Caso La Parada:
juez falló a favor de comerciantes para que vuelvan a sus puestos
El
juez Malzon Urbina ordenó el retiro inmediato de los policías
y bloques de cemento de las inmediaciones del mercado mayorista
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| El Poder Judicial emitió un fallo a favor de los comerciantes de La Parada, lo que podría permitir que estos vuelvan al centro de abastos. (Archivo El Comercio) |
El juez Malzon
Urbina, del 56 Juzgado Penal de Lima, emitió una resolución a favor
de los comerciantes de La
Parada. Ordenó el retiro de los policías que custodian las
inmediaciones del mercado mayorista, así como de los bloques de cemento.
En su resolución, el juez concluye que no es legal que la
alcaldesa de Lima,Susana Villarán, cambie el uso del terreno del
establecimiento dejando de ser un mercado para convertirse en parque.
En otra parte del documento, el magistrado señala que la
burgomaestre “habría incurrido en el delito de falsedad genérica y
falsificación de documentos múltiples”.
Otra de las conclusiones de Urbina es que la Municipalidad
de Lima violentó el principio
de igualdad ante la ley, “discriminando a los comerciantes de La Parada”.
Un aspecto que resalta en la resolución es que el juez
considera que el ministro del Interior tiene “responsabilidad penal” en el
“trato discriminatorio” a los comerciantes evidenciados en el traslado de La
Parada al nuevo mercado de Santa Anita. Además, se señala que el titular del
Interior no analizó las consecuencias y expuso a los policías de la operación a
los actos delincuenciales suscitados en octubre pasado.
HÁBEAS CORPUS FUNDADO
El fallo declara fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta doña Ida
Obdulia Ávila Sedano contra la alcaldesa Villarán y contra el ministroWilfredo
Pedraza. Esto “por vulneración al principio y al derecho de la
libertad individual, medida y vigilancia arbitraria y afectación del derecho a
la igualdad ante la ley por trato indiscriminatorio”.
“Dispongo la inmediata dación de cuenta a la Comisión
Permanente del Congreso los indicios razonables de la comisión de ilícitos
penales por parte del señor ministro Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra”, señala
la resolución. También habla de “responsabilidades penales que pudieran recaer
sobre la alcaldesa Susana Villarán del a Puente y a los funcionarios públicos
que resulten responsables”.
Otra disposición contempla remitir copias certificadas al
Ministerio Público por el presunto delito contra la Fe Pública con perjuicio de
terceros por parte del teniente alcalde de Lima, Eduardo Zegarra, por haber supuestamente alterado la
verdad respecto al contrato de donación del terreno.
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