"Procurador
Christian Salas Beteta
hace pedidos estrafalarios"
(Afirma Ministerio Público)
Nuestro Blog, destaca lo siguiente:
“…El documento que pide el apartamiento de Huamán lo acusa precisamente de haberse reunido en forma indebida con Figallo, llevado por Quiroz. Durante la visita se habría quejado de la acción de la Procuraduría bajo el supuesto de que dañaba la imagen del Ministerio Público y no coordinaba con los fiscales...”
“.Existe una conversación telefónica sostenida por Huamán con la procuradora adjunta Jenny Vilcatoma que ella ha informado oficialmente. De acuerdo con el reporte, el fiscal la llamó para decirle que durante la reunión con el ministro Figallo le había expuesto las “debilidades del caso..."
"...El fiscal sostiene en privado que estos pedidos son estrafalarios..."
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| Christian Salas Beteta. El Procurador no tiene dependencia funcional con el gobierno para acciones de defensa jurídica del Estado. La fiscalía quiso ponerlo en vereda |
* A continuación artículo publicado en el Diario La República - Ricardo Uceda.
La procuraduría contraataca
Descubren prueba documental de desvíos de fondos firmados por César
Álvarez. El caso daría un vuelco. Recusan al fiscal encargado, Marco Huamán. La
controversia con el Ministerio Público al rojo vivo.
El pedido del procurador anticorrupción Christian
Salas de apartar del expediente Álvarez al fiscal provincial Marco
Huamán, materializado ayer mediante un escrito formal, marca un enfrentamiento
mayúsculo entre las entidades del Estado encargadas del principal caso de
corrupción en el país. Salas también plantea investigar a Gustavo Quiroz, jefe
de Huamán, el fiscal superior que coordina a las oficinas supraprovinciales.
Los motivos no pueden ser más preocupantes. Los resumiría la afirmación de que
el Ministerio
Público actúa con una dejadez rayana en deliberada tolerancia con
los imputados. La Procuraduría propone que su pedido tenga un tratamiento
especial, por cuanto el fiscal de la Nación, Carlos Ramos
Heredia, y su antecesor y miembro de la Junta de Fiscales Supremos,
José Antonio Peláez, están investigados por supuesta conducta irregular en
relación con los sucesos de Áncash. Podrían, llegado el caso, influir en las
indagaciones que ahora se solicitan.
A ORELLANA NO
La Procuraduría Anticorrupción depende del ministro de Justicia, Daniel
Figallo, pero conforme a ley no recibe órdenes políticas del Poder Ejecutivo
para actuar en un sentido determinado durante la defensa jurídica del Estado.
El documento que pide el apartamiento de Huamán lo acusa precisamente de
haberse reunido en forma indebida con Figallo, llevado por Quiroz. Durante la
visita se habría quejado de la acción de la Procuraduría bajo el supuesto de
que dañaba la imagen del Ministerio Público y no coordinaba con los fiscales.
El propio Huamán informó a Ideeleradio del contenido de esta entrevista, efectuada
el 17 de julio pasado, de modo que hay pruebas de la acusación. Estaba presente
la fiscal Rosario López, coordinadora de la Unidad de Protección a Testigos,
cuya actuación había sido puesta en tela de juicio por la Procuraduría en
relación con el tratamiento recibido por un colaborador eficaz.
Pero las controversias más importantes van por otro lado. Se relacionan
con la forma en que el Ministerio Público y la Procuraduría encaran las
investigaciones de la corrupción en Áncash, que tienen su punto de partida en
lo que ocurrió en La Centralita, donde supuestamente se habrían concertado
pagos ilícitos a cambio del otorgamiento de obras públicas del Gobierno
Regional de Áncash. Acaso el más grave señalamiento de la Procuraduría es que
Huamán abdicó de su obligación de investigar al prófugo empresario Rodolfo
Orellana, señalado por un testigo como quien proporcionaba
contenidos de interceptaciones telefónicas realizadas a opositores políticos de
Álvarez. Un documento oficial de la policía, conocido como Plan Lorito e
ingresado al expediente, proporciona información en el mismo sentido. Es
presumible que Orellana era parte de la red delictiva, pese a lo cual Huamán se
negó a investigarlo, aduciendo que los delitos de asociación ilícita e
interceptación telefónica no son asuntos de su competencia.
LLAMADA INDISCRETA
En vez de ello, Huamán derivó extractos de los actuados referidos a
Orellana a la Fiscalía de Crimen Organizado. Esta se los devolvió, porque era
Huamán quien debía investigar. El fiscal, entonces, le pasó la pelota a la Fiscalía
Superior Coordinadora “para los fines que estime convenientes”. Su
comportamiento con el pedido de levantamiento de inmunidad al congresista
Heriberto Benítez tampoco fue diligente, de acuerdo con los cargos que le hace
la Procuraduría.
Recién lo hizo el 10 de julio, dos meses después de tener los indicios
que lo justificaban, y el documento le fue devuelto por presentar defectos.
Benítez aún deberá ser desaforado luego de que la Corte Suprema adopte una
decisión ante el pedido ya formulado de un juez. Es muy posible que haya
petición al Congreso, que se tomará su tiempo para decidir. No queda mucho más
para indagaciones, pues el plazo ordinario para la investigación preparatoria
vence el 30 de octubre.
Existe una conversación telefónica sostenida por Huamán con la
procuradora adjunta Jenny Vilcatoma que ella ha informado oficialmente. De
acuerdo con el reporte, el fiscal la llamó para decirle que durante la reunión
con el ministro Figallo le había expuesto las “debilidades del caso”, y que un
abogado litigante de los investigados podría hacerse millonario planteando
hábeas corpus, es decir pedidos de garantía contra detenciones. Si
hubiera una grabación de lo dicho, tendríamos una demostración palmaria de la
fe que tiene el Ministerio Público en su investigación. No sorprende, porque no
hay avances. Y no hay avances porque la fiscalía no realizó
prácticamente ninguna diligencia para demostrar pagos ilícitos por obras
públicas. Es otro punto de controversia con la Procuraduría, que inútilmente ha
venido solicitando a Huamán que incaute documentos en las oficinas del Gobierno
Regional. El fiscal sostiene en privado que estos pedidos son estrafalarios.
El resultado es perturbador: hasta el momento no hay un solo documento que
demuestre que Álvarez ha tomado dinero de su administración.
PRUEBAS CON FIRMA
Pero la Procuraduría ya obtuvo evidencia documental de la modalidad en
que funcionaba la sustracción de fondos. Existen comprometedoras resoluciones
del presidente regional autorizando irregulares desvíos de fondos. Luego de que
una obra era licitada y el contrato de adjudicación suscrito, Álvarez rebajaba
sustantivamente el monto aprobado y lo transfería a un nuevo proyecto. Esta
segunda obra era licitada, adjudicada, y sufría un recorte presupuestal para
hacer una tercera. Y así sucesivamente. El resultado fue numerosos proyectos
desfinanciados y una bolsa muy grande de dinero para uso libre de la
administración regional. Todo con la firma de Álvarez. Los documentos que
demuestran su incriminación deben ingresar al expediente en las próximas
semanas. El caso emblemático es el hospital La Caleta, nunca construido, cuyo
presupuesto de 177 millones de soles, bajó a 59 millones, y terminó en siete
mil. El único gasto, un viaje de inspección, exhibe facturas adulteradas.
Mientras tanto subsiste el conflicto de intereses que el Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM) debe resolver, referido a
razonables pedidos de abstención, mientras duren sus respectivas
investigaciones, de los fiscales supremos Carlos Ramos y José Antonio Peláez,
el primero a cargo del Ministerio Público. Estos pedidos, que proceden de la sociedad
civil de Chimbote, del congresista Modesto Julca y del Instituto de Defensa
Legal, entre otros, crecerán como la espuma conforme la situación se siga
congestionando, lo que parece inevitable. El CNM, en buena medida culpable de
lo que ocurre en el Ministerio Público, está entrampado por conflictos de
distinta índole, que impedirían actuar en el caso a la mayoría de sus
integrantes.
Por otra parte, ¿qué hará Ramos con la solicitud de la Procuraduría para
excluir a Marco Huamán? Christian Salas arguye que debe resolverla un
magistrado distinto al fiscal supremo coordinador de fiscales
supraprovinciales, Gustavo Quiroz, a quien precisamente ha pedido investigar.
Le atribuye haber llevado a Huamán a entrevistarse indebidamente con Figallo y
la inobservancia de procedimientos regulares para trasladar a Lima el caso La
Centralita. En algún momento quiso romper una puerta para llevarse el
expediente. Desde luego, el Ministerio Público puede denegar estos
requerimientos. Hasta quizá tengamos noticia de una segunda cita con un
ministro de Estado.
FUENTE:
Ricardo Uceda.
http://www.larepublica.pe/16-09-2014/la-procuraduria-contraataca
