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| José Cevasco Piedra (Ex oficial mayor del congreso) |
"Lecciones del caso "Galarretagate""
Una de las cosas que aprendí del mundo parlamentario fue en primer lugar a observar las cosas de manera hemicíclica, es decir, tener una visión global de los escenarios y romper con la costumbre mecánica de ver las cosas de manera lineal.
El caso de la violación de la inmunidad parlamentaria del congresista Luis Galarreta se ha constituido en uno de los casos emblemáticos de los últimos años del cómo no hacer bien las cosas. Los errores cometidos por la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso han sido elocuentes y merecen una reflexión en blanco y negro.
Los jueces y fiscales deben entender que la función de administrar justicia merece una aplicación ejemplar de la ley, y que sus decisiones tienen efectos también en el ámbito de la gobernabilidad.
La crisis generada en perjuicio del Congreso es un claro ejemplo de la falta de formación de los funcionarios judiciales en los aspectos parlamentarios y de gobierno. La ley debe aplicarse bien y sin anteojeras.
La aplicación de la ley tiene efectos en la estabilidad política y económica de la nación. La formación de jueces y fiscales debe tener una visión amplia y global con una perspectiva de país, saliendo de la esfera única del campo del estricto derecho. Hemos visto cómo las decisiones jurídicas han generado efectos negativos en las empresas, y con ello crisis sociales y, por qué no decirlo, crisis en la estabilidad política del país.
La interceptación telefónica anticonstitucional al congresista Galarreta es un clarísimo ejemplo de la falta de formación en materia de derecho parlamentario de algunos jueces y fiscales. Sin embargo, dicha acción no solo tiene un efecto en el sistema parlamentario. Las decisiones erradas han generado una cuasi crisis de Estado, cuestionando el accionar del Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial, poniendo en grave riesgo las garantías constitucionales de los miembros del Poder Legislativo.
Adicionalmente, el Congreso y sus órganos administrativos debieron, sobre todas las cosas, proteger los derechos de sus parlamentarios, informando oportunamente y en paralelo a su Presidente y al congresista involucrado, con el fin de reafirmar la institucionalidad y la independencia del servicio parlamentario.
Es verdad que este tipo de casos no son cotidianos. Pero esto no es una excusa para que los profesionales que ejercen la justicia en el país no se encuentren adecuadamente preparados y conozcan hasta dónde se delimitan sus fueros. Aquí no vale: camino se hace al andar, pues está en juego la seriedad y la imagen de órganos gubernamentales vitales para el desarrollo y estabilidad del Estado. Capacitación e independencia es la clave.
Una de las cosas que aprendí del mundo parlamentario fue en primer lugar a observar las cosas de manera hemicíclica, es decir, tener una visión global de los escenarios y romper con la costumbre mecánica de ver las cosas de manera lineal.
El caso de la violación de la inmunidad parlamentaria del congresista Luis Galarreta se ha constituido en uno de los casos emblemáticos de los últimos años del cómo no hacer bien las cosas. Los errores cometidos por la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso han sido elocuentes y merecen una reflexión en blanco y negro.
Los jueces y fiscales deben entender que la función de administrar justicia merece una aplicación ejemplar de la ley, y que sus decisiones tienen efectos también en el ámbito de la gobernabilidad.
La crisis generada en perjuicio del Congreso es un claro ejemplo de la falta de formación de los funcionarios judiciales en los aspectos parlamentarios y de gobierno. La ley debe aplicarse bien y sin anteojeras.
La aplicación de la ley tiene efectos en la estabilidad política y económica de la nación. La formación de jueces y fiscales debe tener una visión amplia y global con una perspectiva de país, saliendo de la esfera única del campo del estricto derecho. Hemos visto cómo las decisiones jurídicas han generado efectos negativos en las empresas, y con ello crisis sociales y, por qué no decirlo, crisis en la estabilidad política del país.
La interceptación telefónica anticonstitucional al congresista Galarreta es un clarísimo ejemplo de la falta de formación en materia de derecho parlamentario de algunos jueces y fiscales. Sin embargo, dicha acción no solo tiene un efecto en el sistema parlamentario. Las decisiones erradas han generado una cuasi crisis de Estado, cuestionando el accionar del Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial, poniendo en grave riesgo las garantías constitucionales de los miembros del Poder Legislativo.
Adicionalmente, el Congreso y sus órganos administrativos debieron, sobre todas las cosas, proteger los derechos de sus parlamentarios, informando oportunamente y en paralelo a su Presidente y al congresista involucrado, con el fin de reafirmar la institucionalidad y la independencia del servicio parlamentario.
Es verdad que este tipo de casos no son cotidianos. Pero esto no es una excusa para que los profesionales que ejercen la justicia en el país no se encuentren adecuadamente preparados y conozcan hasta dónde se delimitan sus fueros. Aquí no vale: camino se hace al andar, pues está en juego la seriedad y la imagen de órganos gubernamentales vitales para el desarrollo y estabilidad del Estado. Capacitación e independencia es la clave.
El caso de la violación de la inmunidad parlamentaria del congresista Luis Galarreta se ha constituido en uno de los casos emblemáticos de los últimos años del cómo no hacer bien las cosas. Los errores cometidos por la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso han sido elocuentes y merecen una reflexión en blanco y negro.
Los jueces y fiscales deben entender que la función de administrar justicia merece una aplicación ejemplar de la ley, y que sus decisiones tienen efectos también en el ámbito de la gobernabilidad.
La crisis generada en perjuicio del Congreso es un claro ejemplo de la falta de formación de los funcionarios judiciales en los aspectos parlamentarios y de gobierno. La ley debe aplicarse bien y sin anteojeras.
La aplicación de la ley tiene efectos en la estabilidad política y económica de la nación. La formación de jueces y fiscales debe tener una visión amplia y global con una perspectiva de país, saliendo de la esfera única del campo del estricto derecho. Hemos visto cómo las decisiones jurídicas han generado efectos negativos en las empresas, y con ello crisis sociales y, por qué no decirlo, crisis en la estabilidad política del país.
La interceptación telefónica anticonstitucional al congresista Galarreta es un clarísimo ejemplo de la falta de formación en materia de derecho parlamentario de algunos jueces y fiscales. Sin embargo, dicha acción no solo tiene un efecto en el sistema parlamentario. Las decisiones erradas han generado una cuasi crisis de Estado, cuestionando el accionar del Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial, poniendo en grave riesgo las garantías constitucionales de los miembros del Poder Legislativo.
Adicionalmente, el Congreso y sus órganos administrativos debieron, sobre todas las cosas, proteger los derechos de sus parlamentarios, informando oportunamente y en paralelo a su Presidente y al congresista involucrado, con el fin de reafirmar la institucionalidad y la independencia del servicio parlamentario.
Es verdad que este tipo de casos no son cotidianos. Pero esto no es una excusa para que los profesionales que ejercen la justicia en el país no se encuentren adecuadamente preparados y conozcan hasta dónde se delimitan sus fueros. Aquí no vale: camino se hace al andar, pues está en juego la seriedad y la imagen de órganos gubernamentales vitales para el desarrollo y estabilidad del Estado. Capacitación e independencia es la clave.
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José Fco. Cevasco Piedra
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