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| Celsa Taco recibió los restos de su hijo de 33 años después de su desaparición en Ayacucho, al sur del Perú. Como ella, muchos deudos y víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen menos respaldo legal del Estado que los presuntos perpetradores. Max Cabello/OjoPúblico. |
Indígenas excluidos, militares protegidos,
inocentes esperando en prisión, contratos cuestionados y un mayor riesgo de
condena para quien no puede pagar su abogado. Esos son algunos problemas que
arrastran las defensorías públicas en seis países de la región, según una
investigación liderada por Univision Noticias con otros siete medios
latinoamericanos.
Lea
con atención los siguientes párrafos. Lo guiarán por una realidad de la que se
habla poco en Latinoamérica y que viven miles de personas pobres, al
enfrentarse a un sistema de justicia penal que ya de por sí está sesgado en su
contra: Adán de la Cruz Gallegos es un indígena de Oaxaca, México, que tiene 45
años. Afirma que casi no entiende español, su lengua materna es el zapoteco.
Una mañana de octubre de 2009 fue arrestado en su pueblo, Juchitán de Zaragoza,
cuando regresaba a casa después de bautizar a su hija menor. Lo acusaron de
secuestro y se lo llevaron. Ya tiene siete años en la cárcel y aún no lo han
sentenciado. Asegura que no tuvo un defensor que hablara su idioma y no
entendió lo que le decían cuando lo detuvieron.
Pasemos
a Costa Rica, un país cuyo sistema de justicia se considera modelo en
Latinoamérica. Si a usted lo acusan de un crimen y llega a un juicio penal
acompañado de un defensor público, la posibilidad de que lo condenen es mayor
que si contrata a uno privado, especialmente si el delito es complejo. La idea
de que la gente que no puede pagar un abogado tiene garantizada una defensa
penal en igualdad de condiciones, parece que no aplica en ese país.
Ahora a Perú donde 47
militares acusados por crímenes como tortura, desapariciones y asesinato tienen
defensores privados pagados por el Gobierno. Mientras tanto, en octubre del
2016 la administración de Pedro Pablo Kuczynski despidió a 200 abogados
públicos que debían atender a los ciudadanos comunes, incluyendo víctimas de
violaciones a los derechos humanos.
Estas son algunas de las
historias que salen a la luz hoy, tras una investigación regional que lideró
Univision Noticias en los últimos seis meses, y en la que participaron
periodistas de siete medios latinoamericanos: Animal Político (México), Plaza
Pública (Guatemala), Semanario Universidad (Costa Rica), El Tiempo (Colombia),
CIPER (Chile), Ojo Público (Perú) y Agência Lupa (Brasil).
Los
casos que revelamos también son los síntomas de un mal mayor. Los modelos de
defensa pública en América Latina se están quedando cortos. “Ya no resisten a
las necesidades de la gente, no funcionan, están saturadas y su trabajo perdió
calidad”, explica a Univision Noticias el jurista argentino Alberto Binder,
experto en derecho procesal penal y profesor en varias universidades
latinoamericanas.
Sobrecarga de trabajo,
bajos salarios, falta de atestados, nombramientos políticos, amenazas y
asesinatos son sólo algunos de los problemas que cargan muchos abogados
públicos de la región, sumados a la falta de independencia financiera de
algunas defensorías y la negligencia de las instituciones judiciales para medir
el rendimiento de su labor.
“(las defensorías públicas) ya
no resisten a las necesidades de la gente, no
funcionan, están saturadas y su trabajo perdió calidad”
Alberto Binder, experto en derecho procesal penal
AYUDA FUNDAMENTAL
Las defensorías públicas existen para que las
personas más pobres y vulnerables tengan acceso a la justicia con las mismas
condiciones de quienes sí tienen dinero para pagar un abogado, al enfrentar una
acusación penal o cuando reclaman por una violación de sus derechos.
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| Estas estimaciones reflejan el valor central en un intervalo de confianza. Por ejemplo, si una probabilidad se estima en 65%, su intervalo de confianza va desde el 58% y hasta el 72%. Es decir, el verdadero valor se encuentra en ese rango. |
Sin esa ayuda legal, millones de personas alrededor
del mundo quedarían en desventaja cuando son sometidas al sistema de justicia.
En muchos países estarían en riesgo de ser enviadas a prisión sin motivos, o
sufrir torturas y confesiones forzadas.
Históricamente, los sistemas penales han apuntado
más hacia las personas pobres, pero cuando se las lleva a enfrentar un proceso
penal, se les otorga una defensa floja. La Organización de la Naciones Unidas
(ONU) viene alertando de que “los
grupos débiles y especialmente vulnerables están excesivamente representados
entre los delincuentes en el sistema de justicia penal”.
Por
eso, estos grupos “soportan una parte desmesurada del costo socioeconómico del
sistema”.
El uso de la prisión en
la lucha contra las drogas disparó el número de gente encarcelada en las
últimas décadas e impactó de manera desproporcionada a las mujeres, en su
mayoría pobres, con bajo nivel educativo y que en muchos casos velan por niños,
ancianos y discapacitados, informó la Organización de
los Estados Americanos (OEA) el año pasado.
“Los grupos débiles y
especialmente vulnerables están excesivamente
representados entre los delincuentes en el sistema
de justicia penal”
Organización de Naciones Unidas
La
población de mujeres en prisión en el continente americano aumentó 51.6% entre
el 2000 y el 2015, comparado con un 20% entre los hombres, de acuerdo a un informe del
Instituto de Investigación sobre Politicas Criminales en Birkbeck, de la
Universidad de Londres.
“Hay que rediseñar las
cosas de cara al modelo social en que se vive. Son modelos muy simplistas, les
tiras casos sin discriminación a un conjunto de abogados y llegan 100, 200
casos, y los saturas. Esto no está en la agenda de estudio de nadie. Es un
sistema muy simplista dada la complejidad social”, explicó Alberto Binder a
Univision Noticias.
Binder y los
investigadores Ed Caper y Zaza Namoradze alertaron
en 2015 que en países como México la defensa pública es muy débil frente a los
cuerpos de persecución penal y pidieron indagar las
causas de las altas tasas de condena en los estados de Baja California (99.8%)
y el Distrito Federal (90%), y su relación con la calidad de defensa que
tuvieron las personas sentenciadas. Allí prácticamente todas las personas que
fueron a un juicio fueron declaradas culpables.
INVESTIGACIÓN REGIONAL
La investigación de Univision Noticias nació en
Costa Rica, donde un grupo de abogados y periodistas de la Unidad de Datos revisó
más de 8,000 sentencias judiciales y descubrió que, en ciertos delitos, la
probabilidad de condena en un juicio para una persona que tiene un defensor
público aumenta entre 12% y 26%, si se le compara con alguien que tiene uno
privado.
En ese país el mayor riesgo de condena es para
quienes enfrentan un juicio (con un defensor público) en casos de delitos
contra la fe pública –que en ocasiones pueden requerir una defensa técnica,
costosa y compleja– como estafas y falsificaciones.
La directora de la Defensa Pública costarricense,
Marta Iris Muñoz, rechazó hablar sobre esta investigación. El jefe de despacho
de la presidencia del Poder Judicial, Roger Mata Brenes, atacó el estudio de
Univision Noticias diciendo que "no es determinante y no arroja datos
concluyentes".
Con los datos analizados, Univision Noticias
construyó una calculadora para que usted pueda explorar cómo cambian las
posibilidades de condena en Costa Rica, según sea el delito que se se juzga, el
tipo de abogado y otras variables que entran en juego.
Otro
caso que alarma es el de Colombia, donde un grupo de 153 abogados públicos
tiene encima 234,964 reclamos de las víctimas que dejó medio siglo de guerra en
el país. Si se los repartieran en partes iguales, le tocarían más de 1,500
expedientes a cada uno. Y miles de casos adicionales podrían llegar cuando
comience a operar la Jurisdicción Especial para la Paz, un órgano jurídico que
forma parte del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la
guerrilla de las Farc.
En
Colombia, los abogados públicos ganan poco y tienen que atender negocios por
fuera para ajustar su salario. Se sobrecargan de trabajo y no dedican el tiempo
necesario a los casos de la gente pobre. "Estamos desmejorados frente a
otros países, debajo de los estándares internacionales”, dice el presidente del
Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia, César Helcías Huertas
Valencia.
México y Guatemala
también batallan para garantizar el acceso a la justicia de todos sus
ciudadanos. En ambos países, miles de indígenas que no hablan español quedan
indefensos ante la falta de abogados públicos, jueces y fiscales que hablen su
lengua. En México –un país con 18 millones de indígenas– sólo 25 defensores
públicos federales hablan algún idioma ancestral.
El caso guatemalteco no
es muy distinto. Esa nación centroamericana tiene 6.5 millones de indígenas –el
40% de la población total– y sólo 15 defensores públicos que hablan una lengua
local para atenderlos. El año pasado tramitaron 1,779 casos.
El trabajo de un defensor
que conozca el idioma local es fundamental para que no ocurra lo que le pasó a
Petrona Xol, una indígena q'eqchi de Panzós, Cobán que ha estado encarcelada
doce años por un crimen del que asegura es inocente.
Xol nunca entendió lo que
se dijo durante su juicio y la apelación de su sentencia fue rechazada, porque
el defensor la presentó fuera de tiempo, según lo denunció la Asociación de
Abogados Mayas.
DESEQUILIBRIO
El caso de Perú también es notable. El beneficio
para los militares acusados por violaciones a los derechos humanos genera dudas
sobre la equidad del sistema de justicia en ese país sudamericano. Mientras los
soldados tienen abogados privados que paga el Estado, en Ayacucho, un pueblo en
las faldas de los Andes donde viven más de 49,000 deudos y víctimas de
torturas, desapariciones y asesinatos, solo hay tres defensores públicos.
El estado peruano ha invertido 125,000 dólares en
la defensa de los 47 militares, un monto igual al sueldo mensual promedio de 80
defensores públicos.
En ese país, el problema se agrava ante la falta de
peritos que ayuden a los defensores a preparar sus casos. “Ante dicha carencia,
es la familia del imputado quien usualmente cubre los gastos de un especialista
o perito privado, situación que se sujeta a sus posibilidades económicas”,
señaló Binder en su estudio del 2015.
En Chile la historia tiene otra arista. El Centro
de Investigación e Información Periodística (CIPER) narra como una empresa
privada que contrató el Estado para defender a la gente más pobre se declaró en
quiebra el año pasado, dejó de pagar a sus abogados y abandonó su
responsabilidad con 3,253 casos que tenía a cargo.
Eso no fue obstáculo para que la Defensoría Pública
chilena siguiera adelante con una licitación para otra sociedad de los mismos
accionistas de la firma quebrada. Y se repitió la historia: al terminar el
primer mes del nuevo contrato, en octubre de 2016, la empresa no pagó los
sueldos a los defensores y abandonó los casos.
INDEPENDENCIA CUESTIONADA
La
falta de dinero para contratar a un defensor capacitado "representa una de
las más graves barreras para el acceso efectivo a la justicia", escribió en
un ensayo el abogado brasileño Clever Alves, defensor público en Rio de Janeiro
y profesor en la Universidad Federal Fluminense.
Alves cree que las
defensorías públicas son una de las vías para mejorar las condiciones de vida
de la gente y, en última instancia, contribuyen a disminuir la desigualdad y la
pobreza.
“Es indispensable que (el
Estado) ponga a disposición de los ciudadanos menos favorecidos los medios
prácticos y concretos necesarios para que puedan litigar en igualdad de
condiciones como los de poder adquisitivo más elevado”, apuntó el abogado.
En Brasil, el país de
Alves, la asistencia jurídica gratuita y eficaz es inaccesible para miles de
personas pobres, pues no hay suficientes defensores públicos, especialmente en
el interior de la nación. Hacen falta 10,578 abogados para garantizar el acceso
de la población a la justicia, según estimaciones de la Asociación Nacional de
Defensorías Públicas (Anadep).
El rezago brasileño es
evidente, pese a que la defensa pública ha sido una garantía constitucional
vigente por casi 30 años. La cobertura media nacional por comarca (distrito
judicial) es de apenas del 40% en casi todo el país, según el reporte de
Agencia Lupa.
Otro problema en algunos
estados brasileños es que los defensores son nombrados con criterios políticos
por el gobernador, tal es el caso de Amapá, en la Amazonia brasileña, al norte
del país. Allí, la independencia de los defensores es cuestionada,
especialmente en los casos donde representan a gente que reclama contra
representantes del gobierno, declaró Antonio Maffezoli, presidente de la
Asociación Nacional de Defensorías Públicas (Anadep).
La
independecia financiera y administrativa de las instituciones es un problema
sin resolver en varios países. Un estudio del
2014 de la Asociación Interamericana de Defensas Públicas muestra que el 82% de
las Defensorías Públicas (de 17 que participaron en una encuesta) tiene
autonomía funcional, es decir pueden crear nuevas áreas y designar a los
defensores públicos y otro personal sin pedir autorización a otro órgano.
Sin embargo, cuando se
trata de la autonomía financiera, el asunto cambia. Más de la tercera parte
(35%) carece de ella. Esta situación la viven las defensorías de Colombia, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, según el estudio.
Estas son sólo algunas
historias de nuestra investigación. Los reportajes que le presentamos le
ayudarán a comprender la magnitud de un problema que pasa casi desapercibido en
las mesas de discusión pública de Latinoamérica.
FUENTE:
Por:
Ronny Rojas,
Alejandro
Fernández Sanabria,
http://www.univision.com/noticias/criminalidad-y-justicia/investigacion-descubre-graves-injusticias-en-la-defensa-publica-de-america-latina
1 comentario:
Buenas tardes,
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Saludos,
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