un aporte para él y no directamente al líder aprista.

Abanto dijo que él le pidió el dinero a Sánchez Miranda para hacer un aporte propio, ya que en febrero del 2006, durante la campaña electoral, se enteró que García, entonces candidato a la presidencia, atravesaba dificultades económicas al cierre de la primera vuelta.

“Me ayudó a mí, no a Alan García, para que yo pudiera entregar estos recursos (los US$5 mil) y ayudar a mi candidato presidencial. No hubo un acto de intermediación”, aseguró en declaraciones a la emisora radial RPP.

Detalló que cuando fue informado de lo que ocurría con la campaña de García, se encontraba reunido con Alfredo Sánchez Miranda por entonces era su abogado y además ocupaba el cargo de gerente general de la compañía Aglamarca, propiedad de los Sánchez Paredes.

“... Cuando recibí la noticia, el rostro se me demudó, estaba preocupado (...) Alfredo, muy gentilmente, me preguntó si tenía alguna emergencia y yo le conté lo que estaba pasando (...) Me dijo: “Yo te ayudo Humberto. Toma el dinero o lo llevamos si quieres; pero ocúpate en el litigio (con Sulliden)”, añadió el letrado.

“No hubo una intermediación, lo que hizo Alfredo fue ayudarme a mí, entonces su abogado y también su amigo”, volvió a insistir. Cabe recordar que según informaron algunos medios, ni Sánchez Miranda ni su empresa Comarsa figuran como aportantes de la campaña aprista del 2006 en la página web de la ONPE.

Hoy, el presidente García anunció que ha devuelto a Abanto el donativo recibido en el 2006. Sánchez Miranda había manifestado más temprano su oposición a que el dinero sea devuelto.



Alan García Perez: Desconocía que un Sánchez Paredes donó US$ 5 mil a mi campaña

Alan García Perez: Desconocía que un Sánchez Paredes donó US$ 5 mil a mi campaña
Reacción. “Si está vinculado a esa familia, lo devuelvo”, dijo el mandatario. Recordó que su gobierno ha llevado a los tribunales el lavado de activos de la familia del donante .También defendió al secretario de Palacio, Luis Nava.
(Por Inés Flores.)
El presidente Alan García hizo un rápido deslinde de cualquier vínculo de su gobierno con la familia Sánchez Paredes debido a un aporte de 5 mil dólares a su campaña electoral hecho por un miembro de ese clan en la segunda vuelta electoral del 2006.

“Habrá que devolvérselos, porque yo no tuve conocimiento de eso”, replicó García en declaraciones a la prensa formuladas luego de supervisar las obras del nuevo Instituto del Niño en San Borja.

Alfredo Sánchez, hijo menor de Orlando Sánchez Paredes, investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, declaró a La República que los US$ 5 mil los entregó a Mirtha Cunza, secretaria de García.

El jefe de Estado no negó el aporte, pero explicó cómo se dio. “Según me han informado, porque en ese entonces yo estaba en Puno y hubo un problema de falta de dinero para pagar una avioneta, llamaron a un abogado, pero a ningún Sánchez Paredes”, dijo.

“Yo sé desde siempre quiénes son los Sánchez Paredes... y según me han informado ahora, uno (de ellos) llegó con US$ 5 mil, pero si está vinculado a esa familia, lo devuelvo de cualquier manera”, subrayó, y agregó: “Con el narcotráfico, los lavadores de activos del narcotráfico, ni a misa”.

A los tribunales

El mandatario recordó que su gobierno ha llevado a los tribunales el lavado de activos de la familia Sánchez Paredes, y advirtió que no tiene miedo de enviar este caso al Poder Judicial. “Hace más de tres años publicamos la red completa de empresas, de personas, inclusive de profesionales, que servían a esta familia de origen no tan misterioso, porque sabemos quién fue Perciles Sánchez Paredes”, anotó.

García Pérez pidió al Poder Judicial que “actúe con más velocidad en este caso, que es emblemático y de preocupación”, pedido que hizo, según dijo, al mismo presidente de la Corte Suprema, César San Martín.

Además señaló que lo dicho por Sánchez Miranda, respecto al apoyo que dio a muchos políticos, “es la estrategia típica para decir: ‘yo soy amigo de todos, y a todos he dado’. Peor, si ha dado esas enormes cantidades, de 5 mil dólares, es un narcotraficante de pacotilla, no son muy generosos con su abogado (Humberto Abanto)”.

En otro momento, el presidente descartó que exista cualquier vínculo entre la familia Sánchez Paredes con la familia del secretario de Palacio, Luis Nava. “Eso ya quedó muy bien aclarado”, señaló, remitiéndose a la explicación que dio José Nava (hijo).

Añadió que se puede investigar a Nava, al igual que se puede investigar a medio Perú, por los diferentes servicios que requería la familia Sánchez Paredes.

Cuestión de fotos

Respecto a la foto del ex presidente Toledo junto a Sánchez Paredes, en Mamacona, en el 2006, difundida por la revista Caretas, García señaló que nunca está de más analizar si hay un caso flagrante, “pero no me parece que porque a alguna persona le toman foto de algún acto social puedan inferir de allí que es cómplice”.

Consideró “exagerado” que Toledo acuse al gobierno de tener algo que ver con esa foto.

Pidió tener cuidado al lanzar este tipo de acusaciones, porque, dijo, “va a comenzar una salpicadura con ventilador”. “Podrían denunciar a los medios que pusieron avisos de los Sánchez Paredes, a la revista por poner fotos de sus eventos sociales, a quien les alquiló aviones y quienes fueron sus abogados, y son miles de personas”, subrayó García.

Sánchez Miranda, por su parte, prefirió no opinar por el momento sobre la respuesta de García a sus declaraciones. “Hay gente y congresistas, personas, como Mauricio Mulder, que reconocen que hay una familia Sánchez Miranda, que no todos estamos siendo procesados y que tenemos derecho a la presunción de inocencia”, añadió.

Claves

SIN VÍNCULOS. El secretario de Palacio de Gobierno y candidato al Parlamento Andino por el Apra, Luis Nava, negó que él o sus hijos tengan alguna vinculación con el clan Sánchez Paredes.

Negocios. No obstante reconoció que su hijo, José Nava Mendiola, brindó servicios de transporte de carga a la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), vinculada a la citada familia. En cuanto al tipo de carga, explicó que fueron planchas metálicas y tubos de plásticos.

Su labor. Además dijo que durante los cuatro años y medio que lleva en Palacio de Gobierno nunca se le ha acusado de actos de corrupción y que durante su gestión se redujo el presupuesto del despacho presidencial.

Culpa a pp. Nava acusó a Perú Posible de estar detrás de las imágenes que muestran a su hijo con Alfredo Sánchez Miranda.

“Grupo Oviedo hará gran faenón en el Congreso”

El mandatario aseguró que el grupo Oviedo desarrolla lobbies en el Congreso, y dijo estar convencido de que “va a hacer el gran faenón el próximo martes o miércoles aprobando una ley que solo beneficia a ellos y no a los trabajadores”.

Señaló que desconoce la posición que tomará la bancada aprista al respecto debido a la “situación en la que han estado últimamente” sobre dicho proyecto de ley. El grupo Oviedo buscaría blindarse de los cobros por las deudas sociales y con los trabajadores.

Respecto a la defensa que hace el congresista y candidato al Parlamento Jorge del Castillo al grupo Oviedo, dijo: “Esa es su responsabilidad. Yo sé que en las campañas electorales se piden votos preferenciales. (La idea es) convertirse en popular de alguna manera, yo no sigo ese camino”.

Por otro lado, consideró que el ex congresista César Anaya “es el chivo expiatorio” de todo el sistema que está en el Congreso”, debido a los cinco años de prisión efectiva que recibió por haber falsificado facturas. Preguntó: ¿Por qué no se examinan las facturas de todos los congresistas? ¿Por qué no se continuó investigando todas las facturas del Congreso?

Señaló que le parecía bien que el ex presidente y candidato Toledo haya visitado la tumba de Haya de la Torre.

Fuente: http://www.larepublica.pe/impresa-2011-02-13

viernes, 4 de febrero de 2011

Cuidado: Inteligencia policial investiga posibles aportes del narcotráfico a las campañas presidenciales.

CUIDADO:
Inteligencia policial investiga posibles aportes del narcotráfico a las campañas presidenciales.
Con las drogas y la política, una cosa es el uso y otra el abuso. Alejandro Toledo se puso a hablar de un “ojo analítico” para legalizar el consumo y sus contrincantes respondieron cortándose mechones de pelo para someterse a exámenes toxicológicos. Así le recordaban al puntero ex presidente controversias pasadas y supuestos secuestros más parecidos a las noticiosas escapadas del juerguero actor gringo Charlie Sheen. Pichicata para las cámaras.

En abril del 2006, Alejandro Toledo almorzó con Manuel Sánchez Paredes en Mamacona. Las sospechas sobre el empresario ya eran conocidas.
Los candidatos tomaron distintos caminos para rebatir a Toledo. Luis Castañeda Lossio se fue hasta San Francisco en el VRAE para advertir que “esa lacra de todos los narcotraficantes tiene los días contados”. Añadió que “esta es una zona cuyos problemas no solo se deben enfrentar desde el punto de vista policial sino también desde el punto de vista económico, social y de la infraestructura”. Prometió además más apoyo a las fuerzas del orden.

Además de tocar las políticas de Estado, Castañeda propinó ganchos personales. En Los Olivos había declarado que “para defender el combate contra las drogas, obviamente tiene que ser alguien que no tenga vínculos con drogas de ningún tipo”.


El congresista Isaac Mekler repartió entre los medios las famosas pruebas practicadas a Toledo que CARETAS hizo públicas en la campaña del 2001.


De similar opinión fue Ollanta Humala. “Creemos que la droga y el narcotráfico son amenazas a la seguridad nacional”, dijo. “No podemos entrar en medias tintas porque así también entraron con Sendero Luminoso y el terrorismo... se creía que eran abigeos y después vimos en qué terminó la violencia”. Prometió “combatir la droga enfrentando el poder del narcotráfico, el lavado de activos, controlando el ingreso de los insumos químicos en las zonas cocaleras y la exportación de drogas que salen a través de los puertos donde hay capitanías”. Pero su discurso tiene sus dobleces (ver recuadro).


Pedro Pablo Kuczynski recordó que ya existe la despenalización para montos pequeños de consumo. Vaticinó que de extenderse “todo el mundo se coquearía”, señaló a Toledo porque “solo le falta una piscina de whisky” y se corrió de otro fantasma, el de César Cataño. Cuando los reporteros le preguntaron en Tumbes si el ex cliente VIP de Lourdes Flores aportó con dinero a su campaña, PPK respondió a grito pelado:
–¡No, no, no!


La coca en Campaña
Aunque el debate tenga muchas vertientes, la coca en campaña termina por dibujar una sola línea. Las sospechas sobre los hábitos privados de los candidatos, el combate a las mafias, la discusión de políticas liberales que también incluyen el aborto y el matrimonio gay (o entre maricones, como diría monseñor Bambarén), y la situación social y ambiental deteriorada por la economía de la hoja de coca; todo se funde en simplona moralina y mensajes de una línea dirigidos al elector.


Pero uno de los vértices más preocupantes es también uno de las más silenciados, sobre todo si se toma en cuenta que el Perú es ahora el primer exportador de cocaína del mundo.


Manuel Rodríguez Cuadros, de Fuerza Social fue uno de los pocos candidatos que lo mencionaron. El lunes 31 presentó su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aclaró que su campaña solo acepta aportes de hasta S/.40 mil. Si los montos no son controlados, advirtió, se corre el riesgo de ser financiado por el narcotráfico. La ley, por cierto, establece un límite de S/.216 mil por persona.

Procuradora Sonia Medina: “Hace mucho que el narcotráfico está infiltrado en todos los poderes. No solo pasa en el Perú, sino en el resto del mundo”
El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, es un general retirado de la Policía que en los últimos años estuvo exitosamente al frente de la Dirandro. Por lo tanto, sabe perfectamente de la magnitud de ese riesgo. Para tratar el tema sostuvo el sábado 29 por la mañana una reunión confidencial con un alto funcionario de la DEA en el Perú.


Su sector sigue varias pistas. Y alguna es muy inquietante.


“El Narcotráfico está infiltrado”
Toledo fue el primer candidato que se animó a entregar al JNE sus proyecciones de financiamiento y gastos de campaña. El lunes 31 por la mañana acudió a las oficinas del centro de Lima y también hizo pública su declaración de bienes y rentas.


Toledo sostiene que aportará S/.25 mil para su campaña, mientras que el partido pondrá S/.4 millones. Los últimos serán destinados a gastos administrativos (S/.500 mil) y publicidad electoral (S/.3.5 millones).


A mediados de enero las agrupaciones políticas presentaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales su reporte de aportaciones privadas del segundo semestre del 2010 y este viernes 4 llevarán a la misma ONPE el reporte de gastos de campaña hasta el 31 de enero. Carlos Bruce, jefe de la campaña, anunció que ahí serán detallados los nombres de los aportantes y sus montos.


Aunque una proyección de esta naturaleza por parte de los partidos es un acto de transparencia que hubiera sido inimaginable hace algunos años, también es cierto que cuando ingresan, los dineros de origen dudoso lo hacen por la puerta de atrás, sin cámaras ni firmas.

Medina: “Cualquier candidato tiene que ser investigado para determinar de dónde provienen sus fondos”.
La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo considera que “hace mucho que el narcotráfico está infiltrado en todos los poderes. No solo pasa en el Perú, sino en el resto del mundo”.


Su advertencia es severa. “Cualquiera puede ser sorprendido, como creo que ya ha pasado. Debe haber filtros. Cualquier candidato que pretende un puesto público, como el de congresista o Presidente, tiene que ser investigado para determinar de dónde provienen sus fondos. La historia nos ha registrado que ha habido casos en los que ha pasado este tipo de situaciones. De manera que si pasó ayer puede pasar hoy y también mañana. Debemos estar muy alertas”. Y no se trata solo de la primera fila. Insta a evitar “el ingreso de dinero sucio a través de terceros, cuartos o quintos en los grupos políticos”.


La procuradora llama la atención sobre el pacto ético firmado en abril pasado por 17 agrupaciones políticas y que contempla evitar la infiltración del narcotráfico en las campañas. La iniciativa fue promovida por Rómulo Pizarro de Devida y entre los firmantes figuraron Maritza Espinoza, del Partido Nacionalista, Raúl Castro, del PPC, Jorge del Castillo, por el APRA, y Yehude Simon entre otros políticos. Perú Posible no se plegó, pues consideraron que el pacto debía ser parte de un compromiso más amplio ante el JNE.
Hidalgo estuvo al frente de la Dirandro y sabe perfectamente de la magnitud del riesgo.


Almuerzo en Mamacona
En marzo del 2006, cuatro meses antes de dejar el cargo, el presidente Alejandro Toledo asistió con su esposa Eliane Karp a una exposición de caballos de paso en las tradicionales instalaciones de Mamacona en Lurín. Como lo dicta el protocolo, ambos iban vestidos de blanco y con sombreros de chalán.


La pareja presidencial fue recibida por Manuel Sánchez Paredes, criador de caballos de paso, y se tomaron fotografías juntos. Almorzaron juntos e intercambiaron ideas. Un asistente comentó a CARETAS que Sánchez Paredes le habló a Toledo sobre sus proyectos ganaderos en Lima y también sobre la actividad minera en La Libertad.

Las sospechas sobre los Sánchez Paredes ya eran bastante pronunciadas. Perciles Sánchez, hermano de Manuel, había cumplido sentencia por narcotráfico en los 80 y fue asesinado en 1991. La leyenda negra los perseguía y apenas dos años después, en enero del 2008, el presidente Alan García anunció el inicio de la megainvestigación al clan por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
Manuel Sánchez Paredes se ha mantenido muy cercano a ciertas agrupaciones políticas. Fue alcalde del distrito liberteño de Moyebamba por el Partido Popular Cristiano (PPC) y también ha sido vinculado al APRA. La prensa trujillana ha especulado constantemente, sin pruebas concretas, que los Sánchez Paredes acostumbran a financiar campañas.

En febrero del 2008, CARETAS 2015 publicó un documento interno atribuido a Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes, en el que éste da cuenta de una serie de pagos a políticos, entre ellos el congresista aprista Elías Rodríguez Zavaleta, a quien supuestamente se le entregó US$ 10,000. Rodríguez fue investigado por la Comisión de Ética del Congreso, pero fue absuelto. Extraordinariamente, Rodríguez vuelve a postular al Parlamento por el APRA.
César Cataño, que afectó campaña municipal de Lourdes Flores, es un referente cercano.
Juicio Clave
Desde Mamacona mucha agua corrió bajo el puente. Los hermanos Sánchez Paredes fueron denunciados por el Ministerio Público en el verano del año pasado. En abril, el juez supranacional Omar Pimentel les abrió proceso por lavado de dinero con comparecencia. La fase de instrucción podría tomar unos meses más hasta pasar finalmente a juicio oral. Es decir, el destino de Manuel Sánchez Paredes, sus hermanos, hijos y sobrinos se decidirá durante el período del próximo gobierno.

Inteligencia del Ministerio del Interior sigue el rastro del clan trujillano. CARETAS supo de primera mano que existe preocupación en este sector sobre un posible acercamiento de Manuel y Orlando Sánchez Paredes a ciertos candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República. En el caso del primero, preocupa su presunta cercanía al ex congresista Marcial Ayaipoma Alvarado, quien hoy va como número 3 de la lista de Perú Posible. Ayaipoma es empresario taurino y dueño de la ganadería ‘La Huaca’.

El ex congresista declaró a CARETAS que sí conoce a Manuel Sánchez, pero que no es su amigo. “No tengo ningún tipo de vinculación con él. Recuerdo que hace muchos años intercambié palabras, posiblemente en un evento taurino, pero cuando empezaron a conocerse sus antecedentes me distancié. Los partidos deben tener cuidado con el dinero malhabido. Si alguien quiere hacer un aporte hay que tener cuidado”, añadió.


Ayaipoma reconoce haber conocido a Sánchez Paredes pero niega ser su amigo.
El sábado 29, un alto funcionario de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia estadounidense represora del narcotráfico, se reunió en privado con el ministro del Interior, general PNP Miguel Hidalgo, para discutir el tema. Ambos analizaron algunas informaciones y quedaron en profundizar e investigar si ha habido una colaboración o aporte de dinero de Manuel Sánchez Paredes a Perú Posible u otra agrupación o candidato político. Hidalgo tiene un interés especial en el tema. Fue durante su periodo como jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), en el 2008, que se inició la investigación a los Sánchez Paredes y durante ese largo camino de dos años sufrió presiones y amenazas para dejar de lado el caso. Orlando Sánchez Paredes le entabló querellas por difamación y uno de sus hijos fue contactado misteriosamente por un familiar ligado a Fidel Sánchez Alayo durante un viaje a Argentina.


Hidalgo ordenó a los canales de inteligencia investigar el tema y no perder de vista las conexiones entre políticos y sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero. Manuel Sánchez Paredes, por otro lado, vive momentos de peculiar tensión no solo por el proceso en marcha por lavado de dinero.


Desde hace un año se encuentra enfrentado a sus hijos Fidel, Simón Agapito, Carlos Alberto, Manuel Andrés y Rosmary Sánchez Alayo por el control de su empresa minera San Simón. La semana pasada, la titular del Juzgado Mixto de Santiago de Chuco, Yolanda Vereau Espejo, falló a favor de los Sánchez Alayo e hizo efectivo un mandato de administración judicial de Manuel Sánchez Paredes.
Según la Policía, cerca de 100 sujetos habrían sido contratados por San Simón para evitar el ingreso de la nueva administración. El lunes 24, 250 efectivos policiales y trabajadores de la minera San Simón se enfrentaron a tiros en Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. La disputa dejó un herido de bala, según informó el general PNP Oswaldo Alfaro Lagos, jefe de la Tercera Dirección Territorial de La Libertad.


El abogado de la minera Comarsa, Marco Chávez Magan, dijo a la prensa que en este problema “nada tienen que ver los hermanos Wilmer, Amanda y Orlando Sánchez Paredes, porque ellos no son parte de la minera San Simón. El lío es entre la familia del señor Manuel Sánchez Paredes”.


Mucho, entonces, hay en juego para este controversial empresario. Y nada como un nuevo gobierno para lavar la casa y hacer borrón y cuenta nueva.

Presidente colombiano entre 1994 y 1998.
Samper y el Cartel de Cali
Las conexiones que paralizaron un gobierno.


Caso paradigmático de financiamiento del narcotráfico fue el del presidente colombiano Ernesto Samper, que ocupó el cargo entre 1994 y 1998. Andrés Pastrana, el candidato derrotado y eventual sucesor de Samper en la Presidencia, dio a conocer apenas perdió la elección la existencia de los llamados “narco-casetes”. Las conversaciones interceptadas daban a entender que la campaña de Samper había sido infiltrada por el Cartel de Cali. Las investigaciones, conocidas como el Proceso 8,000, se abrieron pocos meses de la toma de posesión. Aunque no terminaron con la destitución del presidente, sí paralizaron en buena medida el accionar del Ejecutivo durante los años siguientes. El gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Samper. El gerente de la campaña, Fernando Botero Zea (hijo del famoso pintor), y su tesorero, Santiago Medina, terminaron encarcelados.


Ejemplos más recientes son los de México. Las elecciones regionales en el estado de Guerrero fueron empañadas por sospechas de influencia del narcotráfico. En Argentina, la precandidata Elisa Carrió calificó al gobierno de Cristina Kirchner como cómplice del narcotráfico. “El dinero ilegal de las drogas ha financiado las campañas de (Carlos) Menem y (Eduardo) Duhalde en el año ’89, se ha investigado el financiamiento de la campaña del ’99 de Duhalde y Palito Ortega, se ha financiado con la efedrina la campaña de Cristina Kirchner”, declaró hace pocos días en Córdoba. “Me parece que la cuestión está adquiriendo gravedad y la política es indiferente, pero el gobierno es absolutamente cómplice”. Recordó que “hoy todos los países del mundo señalan a la Argentina como el lugar del lavado de dinero del narcotráfico y además del lavado de dinero de las mafias de Europa del Este, y señalan como el lugar desde donde se exporta hoy a Europa. Lo dice Inglaterra, lo dice España, lo dice Estados Unidos, a tal punto que ni siquiera quieren compartir información con las autoridades argentinas porque está claro que hay complicidad”.

Fuente: http://www.caretas.com.pe/Main.asp  T=3082&S=&id=12&idE=916&idSTo=0&idA=50748

jueves, 12 de agosto de 2010

Choque de Poderes: MInistro de Justicia, Víctor García Toma, inicia ofensiva

Choque de Poderes
Justicia :::: El ministro de Justicia, Víctor García Toma, inicia ofensiva para que grandes casos relacionados con el narcotráfico no se hundan en el Poder Judicial.

García Toma ordenó denunciar penalmente a los jueces que pretendieron terminar con el proceso

El ministro de Justicia salió al frente para tocar un nervio central. Su cuestionamiento a decisiones judiciales que pretenden echarse abajo inmensos casos relacionados con el narcotráfico fue directo al plexo del Poder Judicial.

“Hay un titiritero que hace que en esas salas se resuelvan temas de trascendental importancia”, denunció a CARETAS.
“Aprovecharon además la semana de Fiestas Patrias, cuando los más lúcidos están interesados sobre todo en los anuncios presidenciales. Han querido pasar piola”.
Se refiere a los fallos relacionados con los procesos de los Sánchez Paredes y Luis Valdez.
La ofensiva comenzó el jueves 5, cuando el ministro convocó a una conferencia de prensa acompañado de los procuradores antidrogas, Sonia Medina; del Ministerio de Justicia, Daniel Figallo y de la Fiscalía, Aurelio Bazán Lora.

El caso de Orlando Sánchez Paredes, con riesgo de ser archivado, está en la mira del Ejecutivo.

García Toma descalificó el fallo de los vocales Carlos Ventura Cueva, Hermilio Vigo Zevallos y Demetrio Ramírez Descalzi, de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel, que ordenaron archivar el megaproceso seguido contra Orlando Sánchez Paredes y Belisario Esteves Ostolaza por lavado de dinero (CARETAS 2140).

El ministro ironizó manifestando que los tres vocales “confundieron a los Sánchez Paredes con la familia Ingalls”, al darles un “tratamiento de ficción”, y anunció que el procurador Bazán Lora interpuso denuncia penal contra dichos magistrados por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y avocamiento indebido ante la Fiscalía Suprema de Control Interno.
“Además de denunciar penalmente a los jueces”, anunció a esta revista, “ofreceremos cada cierto tiempo conferencias de prensa para dar a conocer los avances del proceso. Queremos que el caso se ventile. Si la prensa le quita los reflectores de encima, muere”.

Comunicado publicado en tres diarios defiende el fallo que pretende archivar el proceso.

PIMENTEL EN LA MIRA
El ministro también mostró su preocupación por el dictamen del juez supranacional Omar Pimentel, quien ordenó la excarcelación del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, procesado también por lavado de dinero del narcotráfico.
Aseguró que los procuradores investigarían al funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que evaluó la salud de Valdez y emitió un informe médico que sirvió para su liberación por “problemas de salud”.

“Le pedí a (el jefe del INPE, Orlando) Rodríguez Rabanal que inicie una rápida investigación sobre el informe del médico Pedro Huellas. Es un documento blandengue. Para empezar, ¿es posible que un hombre senil, como lo califican, sea candidato a la alcaldía?”.

Jueces Omar Pimentel, quien ordenó la excarcelación del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez; y Carlos Ventura Cueva, que emitió fallo a favor de Orlando Sánchez Paredes.

El ministro explicó al diario La República que “hemos salido públicamente porque estamos enfrentándonos a un enemigo muy peligroso. Se requiere un conjunto de fuerzas para salvar al país de ser atrapados por el fenómeno del narcotráfico, pues ya conocemos experiencias como la colombiana hace algunos años y la reciente en México. La impresión que uno tiene es que las sentencias expedidas a finales de julio vienen con su aguinaldo, pero también porque los antecedentes de los jueces no son los más idóneos”.
En referencia al juez supranacional Omar Pimentel, quien liberó a Valdez, dijo que “es el mismo que resolverá el caso Sánchez Paredes. Y hasta la fecha no ha salido a dar la cara. El Poder Judicial ha mejorado, pero todavía está en rojo. No pasa el examen”.

COMUNICADO DE GUERRA
Los vocales respondieron con sendas cartas enviadas a CARETAS y al diario La República (ver Nos Escriben y Contestamos). Orlando Sánchez Paredes hizo lo propio con un aviso a página completa el domingo último en tres diarios de Lima.

El comunicado a la “opinión pública” está muy bien escrito y plantea sus argumentos con claridad. Sin embargo, defiende un fallo que, para el ministro García Toma, sigue siendo una “barbaridad jurídica”.

El gerente general de Compañía Minera Santa Rosa (Comarsa) alegó que “la Fiscalía demoró más de 800 días en tramitar la investigación, pese a que oportunamente se había solicitado por escrito presentado a la Fiscalía de la Nación, con fecha 17 y 30 de setiembre del 2008, la designación de un conjunto de fiscales adjuntos que se dediquen a agilizar y analizar el caso”.

César Vega Vega retó a procurador Figallo a revelar quiénes integran supuesta red, pero al mismo tiempo removió a magistrados y los reemplazó con Cecilia Alva y Erla Hayakawa.


Fuentes del Ministerio Público recordaron que dichas solicitudes fueron denegadas porque la megainvestigación les fue encargada, en enero de ese mismo año, al fiscal contra el crimen organizado Eduardo Castañeda y al Equipo Especial de Investigación (EEI) de la Dirandro, a cargo del coronel PNP Carlos Morán Soto.

Orlando Sánchez Paredes afirmó también que “se amplió la investigación siete veces, pese a que el propio Ministerio Público, con fecha 3 de marzo del 2009, había ordenado una quinta ampliación por 180 días señalando expresamente que se trataba de la última ampliación”.

Pero en setiembre, el fiscal Jorge Chávez Cotrina solicitó una nueva prórroga a pedido del propio César Nakazaki, abogado de Sánchez Paredes, que requería presentar nueva documentación. Entre enero del 2008 y marzo del 2010, los Sánchez Paredes presentaron casi un millón de folios, lo que retrasó aún más las pesquisas.

Sánchez añadió que “jamás hubo un comportamiento obstruccionista por parte de mi persona o de mis abogados, como lo prueba el hecho de que nunca se me sancionó o apercibió por algún acto de defensa”.

Presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein exigió que las sentencias fueran públicas.


Pero numerosos abogados de los procesados interpusieron un total de 30 hábeas corpus a lo largo de dos años. Entre los demandados, por supuestos delitos contra la fe pública y falsedad genérica, figuran la procuradora Medina, el director de la Policía, general Miguel Hidalgo; el coronel Morán, así como el comandante PNP Marcos del Águila y el mayor Jorge Luna, miembros del EEI.

Afirma también que “el fiscal demandado y la Procuraduría nunca cuestionaron y/o recusaron a los miembros de la Cuarta Sala Penal (ni por escrito ni en el informe oral), pese a que conocían con la debida anticipación que dicho colegiado tenía un precedente judicial que declaró fundada una demanda de hábeas corpus respecto a otras personas (sus cuatro hijos) en la misma investigación seguida por lavado de dinero”.

El dato es falso.
El fiscal Jorge Chávez Cotrina y la procuradora Sonia Medina sí apelaron el fallo ante las instancias pertinentes, tal y como lo publicó CARETAS 2115.

Sostiene, finalmente, que “la sentencia judicial (a su favor) fue emitida a los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional en los casos Samuel Gleiser, que constituye doctrina constitucional obligatoria, y (Humberto) Abanto Verástegui, entre otras importantes sentencias”.
Sin embargo, dichos fallos no tienen carácter vinculante y eso lo sabe muy bien García Toma, que se desempeñó como miembro y presidente del TC entre el 2002 y el 2007.

“Gran parte de las citas sobre la jurisprudencia del TC son sesgadas”, explicó a CARETAS. “No corresponden a la realidad de los hechos ni son aplicables al caso concreto de los Sánchez Paredes. Prueba de eso es que el doctor Abanto (ex abogado de Sánchez) acaba de sacar un extenso artículo donde descarta la relación con su caso”.

¿UNA RED?
El lunes 9, el procurador Daniel Figallo volvió a la carga. “Apreciamos que en el tratamiento de las salas y juzgados habría una suerte de red que permitiría la conducción de los casos a través de unos jueces y una salas específicas para lograr la impunidad”, dijo a Ideele Radio. “Lo que tenemos es la sospecha de que funcionarios, secretarios, notificadores, jueces y vocales pueden estar involucrados. Yo no podría decir en este momento que el presidente de la Corte Superior de Lima, ni menos el presidente del Poder Judicial están involucrados (…) Pero la investigación está destinada a dar un reporte preciso de cuáles son las sospechas y cómo se fundamentan a hechos concretos”, aseguró.

Esa misma tarde, uno de los aludidos, el vocal César Vega Vega, presidente de la Corte Superior de Lima, retó al impetuoso Figallo a decir quiénes integran dicha red. Pero algún reconocimiento hubo al remover a los vocales Hermilio Vigo y Demetrio Ramírez, de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel. En su lugar colocó a las magistradas Erla Hayakawa Riojas y Cecilia Alva Rodríguez, a quienes pidió “proceder con ética y responsabilidad”.
Mientras tanto, el gobierno al que representa García Toma parece por fin convencido de que se enfrenta a una situación en la que la impunidad con el narcotráfico, cuyos tentáculos se extienden sin parar, vendrá a morderle la cola más temprano que tarde.