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martes, 12 de enero de 2021

Perú: Caso esterilizaciones forzadas: Poder Judicial suspende audiencia por falta de intérpretes de quechua. El juez Rafael Martín Martínez indicó que era necesario un traductor de quechua del dialecto cusqueño, ya que solo se tenía un intérprete de la variante ayacuchana. Además, el expresidente Alberto Fujimori no se presentó en la audiencia virtual.

Perú: Caso esterilizaciones forzadas: Poder Judicial suspende audiencia por falta de intérpretes de quechua.

El juez Rafael Martín Martínez indicó que era necesario un traductor de quechua del dialecto cusqueño, ya que solo se tenía un intérprete de la variante ayacuchana. Además, el expresidente Alberto Fujimori no se presentó en la audiencia virtual.

Caso esterilizaciones forzadas | Fuente: Andina

El Poder Judicial suspendió este lunes la audiencia virtual en la cual el Ministerio Público tenía que presentar los cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, exministros de Salud y otros exfuncionario de su gobierno por el caso de esterilizaciones forzadas.

La audiencia estuvo a cargo del juez Rafael Martín Martínez, del Juzgado Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado, y fue realizada mediante videoconferencia.

El magistrado decidió suspender la audiencia del caso de esterilizaciones forzadas luego de escuchar los pedidos de los abogados, quienes sostenían que era necesario un traductor de quechua para las agraviadas, como el dialecto cusqueño. Cabe indicar que en la audiencia había un traductor solo de la variante ayacuchana.

"Vamos a suspender la presente audiencia para la siguente fecha. Vamos a oficiar a la entidad correspondiente para que pueda incorporar un interprete en el idioma quechua en las variantes más significativas que puedan representar a ese número de personas agraviadas que tengan esa relación y ese vínculo con el idioma, con la única finalidad que éstas puedan tener un cabal entendimiento y comprensión de la audiencia", resolvió.

Además, el juez informó que la fecha de la nueva audiencia será notificada a cada uno de los correos y casillas electrónicas brindadas por las partes, a efectos de lograr la coordinación.

El exmandatario Alberto Fujimori no estuvo presente. El abogado César Nakazaki aclaró que Alberto Fujimori no tenía la obligación legal de concurrir al estar protegido por el Tratado de Extradición Perú-Chile, ya que este caso no forma parte de procesos penales de su extradición.

 

Involucrados en la denuncia

La denuncia involucra a Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, denunciados como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

También incluye a Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar en el caso de Mamérita Mestanza, quien falleció tras ser sometida a un proceso quirúrgico de ligadura de trompas.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre los años 1996 y 2000, se implementó el Programa de Anticoncepción Quirúrgica voluntaria (AQV), el cual ha sido denunciado como un programa de esterilización forzada contra mujeres, sobre todo campesinas.

 

FUENTE: https://rpp.pe/politica/judiciales/alberto-fujimori-caso-esterilizaciones-forzadas-poder-judicial-suspende-audiencia-por-falta-de-interpretes-de-quechua-noticia-1314439



miércoles, 21 de noviembre de 2018

sábado, 27 de octubre de 2018

JUDICIALES. Análisis | Las impresiones desde el Derecho Penal sobre la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. ¿Convence la presentación del fiscal José Domingo Pérez? ¿Y la de la defensa de los investigados? ¿Qué puntos fuertes deberá anotar el juez Richard Concepción Carhuancho? Aquí los comentarios de los expertos.


JUDICIALES
Análisis | Las impresiones desde el Derecho Penal sobre la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.
¿Convence la presentación del fiscal José Domingo Pérez? ¿Y la de la defensa de los investigados? ¿Qué puntos fuertes deberá anotar el juez Richard Concepción Carhuancho? Aquí los comentarios de los expertos. 
La lideresa de Fuerza Popular afronta un pedido de prisión preventiva de tres años. A ella y a otras diez personas se les imputa el delito de lavado de activos. | Fuente: Andina
La audiencia sobre el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori y otros diez allegados a Fuerza Popular va tomando tres días en la sede de la Sala Penal Nacional. Los argumentos del fiscal José Domingo Pérez y los de la defensa de cada imputado serán la base para la decisión que tome el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho. Mientras tanto, algunos especialistas ya tienen un análisis sobre el desarrollo de esta larga jornada judicial.
RPP Noticias conversó con los abogados Romy Chang, Karin Fernández y Luis Lamas Puccio para conocer sus opiniones en cuanto a la presentación de la Fiscalía, el desempeño de la defensa y los puntos que deberá considerar el juez.

El trabajo de Pérez Gómez
Los tres penalistas coinciden en reconocer la fortaleza de la argumentación fiscal sobre los elementos de convicción y el peligro procesal por obstaculización. “No estamos como en el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, en el que el peligro procesal o de fuga -para mí- no se cumplía. Creo que al inicio, el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori parecía un exceso, pero ahora, con lo que ha destacado el fiscal, las pruebas que ha mostrado, los chats que han salido a la luz y los audios que implican hasta al fiscal de la Nación se justifica la solicitud”, afirmó Chang Kcomt.
La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la Fiscalía el pasado 19 de octubre. La audiencia sigue extendiéndose desde el miércoles 24. | Fuente: Andina

La penalista recuerda que el fiscal Pérez Gómez ha reflejado en sus intervenciones los tres elementos que contempla el peligro de obstaculización: el riesgo razonable de que la persona investigada destruya, modifique, oculte o falsifique algún elemento de prueba; la posibilidad de influencia del investigado sobre otros coimputados o testigos para que declaren falsamente a su favor o sean desleales ante la Fiscalía y la posibilidad de que los investigados induzcan o presionen a otras personas a cometer las dos primeras acciones.
“La solicitud de la Fiscalía está bastante bien fundamentada sobre la base de la información que ha venido acopiando a lo largo de estos dos últimos años de investigación. Es una teoría bastante sustentada en hechos fácticos, en documentos, en declaraciones de colaboración eficaz y de nuevas personas que en estos últimos momentos se han incorporado a esta teoría sobre la base de la misma colaboración y también como testigos protegidos”, señaló Lamas Puccio.
La penalista Fernández Muñoz también comentó que la participación de Pérez Gómez ha sido sólida. “Me parecen en verdad viables los elementos de convicción que ha presentado, el análisis que ha hecho sobre ellos y sobre los indicios para justificar el peligro procesal. Ahora le toca al juez Concepción Carhuancho tomar una decisión, en la que deberá también tomar muy en cuenta la exposición de los abogados de cada investigado”.

No está de acuerdo
Para César Nakazaki, quien fue entrevistado en el programa La Rotativa del Aire, la calificación es diferente. “Creo que el fiscal ha quedado en 50/50 sobre el peligro procesal. La parte más débil. Así como fue fuerte con el tema de la prueba, el hecho de decir que el peligro procesal existe porque tal casa es alquilada o porque el esposo de Keiko Fujimori es extranjero o porque ella tiene ascendencia japonesa… Me parece que ahí ha sufrido un revés para un tema que venía siendo potente”, dijo el penalista.
Para algunos abogados consultados, el tiempo formulado para la prisión preventiva se justifica con la complejidad del caso y la cantidad de personas implicadas en la presunta organización criminal. | Fuente: Andina
Además, propone como tema de discusión el concepto mismo del peligro procesal. “La obstaculización requiere que algo se haya obstaculizado. Y lo digo para discutir. Si José Domingo Pérez señalase que, como fruto de alguna actividad, sus actos de investigación han sido afectados, lograría cerrar el argumento”, señaló Nakazaki.

¿Cómo estuvo la defensa?
Según Lamas Puccio, no resulta ideal que tanto la defensa como el fiscal simplifiquen su interacción a “afirmar y negar” argumentos. “Me llama poderosamente la atención que la Fiscalía y los abogados exclusivamente dediquen el debate a una negación sobre las afirmaciones. La Fiscalía afirma y la defensa refuta diciendo que es mentira. Y, a su vez, el fiscal refiere que lo que señala la defensa también es mentira. Yo creo que en ese contexto el juez de control -Concepción Carhuancho- debería racionalizar el debate y dirigirlo a los aspectos concretos que son objeto de esa afirmación o de esa negación”.
Fernández sostiene que la abogada Giuliana Loza “tiene argumentos sólidos”, pero que ha caído en errores que podrían costarle. “Se ha dejado llevar por el ataque al fiscal y al juez. Lo primero es común porque en un litigio se suele atacar al fiscal, pero nunca es un buen movimiento enfrentarse constantemente con el juez”.
La también socia del Estudio Muñiz concluye que Concepción Carhuancho la tendrá difícil, pues si decide aprobar la prisión preventiva, deberá descartar todo lo planteado por la defensa y además justificar por qué. Uno de los temas que destaca como complicados es el del papel de Vicente Silva Checa, imputado en cuya casa se hallaron documentos de la Comisión Lava Jato del Congreso. “Concepción deberá motivar por qué estos elementos serían indicios de la presunta organización criminal y por qué no serían documentos que él utilizó para responder a consultas legales”.

Proporcionalidad y duración de la prisión preventiva
Como se recuerda, el fiscal Pérez Gómez  ha pedido 36 meses de prisión preventiva. ¿Se justifica este plazo si consideramos que, si bien el caso involucra a varias personas, cada una será investigada individualmente?
“La Corte Suprema ha establecido que en este caso operan las reglas de crimen organizado cuyo plazo máximo de prisión preventiva es de 36 meses. El hecho de que se tenga que resolver investigado por investigado no debe confundirnos o hacernos creer que la situación de cada uno se va a ver solo individualmente. Sí se ve individualmente, pero dentro del conjunto de la supuesta organización criminal.Eso hace que la investigación sea considerada compleja y por eso el plazo. De hecho, no me sorprendería que, de aprobarse la prisión por 36 meses y el fiscal no concluyera su investigación después de ese tiempo, pida una extensión por doce meses más”, opina la abogada Romy Chang.
El penalista Lamas Puccio también reconoce que la investigación amerita cierto tiempo. “En este caso, tratándose de una organización, el paso del tiempo va a contribuir a que esa organización no pueda, por ejemplo, coordinar actos de obstaculización. Estamos frente a una organización conformada por un número significativo de personas que hacen uso de medios de toda naturaleza para impedir y obstruir la labor. Yo creo que, en esa línea, se justifica la duración que plantea la Fiscalía. Cuanto más tiempo estén detenidos, más favorece a consolidar la investigación”.
La abogada Fernández discrepa. “Es el juez quien finalmente decide qué tan pertinente es otorgar los 36 meses. Esto, es cierto, se hace en base a la cantidad de investigados y de diligencias a realizarse en esta etapa preparatoria. A mí me parece demasiado. Yo creo que el fiscal José Domingo Pérez puede correr con sus diligencias. Un año para llevar a cabo una investigación con once personas -detenidas, si es que así lo dispone el juez, o bajo comparecencia restringida- me parece suficiente”.

FUENTE: https://rpp.pe/politica/judiciales/keiko-fujimori-las-impresiones-desde-el-derecho-penal-sobre-la-audiencia-de-prision-preventiva-en-su-contra-noticia-1159320

jueves, 21 de septiembre de 2017

Alejandro Toledo no buscará acogerse a la colaboración eficaz, afirma su abogado. Heriberto Benítez señala que el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial “están quebrando la imparcialidad que debe de haber en una investigación”

Alejandro Toledo no buscará acogerse a la colaboración eficaz, afirma su abogado.
Heriberto Benítez señala que el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial “están quebrando la imparcialidad que debe de haber en una investigación”
Heriberto Benítez, abogado del ex presidente Alejandro Toledo, informó que su patrocinado no se acogerá a los mecanismos de la colaboración eficaz ni a la confesión sincera, puesto que “no ha cometido ningún delito”.
“Alejandro Toledo me ha ratificado que él no ha cometido ningún delito. Por consiguiente, no le corresponde acogerse ni a colaborador eficaz ni a confesión sincera. A ninguna de estas dos figuras penales se va a acoger”, dijo Heriberto Benítez a El Comercio.
El abogado respondió así a las declaraciones que ofrecieron el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, respecto a un posible proceso de colaboración eficaz al que podría acogerse Alejandro Toledo, quien actualmente se encuentra en los Estados Unidos y con una orden de captura en su contra.
“Para que una persona se someta a colaboración primero tiene que reconocer que ha cometido un delito. [...] ¿Por qué el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial hablan de colaboración eficaz refiriéndose a Alejandro Toledo? Deben dejarse de hablar tonterías en público, están quebrando la imparcialidad que debe de haber en una investigación”, sentenció Heriberto Benítez.
“[Eso] a mí lo que me hace pensar es que el Poder Judicial ya tiene una presunción de culpabilidad contra Alejandro Toledo. O sea, los jueces ya lo consideran culpable, ya lo van a condenar y eso el ilegal”, agregó.
Cabe anotar que Alejandro Toledo es acusado por la fiscalía de recibir un soborno de US$20 millones de parte de la empresa brasileña Odebrecht, a la que habría favorecido con la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica sur. Por este caso, el Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente.
─Josef Maiman─
Por otro lado, respecto a las declaraciones que el empresario peruano-israelí Josef Maiman ofrece a los fiscales peruanos como parte de un proceso de colaboración eficaz, Heriberto Benítez refirió que estas “todavía tienen que ser valoradas” puesto que no es la primera vez que declara a la justicia.
“Él [Maiman] se está sometiendo a una colaboración eficaz pero no es la primera vez que va a hablar. Él ya tiene versiones antiguas que ha dado ante el juez, ante el fiscal y ante el Congreso, donde ha dicho que el dinero es de él”, informó Benítez.
Cabe señalar que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, indicó que con estas nuevas declaraciones del empresario se ha podido “cerrar el círculo”, dejando entrever que Maiman habría confirmado cómo se canalizó el pago del soborno de parte de Odebrecht a Alejandro Toledo, a fin de lograr adjudicarse el proyecto de la Carretera Interoceánica.
En ese sentido, al ser consultado al respecto, Benítez expresó que estas nuevas declaraciones de Josef Maiman se estarían produciendo bajo “coacción” a fin de lograr beneficios personales.
“Esta nueva declaración se está produciendo bajo coacción, porque a Maiman le dieron prisión preventiva y él ha negociado que le retiren la prisión a cambio de. Entonces, es una versión interesa, coaccionada, presionada”, aseveró.

FUENTE: http://elcomercio.pe/politica/alejandro-toledo-buscara-acogerse-colaboracion-eficaz-afirma-abogado-noticia-460012

viernes, 1 de septiembre de 2017

HERIBERTO BENITEZ: DENUNCIAMOS UNA GROSERA INTERFERENCIA.

HERIBERTO BENÍTEZ: DENUNCIAMOS UNA GROSERA INTERFERENCIA.
Hemos enviado una carta notarial al presidente del Poder Judicial (PJ) ya que hay una grosera interferencia en la recta administración de justicia, atropellándose la imparcialidad de la judicatura, convirtiendo las investigaciones en una arbitraria persecución y vulnerándose sus derechos fundamentales.
El presidente del PJ ilegalmente está "sugiriendo" y "recomendando" que los sujetos procesales formulen pedidos en determinado sentido; y, hasta "direccionando" las decisiones jurisdiccionales en las investigaciones contra el ex presidente de la República Alejandro Toledo.
Finalmente, el presidente del PJ no cumple la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el expediente 2465-2004-AA/TC


lunes, 28 de agosto de 2017

HERIBERTO BENÍTEZ: EL PODER JUDICIAL DEBE SER IMPARCIAL.

HERIBERTO BENÍTEZ: EL PODER JUDICIAL DEBE SER IMPARCIAL.
Cuando se "juntan" MINJUSDH, PJ y FISCALIA para "lograr" el arbitrario arresto provisorio contra Alejantro Toledo en USA; aquel pedido de detención provisional se convierte un una persecución política.
Cada autoridad cumple un rol o una tarea determinada; el PJ imparte justicia con imparcialidad  y la fiscalía defiende la legalidad.
Un juez no puede "ayudar" a ninguna de las partes o sujetos procesales; no debe estar "apoyando" a la fiscalía para que realice o cumpla sus labores porque desaparece la imparcialidad.
Un juez debe estar al centro de la balanza de la justicia; si se inclina para algún lado se quiebra o fractura la imparcialidad para impartir justicia y se vulnera el debido proceso.



lunes, 21 de agosto de 2017

El Poder Judicial rechaza ampliación en caso Ecoteva. Fiscalía apela decisión del juez Abel Concha, la cual será revisada por una sala penal superior

El Poder Judicial rechaza ampliación en caso Ecoteva.
Fiscalía apela decisión del juez Abel Concha, la cual será revisada por una sala penal superior
El Poder Judicial rechaza ampliación en caso Ecoteva
Un nuevo revés para el Ministerio Público. El Poder Judicial rechazó la solicitud de ampliación de investigación por cuatro meses realizada por la fiscal de lavado de activos Manuela Villar, quien está a cargo del caso Ecoteva, que involucra al expresidente Alejandro Toledo.


Correo conoció que la fiscal Villar indicó al juez Abel Concha, que ve el caso, que le extienda el plazo de pesquisa debido a que algunas diligencias no se pudieron culminar. Se sabe que aún se está a la espera de la respuesta de Suiza sobre las cuentas de Josef Maiman, implicado también en la investigación.
Pese al requerimiento de Villar, el juez del 16° Juzgado Penal decidió rechazar el pedido de la fiscalía tras indicar que el plazo “ordinario y extraordinario” había concluido.
APELACIÓN. Ante esta respuesta, la fiscal Manuela Villardecidió apelar la resolución del juez Concha sobre el pedido de ampliación, la cual será revisada por una sala superior, que finalmente será la que resuelva si amplía o no el plazo en el caso Ecoteva.
Por su parte, Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, manifestó que ya se vencieron los plazos y la fiscalía no halló elementos de convicción para denunciar a su patrocinado.
“La fiscalía ya terminó su investigación, se vencieron los plazos y no tiene nada. Ya van dos casos en los que no existe causa probable”, señaló. 
UBICACIÓN. El fiscal Hamilton Castro, que investiga a Alejandro Toledo por el caso Odebrecht, informó al PJ que se encuentra en San Francisco.

FUENTE: http://diariocorreo.pe/politica/el-poder-judicial-rechaza-ampliacion-en-caso-ecoteva-768786/


viernes, 17 de febrero de 2017

Registro de Abogados Sancionados: Una herramienta que no se usa. Conoce este registro que será público y gratuito y reunirá sanciones administrativas, judiciales y privadas contra abogados

Registro de Abogados Sancionados: Una herramienta que no se usa.

Conoce este registro que será público y gratuito y reunirá sanciones administrativas, judiciales y privadas contra abogados

Todos los colegios de abogados deberán contar con un Código de Ética y un Tribunal de Honor que juzgue las indisciplinas. (Foto: El Comercio)
La creación del Registro de Abogados Sancionados por malas prácticas implica la integración de todas las sanciones cometidas por los profesionales del derecho en un sola base de datos sistematizada por el Ministerio de Justicia. Así, se harán públicas todas estas penas, estén vigentes o vencidas, por un plazo de cinco años. 
"Las diferentes entidades que ya existen y que ya aplicaban sanciones, van a centralizar la información de cada una en este registro", explica Adolfo Román, socio de Rodriguez Angobaldo Abogados.
De este modo, los colegios de abogados, las entidades administrativas y el Poder Judicial, tendrán 180 días para informar sobre todas las sanciones impuestas. Sin embargo, a pesar de estar ya reglamentado, aún no se tiene una fecha de implementación, informó el especialista.
Cada entidad mantendrá su propia capacidad y responsabilidad de sancionar las inconductas. Eso no se ha estandarizado con la nueva norma. No obstante, un punto positivo de esta legislación es que dispone que cada colegio de abogados tenga un Código de Ética y un Tribunal de Honor que juzgue las malas prácticas en el ejercicio del derecho. 
Además, ahora las suspensiones de ejercicio impuestas por un colegio deberán ser tomadas en cuenta por todos los demás. Esto evitaría que los abogados inhabilitados por su gremio original consigan una colegiatura en otra localidad para seguir practicando su carrera y burlar sus sanciones. Pero, quedaría fuera de este supuesto la sanción de separación temporal del colegio. 
Román agrega que el registro no es el sancionador. "A uno lo sancionarán en su colegio o en el juzgado en el que está patrocinando una causa", comenta. "Esta norma no tiene ningún impacto respecto a los procedimientos sancionadores" que se le sigan a los abogados, considera, pues lo que se publicita es la resolución definitva.  
Solo en el caso de que la sanción sea revocada por la autoridad competente, la sanción se borraría del registro. 
Otro aporte nuevo es que "aquellas personas a las que se les haya aplicado la suspensión temporal del ejercicio de la profesión, no podrán brindar servicios legales al Estado ni ser contratados para cargos públicos que requieran el título de abogados", agrega Román. Esta prohibición durará mientras se mantenga la pena.
Sin embargo, el experto llamó la atención sobre sanciones más graves que no están dentro del alcance de esta norma. Por ejemplo, la sanción de expulsión definitiva del colegio profesional no está contemplada en este marco, ni es objeto del impedimento de contratar servicios legales con el Estado, explicó. 
El registro será de acceso gratuito y público a través del portal web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Integrará todas las sanciones disciplinarias, administrativas y penales.
FUENTE:  http://elcomercio.pe/economia/peru/registro-abogados-sancionados-herramienta-que-no-se-usa-noticia-1969225

sábado, 12 de marzo de 2016

La tensión entre el poder político y el judicial estalla en Brasil.

La tensión entre el poder político y el judicial estalla en Brasil
El expresidente Lula enfrenta una petición de prisión preventiva por comprometer el "orden público"
Rousseff, en la rueda de prensa del viernes en Brasilia./ AGENCIA PT
La sociedad brasileña no cree mucho en la justicia. Un 10% de los brasileños la eligió como la institución más confiable en la última encuesta de 2015, frente al 53% que eligió a la Iglesia. Pero creen todavía menos en el Gobierno (1,1%) y los partidos políticos (0,1%). Y, a este paso en un futuro no muy lejano quizá no crean en nada, porque la tensión entre el Ejecutivo y las instituciones judiciales no para de crecer, cada día, y a un ritmo imprevisible.
La última escalada de tensión ocurrió este jueves. Tres fiscales brasileños lanzaron una petición de cárcel preventiva contra Luiz Inácio Lula da Silva, una medida sorprendentemente dura contra un expresidente todavía idolatrado por la izquierda brasileña. El documento de la acusación lo señala a él y a sus simpatizantes por promover la violencia y faltar al respeto a las instituciones, ya que habló en público después de ser llevado a declarar por corrupción la semana pasada, y sostiene que su detención contribuiría a mantener el “orden público”. Expertos jurídicos ven muchos errores en el proceso, creen que la petición no se sostiene, y que además puede perjudicar a la macrooperación anticorrupción Lava Jato, que investiga de forma paralela y mucho más ambiciosa a Lula, entre otros muchos empresarios y políticos. Para algunos, el expresidente está siendo víctima de una caza de brujas política, y los jueces son los responsables.
En medio de la tormenta, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, trata de mantener la compostura. “No tengo cara de quien va a renunciar”, dijo el viernes en una rueda de prensa en Brasilia. Los periodistas y los asesores recibieron las palabras entre risas cómplices, pero fuera del Palacio del Planalto (sede del Ejecutivo brasileño) el ambiente es de todo menos risueño. Ella y su padrino político, Lula, se enfrentan estos días a los peores momentos de la crisis desde hace un año.

La frase de Rousseff era una respuesta velada a Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el rival al que derrotó en las elecciones de 2014. Esta semana, el senador aseguró que Rousseff ha perdido las “condiciones mínimas” para gobernar y sugirió que la renuncia sería “un gesto magnánimo, un gesto generoso para que Brasil inicie una nueva etapa en su historia”. No es el único que piensa así. El domingo, movimientos sociales y políticos de oposición planean una gran manifestación contra el Gobierno en decenas de ciudades de todo el país. Si la convocatoria tiene éxito, aumentará la presión sobre la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT), que encara una petición de destitución por supuestas maniobras fiscales y sufre con pocos apoyos en la Cámara de Diputados y una bajísima popularidad entre los brasileños (un 11%, según las últimas encuestas). El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal partido que aún apoya a la presidenta, debate este fin de semana en su congreso nacional si romper definitivamente con ella.
Dilma se defiende
“Solicitar mi renuncia es reconocer que no existe base para el impeachment. Inténtenlo, y nosotros vamos a discutir con el país entero por qué quieren quitar a un presidente legítimamente electo”, subrayó Rousseff. Por el contrario, algunos medios brasileños anunciaron el viernes que Rousseff ya está resignada ante la posibilidad de tener que abandonar el poder. “Yo no estoy resignada con nada. No tengo esta postura ante la vida”, contraatacó la mandataria.
Sobre Rousseff pesa no solo su proceso de destitución, sino las últimas acusaciones contra Lula. Hace una semana, en una escena sin precedentes, el expresidente entraba en un coche de la Policía Federal, que antes había registrado su casa de São Paulo. Se lo llevaban a declarar sobre supuestos desvíos de dinero, fruto de la corrupción de la petrolera Petrobras. Días después, otra fiscalía lo denunció, en una investigación paralela, por lavado de dinero y ocultación de patrimonio, y a continuación pidió su prisión preventiva (aunque con unas bases legales dudosas).
La jueza debe tomar una decisión al respecto, aunque no hay plazo para ello. Y mientras, miembros del PT intentan defender al “héroe del pueblo brasileño” con una medida de emergencia, presionando para que Lula obtenga una cartera en el Gobierno. Como ministro, Lula quedaría aforado y solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. Algunos medios brasileños apuntan ya a que Rousseff ha ofrecido nada más y nada menos que el cargo de responsable de la Casa Civil, una especie de puesto de primer ministro. La presidenta intentó salir como pudo de la pregunta en la rueda de prensa, diciendo: “Tendría orgullo de tener a Lula en mi Gobierno, él haría una inmensa contribución. Pero no voy a discutir con usted si él va a estar o no”.

FUENTE: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/12/actualidad/1457738053_652681.html

domingo, 6 de mayo de 2012

Aumento de S/.400 podría conseguir que se reanuden labores en el Poder Judicial

Aumento de S/.400 podría conseguir que se reanuden labores en el Poder Judicial

Huelga. Trabajadores del PJ evaluarán si retoman labores.
Luego de conocer el decreto supremo firmado por el presidente Ollanta Humala que les otorga un aumento de S/ 402 en su haber básico, los trabajadores del Poder Judicial evaluarán mañana si levantan o no la huelga nacional que iniciaron el martes, Veintitrés mil servidores de este sector esperaban el incremento desde abril, junto a otras exigencias como el respeto a su estabilidad laboral y al desarrollo de los concursos internos.

"La firma nos tranquiliza porque inicia la nueva escala remunerativa y es un escenario favorable para levantar la huelga, pero la decisión se tomará el lunes", dijo Segundo Saldaña, presidente de la Federación de Trabajadores del PJ.

Explicó que suspender el paro dependerá de la voluntad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de respetar el concurso interno para el ascenso de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 728.

"Se quiere imponer un concurso abierto y genérico para todos, sin respetar a quienes tenemos derechos adquiridos. Además en este régimen no hay legislación para el ascenso por concurso", dijo Saldaña.

Como se recuerda, una resolución firmada por el presidente del PJ, Cesar San Martín, declaró ilegal la huelga porque el sindicato no garantizó el personal para atención de servicios judiciales básicos.


FUENTE: http://www.larepublica.pe/06-05-2012/aumento-de-s400-podria-conseguir-que-se-reanuden-labores-en-el-poder-judicial