Cómo Nicaragua está capacitando a sus
jueces para evitar la discriminación de las mujeres
26 de diciembre,
2017 — Cuando Michelle Zeledón se quedó embarazada a los 16 años, su padre le
dijo que no quería saber nada más de ella. Ahora que era madre, argumentaba él,
ya no tenía por qué seguir pagándole una pensión alimenticia. Él llevó el caso ante
los tribunales de Estelí, en el norte de Nicaragua.
Yorlin Matamoro, la jueza de distrito que se encargó del
caso, había recibido recientemente una formación sobre la importancia de juzgar
con “perspectiva de género”, es decir, teniendo en cuenta aquellas diferencias que
afectan a las mujeres y que a menudo las ponen en una situación de desigualdad
ante la justicia con respecto a los hombres.
“Me di la tarea
de leer bien la normativa con respecto a los derechos de los grupos en
condiciones de vulnerabilidad, así como también todos los instrumentos que nos
permiten dar un análisis en nuestras sentencias para ir disminuyendo la
discriminación hacia las mujeres, y en este caso, por la condición de madre se
quería limitar un derecho”, explicó la juez Matamoro.
Matamoro ordenó que el padre de Michelle siga proporcionando
la pensión alimenticia hasta que la joven termine sus estudios universitarios.
“No podemos limitarle el derecho a que ella obtenga un pleno desarrollo,”
subrayó la juez. “Y para lograr esa meta ella debe contar con el apoyo de ambos
progenitores”.
Yorlin Matamoro es parte de un poco más de 100 jueces,
magistrados y asesores del poder judicial de Nicaragua graduados del magíster en “Derecho y
Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género en el Derecho Civil”, apoyado
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas
en inglés).
Jueces y juezas
machistas
“El problema es
difícil. Existe un machismo bien profundo no solo en los jueces, sino también
en las juezas, porque somos producto de una cultura”, explicó Alba Luz Ramos
Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
La perspectiva de igualdad de
género es una política de Estado en Nicaragua, y las
autoridades judiciales decidieron comenzar con los jueces a la hora de
profundizar sus conocimientos sobre los derechos de las mujeres. “En vez de
tratarlas como iguales, teniendo en cuenta sus diferencias, se las trata en
condiciones de desigualdad frente a los hombres”, añadió Ramos.
Una muestra de esta discriminación de género es dejar de
proporcionar la pensión alimenticia, sobre todo a las mujeres más jóvenes. “Es una de las formas
más frecuentes de violencia que estamos viendo”, explica Ramos, cuando la ley
exige que debe proporcionarse hasta los 18 años, o bien hasta los 21 si la
joven está estudiando.
“Después del
magíster puedo entender que esas circunstancias muy particulares de las
mujeres, si no se las reconocemos, entonces ¿quién se las va a reconocer?”,
reflexionó Matamoro.
Su sentencia en
el caso de Michelle Zeledón obtuvo el segundo lugar en el II Concurso de
Sentencias con Perspectiva de Género, promovido por la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua.
Embarazo
adolescente
A sus 19 años,
Michelle ya cuenta con grandes responsabilidades para una persona de su edad.
Además de cuidar de su hija de 4 años y estudiar en la universidad, la joven
trabaja desde las 6:30 a.m. hasta 10:30 p.m. en una empresa tabacalera.
“Como
adolescentes necesitamos una segunda oportunidad porque la mayoría de las que
salimos embarazadas somos niñas”, dijo Michelle.
El embarazo
adolescente es un grave problema en América Latina y el Caribe, la región del
mundo con más embarazos no planeados. Nicaragua es uno de los países de la región con un mayor número
de jóvenes menores de 19 años embarazadas, tan solo superado por Bolivia,
Honduras y Venezuela, según el último informe de UNFPA sobre el estado de la población mundial.
La capacidad de
una mujer para decidir si quiere quedarse embarazada o no depende en parte de
si vive en una ciudad o en una zona rural, de su nivel de estudios y de su
situación de riqueza o pobreza, según el informe de UNFPA.
En los países en desarrollo, las mujeres pobres no suelen
contar con la suficiente información, capacidad y medios para decidir si
quedarse embarazadas. Sin acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres pobres,
en particular las que tienen menor escolaridad y viven en áreas rurales, están
más expuestas a embarazos no deseados.
Las niñas
adolescentes no suelen disfrutar del mismo acceso a métodos anticonceptivos que
los niños de su edad debido a las políticas discriminatorias, los proveedores
de servicios que emiten juicios de valor o las actitudes predominantes respecto
al comportamiento aceptable de las niñas.
El acceso
limitado a la planificación familiar se traduce en 89 millones de embarazos no
planeados y 48 millones de abortos al año en los países en desarrollo del
mundo. Esto no solo es perjudicial para la salud de las mujeres, sino que
también restringe su capacidad para incorporarse al mercado laboral o conservar
un trabajo remunerado y avanzar hacia la independencia financiera, explica el
informe.
El proceso
judicial iniciado por su padre sumió a Michelle en la depresión: “Pero yo dije,
por mi hija voy a salir adelante, no voy a retroceder, yo decidí seguir
estudiando”.
Ahora está ya
terminando el último año de sus estudios en psicología clínica, algo que la ha
ayudado mucho más allá de lo que se imaginaba: “Todo el maltrato que vivimos
crea ese odio, pero yo me iba ayudando a mí misma porque es psicología clínica,
por ejemplo con las formas de duelo: aprender uno a vivir con eso”.
Leyes que
excluyen a las mujeres
Las leyes pueden
reflejar o reforzar las normas o actitudes discriminatorias que bloquean el
acceso de las mujeres a la fuerza de trabajo o reducen sus ingresos en relación
con los de los hombres.
Según el Banco
Mundial, en 18 países los hombres pueden impedir legalmente a sus mujeres que
trabajen fuera del hogar. Las leyes de algunos países restringen el acceso de
las mujeres a los servicios bancarios y de crédito, lo que puede socavar su
potencial de obtener ingresos.
La legislación
—o su falta o aplicación inadecuada— puede afectar a la salud y el bienestar de
las mujeres y, por tanto, influir en su participación en la fuerza de trabajo y
su capacidad para obtener ingresos. Según un informe del Banco Mundial en el
que se evalúan 173 países, 46 no disponen de leyes contra la violencia
doméstica, y 41, en materia de acoso sexual.
Asimismo, según
el Banco Mundial, raras veces existen leyes que protejan contra la “violencia económica”. La violencia
económica sucede cuando se priva a las mujeres de los medios económicos
necesarios para abandonar una relación abusiva, bien porque su pareja controla
los recursos económicos, o bien porque le impide conseguir o mantener un
trabajo.
Para la juez
Matamoro, el magíster le aportó muchos conocimientos útiles para evitar que su
aplicación de la ley sea discriminatoria: “Nos ayudó a combinar los aspectos
académicos con los aspectos propios de cada persona, resolver no solo desde el
punto de vista de funcionaria. Eso ha permitido que nosotros pongamos más
empatía, nos pongamos más en el problema de la persona, pero sobre todo
garantizándole los derechos a ella y también a sus hijos”.
¿Cómo
contribuir a la igualdad?
En su informe
sobre el estado de la población mundial de 2017, la UNFPA propone algunas
medidas para reducir la discriminación de las mujeres y contribuir a un mundo
más equitativo:
• Cumplir todos
los compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos acordados en tratados y convenios
internacionales.
• Eliminar las barreras —leyes discriminatorias, normas o deficiencias en los
servicios— que impiden a las adolescentes y las jóvenes acceder a la
información y los servicios de salud sexual y reproductiva.
• Llegar hasta las mujeres más pobres con servicios esenciales de atención
de salud materna y prenatal.
• Responder a todas las necesidades de planificación familiar insatisfechas
y conceder prioridad a las mujeres que viven en el 40% de los hogares más
pobres.
• Prestar un servicio de protección social universal que ofrezca seguridad de los ingresos básicos y cubra
los servicios esenciales, incluidas las asistencias y prestaciones relacionadas
con la maternidad.
• Impulsar los servicios que permiten a las mujeres
incorporarse o permanecer en la fuerza de trabajo remunerada, como los de cuidado del niño.
• Adoptar políticas progresivas encaminadas a acelerar el aumento de los ingresos entre el 40%
más pobre de la población, a través de, por ejemplo, la intensificación de las
inversiones en el capital humano de las niñas y las mujeres.
• Eliminar los obstáculos económicos, sociales y geográficos
que impiden el acceso de las niñas a la educación secundaria y terciaria y su participación en cursos de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas.
• Acelerar la transición del trabajo no estructurado al
trabajo formal decente —con énfasis en los sectores que concentran la mayoría
de las trabajadoras pobres—, y permitir el acceso de las mujeres a los servicios de crédito y la
propiedad.
• Trabajar en pos de la medición de todas las dimensiones de la igualdad y del modo en
que influyen unas sobre otras, y fortalecer los vínculos entre los datos y las
políticas públicas.
“Los países que quieran hacer frente a la desigualdad
económica pueden empezar por atajar otras desigualdades, como las existentes en
la salud y los derechos reproductivos, y derribar las barreras sociales,
institucionales o de otra naturaleza que impiden que las mujeres alcancen su
pleno potencial”, concluye la directora ejecutiva de UNFPA, la doctora Natalia
Kanem.
FUENTE: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=38614
