Diego Garcia Sayan: La Cosa es Más Sencilla. Diego García Sayán, expresidente de la CIDH, no cree que ese tribunal objetaría arresto domiciliario o indulto a Fujimori.

Diego Garcia Sayán: La Cosa es Más Sencilla

Diego García Sayán, expresidente de la CIDH, no cree que ese tribunal objetaría arresto domiciliario o indulto a Fujimori.

Nuestro Director Ejecutivo, Carlos Alfredo Cárdenas Borja y el jurista, Diego García Sayan

El jurista Diego García Sayán es exministro y, crucialmente para este caso, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su interpretación sobre un posible destino de Alberto Fujimori es mucho menos alambicada que la que debaten hoy en día tirios y troyanos. Mientras tanto, el excongresista y médico de cabecera del ex presidente, Alejandro Aguinaga, recuerda que Fujimori ha pasado por seis operaciones relacionadas con el cáncer y tiene limitada su movilidad.

El destino de Alberto Fujimori vuelve a promover un intenso debate.

El primer ministro, Fernando Zavala, reiteró que la postura del presidente Pedro Pablo Kuczynski no era emitir un indulto a favor del sentenciado exmandatario, sino analizar –y eventualmente promulgar– una ley proveniente del Congreso que termine por beneficiar las condiciones de Fujimori. Es la misma posición que PPK formuló en la campaña. Pero ante la presentación de un proyecto con esas características por parte del ex PPK Roberto Vieira, los voceros de Fuerza Popular respondieron que la única salida posible para Fujimori era el indulto presidencial.

Alberto Fujimori: silencio en twitter mientras su grupo ventila diferencias.

Desde el “oficialismo” de Fuerza Popular se cree que liberar a Fujimori tiene un costo político y se recuerda –como sucede con PPK y el indulto– que Keiko Fujimori prometió en campaña no servirse del poder político para favorecer a su padre.

¿Quiere darle una verdadera rama de olivo al fujimorismo?, le preguntan los “keikistas” al presidente, entonces indúltelo usted y asuma el precio. 

¿Cuál es? Según la encuesta de GfK en marzo, el 33% considera que Fujimori debe seguir en prisión. Pero, por el contrario, un 26% respalda un indulto y 37% el arresto domiciliario.

Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio culposo, lesiones graves y secuestro agravado. Pero la inclusión del concepto de crímenes de lesa humanidad en la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta motivó que varios penalistas adviertan allí un “candado” y que cualquier decisión sobre Fujimori tendría que ser aprobada previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por eso resulta sorprendente que, para el expresidente de esa Corte (2010-2014), el jurista peruano Diego García Sayán, la cuestión sea mucho más sencilla.    

–¿Una ley de arresto domiciliario que beneficie a Alberto Fujimori tendría que ser previamente analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

–No estoy seguro de que proceda una consulta. Cada Estado es soberano de interpretar su legislación en la medida que no viole una sentencia de la Corte. Naturalmente, esta siempre puede interpretar si es que lo que hizo el Estado estaba de acuerdo o en conflicto con la sentencia. Pero la Corte no ha recibido nunca la consulta de un Estado para ver si puede dictar una medida. En ese caso, contestaría que haga usted lo que le parezca de acuerdo al derecho internacional.

–Pero hay penalistas que insisten en que la inclusión del concepto de delitos de lesa humanidad en la sentencia, confirmada en todos los niveles del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, constituye un “candado”. ¿Qué opina?

–El detalle si es que Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad o si la Corte Suprema introdujo el tema; acaba siendo secundario. En el fondo la pregunta fundamental tiene que ver con aplicar una medida que beneficia a una persona que ha sido condenada después de un proceso y que ha cumplido sentencia después de un tiempo determinado; y que esa medida se enmarque dentro de una política general sobre tratamiento de personas de mayor edad. Prima facie diría que ello, per se, no es una violación del derecho internacional.

–¿Qué dice la jurisprudencia de la Corte?

–Ha reiterado que los Estados están obligados a investigar y sancionar las violaciones a los DDHH, y que no proceden las amnistías, autoamnistías u otras medidas que hagan imposible esa investigación y esa sanción penal. Una sentencia distinta se dictó hace tres años a propósito de la masacre de Mazote de 900 personas en el Salvador, a manos del Ejército. Allí la Corte encontró que el Protocolo de 1977 (adicional a los Convenios de Ginebra sobre derecho humanitario) establece que después de un conflicto armado debe buscarse la amnistía más amplia posible. Se refiere a un contexto de una guerra que termina con una negociación, que no es el caso del Perú. A lo que voy con esta explicación, que aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos tocando, es que, para la Corte, incluso el tema de amnistía en determinadas circunstancias podría ser aceptable en la medida que hayan otras acciones, como las que se han pactado en Colombia, por ejemplo reparaciones para las víctimas y obtención de verdad para los procesos.

–¿Y sobre una figura como la del arresto domiciliario?

–En algún caso se cuestionó que un oficial del ejército en Colombia cumplía su pena en un cuartel militar y no en una cárcel común. La Corte determinó que había que establecer una sanción y una investigación y habría responsabilidad penal, pero el derecho internacional no había establecido cuáles son las condiciones de detención. Eso tiene que ver con la interrogante sobre la detención domiciliaria. En abstracto, la disposición legal de índole general que no tuviera por destinatario un individuo en particular sino una población penitenciaria en general, no podría ser tachada de violación del derecho internacional. Obviamente, si la ley beneficia a alguien con problemas de lengua y garganta, ya sería de nombre propio.

–¿Qué pasa con las limitaciones por su sentencia de secuestro agravado?

–Impide el indulto. Ese no es un tema de derecho internacional, sino de ley interna. Se resuelve facilísimo, con que el Congreso derogue esa ley.

–¿Y si Fujimori resulta beneficiado y hubiera una demanda posterior ante la Corte que se base en la gravedad del fondo de su sentencia?

–La Corte tendría que ver si abre o no el tema. Pero ninguna de sus sentencias ha establecido las condiciones de detención y lo que la corte ha proscrito son las amnistías. El indulto suena a lo mismo, pero es otra cosa. No deja sin efecto la responsabilidad penal. El sentido de las medidas de la Corte contra las amnistías no es para ensañarse con los responsables de las violaciones a DDHH y llevarlos por décadas a la cárcel, sino establecer la verdad y las responsabilidades penales. Nunca en la Corte se ha discutido una cuestión de indulto, porque este no anula la calificación de quien cometió el delito. Es una medida de perdón, de olvido. Esa posibilidad estaría abierta. Hay que tener mucho cuidado con verdades establecidas como decir: ¡La Corte ha prohibido los indultos! No, nunca los ha prohibido. No quiere decir que yo adelante lo que la Corte diría. No puedo adivinar lo que va a decir ni hablar a nombre suyo.

–Pero, a diferencia de la amnistía, ni en el caso del indulto ni de una ley que favorezca a una población penal se elimina la sentencia en sí.

–El establecimiento de la verdad ya se dio. Lo que no se dio fue un reconocimiento de responsabilidad para la reconciliación del país. Ojo, no en nombre de la libertad de Fujimori. Eso no se dio y seguro que si se daba en su momento se hubiera generado una situación distinta. 

FUENTE:

Entrevista: Enrique Chávez

http://caretas.pe/sociedad/78969-la_cosa_es_mas_sencilla

Baltasar Garzón: “Las leyes de amnistía no son aplicables al crimen de lesa humanidad”. La justicia necesitó dos décadas para tumbar la protección del dictador

Baltasar Garzón: “Las leyes de amnistía no son aplicables al crimen de lesa humanidad”.

La justicia necesitó dos décadas para tumbar la protección del dictador

Videla (en primer plano) y Pinochet, en Chile en 1978. STR (AFP)

La primera cadena perpetua de Jorge Rafael Videla, el dictador responsable de la desaparición de 30.000 argentinos y el robo de medio millar de niños, duró cinco años. Condenado en 1985, fue indultado en 1990 por el entonces presidente argentino, Carlos Menem. La segunda cadena a perpetuidad, de 2010, le ha durado hasta la muerte, este viernes, a los 87 años. Entre una y otra hay un largo camino judicial y político que ahora recuerdan algunos de sus protagonistas para EL PAÍS.

Baltasar Garzón, impulsó desde la Audiencia Nacional los juicios en Argentina

Tras el indulto de Menem llegó el turno de España. En 1996, el juez Baltasar Garzón imputó a Videla, Leopoldo Galtieri y otros 99 militares, policías y médicos argentinos, en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hoy sigue alegrándose de que aquellas investigaciones en España sirvieran para impulsar los juicios en Argentina.“Las leyes de amnistía, olvido o punto final no son aplicables a los crímenes de lesa humanidad. España hizo un gran esfuerzo en la aplicación del principio de jurisdicción universal y conseguimos coadyuvar a que la acción de la justicia se llevara a Argentina”, recuerda.

“Videla jamás pidió perdón, jamás mostró arrepentimiento y ha muerto en la cárcel, que es lo que correspondía. Se opuso a reparar a las víctimas. Si en Argentina se ha cumplido el derecho a la verdad no ha sido por la colaboración de los victimarios, sino por el esfuerzo de las víctimas y de un país que decidió en 2003, desde las instituciones políticas y judiciales, que tenía que repararlas. Uno no se alegra del fallecimiento de nadie, pero cuando me he enterado de la muerte de Videla me he acordado de las víctimas argentinas, que se llevan la reparación de saber que la justicia se aplicó con todas las garantías; que no ocurrió como con Pinochet, al que la muerte le llegó sin haber sido sometido a un juicio. Y también he pensado en las víctimas de aquí, las del franquismo, porque allí realmente se hizo justicia, pero en España la justicia ha fracasado estrepitosamente”.

En Argentina el dictador ha muerto en la cárcel, y en España, lamenta, “se estaba haciendo un homenaje a la División Azul que luchó con Hitler”. "En España hubo un pacto de silencio y nunca ha habido voluntad de reparar a las víctimas, ni siquiera con la ley de memoria histórica porque el esfuerzo no era compartido y hubo partidos, especialmente el PP, que no estuvieron a la altura".

Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los siete juristas que anuló las leyes de amnistía argentinas

El camino para meter al dictador Videla en la cárcel “fue muy largo y accidentado”, resume Eugenio Raúl Zaffaroni, de 73 años, uno de los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que redactó la sentencia que acabó con las dos leyes —de Obediencia Debida y Punto Final— que amnistiaban los crímenes cometidos durante la dictadura. “El país salió de la dictadura pero estaban vigentes todas las estructuras. No juzgo en lo personal la decisión de Raul Alfonsin en su momento [bajo su Gobierno se aprobaron ambas leyes]. No quisiera estar nunca en la disyuntiva entre hacer algo contra mis principios o salvar los principios y correr el riesgo de provocar cientos o miles de muertes. La critica de las leyes de amnistía no es una critica personal a Alfonsin, del que conservo una imagen intachable. Siguieron años en los que paulatinamente las estructuras dictatoriales se debilitaron y, por fin, hubo una clara decisión política de [Néstor] Kirchner que permitió llegar a este resultado".

Preguntado por los argumentos jurídicos que utilizaron para tumbar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Zaffaroni se va a la Audiencia Nacional. "Cuando España pidió la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio en función del principio universal, los jueces nos encontramos en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicción extranjera o juzgarlos nosotros. En el primer caso, estaríamos dejando al país en la situación de una tribu y a todos sus ciudadanos en el riesgo al menos de ser procesados o investigados por cualquier país. No podíamos interpretar la Constitución en este sentido, porque nunca una Constitución puede ordenar que cedamos la jurisdicción territorial que es un atributo de la soberanía. La única solución era asumir la jurisdicción propia y juzgarlos conforme a nuestras leyes y por nuestros tribunales".

Al conocer la noticia de la muerte de Videla, Zaffaroni pensó en el personaje, y en "lo difícil que deber ser llegar al final de la vida y tener la duda, que no pudo dejar de alimentar, acerca de la falsedad de las racionalizaciones con que preservaba su integridad mental, como tampoco el efecto de ver cómo lo habían usado quienes cuando no les fue más útil le soltaron la mano. En el fondo, creo que el mayor castigo [para Videla] no debe haber sido la cárcel, que me gusta poco a decir verdad, sino haber abrigado la fundada sospecha de que fuerzas e intereses mucho más poderosos lo habían usado y abandonado".

Zaffaroni insiste, como Garzón, en que "en ningún caso son amnistiables delitos contra la humanidad" y asegura que no entiende por qué no se juzgaron los crímenes del franquismo. "No me explico mucho lo que sucede en España, porque han pasado muchos más años, en casi la totalidad de los casos lo único que interesa es un derecho a la verdad y las estructuras no mantienen la fuerza de los años de la Transicion. España ha cambiado, veo muchos libros discutiendo la llamada guerra civil en sus librerías... no entiendo la resistencia a investigar la verdad. Es algo así como la actitud de los turcos respecto de los armenios, pero acaso mas inexplicable, porque esto, por más que hayan intervenido los nazis y los fascistas, en definitiva fue entre españoles y es tiempo de cerrar la herida en serio, lo que solo se consigue con la verdad. En cuanto a la no admisión de la amnistía para delitos contra la humanidad, creo que esta vigente desde antes de los tratados, por efecto del derecho internacional consuetudinario, el llamado jus cogens, por lo cual tampoco creo que se trate de una aplicación retroactiva del derecho".

Carlos Slepoy, abogado personado en la primera causa desde España y en el 'caso Pinochet'

Carlos Slepoy, abogado argentino en aquella causa contra Videla que impulsó Baltasar Garzón desde España, personado también en el caso Pinochet y actual defensor de las víctimas españolas que se han querellado contra los crímenes del franquismo desde Argentina, está convencido de que lo que ha permitido que el dictador Videla muera en la cárcel ha sido la sociedad argentina. “Hubo un sector que nunca se resignó a la impunidad. En España, habiendo muchas más víctimas, 150.000 frente a las 30.000 de la dictadura argentina, también se pactó la impunidad, pero la sociedad empezó a moverse 30 años después de la muerte de Franco. Y de la misma manera que las víctimas argentinas vinieron una vez a España, ahora son las españolas las que van a Argentina a buscar justicia”.

En Argentina, recuerda, pese a las leyes de Obediencia Debida y Punto final, "nunca se dejaron de investigar los robos de niños". "En España ni siquiera se ha planteado investigar los cerca de 30.000 que les arrebataron a madres republicanas", lamenta.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para Latinoamérica

Vivanco cree que el momento más importante de esta larga lucha judicial fue, “sin ninguna duda, el juicio durante la presidencia de Raúl Alfonsín”, en 1985. “Fue devastador. Se hizo en audiencia pública, delante del mundo entero”. “No hay un precedente igual de dictadores sentados en un banquillo con todas las garantías. Ese fue el golpe de gracia. El punto de quiebre que dejó en su sitio a Videla y compañía que actuaron con una crueldad pocas veces vista”. Ese precedente no pudo ejercer toda su potencia, sin embargo, por “el paso de los militares en la sociedad argentina” que llevó al indulto del presidente Menem. Aquel indulto “fue un error histórico, pero la vocación no era reivindicar a la Junta Militar, sino desactivar los temores de los líderes políticos sobre la estabilidad del modelo democrático”. Cuando la Corte Suprema derogó las leyes de amnistía, se pudo “retomar la tarea que se asumió en los ochenta”.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina

Gaston Chillier es director del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, uno de los organismos impulsores de las causas por las que fue condenado el dictador y quienes plantearon “la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final” a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló en 2001 la autoamnistía de Alberto Fujimori en Perú. Pero no solo esa. Ese caso se sumó a partir de mediados de los 90, destaca Chillier, al “desarrollo del derecho penal internacional y la constitución de los tribunales especiales de Yugoslavia y Ruanda, que avanzaron en los principios de que en los casos de lesa humanidad los Estados tienen obligación de castigar a los responsables”. La condena que más le enorgullece de las que cayeron sobre Videla fue la última, en 2012, por “el plan sistemático del robo de niños”. La condena “acredita la responsabilidad de Videla como presidente en una de las prácticas más atroces de la dictadura”.

Ricardo Gil Lavedra, diputado y miembro del tribunal que condenó a Videla en 1985

Este diputado cree que aquella condena es la base de todo lo que vino después. En la historia judicial de Videla, “el momento más importante es el fundacional, no solamente porque lo viví”. Lo que cambió Argentina “fue la decisión histórica del presidente Alfonsín de someterlos a juicio”. “Esa condena siempre fue válida”, recuerda Gil Lavedra. “Lo que ocurre es que Menem le indultó el cumplimiento de la pena”. La descripción del terror sistemático estaba en aquella sentencia. “Establecía que había un plan criminal para secuestrar personas, torturarlas y matarlas. Esos son los desaparecidos".

Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Cuando la Corte Suprema argentina anuló las leyes de punto final y obediencia debida citó como precedente la sentencia de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que anuló la amnistía de Fujimori y dijo que los delitos de lesa humanidad no prescribían. Gracias a aquella sentencia “hoy día hay una jurisprudencia sobre amnistías y autoamnistías que ha echado profundas raíces en America Latina”, dice el actual presidente de la CIDH, Diego García-Sayán. “No puedo criticar lo que pasó en España, pero la realidad ha cambiado”, decía en una entrevista reciente con EL PAÍS. “Es muy difícil pensar en situaciones en las que se pueda repetir un abandono de investigaciones en base a amnistías de graves afectaciones a derechos de las personas”. García-Sayán destaca, además, que aquella decisión de la Corte sobre las amnistías “no dio curso a procesos que expresaran la venganza de una sociedad, sino a una justicia con todas las garantías a la defensa y a la pluralidad de instancias. Eso manda una señal de que las sociedades tienen memoria y, a la vez, la señal civilizada y democrática de que frente a esos hechos no se responde con la misma medicina”.

FUENTE:

NATALIA JUNQUERA

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/17/actualidad/1368821287_517823.html

¡Kausachun Kenji! Kenji Fujimori estudia quechua. Dos de sus asesores y congresistas más cercanos, también.

¡Kausachun Kenji!

Kenji Fujimori estudia quechua. Dos de sus asesores y congresistas más cercanos, también.

Nuestro Director Ejecutivo, Carlos Alfredo Cárdenas Borja y el Congresista, Kenji Gerardo Fujimori Higuchi

Rimaykullayki. Con esta palabra, el profesor de quechua Demetrio Túpac Yupanqui (93) saluda a sus alumnos al inicio de cada clase, desde hace 52 años.  Hola, quiere decir. En el último mes, la lista de asistencia del alumnado estuvo encabezada por Kenji Fujimori, quien culminó, después de tres meses, el curso básico de quechua. “Del grupo de parlamentarios que he podido enseñar, Kenji ha sido uno de los más destacados. Es un buen alumno”, dice Túpac Yupanqui, director de la academia Yachay Wasi.  La enseñanza del idioma de los incas parece ser parte importante del ala fujimorista más cercana al menor de los Fujimori, pues incluye a su asesor, Alexei Toledo; a su secretaria Yacqueline Acosta; y a los congresistas Paloma Noceda y Edu Vergara Pinto. Ya parece un candidato en ciernes.

Kenji ha dicho que no tiene intenciones de ser candidato a la presidencia en el 2021. ¿Habrá cambiado de idea?

Recordados son los saludos en quechua de Verónika Mendoza, en plena campaña electoral 2016, y los de la propia Keiko Fujimori, criticada por saludar en quechua y aymara durante el debate presidencial de segunda vuelta. “Pura pose”, dijo la excandidata de Frente Amplio.

“Es muy inteligente la China”, asegura Demetrio Túpac Yupanqui. Keiko también fue su alumna. La lideresa de Fuerza Popular tomó clases de quechua durante el gobierno de su padre, en Palacio de Gobierno, cuando era primera dama. “Siempre que estábamos en clase alguien entraba y se la llevaba. Siempre habían interrupciones”, agrega Túpac Yupanqui. Después de más de 20 años, la excongresista ha retomado las clases de quechua. Esta vez, lejos del sillón presidencial. Las clases son en casa.

Fujimori tomó las lecciones durante tres meses, dos veces por semana.

La ex primera dama, Eliane Karp, también pasó por las aulas de la academia Yachay Wasi.  Incluso, después de finalizar sus cursos, invitó al director Túpac Yupanqui a viajar con ella a lugares de la sierra peruana. El objetivo: analizar la lengua de algunos pueblos alejados. “Era una señora sin ostentación. Siempre tuvimos bonitas clases”, afirma Túpac Yupanqui.

Antes que ella, el exalcalde Alfonso Barrantes también aprendió quechua a través del método Yachay Wasi, basado en el diálogo, la narración de historias, en el estudio de la gramática, la fonética y en la práctica de canciones

Deberían saber quechua el presidente de la República y los ministros”, dice el profesor y periodista Demetrio Túpac Yupanqui. A pesar de ser el segundo idioma más hablado del Perú, esta lengua no es de enseñanza obligatoria –como el inglés– en los colegios, ni tiene grandes medios de difusión. La iniciativa más reciente, para contrarrestar esta realidad, es el noticiero Ñuqanchik, de TV Perú, transmitido enteramente en quechua desde el 2016. “Lo que pasa es que no hay una especialidad de quechua, ni en las universidades. Si no hay quien enseñe quechua, ¿cómo van a enseñarlo?”, se lamenta.

El cusqueño Demetrio Túpac Yupanqui, quien fue uno de los fundadores de la Federación de Periodistas del Perú, nunca agotó esfuerzos para promover el aprendizaje del quechua y ensalzar sus cualidades.  Mientras trabajó en el diario La Prensa, con Pedro Beltrán, tuvo una página donde enseñaba el idioma ancestral, a través de la gramática. Salía dos veces por semana. La página fue un éxito. Luego, le pidieron que diera clases en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Sus primeros alumnos fueron catedráticos y diplomáticos. Tiempo después, fundó su propia academia, Yachay Wasi, en 1965. “Todo es por el quechua, porque tiene una calidad superior a los demás idiomas: es mucho más perfecto. Tiene riqueza y musicalidad. Ahora vemos que hay una aceptación más general, pero no solo debería ser una aceptación, sino una complementación de nuestra propia realidad”, señala Túpac Yupanqui.

El próximo Quijote

En el 2005, Demetrio Túpac Yupanqui publicó la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Yachay sapa wiraqucha dun Qvixote Manchamantan) al quechua. Fueron 380 páginas que tardaron más de dos años en ver la luz. “El autor de Don Quijote de la Mancha es demasiado sabio, habla sobre los elementos filosóficos, elementos sociales, históricos; entonces, el traductor tiene que estudiar bien para traducir exactamente lo que está pensando y  lo que está escribiendo. Por eso me demoré tanto”, apunta Túpac Yupanqui. La segunda parte está lista, pero pendiente. Aún no tiene fecha de publicación. Perú, país de todas las sangres. Y de todos los idiomas. No vale olvidar.

FUENTE:

Por: Alexandra Martens

http://caretas.pe/sociedad/78979-__kausachun_kenji_

Tribunal Constitucional ordena admitir ingreso de congresista Luciana León al Club Regatas

Tribunal Constitucional ordena admitir ingreso de congresista Luciana León al Club Regatas

La Congresista, Luciana Milagros León Romero y nuestro Director Ejecutivo, Carlos Alfredo Cárdenas Borja

Su vinculación había quedado suspendida por la sanción que pesa sobre su padre, Rómulo León Alegría. Congresista consiguió revocar medida discriminatoria y que afectaba sus derechos fundamentales.

A través de la sentencia 474-2016, el Tribunal Constitucional le concedió la acción de amparo a la congresista Luciana León Romero, quien había sido impedida de ser admitida como asociada en el Club Regatas por la suspensión que pesa sobre su padre, Rómulo León Alegría.

La congresista León y su hermana alegaron una afectación a sus derechos a la igualdad, a la no discriminación, de asociación y a la presunción de inocencia. La demanda agotó las dos instancias en el Poder Judicial, en donde fue declarada infundada e improcedente, respectivamente.

En su fallo, el Tribunal Constitucional resolvió en favor de la congresista León y su hermana pues consideró desproporcionada y arbitraria la medida del club Regatas.

El TC revisó los estatutos del club y consideró que no se puede suspender indefinidamente a la esposa e hijos de un asociado por actos del padre que no tienen sentencia definitiva.

Con este fallo, la congresista Luciana León y su hermana  podrán incorporarse al club Regatas como asociadas titulares, en calidad de hijas de asociados.

FUENTE: http://larepublica.pe/politica/861258-tribunal-constitucional-ordena-admitir-ingreso-de-congresista-luciana-leon-al-club-regatas

Aquí la sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N°474-2016-AA

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/00474-2016-AA.pdf

Registro de Abogados Sancionados: Una herramienta que no se usa. Conoce este registro que será público y gratuito y reunirá sanciones administrativas, judiciales y privadas contra abogados

Registro de Abogados Sancionados: Una herramienta que no se usa.

Conoce este registro que será público y gratuito y reunirá sanciones administrativas, judiciales y privadas contra abogados

Todos los colegios de abogados deberán contar con un Código de Ética y un Tribunal de Honor que juzgue las indisciplinas. (Foto: El Comercio)

La creación del Registro de Abogados Sancionados por malas prácticas implica la integración de todas las sanciones cometidas por los profesionales del derecho en un sola base de datos sistematizada por el Ministerio de Justicia. Así, se harán públicas todas estas penas, estén vigentes o vencidas, por un plazo de cinco años. 

"Las diferentes entidades que ya existen y que ya aplicaban sanciones, van a centralizar la información de cada una en este registro", explica Adolfo Román, socio de Rodriguez Angobaldo Abogados.

De este modo, los colegios de abogados, las entidades administrativas y el Poder Judicial, tendrán 180 días para informar sobre todas las sanciones impuestas. Sin embargo, a pesar de estar ya reglamentado, aún no se tiene una fecha de implementación, informó el especialista.

Cada entidad mantendrá su propia capacidad y responsabilidad de sancionar las inconductas. Eso no se ha estandarizado con la nueva norma. No obstante, un punto positivo de esta legislación es que dispone que cada colegio de abogados tenga un Código de Ética y un Tribunal de Honor que juzgue las malas prácticas en el ejercicio del derecho. 

Además, ahora las suspensiones de ejercicio impuestas por un colegio deberán ser tomadas en cuenta por todos los demás. Esto evitaría que los abogados inhabilitados por su gremio original consigan una colegiatura en otra localidad para seguir practicando su carrera y burlar sus sanciones. Pero, quedaría fuera de este supuesto la sanción de separación temporal del colegio. 

Román agrega que el registro no es el sancionador. "A uno lo sancionarán en su colegio o en el juzgado en el que está patrocinando una causa", comenta. "Esta norma no tiene ningún impacto respecto a los procedimientos sancionadores" que se le sigan a los abogados, considera, pues lo que se publicita es la resolución definitva.  

Solo en el caso de que la sanción sea revocada por la autoridad competente, la sanción se borraría del registro. 

Otro aporte nuevo es que "aquellas personas a las que se les haya aplicado la suspensión temporal del ejercicio de la profesión, no podrán brindar servicios legales al Estado ni ser contratados para cargos públicos que requieran el título de abogados", agrega Román. Esta prohibición durará mientras se mantenga la pena.

Sin embargo, el experto llamó la atención sobre sanciones más graves que no están dentro del alcance de esta norma. Por ejemplo, la sanción de expulsión definitiva del colegio profesional no está contemplada en este marco, ni es objeto del impedimento de contratar servicios legales con el Estado, explicó. 

El registro será de acceso gratuito y público a través del portal web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Integrará todas las sanciones disciplinarias, administrativas y penales.

FUENTE:  http://elcomercio.pe/economia/peru/registro-abogados-sancionados-herramienta-que-no-se-usa-noticia-1969225

Alejandro Toledo: Se declaró inadmisible apelación presentada por su defensa. Abogado Heriberto Benítez había solicitado cambiar el pedido de prisión preventiva por una de comparecencia simple.

Alejandro Toledo: Se declaró inadmisible apelación presentada por su defensa.

Abogado Heriberto Benítez había solicitado cambiar el pedido de prisión preventiva por una de comparecencia simple.

El Poder Judicial declaró esta tarde inadmisible la apelación presentada por el abogado Heriberto Benítez en la que solicita el cambio de prisión preventiva por una de comparecencia simple para el ex presidente Alejandro Toledo acusado de delitos de corrupción en el caso Odebrecht.

El abogado Heriberto Benítez presentó la mañana del miércoles una apelación contra la prisión preventiva para Alejandro Toledo, sin embargo fue negada por el juez Concepción Carhuancho, por lo que se continuará con el procedimiento de extradición del Gobierno.

Presentará recurso de queja

La defensa de Alejandro Toledo se comunicó con Canal N tras enterarse de la decisión del Poder Judicial y anunció que este viernes 17 de febrero presentará un recurso de queja para que la Sala Penal Nacional se pueda pronunciar sobre el caso.

“Resulta que ahora el juez Carhuancho no admite la apelación y le abre camino a la extradición violando el debido proceso (…) La extradición no se podía empezar mientras no se resuelva la apelación”, dijo el abogado.

En otro momento, Heriberto Benítez reiteró que existe “una clara interferencia” del Ejecutivo en el proceso de extradición contra Alejandro Toledo y que agotará todos los recursos legales para defender a su patrocinado.

FUENTE: http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-se-declaro-inadmisible-apelacion-presentada-su-defensa-2271106

Se Juega los Descuentos. Alejandro Toledo se encuentra en San Francisco. Extradición está en proceso pero presidente Donald Trump informó a PPK que podrían deportarlo.

Se Juega los Descuentos.

Alejandro Toledo se encuentra en San Francisco. Extradición está en proceso pero presidente Donald Trump informó a PPK que podrían deportarlo.

Guía Para Despachar a Toledo

Toledo tiene residencia permanente en ese país y es académico invitado –no docente– de la Universidad de Stanford.

Fuentes del gobierno pueden confirmar al cierre de esta edición, “en un 100%”, que el ex presidente Alejandro Toledo se encuentra en San Francisco, California.

Esto a pesar de que su abogado Heriberto Benítez diga que no puede revelar “por razones de defensa”, cuál es su paradero.

PPK viaja a su alma mater de Princeton para ser condecorado el 25 de febrero.

La última semana fue un hervidero de rumores y tensiones. De las supuestas responsabilidades que le tocaban al presidente Pedro Pablo Kuczynski como ex ministro de Toledo en el proceso de la Interoceánica se iba hasta las que competían al actual premier, Fernando Zavala, también funcionario de ese gobierno. Zavala debió desmentir las versiones de una supuesta renuncia pero quedaba claro que para el gobierno se volvía fundamental tener al menos ubicado a Toledo, que pasó a ser un escurridizo prófugo de la Justicia, y facilitar el inicio de un trámite que asegure su eventual retorno al país.  

Para las fuentes consultadas, no queda claro el momento exacto en el que Toledo y su esposa Eliane Karp salieron del territorio de la Unión Europea, dónde se había remitido la resolución judicial de arresto provisorio con fines de extradición, expedida en la noche del jueves 9 por la Sala Penal Nacional presidida por el magistrado Richard Concepción Carhuancho, que se dio en respuesta al pedido de 18 meses de prisión preventiva formulado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro.

El sábado 12 trascendió que Toledo y Karp tenían pasajes comprados para salir esa noche de San Francisco a Tel Aviv, Israel. Hubiera sido la realización de una posibilidad comentada desde que comenzó a tomar fuerza la gravedad del caso Ecoteva.

Comunicado de Casa Blanca no hizo alusión pero Trump cavila deportación.

Pero, como lo reveló el ministro del Interior Carlos Basombrío, en el gobierno hicieron gestiones “para que no lo dejen entrar”. Basombrío y el canciller Ricardo Luna mantuvieron comunicaciones con las autoridades de ese país, que dejaron muy en claro que si Toledo estaba en Estados Unidos, ahí debía quedarse. Durante estos intercambios se recordó la insultante mentira, para Israel, que el ex presidente deslizó cuando se reveló la compra de la mansión en Casuarinas y dijo que era producto de la indemnización que su suegra Eva Fernenbug recibió como víctima del holocausto. Aunque no hay tratado de extradición entre ambos países, también se recordó el principio de reciprocidad a partir de la extradición del juez israelita Dan Cohen en 2013, buscado también por delitos de corrupción.

Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Israel declaró brevemente que “el ex presidente Toledo de Perú solo podrá ingresar a Israel cuando sus asuntos estén resueltos en el Perú”.

La conversación telefónica que el presidente Pedro Pablo Kuczyinski sostuvo  con su homólogo estadounidense Donald Trump en la tarde del domingo 12 había estado inicialmente programada para el jueves 9. Durante esos tres días se precipitó la situación de Toledo. El propósito original de la comunicación entre los presidentes era explorar una visita de PPK a Washington en el contexto de su viaje a su alma mater de Princeton, donde recibirá la medalla James Madison este sábado 26. El otro galardonado será el ex CEO de Google, y actual de Alphabet Inc., James Schmidt. Dadas las circunstancias, PPK le pidió considerar la posibilidad de deportar a Toledo y le mencionó la ley que permite la figura, sin pasar por los trámites ante los departamentos de Estado y Justicia, si es que la situación puede resquebrajar la relación bilateral.

Deportación no restringiría casos por los que podría ser juzgado en el Perú.

Esa misma noche, el presidente ofreció un mensaje a la Nación que, si bien pudo ser pronunciado unos días atrás, tuvo un tono apropiado.

“En relación al caso de Alejandro Toledo, hemos tomado todas las acciones que la ley nos permite a nivel nacional y en jurisdicciones de Estados Unidos y otros países”, sostuvo. Anunció, mediante Decreto de Urgencia, que “nos aseguraremos que empresas que han aceptado culpabilidad no puedan transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con sus obligaciones. Estas empresas deberán pedir autorización al Estado peruano para vender sus activos. Y el dinero de las ventas también irá a un fondo para que paguen multas correspondientes”.

Andrew Weissman, procurador de Estados Unidos a cargo del caso Odebrecht.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informó que el Ministerio Público se había decidido por el procedimiento de extradición. En los días anteriores, un funcionario del Departamento de Estado había transmitido de manera informal a la embajada en Washington que, a la hora que un juez federal evaluara el cuadernillo de extradición, tendrían que estar muy claras las pruebas sobre lavado de activos.

De ese modo, se inició el proceso de traducción de todos los elementos de convicción que el juez Concepción Carhuancho adjuntó a la orden de prisión preventiva. La pelota está en el despacho del fiscal Alonso Peña, jefe de la unidad de cooperación internacional del Ministerio Público.

Elementos de convicción citados por juez Concepción serán traducidos.

Pero el inicio del trámite no descarta, para el gobierno, que Trump se decida por la figura más inmediata de la deportación. Aunque la Casa Blanca publicó un breve comunicado que daba cuenta del diálogo pero no mencionaba ese tema, Trump sí le dijo a PPK que consideraría la figura. Un portavoz de la Casa Blanca declaró que el gobierno no comenta sobre posibles deportaciones de individuos. Toledo tiene residencia permanente en ese país y es académico invitado –no docente- de la Universidad de Stanford. Este centro de estudios queda a 45 minutos de San Francisco.    

Benítez: No me difiendas, compadre.

Un punto es central. El caso del expresidente peruano no habría llegado a esta fase si en diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos no hubiera publicado la documentación sobre el acuerdo que alcanzó, junto a Brasil y Suiza, con Odebrecht; y donde se describían las dos situaciones de sobornos que ocupan los titulares desde principios de año: la de la Línea 1 del Metro de Lima y la de la Interoceánica. Hasta enero incluso, la fiscal Manuela Villar, que manejaba el caso Ecoteva, bastante maduro por sí mismo, no había considerado imponer medidas restrictivas a Toledo. 

FUENTE: http://caretas.pe/sociedad/78244-se_juega_los_descuentos

LA RUTA DE LA CORRUPCIÓN: Lava Jato: la investigación que reveló la megacorrupción en Latinoamérica.

LA RUTA DE LA CORRUPCIÓN:

Lava Jato: la investigación que reveló la megacorrupción en Latinoamérica.

Carretera Interoceánica Sur. | Fotógrafo: ANDINA

Entre el 2004 y el 2012, por lo menos cuatro constructoras entregaron unos 3 mil millones de dólares en sobornos para empresarios y políticos.

La tremenda investigación del caso Lava Jato, que ya tiene a varios exfuncionarios de por lo menos cuatro empresas constructoras tras las rejas y a un expresidente peruano prófugo y con un mandato de prisión preventiva, está aún empezando a mostrar resultados.

Es imposible prever qué tan lejos llegarán sus consecuencias. Pero para poder entender de qué va y en especial, a dónde va, aquí le contamos cuáles fueron las primeras pistas que llevaron a desarrollar este mega proceso y los principales hitos que pasaron, casi inadvertidamente, ante los ojos de la opinión pública.

1. La operación Castillo de Arena

La constructora Camargo Correa inició sus operaciones en la década de 1920 transportando arena para grandes obras de infraestructura. Su crecimiento fue sostenido y exitoso. Actualmente está presente en más de 40 países de todo el mundo.

Aparentemente, esta empresa no fue del todo honesta en su desarrollo. Un anónimo denunció que desde hacía varios años, Camargo Correa formaba parte de una red de lavado de activos con administraciones y libros contables paralelos.

En 2008 la policía de Sao Paulo inició entonces un seguimiento. Lo que empezó siendo una investigación de lavado de activos acabó revelando todo un sistema de aportes a partidos políticos en campaña con la intención de asegurarse millonarios contratos con los gobiernos de turno de todo Latinoamérica.

 Marcelo Odebrecht fue detenido en 2015. Desde entonces ha cooperado con la Policía Feberal de Brasil y ha revelado nombres de empresarios y políticos que han participado en la red de megacorrupción. | Fuente: EFE

Cuatro directivos de Camargo Correa fueron detenidos y se encontró muchas evidencias de este supuesto esquema de aportes ilícitos. Pero extrañamente, los directivos empezaron a ser liberados por la justicia brasilera y los abogados de Camargo Correa se salieron con la suya. La investigación fue archivada por haberse iniciado con un testimonio anónimo.

Muchas pruebas fueron recopiladas durante esta investigación, se especula incluso que existe entre ellas referencias a Alejandro Toledo y a Alan García, pero nada de eso podrá ser usado como evidencia luego de que, por cuestiones de la legislación brasilera, el proceso fue archivado y anulado.  

2. Operación Lava Jato

Resulta que lo mismo de lo que se acusó a Camargo Correa, lo hacían incluso en mayores cantidades, varias otras empresas constructoras brasileras: Odebrecht, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez, y la misma Camargo Correa, si es que no aparecen más.

Se ha calculado que entre el 2004 y el 2012 se ha entregado unos 3 mil millones de dólares en sobornos para empresarios y políticos.

Todo empezó en el año 2013, la policía fiscal del estado de Curitiba en Brasil investigó a Petrobrás, una de las más grandes empresas estatales de Latinoamérica. A raíz de esta investigación, en marzo del 2014, 24 personas fueron detenidas en ese mismo país. 

Dilma Roussef, expresidenta de Brasil y en este entonces ministra de Energía, terminó involucrada y relevada de la presidencia cuando se comprobó que, en esa época, ella misma creó como ministra, una política que facilitaba el otorgamiento de obras e incentivó los sobornos y la corrupción.

Entre el 2004 y el 2012 se ha entregado unos 3 mil millones de dólares en sobornos para empresarios y políticos.

3. Marcelo Odebrecht

Detenido por la justicia en 2015, Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora, tendría que purgar 19 años de prisión por los escándalos de su empresa. Él y otros 80 funcionarios de Odebrecht se acogieron a la colaboración eficaz y empezaron, desde noviembre del año pasado a contarle todos los detalles de las operaciones ilícitas a la justicia.

Jorge Simoes Barata era el representante de Odebrecht en Perú y sí, él también se acogió a la colaboración eficaz. Y es por sus palabras que muchos de los funcionarios y exfuncionarios peruanos tendrán que pasar inevitablemente por los tribunales.

4. Las obras en la mira

15 grandes obras de infraestructura realizadas o realizándose en Perú ya están siendo investigadas por la justicia brasilera y peruana por los altos sobrecostos que han tenido en su construcción, por algunas irregularidades en el otorgamiento de las buena pro o por algunas cosas extrañas que han ocurrido con adendas y arbitrajes.

La obra más importante por la que se investiga a Alejandro Toledo es la carretera Interoceánica, entre otras. El San Benito para Alan García y demás funcionarios del gobierno aprista (que ojo, ya hay algunos presos) será el metro de lima, mejor conocido como el tren eléctrico. Y la gran obra a investigar del gobierno de Ollanta Humala será el gasoducto sur peruano.

El expresidente Alejandro Toledo hubiera recibido $20 millones en sobornos por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Toledo se encuentra actualemente en Estados Unidos desde dónde ha declarado que no regresará al Perú para declarar frente a la Fiscalía. | Fotógrafo: ANDINA

Si bien en el gobierno de Alberto Fujimori es en el que más obras se han realizado con la cuestionada Odebrecht, estas obras, también con sobrecostos no han sido aun integradas a la investigación.

5. Alejandro Toledo

Las delaciones de Barata lo encontraron fuera del Perú, pero quizás sería de ingenuos creer que lo tomaron por sorpresa. Según se ha denunciado, el ex presidente de los 4 suyos habría recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para favorecerlo en la concesión de las carreteras interoceánicas.

El expresidente sigue no habido y a estas alturas es imposible prever el desenlace de la historia. Lo que quizás sí sea posible prever es que no será el último exmandatario peruano con la espada de Damocles de Odebrecht pendiendo sobre sus cabezas.

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Redacción: Eugenia Guevara.

Fuentes: IDL-Reporteros y Convoca.pe.

http://rpp.pe/politica/actualidad/que-es-lava-jato-el-caso-que-revelo-la-megacorrupcion-en-latinoamerica-noticia-1030961