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jueves, 9 de julio de 2015

"PIDEN QUE MINISTRO DE JUSTICIA VAYA AL CONGRESO".‏

"PIDEN QUE MINISTRO DE JUSTICIA VAYA AL CONGRESO". ‏
El legislador Heriberto Benítez Rivas presentó un Moción de Orden del Día para que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos acuda al Congreso de la República a fin de informar las causas, razones o motivos por los que pidió explicaciones a la procuradora pública de lavado de activos, por sus declaraciones a un medio de comunicación social, sin autorización del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), considerando que dicha disposición implicaría una violación de la libertad de expresión y afectaría una seriamente algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"El Ministro de Justicia y DD.HH. debe explicar la legalidad del DS N° 017-2008-JUS, autorizado por el ex jefe de Estado Alan García Pérez, que prohíbe a los procuradores públicos especializados formular declaraciones ante los medios de comunicación e incluso califica dicha actitud como inconducta funcional" sostuvo Benítez Rivas.
"El Ministro de Justicia y DD.HH. debe informar detalladamente si existen investigaciones o sanciones contra procuradores públicos especializados por el incumplimiento de dicha medida, mal llamada inconducta funcional" sostuvo Benítez Rivas.
Lima, 09 de julio del 2015.
 


lunes, 6 de julio de 2015

"ALAN GARCÍA PROHIBIÓ QUE LOS PROCURADORES HAGAN DECLARACIONES".‏

"ALAN GARCÍA PROHIBIÓ QUE LOS PROCURADORES HAGAN DECLARACIONES".
El vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Heriberto Benítez Rivas, sostuvo que la prohibición para que los procuradores públicos puedan realizar declaraciones a los medios de comunicación fue peligrosamente aprobada por Alan García Pérez, a través del Reglamento del sistema de defensa jurídica del Estado.
"El inciso c) del artículo 58° del decreto supremo N° 017-2008-JUS lleva la firma de Alan García y dispone que los procuradores públicos no pueden efectuar declaraciones sin la previa autorización del Consejo de Defensa Jurídica del Estado" expresó Benítez Rivas.
"El incumplimiento de dicha medida implica una inconducta funcional y tiene sanciones severas en base a una norma legal autorizada por Alan García" recordó Benítez Rivas.

Lima, 06 de julio del 2015.

sábado, 13 de septiembre de 2014

PROCURADORA DE LAVADO DE ACTIVOS DEPENDE DEL DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR (DANIEL URRESTI)‏

PROCURADORA DE LAVADO DE ACTIVOS DEPENDE DEL DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR (DANIEL URRESTI)‏

(Foto: Diario El Comercio Perú)
El vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Heriberto Benítez Rivas denunció que el Ministro del Interior Daniel Urresti estaría detrás de la denuncia formulada por la procuradora pública Julia Príncipe contra el congresista Joaquín Ramírez (Fuerza Popular), por supuestos delitos de lavado de activos, ya que dicha funcionaria depende directamente del Ministro del Interior (despacho ministerial) y además cuenta con el apoyo de los aparatos de inteligencia que le alimentarían la información para su "trabajo" y le envían los correos "anónimos" para justificar sus denuncia; el Ministro Urresti estaría utilizando la procuraduría de lavado de activos como aparato de venganza política y eso no es correcto, ni aceptable.
"Resulta muy extraño el comportamiento de los últimos días la procuradora especializada en Lavado de Activos, al anunciar que debería investigarse al candidato a la Alcaldía de Lima Luis Castañeda para dañar su postulación y favorecer a otra candidatura, a sabiendas que existe un habeas corpus declarado fundado en su favor por el Tribunal Constitucional (TC); y por solicitar al Ministerio Publico una pesquisa para perjudicar al secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, por las graves denuncias de dicha agrupación sobre el penoso accionar del Ministro Urresti" expreso Benítez Rivas.
"Soy un rival político de "Fuerza Popular" y un adversario político del fujimorismo; pero me parece muy extraño el accionar de la procuradora de lavado de activos, quien depende directamente del cuestionado Ministro del Interior Daniel Urresti, al formalizar su pedido de investigación" enfatizo Benítez Rivas.
Finalmente, Benítez Rivas, recordó que hace pocas semanas, la procuradora de Lavado de Activos salió a "respaldar" unas denuncias sospechosas que hizo el Ministro Urresti contra la fiscal Barreto por la demora en unos allanamientos; a sabiendas que esas diligencias debe ordenarlas el Poder Judicial (PJ) y no el Ministerio Público (MP).

Lima, 13 de septiembre del 2014.

sábado, 6 de abril de 2013

Alan García podría ir a la cárcel

Alan García podría ir a la cárcel
El congresista Heriberto Benítez dijo a LA PRIMERA que el expresidente Alan García podría ser condenado a 10 años de cárcel si se comprueba que cometió delito contra la administración pública, en las modalidades de corrupción de funcionarios y de encubrimiento personal, por rebajar las penas a 400 narcotraficantes sin el debido sustento, exigido por un mandato del Tribunal Constitucional. 

“Hasta 10 años de prisión, si se comprueba que habría cometido delito contra la administración pública, sostiene jurista y parlamentario Heriberto Benítez."

Procuradora critica

La procuradora antidrogas, Sonia Medina, sostuvo que los indultos y las conmutaciones de penas a narcotraficantes, concedidos durante el régimen aprista, colisionaron con los objetivos de la lucha antinarcóticos en el país, porque algunos de ellos han vuelto a delinquir.

“Si se demuestra que los condenados por narcotráfico le pagaron al Gobierno para ser liberados hay un delito de corrupción de funcionarios y encubrimiento personal, por lo grave del delito. Hay familiares de internos que han denunciado que funcionarios apristas les pedían dinero para liberarlos, pero tienen miedo de hablar”, sostuvo. 

Recalcó que Alan García habría cometido una infracción a la Constitución, porque las resoluciones supremas que firmó para indultar o conmutar penas no “tienen motivaciones”.

“El Tribunal Constitucional resolvió el 2007 que toda gracia presidencial debe tener un sustento”, remarcó.

“Dada la gravedad de los hechos, puede haber un mandato de detención de García, salvó que él se someta a la colaboración eficaz y dé la información de quiénes son los que realmente tramitaron esos expedientes”, añadió.

Benítez afirmó que “García sabe en su conciencia qué es lo que pasó, porque él dice que revisó expediente por expediente, entonces sabe que ha rebajado penas a narcotraficantes de 15 a 5 años, de 12 a 4 años, de 20 a 3 años. Para que él baje una pena tiene que haber una razón y si esta razón no está en el expediente, puede presumirse que recibió dinero”, dijo.

Expresó que García, como todo expresidente, tiene derecho a un antejuicio en el Congreso. “Si el Parlamento comprueba que García cometió infracción constitucional, este puede ser sometido a un juicio político y puede ser inhabilitado hasta por 10 años. Si hay delito se procede al antejuicio, el Congreso pide el expediente al fiscal de la Nación, se inicia un proceso, donde lo pueden condenar y puede terminar preso”, precisó. 

“Si García es consciente de lo que hizo y no quiere pasar malos momentos, ahí está la colaboración eficaz, o de lo contrario más adelante, cuando se inicie el juicio, García puede someterse a la confesión sincera, decir la verdad, decir quiénes son los verdaderos delincuentes para que vayan presos y él no vaya a la cárcel”, indicó.

Benítez opinó que la Megacomisión debe seguir avanzando y no debe descuidar los puntos específicos, “en los que se demuestre que efectivamente las violaciones a la Constitución y el favorecimiento a los condenados por tráfico de Drogas y robo agravado, que son los delitos más graves”.
Reiteró que “la cantidad de gracias otorgada por el Gobierno de Alan García demuestra lo peligroso que puede ser la corrupción, el encubrimiento personal y la infracción a la Constitución”.

“Yo no creo que Alan García haya obrado por ignorancia, más bien creo que hay corrupción, porque los documentos hablan por sí mismos. Espero que la Megacomisión actúe con presteza y sus conclusiones sean enérgicas. Si el Congreso no sanciona estos casos y permite que los condenados por tráfico de Drogas y por robo agravado salgan libres con conmutación de pena, el Estado está liquidado”, anotó.

Señaló que los condenados por narcotráfico agravado o robo agravado –esto último referido a asaltantes a mano armada, como los “marcas”- confirman la mayoría de los presos beneficiados por conmutaciones de penas o indultos.

Llamil Vásquez
Redacción
FUENTE: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/garcia-podria-ir-a-la-carcel_135488.html

jueves, 28 de marzo de 2013

Ministerio Público: Sacando el Cuerpo. Narcotráfico: El fiscal de la Nación, José Peláez, debe explicar por qué el Ministerio Público se encuentra a punto de hundir el caso Sánchez Paredes.

Ministerio Público: Sacando el Cuerpo
Narcotráfico: El fiscal de la Nación, José Peláez, debe explicar por qué el Ministerio Público se encuentra a punto de hundir el caso Sánchez Paredes. 
Ningún representante del Ministerio Público acudió a la audiencia judicial más importante del proceso. Y lo que es peor: la Fiscalía hizo llegar al tribunal el informe que solicita archivar todo el caso
El pasado jueves 21 deben haber sonado las alarmas en las unidades que combaten al narcotráfico en Perú y Estados Unidos.
Y quizá también en Colombia y México.

Aquel día, en vísperas de Semana Santa, el Ministerio Público volvió a clavar la lanza en el costado de la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas. 
Orlando Sánchez Paredes es uno de los procesados en el más grande caso de lavado de dinero del país
Después de un año cargado de reveses, denuncias que empañaban el debido proceso y sucesivos cambios de magistrados, el Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional convocó a audiencia pública para definir el destino del caso Sánchez Paredes.

Tratándose del más grande caso de lavado de dinero de la historia peruana, la expectativa era singular.

La audiencia tenía como propósito escuchar los alegatos de la defensa de los procesados: los hermanos Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes; Fidel y Miguel Sánchez Alayo; Blanca Sánchez Príncipe y el exministro aprista Jesús Esteves Ostolaza. 
El Colegiado “D” emitirá dictamen en un mes. La Fiscalía complicó las cosas.
El plato de fondo lo constituían los informes de la procuradora antidrogas Sonia Medina y, especialmente, del representante del Ministerio Público.

En una nota de prensa difundida la semana pasada por el Colegiado “D” se destacaba que la opinión del fiscal encargado del caso tendría una especial relevancia.

Luego de ello, el tribunal tomaría una decisión.

Pero he aquí que ocurrió lo inesperado: ningún representante del Ministerio Público acudió a la audiencia clave.

Y lo que es peor, la Fiscalía hizo llegar al tribunal el informe que recomienda refundir el emblemático caso en el archivo definitivo.

GÓLGOTA JUDICIAL

El calvario empezó a las 9 de la mañana, cuando ingresaron a la Sala los jueces del Colegiado “D”: Luis Alberto Cevallos, Jackeline Yalán y Liliana Placencia. 
Jueves 21. La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo se batió sola contra los abogados de los procesados en cinco largas horas de audiencia.
Sentados de espaldas al ventanal, jocosos y distendidos, se ubicaban los abogados César Nakazaki, Luis Roy Freyre, Luis Reyna y Jorge Paredes.

En la otra orilla, la procuradora Sonia Medina ordenaba sus papeles con aprehensión.

Estaba más sola que nunca.

El tribunal empezó leyendo el único documento que le había hecho llegar el Ministerio Público: el informe de la fiscal María Maguiña, quien en abril del año pasado recomendó archivar el caso, aduciendo que la fortuna de los hermanos Sánchez Paredes “está debidamente fundamentada” (CARETAS 2226 - Abogados en Acción
En la investigación fiscal del caso de la matanza de Ica también ocurrieron cosas extrañas.
El informe Maguiña provocó tal escándalo que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, ordenó separarla del cargo y someterla a una investigación interna.

“Estamos convencidos plenamente que este caso debe llegar a un juicio oral de todas maneras y hacemos votos para que la Sala que va a resolver se pronuncie”, declaró Peláez Bardales al programa ‘No Hay Derecho’ de Ideeleradio hace un año.

Sucedió lo contrario.

El mes pasado, el fiscal supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, absolvió a Maguiña y así el informe que ordenaba enviar el gigantesco caso al archivo fue remitido sin atenuantes por la propia Fiscalía de la Nación a la Sala Penal Nacional.

FISCAL DE VACACIONES

Como era de esperarse, la ausencia del representante del Ministerio Público fue aplaudida por la defensa de los procesados.

“Solicitamos que de conformidad con la vapuleada fiscal Maguiña y su dictamen (sic), la Sala disponga no haber mérito para pasar a juicio oral y el archivamiento del proceso”, exigió Luis Roy Freyre, abogado de Manuel Sánchez Paredes y padre de Eduardo Roy Gates, consejero legal del presidente Ollanta Humala.
De Ripley. Abogado César Nakazaki exige ahora que se respete el fallo de la Fiscalía.
La procuradora se batió sola contra los abogados y, tras 5 largas horas de audiencia, se marchó exhausta e indignada.

“La inercia del Ministerio Público es insólita”, se lamentó Medina. “En un caso de gran connotación para el país, esperaba que un fiscal ilustrara a la Sala sobre su posición. Me dejaron sola”.

CARETAS supo que quien debía acudir a la audiencia del jueves 21 era el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, Fidel Castro Chirinos, pero este solicitó vacaciones antes de que se programara la vista de causa.

Su adjunta, Rosa Flores Chávez, evitó declarar a esta revista.

Quien sí lo hizo fue el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez.

“Yo planteé la acusación del caso Sánchez Paredes, en 2010. Después de eso ya no tuve nada más que ver en el caso”, sostuvo.
Fuentes cercanas al Fiscal de la Nación dijeron que este “desconocía” lo que había ocurrido y que “tomaría cartas en el asunto”.

Medina retrucó: “No es lógico ni coherente que la máxima autoridad del Ministerio Público desconozca lo que hacen sus propios fiscales en el más grande caso de lavado de activos”.

No lo es, sin duda, porque a este último y grave incidente se suman otros sucesos extraños:

l En el caso de la matanza protagonizada por guardaespaldas de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos frente al Poder Judicial de Ica, en febrero del 2011, un fiscal, José Luis Herrera, se pasó casi 2 años sin emitir dictamen y después fue “promovido” de puesto. A su reemplazante, el fiscal César Pecho Peche, le tomó un mes excluir al clan trujillano a pesar de que los muertos trabajaban para ellos.

l Del mismo modo, la investigación a Orlando Sánchez Paredes y a la minera Comarsa por desvío de insumos químicos al narcotráfico estuvo un año en manos del fiscal Tony García. Cuando se disponía a emitir dictamen fue removido del cargo, en octubre pasado. Su sucesor, Fidel Castro, archivó el caso en 2 meses.

LO QUE IMPORTA

La notoria lavada de manos preocupa más porque el narcotráfico está alcanzando niveles alarmantes y colándose por todos los estamentos del Estado.

La semana pasada, la propia Fiscalía Antidrogas del Callao desarticuló en el aeropuerto Jorge Chávez una red de corrupción que involucra a 10 agentes antidrogas con cárteles mexicanos.

Y hasta el congresista Kenji Fujimori, hijo del encarcelado expresidente, enfrenta la posibilidad de una investigación tras el hallazgo de 100 kilos de cocaína en un depósito aduanero del que es socio fundador.

El Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional emitirá dictamen en un mes, pero la posición de la Fiscalía ha complicado las cosas.

Echar tierra sobre una investigación que ha durado cinco años y negar los esclarecimientos finales de un juicio oral es imperdonable.

Y absurdo porque, mientras esto ocurre en el Perú, en EE.UU., la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York congeló 13 cuentas bancarias de Manuel Sánchez Paredes y de sus seis hijos por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero ( CARETAS 2253 – Sánchez Paredes: Entre la Corte y la Pared

Y todo indica que llevará el caso ante un Gran Jurado de Nueva York.
¿Le importa esto al doctor Peláez Bardales? ¿O es que seguirá haciendo la de Pilatos? 

(Escribe: Américo Zambrano)
FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1094&idSTo=0&idA=63167#.UVUChxdLN1B


jueves, 5 de abril de 2012

Abogado en Acción

Abogado en Acción
Manuel Sánchez Paredes celebra.
Fiscal adjunta dictamina archivar el megaproceso seguido a los Sánchez Paredes por lavado de dinero. Abogado del clan fue Eduardo Roy Gates, asesor jurídico del Presidente de la República.
Arriba, Manuel Sánchez Paredes celebra.

En las vísperas de Semana Santa, el Ministerio Público enterró una lanza en el costado de la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico.

El viernes 30, la fiscal adjunta superior María Maguiña Torres dictaminó que no hay pruebas para acusar a los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, así como a Fidel Sánchez Alayo, Blanca Sánchez Príncipe y Belisario Esteves Ostolaza por el delito de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.

Martes 15 de marzo de 2011. Manuel Sánchez Paredes y sus abogados Luis Roy Freyre y Eduardo Roy Gates en la Fiscalía de Ica por el caso de los 3 muertos.
Para la fiscal Maguiña, no hay mérito alguno para iniciar juicio oral a los Sánchez Paredes y concluye que el más grande caso de lavado de dinero de la historia peruana debería ser archivado por la Sala Penal Nacional.

Un caso importante y simbólico, cuya resolución debería ser patrocinada por el propio Presidente de la República, se encuentra a punto de hundirse.

Aquí y en la China hay sectores de la Fiscalía susceptibles de hacerle eco al poder político. Y en Palacio de Gobierno trabaja como asesor presidencial en materias legales Eduardo Roy Gates, ex abogado de Manuel Sánchez Paredes. Y su padre sigue siendo uno de los abogados principales del clan norteño.

La vinculación acrecienta el escándalo por la decisión de Maguiña, que necesitó solo 15 días para resolver un expediente de un millón de folios y borró de un plumazo cuatro años de investigación del propio Ministerio Público.

La balacera entre guardaespaldas de la propia familia en disputa dejó 3 muertos en Ica.
LA RUTA DEL EXPEDIENTE

La ‘megainvestigación’ arrancó en enero de 2008 con una inusual conferencia del ex presidente Alan García en Palacio de Gobierno. Potentados del norte, los Sánchez Paredes deben haber hecho contribuciones a muchas candidaturas, incluyendo las apristas. Hacia 2007 su presencia fue adquiriendo una impronta más arrogante, sobre todo a través de la segunda generación, y alguna sugerencia de extorsión llegó a Palacio. Fue allí cuando el ex Presidente decidió identificar a los miembros principales del clan.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina y un numeroso grupo de policías del Equipo Especial de Investigación de la Dirandro, bajo el mando del general PNP Carlos Morán, iniciaron las investigaciones a 77 miembros del clan trujillano y a 124 empresas del grupo. En el camino fueron separando la paja del trigo y, en marzo de 2010, tras 2 años de pesquisas, el fiscal Chávez interpuso denuncia penal contra 7 personas y 10 empresas por lavado de activos del narcotráfico (CARETAS 2122). La lista inicial se redujo significativamente, lo que reflejaba un trabajo minucioso e independiente.
La fiscal Maguiña necesitó solo 15 días para resolver el expediente de un millón de folios del caso Sánchez Paredes.
El voluminoso expediente pasó al despacho del juez supraprovincial Omar Pimentel Calle, quien abrió instrucción contra los 7 acusados. Chávez fue promocionado como jefe coordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado y el caso fue asumido por el fiscal superior titular Tony García. En octubre de 2011, García fue reasignado exclusivamente al juicio del caso Business Track y el MP nombró como su reemplazo a la fiscal adjunta María Maguiña Torres.

Aproximadamente hace 15 días, Pimentel culminó la etapa de instrucción y remitió el voluminoso expediente a Maguiña, para que en su calidad de titular de la acción penal solicite el inicio del juicio oral. Ocurriría lo contrario.

EL ASESOR DE PALACIO

El dictamen de Maguiña ha conmocionado a las autoridades que luchan contra el lavado de activos y el narcotráfico. El propio fiscal Chávez Cotrina se mostró “bastante sorprendido” y pidió que la fiscal “responda por sus actos”.
Fiscal adjunta María Maguiña Torres borró de un plumazo los cuatro años de investigaciones del propio Ministerio Público.
La procuradora antidrogas Sonia Medina se preguntó: “¿Cuál es el interés de que el proceso no se ventile en el Poder Judicial? ¿Qué vergüenzas o desvergüenzas se quieren encubrir? ¿Qué ha llevado a la fiscal Maguiña a archivar el caso en tiempo récord?”. Y añadió: “Estoy tremendamente desconcertada. Tiene que haber una decisión política acá, porque esos criterios no se pueden determinar así nomás. Esto es gravísimo”.

El abogado principal del clan norteño es Luis Eduardo Roy Freyre, padre de Eduardo Roy Gates, el asesor jurídico del Presidente de la República. El propio Roy Gates fue el abogado designado para interponer una batería de Hábeas Corpus en juzgados del interior del país con el fin de archivar el ‘megaproceso’ a los Sánchez Paredes.
2007. Ollanta Humala y su abogado Eduardo Roy Gates salen del Ministerio Público tras una diligencia del caso Madre Mía.
Y ambos, padre e hijo, estuvieron en Ica junto a Manuel Sánchez Paredes cuando una balacera entre los guardaespaldas de los miembros de la misma familia en disputa dejó tres muertos frente al Poder Judicial de Ica, el año pasado (CARETAS 2172). Las fotos que abren este reportaje corresponden precisamente a una de las diligencias de la llamada matanza de Ica.

El fiscal de Ica, José Luis Herrera, a diferencia de lo ocurrido en Lima, aún no formaliza acusación, presionado por el rosario de amenazas provenientes de los investigados, según fuentes judiciales.

En 2007 Roy Gates formó parte de la defensa de Humala en el caso Madre Mía junto al ex vicepresidente Omar Chehade. Dos años después la denuncia contra Humala por presunta violación a los derechos humanos fue archivada en primera instancia y posteriormente el fallo fue confirmado por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que entonces era presidida por el vocal César San Martín, hoy presidente del Poder Judicial.

Cuando se cuestionó el nombramiento de Roy Gates en Palacio, Chehade fue el primero en defenderlo. “Pongo las manos al fuego por él”, zanjó.

Una versión confiable indica que Roy Gates le dijo al Presidente que él y su padre habían sido contratados para labores específicas en la defensa del clan y que, por último, eran varios los abogados inmersos en el caso. Pero su padre está ligado a los Sánchez Paredes desde hace dos décadas. Luis Roy Freyre fue abogado de Perciles Sánchez Paredes, el patriarca familiar, en el proceso por narcotráfico que afrontó en 1984. Éste fue absuelto en 1988, pero lo asesinaron a tiros 3 años después en Trujillo.
El dictamen exculpatorio de la Fiscalía beneficia también a Fidel Sánchez Alayo (al centro).
UN ACCESO PRIVILEGIADO

CARETAS buscó a la fiscal Maguiña el lunes 2. A través de un vocero de prensa del Ministerio Público mandó a decir que es autónoma en sus decisiones y que tampoco podía hacer público su dictamen, porque era un documento reservado.

Sin embargo, uno de los procesados, Orlando Sánchez Paredes, parece haber tenido acceso privilegiado al documento y lo ha circulado en un comunicado dirigido a la prensa, el lunes último. “La Fiscalía Superior en Criminalidad Organizada ha emitido su Dictamen Fiscal Superior considerando que NO HAY MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra ninguna de las personas (naturales y jurídicas) injustamente procesadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos y por ende solicita el ARCHIVO DEFINITIVO de este proceso. En otras palabras, el Ministerio Público, entidad encargada de perseguir los delitos, ha concluido que no he cometido el delito de lavado de activos pues ha quedado acreditado ante las autoridades que ninguno de los procesados poseemos bienes, dinero o patrimonio proveniente de origen ilícito”, celebró el hermano de Perciles.

Fuentes de la Fiscalía insisten en que el caso no está totalmente perdido. El dictamen de Maguiña pasará a la Sala Penal Nacional que tiene dos caminos: estar de acuerdo con la fiscal y archivar definitivamente el proceso. La otra opción es elevarlo a una Fiscalía Suprema para que determine si procede el juicio oral.

“Esta es una cachetada al sistema, un golpe muy duro”, se lamenta el general Morán. “Y también es un riesgo porque hay policías que hemos sido víctimas de demandas millonarias por investigar a este clan. Esto nos llena de indignación y frustración porque sentará un precedente judicial nefasto. Y significará un retroceso en la batalla contra el narcotráfico”.


(Américo Zambrano).
FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1014&idSTo=0&idA=58123&NL=1