Golpe bajo a la inmigración en EE.UU.
La Corte Suprema sentó precedente al avalar parte de una ley en Arizona que permite multar a las empresas que contratan a indocumentados.
"Inmigrantes indocumentados Deportados de EE.UU."
El republicano Matt Ramsey es un legislador de Georgia, sin embargo fue uno de los primeros en reaccionar ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de una polémica ley de Arizona que penaliza a los negocios que contraten a trabajadores indocumentados.
Para Ramsey, patrocinador de una medida similar firmada hace apenas unos días por el gobernador de Georgia, Nathan Deal, el fallo es un respaldo a su propia propuesta, (HB-87) que también generó un fuerte debate entre activistas en pro y en contra de la inmigración.
La determinación del tribunal avala la autoridad de los estados para implementar, aunque de forma limitada, medidas que refuerzan las leyes federales contra la inmigración ilegal.
"Creo que la decisión de la Corte Suprema es exactamente la correcta... porque reconoce que los estados tienen un papel en responder a las situaciones creadas por la inmigración ilegal", dijo Ramsey al diario Atlanta Journal Constitution.
La legislación ratificada en Georgia es una de las más restrictivas del país y parte de una cadena de ordenanzas antiinmigrantes basadas en medidas aprobadas en Arizona.
Luz verde a más restricciones
El fallo de la Corte le da la "luz verde" a otros estados que quieran implementar normas parecidas, opinan activistas y expertos en inmigración. Catorce estados del país, incluyendo Mississippi, Carolina del Sur, Missouri, Pennsylvania, Tennessee y Virginia ya cuentan con leyes paralelas.
"La decisión de la Corte confirma nuestra convicción de que el código federal no impide que los estados y las localidades implementen las leyes de inmigración", dijo en un comunicado Dan Stein, presidente de la Federación para una Reforma de Inmigración Estadounidense (FAIR por sus siglas en inglés), entidad que aboga por fuertes restricciones migratorias.
El dictamen judicial es sobre una ley que revoca las licencias de operación de los negocios con empleados indocumentados y les exige a que participen en el programa federal E-Verify, que verifica el estatus legal de los trabajadores contratados. Esta ley fue firmada en el 2007 por la entonces gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, actual jefa del Departamento de Seguridad Nacional, e integrante del gabinete de Barack Obama, que ahora se opone a la legislación.
La decisión de la Corte no se aplica a la SB1070 de Arizona, que le exige a la policía detener a sospechosos de ser indocumentados y que generó polémica internacional y llamados a boicotear al estado. La implementación de la SB 1070, firmada en el 2010, está bloqueada mientras se resuelve una demanda legal, y también podría llegar hasta el tribunal supremo.
Si Washington no resuelve, nosotros sí
Según el senador estatal de Maryland, Víctor Ramírez, mientras en Washington siga estancado el debate de inmigración, los estados seguirán atrapados entre la espada y la pared, intentando resolver un tema de competencia federal pero con consecuencias locales.
La última vez que el Congreso de Estados Unidos aprobó una reforma migratoria amplia, fue hace más de dos décadas, cuando Ronald Reagan era presidente. Desde entonces los intentos de autorizar una legalización masiva se han desmoronado ante las contiendas partidistas, mientras crece el número de inmigrantes sin opciones para reglamentar su estatus.
El legislador demócrata, también abogado, recalcó a BBC Mundo que aunque las leyes de inmigración tienen que venir del Congreso y firmadas por el presidente, los estados tienen competencia sobre normas de empleo, licencias de conducir, impuestos locales, servicios sociales y los sistemas de educación y de policía.
"Marcha a favor de una reforma a las leyes migratorias en EE.UU."
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