Entre Dos Fuegos
FUENTE: CARETAS EDICION 2100 - 15/OCT/2009
Actualidad :::: Marta Silva, ex pareja de César Gutiérrez, estaba detrás de las denuncias contra él y Lily LeMasters. Pero auditoría pone en serio entredicho versión de supuesta coima.
MARTHA SILVA: EX PAREJA DE CESAR GUTIERREZ
La primavera invadió el otoño neoyorquino. Allí pasaron los últimos días el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, y la ex traductora de la empresa noruega Discover Petroleum, Lily LeMasters. El romance de la pareja no parece haberse visto afectado por la denuncia que hizo el último domingo Marta Silva Romero, ex “pareja no formal” de Gutiérrez –como la describe él mismo– que se presentó en el programa Cuarto Poder y denunció que éste recibió una coima de US$ 300 mil por parte de la empresa noruega Discover Petroleum para asociarse con la petrolera estatal.
La Petronovela continúa. Aquí, la pareja esta semana en Nueva York.
La seria acusación de Silva deja además en claro que fue ella la fuente que facilitó al diario El Comercio las fotos que confirmaron la semana previa relación sentimental entre Gutiérrez y LeMasters (CARETAS 2099). En el primer reportaje el diario no se animó a acusar directamente a Gutiérrez de haber sido sobornado para constituir la asociación que derivó en el escándalo de los “petroaudios”. Con la salida al frente de Silva todas las cartas quedaron puestas sobre la mesa.
Desde Nueva York, Gutiérrez respondió a CARETAS con un importante as bajo la manga: la auditoría que Ernst & Young realizó sobre los gastos de Discover. El estudio fue validado por Ocatrim, la estricta oficina del gobierno noruego que investiga posibles actos de corrupción de las empresas de ese país por fuera de sus fronteras. Como resultado, remarca LeMasters, “no se realizó ningún cargo de corrupción contra la empresa. Es una infamia de esta señora”.
Gutiérrez recuerda que “fui interrogado por muchas horas. Revisaron todas mis comunicaciones, hicieron una auditoría contable y financiera, las cartas fianzas, los viajes, lo que contrataron con el señor Rómulo León. Todo estaba fundamentado con facturas y contratos. Se presentó una memoria ejecutiva de la auditoría ante la comisión de investigación parlamentaria”.
Gutiérrez también cuestiona el fondo de la denuncia de Silva. “Ella dice que era un negocio de US$ 600 millones. ¿De dónde saca eso?”. Recuerda que las cinco licitaciones que ganó Discover son de exploración en la costa. En tres de ellas no tuvo competencia porque ninguna otra empresa se presentó. “Pasas por dos años de etapa pre-exploratoria. Si los indicios que obtienes no son buenos, te retiras y perdiste por lo menos US$ 25 millones. Si hay indicios entras en la etapa exploratoria, donde te puedes gastar US$ 20 millones, US$ 30 millones. Es fácil gastar US$ 100 millones antes de entrar a la explotación. Entonces de qué ingresos seguros hablamos. Es simplemente una calumnia”.
Gutiérrez promete denuncia penal no solo contra Silva, que estuvo inubicable los últimos días, sino también contra el diario El Comercio. Argumenta además que tiene cómo demostrar que su relación con LeMasters comenzó en diciembre del 2008, luego de la licitación frustrada con los “petroaudios”.
Aunque Gutiérrez no cuenta con una copia de la auditoría de Ernst & Young, CARETAS pudo acceder por otras fuentes en Lima a los detalles de su contenido.
La auditoría fue supervisada por Trym Gudmunsen y Bjarte Johnson (senior manager) y abarcó desde enero del 2008 hasta el 3 de octubre del mismo año, dos días antes de la difusión de los petroaudios. Su presentación fue realizada el 26 de noviembre del mismo año.
La auditoría fue supervisada por Trym Gudmunsen y Bjarte Johnson (senior manager) y abarcó desde enero del 2008 hasta el 3 de octubre del mismo año, dos días antes de la difusión de los petroaudios. Su presentación fue realizada el 26 de noviembre del mismo año.
Señala que los gastos hechos exclusivamente en el Perú fueron de US$ 330,957.00 dólares americanos distribuidos de la siguiente forma:
- US$ 63,900 pagados a Rómulo León.
- US$ 76,637 en pagos a Ernesto Arias Schreiber (de ese monto US$ 13 mil fueron invertidos como capital social de la empresa que se conformaría en el Perú).
- US$ 185,420 depositados como fianza en el Scotiabank, en una de las cuentas del abogado Ernesto Arias Schreiber. Al ser congeladas las cuentas bancarias del abogado, ese dinero se encuentra ahora bajo tutela judicial).
- US$ 5,000 fueron pagos hechos al Estudio Miranda y Abogados. En uno de los “petroaudios”, Arias se queja con Quimper porque así, hacia el final del proceso, Discover pretendía reemplazarlo y sacarlo del camino. La relación con el Estudio Miranda duró poco y se quebró apenas se dieron a conocer los primeros “petroaudios”.
A esos montos la auditoría agrega los US$ 100 mil cancelados como honorarios al mexicano Mario Díaz Lugo y US$ 110 mil al estudio de abogados noruego, Steenstrup Stordrange, que apoyó a la empresa en el país escandinavo.Para los noruegos, entonces, la “Operación Perú” tuvo un costo total de US$ 541,060.00, que equivalen a 2’988,842.00 de coronas noruegas.
Los hombres de Discover: Díaz Lugo y Kjaerstad
El dinero tampoco salió por completo de las arcas de DPI. La información de la auditoría indica que fueron varias las empresas, todas ligadas al noruego Jostein Kjaerstad, las que financiaron la “Operación Perú”.
- Electro Magnetic Time Vision (EMTV): US$ 67,531.00- Petromarker: US$ 42,581.00- Discover Petroleum: US$ 232,057.00- Discover Petroleum International: US$ 198,900.00
- Electro Magnetic Time Vision (EMTV): US$ 67,531.00- Petromarker: US$ 42,581.00- Discover Petroleum: US$ 232,057.00- Discover Petroleum International: US$ 198,900.00
El volumen de 800 páginas viene siendo traducido para ser presentado al juez Jorge Barreto, quien investiga las supuestas irregularidades en la concesión de lotes de exploración a Discover Petroleum International.
Juez Jorge Barreto recibirá denuncia de procurador Jorge Luis Caldas contra César Gutiérrez
Pero no solo contratos, facturas y boletas fueron analizadas en la auditoría. Un riguroso seguimiento de correos electrónicos y llamadas telefónicas entrantes y salientes de las sedes de DPI también fue investigado.
Gutiérrez explica que Silva lo viene chantajeando con las fotos desde hace meses y que estas fueron tomadas en abril pasado durante un viaje a Punta del Este al que asistió para ofrecer una conferencia y al que se acompañó de LeMasters. Según su versión, habrían sido obtenidas mediante el “hackeo” de sus comunicaciones electrónicas. Hace un mes Gutiérrez presentó una denuncia policial por amenazas telefónicas y de mensajes de texto que recibieron sus hijas y su ex esposa. Sospechó entonces de Silva.
“Fue un relacionamiento de larga data donde no se dieron las formalidades”, explica sobre el vínculo que lo unía con Silva hasta el 2008, quien trabajaba en su oficina de consultoría. “Yo era un visitante en su casa, eso es innegable. Yo conocía a su familia, pero ella no a la mía”.
LeMasters es más directa. “Pienso que es una persona que está muy despechada porque pese a los años nunca consiguió formalizar la relación. Al ver que yo ocupo un lugar que ella nunca pudo tener, que soy cercana a las hijas de César e incluso a la madre de ellas, no lo ha podido soportar. Es un tema de celos”.
Pero la segunda gran acusación de Silva tiene poco de melodrama. Sostiene que, mientras era presidente de Petroperú, Gutiérrez efectuó asesorías a compañías y ella pasó los recibos a nombre suyo. Esto habría generado la deuda de más de S/. 108 mil que mantiene ahora con la Sunat. Silva factura como periodista.
Gutiérrez responde que “cuando me voy a Petroperú en agosto del 2006 no volví a mi oficina. Dejé de prestar actividades de consultoría asociadas al sector. La señora Silva aprovechó los contactos. Yo le dije, si tienes información privilegiada, aprovéchala. Esto a cambio de nada. Muchas de las cosas que ha hecho son organización de eventos, trabajo con la problemática del gas, logística, el relacionamiento con empresas del sector”. Cuando llegó el problema de los impuestos, continúa, “ahí se asustó y me pidió ayuda”.
Un cabo suelto es el mantenimiento de la relación laboral con Silva a pesar de que la personal se tornó supuestamente tan difícil. “Yo no mezclo las dos cosas”, responde Gutiérrez, y desafía a preguntarle a empresas como Petrobras, señaladas por Silva, si es que él les ofreció asesorías mientras dirigió Petroperú.
Señala a Saba por “hostilización laboral”.
Gutiérrez cuenta que desde hace meses sufre de “hostilización laboral”, que atribuye a sus críticas en torno a la política de exportación de gas. “Estuve asesorando a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Luego que Eduardo Farah se fue en junio, continué el trabajo. Hace tres semanas estaba en su casa con él y lo llama Sofía Ruiz, gerente legal de la SNI y le dice, con el altavoz encendido, que su hermana trabaja en Perupetro y Daniel Saba los invitó a no tomarme más en cuenta en la SNI. No pude encontrar a Saba, hablé con su esposa y le comenté la situación. El premier Javier Velásquez Quesquén sí me devolvió la llamada y me dijo que no iban a tomar una actitud así conmigo”.
Desatado el escándalo, Velásquez se ha mostrado a favor de investigar a Gutiérrez para determinar el “alcance de sus responsabilidades” y negó que Gutiérrez fuera “militante del APRA. Él era parte del equipo del Plan de Gobierno de Perú Posible, inclusive fue funcionario del régimen pasado”. El especialista en hidrocarburos, que viajó a Nueva York con la autorización del juez Jorge Barreto, prometió volver el miércoles 14. De ser así será recibido con una denuncia penal formulada por el procurador anticorrupción Jorge Luis Caldas. Lo llamativo es que, según anunció Caldas, esta será presentada por delito contra la administración pública, debido a las supuestas asesorías encubiertas. No incluye, sin embargo, la acusación principal por la coima de US$ 300 mil. Gutiérrez tiene ahora un gran desafío por delante. Y a la señora Silva también le queda mucho por explicar.
Desatado el escándalo, Velásquez se ha mostrado a favor de investigar a Gutiérrez para determinar el “alcance de sus responsabilidades” y negó que Gutiérrez fuera “militante del APRA. Él era parte del equipo del Plan de Gobierno de Perú Posible, inclusive fue funcionario del régimen pasado”. El especialista en hidrocarburos, que viajó a Nueva York con la autorización del juez Jorge Barreto, prometió volver el miércoles 14. De ser así será recibido con una denuncia penal formulada por el procurador anticorrupción Jorge Luis Caldas. Lo llamativo es que, según anunció Caldas, esta será presentada por delito contra la administración pública, debido a las supuestas asesorías encubiertas. No incluye, sin embargo, la acusación principal por la coima de US$ 300 mil. Gutiérrez tiene ahora un gran desafío por delante. Y a la señora Silva también le queda mucho por explicar.
Lo que Hablaron
El encuentro de César Vega Vega con Alberto Quimper.
Vega Vega dice que Quimper lo amenazó pero no recuerda sobre qué tema.
El presidente de la Corte de Lima, César Vega Vega, fue otro de los magistrados que fueron aludidos por Alberto Quimper en los audios que la jueza María Elena Martínez viene escuchando para determinar la naturaleza de las interceptaciones telefónicas que hacía la empresa Business Track.
El diario La República señaló que Quimper mencionaba que Vega fue “mal asesorado al cambiar a una jueza de nombre Miluska y que hablará con él para que sea repuesta”. Vega Vega, por su parte, hizo interesantes revelaciones sobre una visita de Quimper a RPP el 2 de octubre pasado. “Él dijo que yo estaba favoreciendo a una parte y que el presidente Alan García había ordenado una severa investigación y que me cuidara porque podría verme perjudicado en ese tema...”. yo lo
Ese mismo día, en conferencia de prensa con el presidente del PJ Javier Villa Stein y otros magistrados supremos, Vega Vega indicó que no recordaba la fecha de esa reunión ni el tema que se trató.
Fuentes ligadas a Quimper dijeron a CARETAS que él sí recuerda el motivo de la reunión. A mediados de noviembre del 2007, el tributarista que entonces ejercía la defensa de la minera canadiense Sulliden, se acercó al despacho de Vega Vega para reclamarle irregularidades que se daban en ese momento en el proceso entre su patrocinada y la familia Sánchez Paredes.
En menos de un mes, Vega Vega cambió tres veces a los jueces del 55o Juzgado Civil de Lima que veía la anulación de un laudo arbitral que favorecía a los canadienses.
CARETAS informó sobre el tema en el artículo “El carrusel de la Corte” (Edición 2007), donde se informó que Vega Vega cambió inicialmente a la jueza Silvia Llaque Napa por el juez suplente Andrés Churampi. Pero 25 días después, Vega nuevamente decidió remover al magistrado y colocó en su lugar a la jueza Luisa Cano Freitas. Aunque la investigación del caso estuvo a cargo de la OCMA, la Oficina de Control lo archivó señalando la inexistencia de alguna conducta infuncional un año después.
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