PEDRO FLORES SILVA: RELATORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN PERÚ

PEDRO FLORES SILVA:

RELATORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION

CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN PERÚ

COMUNICADO DE PRENSA R101/11

Washington D.C., 13 de septiembre de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista peruano Pedro Flores Silva, ocurrido en Casma, departamento de Áncash, el 8 de septiembre. La Relatoría considera fundamental efectuar una investigación diligente y exhaustiva que tome en cuenta las amenazas recibidas recientemente por el comunicador y que permita capturar a los responsables intelectuales y materiales del crimen, procesarlos, sancionarlos y reparar de manera adecuada a la familia de la víctima.

De acuerdo con la información recibida, en la noche del 6 de septiembre una persona encapuchada interceptó al periodista cerca de su casa en Casma y le disparó en dos ocasiones. Una de las balas perforó órganos vitales y la víctima murió el 8 de septiembre, en el Hospital Regional de Chimbote. Pedro Flores, de 36 años, dirigía el programa periodístico "Visión Agraria, en el Canal 6 local.

La esposa del comunicador comentó que su marido había recibido varias amenazas de muerte desde hace dos meses. El periodista venía divulgando una serie de informaciones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas en la municipalidad distrital de Comandante Noel. El comunicador enfrentaba una demanda penal interpuesta por el alcalde de esa localidad.

Para la Relatoría Especial es esencial que el Estado investigue de forma exhaustiva el posible nexo del crimen con la actividad profesional del periodista. Los crímenes cometidos contra los periodistas no solo afectan a la víctima y a sus allegados sino que comprometen el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

FUENTE: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=867&lID=2