Lo que Sousa Olvidó
Corrupción :::: Discos duros de Business Track revelan que estudio de abogados fujimoristas fue intensivamente chuponeado por casos relacionados con el narcotráfico.
Para bailar un tango son necesarios dos. Hay, eso sí, coreografías inesperadas y muy extrañas.
Como aquella protagonizada recientemente por el congresista fujimorista Rolando Sousa y la ejecutiva de Business Track Giselle Giannotti.
Aliados improbables. Congresista Rolando Sousa se embarcó en sincronizada campaña con Giselle Giannotti para tumbarse el proceso.
Hace un par de meses quien comparte estudio de abogados con César Nakazaki se convirtió en el improbable aliado de quien era conocida como Digital Angel en los círculos de las empresas de seguridad.
Ella viene impulsando con fuerza la hipótesis de la manipulación –o cambiazo– de los USB que le incautaron, y él la secundó con entusiasmo.
¿Cuál era el interés de Sousa en tumbarse el proceso seguido contra los presuntos “chuponeadores” de BTR?
El informe final que el fiscal Walter Milla presentó la semana pasada sobre sus indagaciones a la jueza María Martínez ofrece importantes luces para llegar a la respuesta.
Todo indica que BTR interceptó las comunicaciones del bufete Sousa-Nakazaki.
Y lo asombroso es que el “chuponeo” guardaba relación con algunos de los casos de narcotráfico que más atención han concitado en los últimos años.
Podría argumentarse que Sousa era la víctima y Giannotti una de las victimarias.
Pero en esta ocasión les conviene seguir el ritmo del mismo bandoneón.
CAMBIO DE RUMBO
Sousa, que integró la comisión parlamentaria que investiga las interceptaciones telefónicas, declaró al diario Expreso en noviembre del año pasado que esta pretendía “establecer quiénes son las personas que de alguna manera las sustentaron económicamente”.
Al mismo diario le dijo los primeros días de enero que los “petroaudios” hacían “temblar” a “congresistas, personajes públicos, magistrados y fiscales”, pero que era “el Poder Judicial el que ha mantenido en secreto esta información”.
Sousa presentó una denuncia constitucional contra el presidente del PJ, Javier Villa Stein.
Tres meses después, Sousa cambió de opinión y enfiló sus baterías contra la Fiscalía y el equipo especial de la Dirandro que investigó el material en las semanas inmediatamente posteriores a la detención de los integrantes de BTR.
La arremetida de Sousa coincidió con la nueva estrategia de Giannotti, que salió ante los medios para denunciar la manipulación de sus USB, con las evidentes intenciones de hacer naufragar el proceso.
Giannotti recibió inusitada tribuna en el Congreso. Pretendían desviar con titulares explosivos contenidos de discos duros.
CARETAS 2125 señaló que “Giannotti ha encontrado su defensa política más entusiasta en el congresista fujimorista Rolando Sousa... También cuestiona que la Fiscalía se quedara con un backup lacrado.
“¿Cuál es la facultad legal para que la Fiscalía haya guardado una copia espejo durante ocho meses?”, se preguntó.
“La única explicación es que han estado haciendo una investigación paralela. Es decir, el proceso a Business Track era una farsa”.
Entonces, luego de alborotar el cuco de los audios que comprometían a medio mundo, Sousa se empeñó en patear todo el tablero.
Orlando Sánchez, uno de los clientes.
Resulta evidente que lo más interesante de este caso no reside en lo que se pudo perder y si esto fue o no guardado en las “copias espejo” –debate que hasta hoy enfrenta a la Fiscalía con el Poder Judicial– sino en la ingente información encontrada en los discos duros de Giannotti, Carlos Tomasio y, sobre todo, Elías Ponce Feijoó.
EL INFORME MILLA
En el material incautado a los espías de BTR fueron encontrados 23 e-mails pertenecientes a César Nakazaki (cesase@terra.com.pe); Alex Ganoza Céspedes (aganoza22@hotmail.com), Raúl Ortecho Castillo (reocmact@peedy.com.pe) y Rolando Sousa (taxperu@terra.com.pe) del Estudio Sousa & Nakazaki Abogados.
También dos audios de conversaciones telefónicas entre Nakazaki y Álex Ganoza Céspedes, y otro de Ganoza y Ortecho. Los e-mails y grabaciones datan del 2005 a fines del 2008.
Una hipótesis recogida por el equipo que lidera el fiscal Walter Milla refiere que fue la Marina de Guerra la que habría encargado a BTR la interceptación al estudio Sousa & Nakazaki, bajo la sospecha de que los abogados de este bufete “triangulaban” con otros estudios casos relacionados a narcotráfico y lavado de dinero.
Valdez, acusado por lavado de activos, con Ganoza, del estudio Sousa
Un paquete de estos correos electrónicos revela información relacionada con la familia Sánchez Paredes, hoy en proceso judicial por lavado de dinero del narcotráfico, y otro tanto sobre el caso del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, procesado por el mismo delito.
Orlando Sánchez Paredes y Valdez, por cierto, comparten al mismo abogado defensor: César Nakazaki Servigón.
Uno de los objetivos recurrentes de los “chuponeadores” era Álex Ganoza Céspedes, director ejecutivo del estudio Sousa Nakazaki.
Es además abogado adjunto en los casos Sánchez Paredes y Valdez, mientras que Raúl Ortecho fue el primer abogado de Valdez. Luego le cedió la posta a Nakazaki.
En un correo que Carlos Tomasio le envía a Elías Ponce Feijoó, reseñado en la página 85 del informe, le advierte que Ganoza estaba enviando “información referente al Tráfico Ilícito de Drogas” al e-mail
reocmart@speedy.com.pe.
Discos duros y computadoras de Business Track siguen revelando la magnitud del “chuponeo”.
Tomasio le recomienda alertar del hecho al entonces director de Inteligencia Naval, almirante AP Pedro García Llaque.
Más adelante, en la página 204, se hace una referencia similar y Tomasio le dice a Ponce que el mencionado correo “es el blanco porque está recepcionando las cosas de los abogados y quizás al flaco García (Llaque) le interese para poder de esa manera indicar que trabaja contra el TID”.
Los Sánchez Paredes, clientes del estudio, eran monitoreados en muchas de sus actividades.
Una de las acusaciones más impactantes se recoge en un informe de los “chuponeadores” que Milla transcribe en la página 255 del informe:
“En cuanto al transporte de látex-amapola por Minera Algamarca, el encargado de la operación es un tal camarada “Lalo”, miembro de Sendero Luminoso y la llevan en avioneta, propiedad de la empresa. Los encargados logísticos son unos trabajadores de la mina que Algamarca tiene en La Libertad de nombre “Los Salas”, y ellos están en Santa Rosa y Coipa y bajan a Algamarca (Cajamarca) para las ops. Se conoce que está comprando oro ilegal en La Libertad (se supone que lo producen en la mina pero parecería que no es así) y lo exportan vía Chimbote en lingotes de oro. Tal vez en esos embarques van camuflando el látex. Eso le tocará a las autoridades a quienes ya se les ha enviado la información”.
EL CASO MICHIQUILLAY
En otro de los episodios más llamativos de esta historia, BTR establece supuestas vinculaciones entre los Sánchez Paredes y los protagonistas del caso Michiquillay.
A principios del 2007, la Dirandro y el Ministerio Público intervinieron este campamento minero que se encontraba tomado desde cinco años atrás por ex dirigentes de la comunidad de ese mismo nombre en Cajamarca.
Se sospechaba que desde allí se vendía insumos químicos al narcotráfico.
Estudio Sousa-Nakazaki fue un objetivo de la interceptación, presuntamente derivada a Inteligencia de la Marina.
Fueron incautadas ingentes cantidades de ácido sulfúrico, cloruro de amonio y óxido de cal.
Los insumos eran ocultados en tres grandes pozas.
En la página 256 del informe del fiscal Milla se hace alusión al archivo “MPF09/Michiquillay.txt, que contiene información de que después del cierre de operaciones de la mina Michiquillay un grupo de ambientalistas se atrincheran en sus instalaciones para evitar que la privaticen o que la desarrolle otra empresa minera.
La persona de Mercedes Saucedo, ambientalista y presidenta del Comité Especial de Defensa de los intereses de la Comunidad indígena de Michiquillay –Cedicom–, advirtió a los Sánchez Paredes, quienes tendrían la fachada de explotación de minerales (Cía. Minera Algamarca), de un operativo de la DEA que planificaba realizarlo en noviembre de 2006 en la zona de Cajamarca, donde desarrolla su actividad de tráfico ilícito de drogas, por lo que dicho plan fracasa.
En diciembre del 2006 Mercedes Saucedo acude a Grufides, ONG fundada por (el cura) Marco Arana, a fin que la directora ejecutiva Mirtha Vásquez fundamente jurídicamente que el gobierno no puede proceder a la privatización de la mina.
Indica un acercamiento de Grufides a la comunidad campesina del lugar, el cual se incluye al ingeniero Valera en estrategia de organización de talleres de medio ambiente y capacitación de sobre derechos del agua de comunidades.
Asimismo, el 30 de enero del 2007 Mercedes Saucedo es detenida por la Dirandro–Cajamarca por posesión de sustancias para el procesamiento de drogas, siendo que ante la solicitud de Andrés Caballero (ambientalista red verde), Marco Arana envía para su defensa a Mirtha Vásquez.
El informe describe la estrategia de defensa jurídica e informativa a través de los medios de comunicación a ser utilizada a favor de Mercedes Saucedo”.
Material incautado a Ponce es central.
El informe de Milla, del cual depende que la jueza María Martínez continúe con el proceso oral contra los “chuponeadores”, no se encarga de comprobar si estas referencias son certeras. Pero resulta evidente que lo salido de los discos duros de BTR pone en muy incómoda posición al estudio Sousa-Nakazaki, sus abogados y sus clientes.
El congresista Sousa comenzó con bríos a investigar la interceptación de las comunicaciones y se encontró que era uno de los principales protagonistas de esta Caja de Pandora que muerde colas y no deja de producir sorpresas.
El Informe de Milla
Corrupción :::: Estos son algunos ejemplos de las interceptaciones realizadas a los miembros del Estudio Sousa-Nakazaki:
- Pag. 85: ÁLEX GANOZA CÉSPEDES, quien es Director Ejecutivo del ESTUDIO SOUSA & NAKAZAKI S. C. R. L. Abogados, donde se alerta que envía información sobre Tráfico Ilícito de Drogas, lo que debe ser alertado a Inteligencia de la Marina. El contacto era su entonces director, almirante Pedro García Llaque.
- Pag. 255: obra el archivo MPF09/G3.TXT Bloc de Notas. Contiene información sobre un supuesto traslado de látex de amapola por parte de minera Algamarca, propiedad de los Sánchez Paredes. Nakazaki es abogado de Orlando Sánchez Paredes. “A las autoridades ya se les ha enviado la información”.
- Pag. 256: AGANOZA22.ZIP que contiene correos electrónicos pertenecientes a ese abogado.
- Figuran además correos de Rolando Sousa y César Nakazaki.
Los 100 Barridos
Corrupción :::: Informe revela que Petro-Tech contrató con BTR sin facturas.
El fiscal Milla ha solicitado a la jueza Martínez investigar a los autores intelectuales del espionaje telefónico. La respuesta de Martínez se dará en 20 días.
Informe de Milla entregado a jueza María Martínez determinará el futuro del proceso.
Fuentes del despacho de Milla afirman tener abundantes indicios para determinar quiénes pagaron por el masivo ‘chuponeo’. Figuran, por ejemplo, los testimonios judiciales de los marinos Martín Fernández Vírhuez y Jesús Ojeda Angles, quienes revelaron que el espionaje a la noruega Discover Petroleum en pleno proceso de concesión de lotes en el que intervenían otras empresas, entre ellas Petro-Tech, se hizo por orden de Elías Ponce Feijoó.
Ambos espías remarcaron que el ‘chuponeo’ a Rómulo León y Alberto Quimper no se produjo de manera fortuita, sino que fue un encargo de un cliente de Ponce. Similar versión fue brindada por el agente Jesús Tirado, quien aseguró que BTR fue contactada por un cliente del rubro petrolero interesado en conocer los negocios de Discover. Los números teléfónicos de León y Quimper le fueron entregados a Tirado por Ponce, en marzo del 2008. Los primeros ‘petroaudios’ aparecieron en octubre.
Otro indicio clave que recién se conoce es la contabilidad de BTR. Según las facturas y documentos contables que obran en poder de los investigadores, los ingresos totales de BTR –desde el 2003 al 2008– suman S/. 3’155,000.
El desagregado es el siguiente: S/ 42,524 (2003), S/ 25,279 (2004), S/. 120,875 (2005), 605,827 (2006), 854,483 (2007) y 1’506,240 (2008). El principal cliente de BTR, según esta documentación, fue Cementos Lima, con dos facturas por S/. 239,000, en el 2007, y S/. 655,000, del 31 de diciembre del 2008, siete días antes de la captura de los marinos.
El segundo cliente fue la empresa JJC Contratistas Generales que facturó, entre el 2007 y el 2008, S/. 430,000.
El tercer gran cliente fue Corporación Agroindustrial Cartavio, que en el 2006 realizó pagos por S/. 358,000.
En cuarto lugar figura el Estudio de Abogados Aurelio García Sayán, con pagos el 2007 y el 2008 por S/. 91,000.
Lo extraordinario, según la Fiscalía, es que Petro-Tech no aparece como cliente.
Sin embargo, en la computadora de Ponce figura que, entre el 2007 y el 2008, Petro-Tech contrató a los espías de BTR para efectuar unos 100 barridos electrónicos.
No hay una sola factura a nombre de Petro-Tech, por lo que el fiscal Milla ha cursado un oficio a la SUNAT para que investigue a fondo la contabilidad de BTR.
Una fuente fiscal dijo que Ponce y Tomasio ordenaron chuponear a sus propios clientes, amigos y abogados.
“No se salvó nadie”, comentó un allegado al despacho de Milla. Entre los ‘chuponeados’ figura el propio Alberto Varillas, quien fuera gerente legal de Petro-Tech.
En los discos duros de los “chuponeadores” aparecen comunicaciones entre Giannotti y Tomasio.
La primera le envía al segundo los correos y las claves de Varillas (páginas 84 y 85).
En otros pasajes del informe se consigna que Giannotti se refiere a “una empresa de españoles que está contra Petro-Tech” y más adelante figura un informe en el que BTR investiga aparentemente a los miembros del sindicato de Petro-Tech.
En su reciente ofensiva mediática, Giannotti declaró que Petro-Tech no tenía relación con BTR y que solo había visto una vez a Varillas en el contexto de su trabajo con el estudio de abogados García-Sayán, donde éste laboraba.
Toda esta información demuestra, por el contrario, que los “chuponeadores” estaban muy al tanto de la empresa.
Y la exagerada cantidad de barridos que se habrían contratado por lo bajo solo lleva a más sospechas.
