Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra los implicados en caso 'Gabinete en la sombra'. Abel Cabrera, Salatiel Marrufo son imputados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En tanto, Fiscalía acusa a Biberto Castillo por organización criminal y tráfico de influencias.

Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra los implicados en caso 'Gabinete en la sombra'.

Abel Cabrera, Salatiel Marrufo son imputados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En tanto, Fiscalía acusa a Biberto Castillo por organización criminal  y tráfico de influencias.

El Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva en contra de los implicados en el caso ´Gabinete en la sombra´. El juez Víctor Zúñiga Urday aceptó el pedido de la Fiscalía de la Nación y consideró necesario aplicar esta medida cautelar en perjuicio de los involucrados cercanos al círculo del presidente de la República, Pedro Castillo.

Los implicados en el caso son el empresario Abel Cabrera y el exasesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo. A ellos se les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El juez también dEclaró fundado el pedido de prisión preventiva para el exasesor presidencial Biberto Castillo, investigado por organización criminal y tráfico de influencias.

Cabe recordar que el dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Los abogados de los imputados que recibieron la prisión preventiva anunciaron de inmediato que apelarán la medida y se mostraron en contra de la resolución. En las próximas horas el INPE se encargará de designar los penales donde los acusados serán recluidos.  

Consideraciones

El juez Víctor Zúñiga Urday señaló que, respecto al supuesto de delito de organización criminal, "sí se cumple el primer presupuesto para dictar la prisión preventiva" contra los investigados: Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Biberto Castillo.

"Existen fundados y graves elementos de convicción para organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada (para Marrufo y Cabrera) y para Biberto Castillo el tráfico de influencias y organización criminal", expresó el magistrado durante la lectura del fallo.

Luego de varias pausas, el juez reanudó la audiencia y verificó que se cumple el segundo requisito: que la posible pena (prognosis) para los investigados sea mayor de 4 años. En caso lleguen a ser hallados culpables de los delitos que se les imputan, serían condenados con una pena de 19 años de prisión.

Sin embargo, el magistrado especificó que Salatiel Marrufo y Abel Cabrera tendrían 19 años de prisión y Biberto Castillo solo 12 años.

El juez Víctor Zúñiga indicó que ninguno de estos tres investigados por el 'Gabinete en la sombra' (Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Biberto Castillo) tiene arraigo laboral y existe el peligro de fuga. Por ello consideró "necesaria e ideal" que reciban la prisión preventiva.

FUENTE: https://rpp.pe/politica/judiciales/poder-judicial-dicto-30-meses-de-prision-preventiva-contra-implicados-en-caso-gabinete-en-la-sombra-noticia-1442120

Vladimiro Montesinos ya prepara su libertad. 21 años después. Los exjefes militares, el ex asesor presidencial y los jefes del Grupo Colina empezarán a cumplir sus condenas a partir del 2022. El último sale el 2028. Los próximos cinco años serán claves para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en el país. Los integrantes de la red de corrupción y asesinatos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos que recibieron las más altas penas de prisión efectiva por crímenes de lesa humanidad empezarán a cumplir sus condenas y volverán a las calles. Han pasado más de 20 años de la caída del régimen de Alberto Fujimori, luego de que en septiembre del 2000 se hicieran públicos los primeros vladivideos de la corrupción. Videos en los que se veía al asesor presidencial Vladimiro Montesinos en una antesala de las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) repartir fajos de billetes a empresarios, funcionarios públicos, políticos y militares.

Vladimiro Montesinos ya prepara su libertad.

21 años después. Los exjefes militares, el ex asesor presidencial y los jefes del Grupo Colina empezarán a cumplir sus condenas a partir del 2022. El último sale el 2028.

Asesor. Vladimiro Montesinos apoya a Keiko Fujimori. Foto: La República

Los próximos cinco años serán claves para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en el país. Los integrantes de la red de corrupción y asesinatos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos que recibieron las más altas penas de prisión efectiva por crímenes de lesa humanidad empezarán a cumplir sus condenas y volverán a las calles.

Han pasado más de 20 años de la caída del régimen de Alberto Fujimori, luego de que en septiembre del 2000 se hicieran públicos los primeros vladivideos de la corrupción. Videos en los que se veía al asesor presidencial Vladimiro Montesinos en una antesala de las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) repartir fajos de billetes a empresarios, funcionarios públicos, políticos y militares.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha anunciado que de llegar a la presidencia de la República indultará a su padre, Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión, por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en un contexto de violación de derechos humanos.

De concretarse ese anuncio, la libertad de Fujimori aceleraría la libertad de los demás condenados por violación de derechos humanos, ya sea por cumplimiento de la pena o algún beneficio penitenciario que acorte los pocos años que les queda en prisión efectiva.

Indulto. La candidata presidencial Keiko Fujimori ha anunciado que indultará a su padre Alberto Fujimori de llegar a la presidencia de la República. Foto: AFP

Por estos días se ha hablado de un indulto a Montesinos. Pero, de acuerdo con fuentes penitenciarias y del Poder Judicial, el exasesor y hombre fuerte del SIN no requiere el perdón presidencial, pues bien podría acogerse a beneficios penitenciarios y salir en los próximos días.

Montesinos está detenido desde junio del 2001 y actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de derechos humanos, en el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, que cumplirá indefectiblemente en junio del 2026, cuando podrá recuperar su libertad.

Desde hace años, el ex asesor presidencial trabaja en su excarcelación. Como ha recibido otras condenas menores, cada vez que las cumple, sus abogados tramitan inmediatamente los documentos de cumplimiento de pena y restitución de derechos.

También se mantiene activo de todo el quehacer nacional y uno de sus abogados administra una página web en Facebook, en la que se pronuncia regularmente sobre la vida política del país. El fin de semana se pronunció a favor de la candidatura de Keiko Fujimori.

Tres días antes de la segunda vuelta de las elecciones del 2016, cuando Keiko Fujimori competía con Pedro Pablo Kuczynski, el personal de seguridad de la base naval lo encontró en posesión de un teléfono celular, con el que se habría pretendido comunicar con la candidata presidencial.

 

Por ese hecho, el juez del Callao, Gino Delzo Livias, condenó a Montesinos y al suboficial de la Marina William Hidalgo Quintanilla a cuatro años de prisión efectiva, que cumple en paralelo a su condena principal.

Grupo Colina

Los jefes y exintegrantes del Grupo de Operaciones Especial del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), conocido como Grupo Colina: Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue Guevarra, Jesus Sosa Saavedra, Rogelio Carbajal Garcia, Arturo Puno Díaz y Wilmer Yarleque Ordinola, también están próximos a cumplir su condena.

Martín Rivas y Pichilingue Guevara recibieron las más altas penas de 25 años de prisión, en tanto que los demás recibieron 20 años de cárcel. Otros agentes de inteligencia que integraron este grupo encargado de asesinato selectivo colaboraron con las investigaciones, recibieron penas menores y ya están en libertad.

Por la pandemia del coronavirus se encuentran recluidos en el penal Virgen de las Mercedes. Por su edad y estado de salud, también pueden acogerse a beneficios penitenciarios para completar los pocos años que les quedan de pena. Dejar el penal después de tanto años y encontrar que Fujimori está de nuevo en el poder.

Hermoza Ríos también busca el indulto

Conocido como el “general victorioso”, el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos también viene reclamando acceder a un indulto humanitario, por el grave estado de salud.

Detenido en abril del 2001, Hermoza Ríos fue el único jefe militar del fujimorismo que pidió perdón por sus delitos y devolvió unos 10 millones de dólares al Estado, que había ocultado en la banca suiza.

Desde el 2016, sus familiares reclaman que se le conceda el indulto o que se le permita completar su condena en un domicilio o centro de salud. En abril del 2023 saldrá de prisión con pena cumplida.

 

FUENTE: https://larepublica.pe/politica/2021/04/20/vladimiro-montesinos-ya-prepara-su-libertad/

Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos condenados a 22 años por desapariciones forzadas

Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos condenados a 22 años por desapariciones forzadas

Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza. Foto: archivo El Comercio

Asimismo, el exjefe de la Dinte Jorge Nadal, recibió una pena de 15 años de prisión

El Poder Judicial condenó al exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos y al excomandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, a 22 años de cárcel por la desaparición forzada de tres personas.

De la misma forma se ordenó la captura del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 15 años de prisión. 

[LEE: Vladivideos: 16 años de la cinta que derrumbó el gobierno de Fujimori]

Ellos fueron hallados responsables de la desaparición del profesor Justiniano Najarro Rúa y los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo, en los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional en 1993.

Tras ser asesinados en el Pentagonito, fueron quemados en un horno que se utilizaba para este fin, según se ha probado ante la justicia. 

[LEE: Vladimiro Montesinos: celular fue encontrado al interior de su celda]

El Tribunal descartó que el horno haya sido destinado a quemar papeles ya que alcanzaba los mil grados de temperatura, necesaria para quemar cuerpos humanos. 

Tras 23 años de esperar por justicia, los familiares de los estudiantes Martín Roca y Kenneth Anzualdo se mostraron a favor del trabajo realizado por los jueces, pero indicaron que aún no se han podido hallar los restos de sus hijos. 

FUENTE: http://canaln.pe/actualidad/montesinos-y-hermoza-rios-condenados-22-anos-desapariciones-forzadas-n248632

Jueces laborales califican de arbitrarios los despidos de ex asesores del TC. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL BAJO LA LUPA POR ABUSO HACIA TRABAJADORES

Jueces laborales califican de arbitrarios los despidos de ex asesores del TC.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL BAJO LA LUPA POR ABUSO HACIA TRABAJADORES

(Foto: Prensa Tribunal Constitucional)

El autor destaca los recientes fallos judiciales que reconocen el acto arbitrario cometido por el Tribunal Constitucional contra diez asesores jurisdiccionales y dos trabajadores de confianza despedidos hace dos años por dicha institución. Hoy los casos podrían devenir en sentencias firmes que sancionen al propio TC, ordenando reposiciones o indemnizaciones en beneficio de los ex empleados agraviados.

En un anterior artículo, publicado en mayo de 2015 en La Ley[1], dimos cuenta de cómo, en agosto de 2014, el actual Pleno del Tribunal Constitucional (TC), en un único acto, decidió calificar a diez asesores jurisdiccionales y a dos funcionarios de carrera como trabajadores de confianza y extinguirles su relación de trabajo a plazo indeterminado por retiro de la confianza. Señalamos también las razones por la cuales consideramos que tales hechos configuraban actos no acordes a la normatividad laboral.

Los doce ex trabajadores afectados por la decisión del Pleno del TC habían iniciado su vínculo laboral luego de obtener sus puestos por concurso público, en plazas presupuestadas de carácter permanente y sujetas al régimen laboral de la actividad privada. Así, luego de que el Pleno del TC decidió desconocer sus derechos, los afectados optaron por demandar al Tribunal Constitucional, unos solicitando su reposición (9) y otros una indemnización (3).

A lo largo de estos casi dos años de proceso, los jueces laborales, en su gran mayoría, han sentenciado que el Tribunal Constitucional actuó arbitrariamente, pues los afectados por aplicación del principio de primacía de la realidad no eran trabajadores de confianza, sino trabajadores comunes, por lo que el retiro de la confianza ha violado su derecho al trabajo.

Es así que el Segundo, el Tercer, el Quinto, el Séptimo, el Noveno, el Décimo, el Décimo Primer y el Décimo Segundo Juzgados de Trabajo Permanente de Lima, así como la Tercera y la Cuarta Sala Laboral de Lima han sentenciado a favor de los ex trabajadores señalando que fueron objeto de un despido arbitrario por las siguientes razones:

1. Desde el inicio de sus labores, fueron contratados como trabajadores a plazo indeterminado, no indicándose que el cargo de asesor jurisdiccional sea de confianza.

2. No se evidenció que mantenían contacto directo con el empleador o con su personal de dirección, por cuanto formaban parte de Comisiones Especiales de Trabajo Jurisdiccional. Su trabajo era realizado bajo la dirección, supervisión y control de un sub coordinador y de un coordinador, lo que excluye algún vínculo inmediato y directo con el Pleno del Tribunal Constitucional, con alguno de sus magistrados o con el personal de dirección. Más aun cuando todos los asesores jurisdiccionales, sub coordinadores y coordinadores están sujetos a la dirección y control de un coordinador general del Gabinete de Asesores Jurisdiccionales.

3. No tenían la representatividad de los miembros de las máximas autoridades del Tribunal Constitucional. Tampoco ejercían funciones directivas o administrativas en nombre de los magistrados del Tribunal Constitucional o del personal de dirección, ya que éstas no tenían correlato con el funcionamiento u operatividad del Tribunal Constitucional. Las opiniones y/o los informes que elaboraban no incidían en la adopción de decisiones en el Tribunal Constitucional.

4. En sus boletas de pago no se consignaba que los cargos que desempeñaban eran de confianza. Además, antes del retiro de la confianza el Tribunal Constitucional no les comunicó por escrito que los cargos que desempeñaban habían sido calificados como de confianza, pues la calificación del cargo como de confianza y el retiro de la misma fue simultánea.

5. En el Cuadro de Asignación de Personal, el Manual de Organización y Funciones y el Presupuesto Analítico de Personal del Tribunal Constitucional no se indica que el cargo de asesor jurisdiccional sea de confianza, sino que son cargos de trabajadores comunes. Es más, en la Resolución Administrativa N° 088-2014-P/TC, del 14 de julio de 2014, que aprobó el reordenamiento de Cuadro de Asignación de Personal del Tribunal Constitucional no se consigna que el cargo de asesor jurisdiccional sea de confianza. Esto es un mes antes del despido masivo.  

6. No se ha respetado el porcentaje de trabajadores de confianza que establece la Ley Marco del Empleo Público, pues el porcentaje de los trabajadores despedidos con los calificados como de confianza supera el límite establecido por la Ley Marco del Empleo Público.

Estos han sido los principales argumentos mediante los cuales jueces de trabajo, imparciales e independientes, han corregido los lamentables despidos cometidos por el Tribunal Constitucional. Dichos trabajadores no podían acudir en amparo porque sus casos llegarían al propio TC que los despidió, por ello acudieron a la vía laboral, que salvo alguna excepción, ha cumplido la función principal del derecho laboral: proteger al trabajador frente a un empleador poderoso. Esperamos que las Salas Laborales y la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema reparen este evidente abuso del órgano que, paradójicamente, debe defender los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Jorge Fernández Campos

Jueves, 4 de agosto de 2016

FUENTE:  http://laley.pe/not/3445/jueces-laborales-califican-de-arbitrarios-los-despidos-de-ex-asesores-del-tc

Heriberto Benítez: Montesinos buscaría acercarse a Fujimori para que Keiko le dé beneficios el 2016. Legislador apuntó que el ex asesor piensa en el 2016 y que el fujimorismo es “capaz de unirse hasta con el diablo” con tal de llegar al poder. Fujimorismo se aliaría hasta con el diablo

Heriberto Benítez: Montesinos buscaría acercarse a Fujimori para que Keiko le dé beneficios el 2016

Legislador apuntó que el ex asesor piensa en el 2016 y que el fujimorismo es “capaz de unirse hasta con el diablo” con tal de llegar al poder. 

Fujimorismo se aliaría hasta con el diablo

Ideeleradio.- No vería nada extraño que el ex asesor Vladimiro Montesinos busque un acercamiento con el expresidente Alberto Fujimori durante el desarrollo de la audiencias por el caso de los “diarios chicha”, para que durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori se le den ciertos beneficios que le permitan asesorar a ese régimen, estimó el congresista Heriberto Benítez.

“Yo no vería nada extraño en que Montesinos busque un acercamiento con Fujimori, sobre todo pensando que en el 2016 una candidatura de Keiko podría obtener algo de opción y de repente no que le conmuten la pena -como [hizo] Alan García [con un grupo de condenados]- ni lo indulten, pero sí le den ciertos beneficios para que él pueda desarrollar, desde el lugar donde está recluido, ciertas asesorías”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Además, Fujimori sabe que Montesinos ha sido vital para conducir su gobierno. Así que por mucho que él [Alberto Fujimori] lo niegue, que no tiene nada que ver con él, por mucho que Keiko diga que no tuvo nada que ver con él [Montesinos] y que no estaba de acuerdo con que esté [en el gobierno], sabe la capacidad de Montesinos y saben que él si los puede apoyar aun cuando esté dentro de la Base Naval”, apuntó.

El legislador estimó, en ese sentido, que no debería dejarse de lado la posibilidad de que el fujimorismo busque un acercamiento con el ex jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Apuntó que el fujimorismo es “capaz de unirse hasta con el diablo” con tal de llegar al poder.

“Montesinos ha estado acostumbrado a vivir encerrado en el SIN, para él estar metido en la Base Naval [del Callao] no le va a cambiar en nada. Por eso, yo no dejaría de lado que haya una búsqueda de acercamiento y los fujimoristas con tal de llegar al poder son capaces de unirse hasta con el diablo”, acotó.

FUENTE: http://www.ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=8419&tip=principal#noPrinc

Vladimiro Montesinos: El Asesor Que Daba la Hora

Vladimiro Montesinos: 

El Asesor Que Daba la Hora

Corrupción El tesoro de la casa de playa Arica: 8 kilos de oro y piedras preciosas en 154 piezas de lujo valorizadas en medio millón de dólares.

Relojes de marca Longines, Patek Philippe, Rolex o Cartier con enchapes de diamantes, cada uno valorizado en US$ 50,000.

Cadenas de oro macizo; diamantes y zafiros incrustados en gemelos brillantes. Ternos Versace y Dolce & Gabbana; zapatos italianos, perfumes franceses y colecciones enteras con los discos de Ludwig van Beethoven, Frank Sinatra y Ray Conniff.

Incluso una pistola automática Colt modelo Combat Commander de calibre .45, con aplicaciones de piedras preciosas que, se dice, fue un regalo de un traficante de armas ruso.

Aproximadamente 8 kilos de oro en 154 piezas valorizadas en US$ 373,168. El tesoro fue hallado en la casa de la playa Arica del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, en 2000, cuando el régimen fujimorista se caía a pedazos.

Las piezas permanecieron bajo custodia del Banco de la Nación por 13 años. Las bóvedas se abrieron el viernes 27. Serán puestas a la venta en subasta pública por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI).

Pistola Colt modelo Combat Commander calibre .45. Tiene aplicaciones de piedras preciosas

Montesinos tenía 40 relojes de oro; oro blanco, brillantes y zafiros.

Pequeño cañón bañado en oro puro que el ‘Doc’ recibió como regalo por su cumpleaños, en 1995.

Reloj marca Piaget con incrustaciones de 70 brillantes.

Otro de los ‘bobos’ de Montesinos: tiene 400 brillantes en la correa y 100 engastados en la esfera

Cada reloj del exasesor presidencial costaba unos US$ 50,000.

FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1121&idA=65329#.Uk5BpYZLODc

Abogado en Acción

Abogado en Acción

Manuel Sánchez Paredes celebra.

Fiscal adjunta dictamina archivar el megaproceso seguido a los Sánchez Paredes por lavado de dinero. Abogado del clan fue Eduardo Roy Gates, asesor jurídico del Presidente de la República.

Arriba, Manuel Sánchez Paredes celebra.

En las vísperas de Semana Santa, el Ministerio Público enterró una lanza en el costado de la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico.

El viernes 30, la fiscal adjunta superior María Maguiña Torres dictaminó que no hay pruebas para acusar a los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, así como a Fidel Sánchez Alayo, Blanca Sánchez Príncipe y Belisario Esteves Ostolaza por el delito de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.

Martes 15 de marzo de 2011. Manuel Sánchez Paredes y sus abogados Luis Roy Freyre y Eduardo Roy Gates en la Fiscalía de Ica por el caso de los 3 muertos.

Para la fiscal Maguiña, no hay mérito alguno para iniciar juicio oral a los Sánchez Paredes y concluye que el más grande caso de lavado de dinero de la historia peruana debería ser archivado por la Sala Penal Nacional.

Un caso importante y simbólico, cuya resolución debería ser patrocinada por el propio Presidente de la República, se encuentra a punto de hundirse.

Aquí y en la China hay sectores de la Fiscalía susceptibles de hacerle eco al poder político. Y en Palacio de Gobierno trabaja como asesor presidencial en materias legales Eduardo Roy Gates, ex abogado de Manuel Sánchez Paredes. Y su padre sigue siendo uno de los abogados principales del clan norteño.

La vinculación acrecienta el escándalo por la decisión de Maguiña, que necesitó solo 15 días para resolver un expediente de un millón de folios y borró de un plumazo cuatro años de investigación del propio Ministerio Público.

La balacera entre guardaespaldas de la propia familia en disputa dejó 3 muertos en Ica.

LA RUTA DEL EXPEDIENTE

La ‘megainvestigación’ arrancó en enero de 2008 con una inusual conferencia del ex presidente Alan García en Palacio de Gobierno. Potentados del norte, los Sánchez Paredes deben haber hecho contribuciones a muchas candidaturas, incluyendo las apristas. Hacia 2007 su presencia fue adquiriendo una impronta más arrogante, sobre todo a través de la segunda generación, y alguna sugerencia de extorsión llegó a Palacio. Fue allí cuando el ex Presidente decidió identificar a los miembros principales del clan.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina y un numeroso grupo de policías del Equipo Especial de Investigación de la Dirandro, bajo el mando del general PNP Carlos Morán, iniciaron las investigaciones a 77 miembros del clan trujillano y a 124 empresas del grupo. En el camino fueron separando la paja del trigo y, en marzo de 2010, tras 2 años de pesquisas, el fiscal Chávez interpuso denuncia penal contra 7 personas y 10 empresas por lavado de activos del narcotráfico (CARETAS 2122). La lista inicial se redujo significativamente, lo que reflejaba un trabajo minucioso e independiente.

La fiscal Maguiña necesitó solo 15 días para resolver el expediente de un millón de folios del caso Sánchez Paredes.

El voluminoso expediente pasó al despacho del juez supraprovincial Omar Pimentel Calle, quien abrió instrucción contra los 7 acusados. Chávez fue promocionado como jefe coordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado y el caso fue asumido por el fiscal superior titular Tony García. En octubre de 2011, García fue reasignado exclusivamente al juicio del caso Business Track y el MP nombró como su reemplazo a la fiscal adjunta María Maguiña Torres.

Aproximadamente hace 15 días, Pimentel culminó la etapa de instrucción y remitió el voluminoso expediente a Maguiña, para que en su calidad de titular de la acción penal solicite el inicio del juicio oral. Ocurriría lo contrario.

EL ASESOR DE PALACIO

El dictamen de Maguiña ha conmocionado a las autoridades que luchan contra el lavado de activos y el narcotráfico. El propio fiscal Chávez Cotrina se mostró “bastante sorprendido” y pidió que la fiscal “responda por sus actos”.

Fiscal adjunta María Maguiña Torres borró de un plumazo los cuatro años de investigaciones del propio Ministerio Público.

La procuradora antidrogas Sonia Medina se preguntó: “¿Cuál es el interés de que el proceso no se ventile en el Poder Judicial? ¿Qué vergüenzas o desvergüenzas se quieren encubrir? ¿Qué ha llevado a la fiscal Maguiña a archivar el caso en tiempo récord?”. Y añadió: “Estoy tremendamente desconcertada. Tiene que haber una decisión política acá, porque esos criterios no se pueden determinar así nomás. Esto es gravísimo”.

El abogado principal del clan norteño es Luis Eduardo Roy Freyre, padre de Eduardo Roy Gates, el asesor jurídico del Presidente de la República. El propio Roy Gates fue el abogado designado para interponer una batería de Hábeas Corpus en juzgados del interior del país con el fin de archivar el ‘megaproceso’ a los Sánchez Paredes.

2007. Ollanta Humala y su abogado Eduardo Roy Gates salen del Ministerio Público tras una diligencia del caso Madre Mía.

Y ambos, padre e hijo, estuvieron en Ica junto a Manuel Sánchez Paredes cuando una balacera entre los guardaespaldas de los miembros de la misma familia en disputa dejó tres muertos frente al Poder Judicial de Ica, el año pasado (CARETAS 2172). Las fotos que abren este reportaje corresponden precisamente a una de las diligencias de la llamada matanza de Ica.

El fiscal de Ica, José Luis Herrera, a diferencia de lo ocurrido en Lima, aún no formaliza acusación, presionado por el rosario de amenazas provenientes de los investigados, según fuentes judiciales.

En 2007 Roy Gates formó parte de la defensa de Humala en el caso Madre Mía junto al ex vicepresidente Omar Chehade. Dos años después la denuncia contra Humala por presunta violación a los derechos humanos fue archivada en primera instancia y posteriormente el fallo fue confirmado por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que entonces era presidida por el vocal César San Martín, hoy presidente del Poder Judicial.

Cuando se cuestionó el nombramiento de Roy Gates en Palacio, Chehade fue el primero en defenderlo. “Pongo las manos al fuego por él”, zanjó.

Una versión confiable indica que Roy Gates le dijo al Presidente que él y su padre habían sido contratados para labores específicas en la defensa del clan y que, por último, eran varios los abogados inmersos en el caso. Pero su padre está ligado a los Sánchez Paredes desde hace dos décadas. Luis Roy Freyre fue abogado de Perciles Sánchez Paredes, el patriarca familiar, en el proceso por narcotráfico que afrontó en 1984. Éste fue absuelto en 1988, pero lo asesinaron a tiros 3 años después en Trujillo.

El dictamen exculpatorio de la Fiscalía beneficia también a Fidel Sánchez Alayo (al centro).

UN ACCESO PRIVILEGIADO

CARETAS buscó a la fiscal Maguiña el lunes 2. A través de un vocero de prensa del Ministerio Público mandó a decir que es autónoma en sus decisiones y que tampoco podía hacer público su dictamen, porque era un documento reservado.

Sin embargo, uno de los procesados, Orlando Sánchez Paredes, parece haber tenido acceso privilegiado al documento y lo ha circulado en un comunicado dirigido a la prensa, el lunes último. “La Fiscalía Superior en Criminalidad Organizada ha emitido su Dictamen Fiscal Superior considerando que NO HAY MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra ninguna de las personas (naturales y jurídicas) injustamente procesadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos y por ende solicita el ARCHIVO DEFINITIVO de este proceso. En otras palabras, el Ministerio Público, entidad encargada de perseguir los delitos, ha concluido que no he cometido el delito de lavado de activos pues ha quedado acreditado ante las autoridades que ninguno de los procesados poseemos bienes, dinero o patrimonio proveniente de origen ilícito”, celebró el hermano de Perciles.

Fuentes de la Fiscalía insisten en que el caso no está totalmente perdido. El dictamen de Maguiña pasará a la Sala Penal Nacional que tiene dos caminos: estar de acuerdo con la fiscal y archivar definitivamente el proceso. La otra opción es elevarlo a una Fiscalía Suprema para que determine si procede el juicio oral.

“Esta es una cachetada al sistema, un golpe muy duro”, se lamenta el general Morán. “Y también es un riesgo porque hay policías que hemos sido víctimas de demandas millonarias por investigar a este clan. Esto nos llena de indignación y frustración porque sentará un precedente judicial nefasto. Y significará un retroceso en la batalla contra el narcotráfico”.

(Américo Zambrano).

FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1014&idSTo=0&idA=58123&NL=1

El juez Garzon declina "de momento" asesorar al presidente colombiano en Derechos Humanos

El juez Garzon declina "de momento" asesorar al presidente colombiano en Derechos Humanos

El juez español Baltasar Garzón declinó "de momento" una invitación del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para que asesore a su gobierno en derechos humanos aunque este jueves dijo que seguirá trabajando a favor de las víctimas del conflicto en ese país.

El juez español Baltasar Garzón escucha el discurso del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno-Ocampo, el 17 de mayo de 2010 en París, durante una ceremonia en la que fue premiado.

El juez español Baltasar Garzón declinó "de momento" una invitación del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para que asesore a su gobierno en derechos humanos aunque este jueves dijo que seguirá trabajando a favor de las víctimas del conflicto en ese país.

"Aquí la cuestión no es trabajar o no en el Gobierno (de Santos). Creo que todos los que estamos comprometidos en la defensa de los derechos humanos trabajamos por las víctimas, más allá de cualquier posición coyuntural en que se pueda estar. Y ese no será mi caso, en este momento", aseguró Garzón a la AFP.

Garzón, que actualmente es asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya, llegó este jueves hasta el resguardo indígena de La María, en el suroeste de Colombia, donde unos 10.000 indígenas de todo el país celebran el 40 aniversario del Consejo Regional Indígena del Cauca, organismo que los aglutina.

"En todo caso, todos estamos obligados a hacer todo lo posible porque esos derechos humanos sean respetados y protegidos en Colombia", agregó el jurista.

Hace un mes, el mandatario colombiano confirmó a la AFP en París contactos con Garzón para que asesore a su gobierno en materia de derechos humanos. "Estamos en conversaciones, sí, para que él nos preste una asesoría en materia de derechos humanos", afirmó entonces Santos.

Los consejos de Garzón permitirían a Bogotá, según Santos, "ver cómo podemos sobre todo mejorar los procesos para que podamos tener menos impunidad".

Según la prensa española, Garzón sería asesor de alguno de los órganos que creará la Ley de Reparación de Víctimas que se está discutiendo en el Congreso colombiano y que se quiere aprobar antes de julio.

Actualmente suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, de 55 años, debe ser juzgado por el Tribunal Supremo, acusado de "prevaricación" por haber querido investigar los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil, prescritos por la ley de Amnistía de 1977.

Garzón es conocido internacionalmente por su defensa del principio de la jurisdicción universal y por ordenar en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet.

FUENTE: http://noticias.latam.msn.com/pe/internacional/articulo_afp.aspx?cp-documentid=27795398