Enjuician a presidente
de Ancash en represalia por protesta que obligó
al MEF a devolverle
sus fondos
No le perdonan movilización popular contra Decreto Supremo 012
Una persecución política sin precedentes, nunca antes registrada contra un presidente regional, lanzó el gobierno del presidente Alan García contra el titular de la región Ancash, César Alvarez Aguilar, al denunciarlo por presuntamente haber instigado la movilización popular que obligó al MEF a suspender una retención de más de 400 millones de soles, lo cual había dado lugar a la paralización de decenas de obras de infraestructura y al despido de más de 10 mil trabajadores en la región.
Como si esto fuera poco, el Ministerio Público, cuya totalidad de fiscales en la región Ancash son de filiación aprista, autores de la denuncia contra Alvarez, la emprendieron contra el congresista electo de Ancash, Heriberto Benítez, al allanarle aparatosamente su vivienda ubicada en la intersección de las calles Los Pinos y Los Cedros, urbanización La Caleta, con el pretexto de localizar un centro ilegal de escuchas telefónica, que terminó en el hazmerreír de la población, porque el registro resultó negativo.
Tanto en la primera denuncia contra el presidente regional César Alvarez como la segunda contra el congresista electo Benítez actuaron los fiscales anticorrupción César Jiménez Rodríguez y Javier Estrada Rodríguez y el fiscal adjunto Cristian Aseijas Silva, conocidos por su activismo aprista, presuntamente obedeciendo una orden judicial.
Los citados fiscales, secundados por agentes del orden, ingresaron violentamente y descerrajaron todas las viviendas del primer y segundo piso hasta llegar a la de Benítez, en el tercer piso, a la que sometieron a la misma violencia, sin encontrar lo que buscaban. Al final pretendieron hacerle firmar un acta a la dueña de casa, pero ella se negó en protesta por la violencia y daños sufridos a su propiedad.
Alvarez responde
Alvarez Aguilar reportó que la denuncia ha sido hecha con la participación de ocho procuradores no solo contra su persona, sino también contra el secretario general del Sindicato de Construcción Civil, Víctor López Padilla, el presidente del Frente de Defensa de la Provincia del Santa, Wilmer López Llauri, y el director del Proyecto de Irrigación Chinecas, Jorge Menacho.
A todos ellos el Ministerio Público los acusa de haber alentado el paro regional del 11 de mayo contra el Decreto Supremo 012, que suspendía partidas presupuestales del Gobierno Regional de Ancash por más de 400 millones de soles.
El titular de la región Ancash asistió el jueves a la Fiscalía de la Provincia del Santa, que tiene como titular a Hugo Dante Farro Murillo, para denunciar a los fiscales ejecutores de la denuncia por lo que llamó “una repudiable persecución política”.
“Eso es una persecución, han acreditado a ocho procuradores para que me investiguen por haber protestado contra del Decreto 012, que me impedía ejecutar obras para mi pueblo, por ello he solicitado al fiscal que se realice una investigación justa y responsable”, puntualizó.
FUENTE: Victor Alvarado
http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica09&td=15&tm=07&ta=2011
No hay comentarios.:
Publicar un comentario