Cómo Nicaragua está capacitando a sus jueces para evitar la discriminación de las mujeres

Cómo Nicaragua está capacitando a sus jueces para evitar la discriminación de las mujeres

26 de diciembre, 2017 — Cuando Michelle Zeledón se quedó embarazada a los 16 años, su padre le dijo que no quería saber nada más de ella. Ahora que era madre, argumentaba él, ya no tenía por qué seguir pagándole una pensión alimenticia. Él llevó el caso ante los tribunales de Estelí, en el norte de Nicaragua.

Yorlin Matamoro, la jueza de distrito que se encargó del caso, había recibido recientemente una formación sobre la importancia de juzgar con “perspectiva de género”, es decir, teniendo en cuenta aquellas diferencias que afectan a las mujeres y que a menudo las ponen en una situación de desigualdad ante la justicia con respecto a los hombres.

“Me di la tarea de leer bien la normativa con respecto a los derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, así como también todos los instrumentos que nos permiten dar un análisis en nuestras sentencias para ir disminuyendo la discriminación hacia las mujeres, y en este caso, por la condición de madre se quería limitar un derecho”, explicó la juez Matamoro.

Matamoro ordenó que el padre de Michelle siga proporcionando la pensión alimenticia hasta que la joven termine sus estudios universitarios. “No podemos limitarle el derecho a que ella obtenga un pleno desarrollo,” subrayó la juez. “Y para lograr esa meta ella debe contar con el apoyo de ambos progenitores”.

Yorlin Matamoro es parte de un poco más de 100 jueces, magistrados y asesores del poder judicial de Nicaragua graduados del magíster en “Derecho y Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género en el Derecho Civil”, apoyado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés).

Jueces y juezas machistas

“El problema es difícil. Existe un machismo bien profundo no solo en los jueces, sino también en las juezas, porque somos producto de una cultura”, explicó Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. 

La perspectiva de igualdad de género es una política de Estado en Nicaragua, y las autoridades judiciales decidieron comenzar con los jueces a la hora de profundizar sus conocimientos sobre los derechos de las mujeres. “En vez de tratarlas como iguales, teniendo en cuenta sus diferencias, se las trata en condiciones de desigualdad frente a los hombres”, añadió Ramos.

Una muestra de esta discriminación de género es dejar de proporcionar la pensión alimenticia, sobre todo a las mujeres más jóvenes. “Es una de las formas más frecuentes de violencia que estamos viendo”, explica Ramos, cuando la ley exige que debe proporcionarse hasta los 18 años, o bien hasta los 21 si la joven está estudiando. 

“Después del magíster puedo entender que esas circunstancias muy particulares de las mujeres, si no se las reconocemos, entonces ¿quién se las va a reconocer?”, reflexionó Matamoro.

Su sentencia en el caso de Michelle Zeledón obtuvo el segundo lugar en el II Concurso de Sentencias con Perspectiva de Género, promovido por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. 

Embarazo adolescente

A sus 19 años, Michelle ya cuenta con grandes responsabilidades para una persona de su edad. Además de cuidar de su hija de 4 años y estudiar en la universidad, la joven trabaja desde las 6:30 a.m. hasta 10:30 p.m. en una empresa tabacalera.

“Como adolescentes necesitamos una segunda oportunidad porque la mayoría de las que salimos embarazadas somos niñas”, dijo Michelle. 

El embarazo adolescente es un grave problema en América Latina y el Caribe, la región del mundo con más embarazos no planeados. Nicaragua es uno de los países de la región con un mayor número de jóvenes menores de 19 años embarazadas, tan solo superado por Bolivia, Honduras y Venezuela, según el último informe de UNFPA sobre el estado de la población mundial. 

La capacidad de una mujer para decidir si quiere quedarse embarazada o no depende en parte de si vive en una ciudad o en una zona rural, de su nivel de estudios y de su situación de riqueza o pobreza, según el informe de UNFPA.

En los países en desarrollo, las mujeres pobres no suelen contar con la suficiente información, capacidad y medios para decidir si quedarse embarazadas. Sin acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres pobres, en particular las que tienen menor escolaridad y viven en áreas rurales, están más expuestas a embarazos no deseados.

Las niñas adolescentes no suelen disfrutar del mismo acceso a métodos anticonceptivos que los niños de su edad debido a las políticas discriminatorias, los proveedores de servicios que emiten juicios de valor o las actitudes predominantes respecto al comportamiento aceptable de las niñas.

El acceso limitado a la planificación familiar se traduce en 89 millones de embarazos no planeados y 48 millones de abortos al año en los países en desarrollo del mundo. Esto no solo es perjudicial para la salud de las mujeres, sino que también restringe su capacidad para incorporarse al mercado laboral o conservar un trabajo remunerado y avanzar hacia la independencia financiera, explica el informe.

El proceso judicial iniciado por su padre sumió a Michelle en la depresión: “Pero yo dije, por mi hija voy a salir adelante, no voy a retroceder, yo decidí seguir estudiando”. 

Ahora está ya terminando el último año de sus estudios en psicología clínica, algo que la ha ayudado mucho más allá de lo que se imaginaba: “Todo el maltrato que vivimos crea ese odio, pero yo me iba ayudando a mí misma porque es psicología clínica, por ejemplo con las formas de duelo: aprender uno a vivir con eso”.

Leyes que excluyen a las mujeres

Las leyes pueden reflejar o reforzar las normas o actitudes discriminatorias que bloquean el acceso de las mujeres a la fuerza de trabajo o reducen sus ingresos en relación con los de los hombres. 

Según el Banco Mundial, en 18 países los hombres pueden impedir legalmente a sus mujeres que trabajen fuera del hogar. Las leyes de algunos países restringen el acceso de las mujeres a los servicios bancarios y de crédito, lo que puede socavar su potencial de obtener ingresos.

La legislación —o su falta o aplicación inadecuada— puede afectar a la salud y el bienestar de las mujeres y, por tanto, influir en su participación en la fuerza de trabajo y su capacidad para obtener ingresos. Según un informe del Banco Mundial en el que se evalúan 173 países, 46 no disponen de leyes contra la violencia doméstica, y 41, en materia de acoso sexual. 

Asimismo, según el Banco Mundial, raras veces existen leyes que protejan contra la “violencia económica”. La violencia económica sucede cuando se priva a las mujeres de los medios económicos necesarios para abandonar una relación abusiva, bien porque su pareja controla los recursos económicos, o bien porque le impide conseguir o mantener un trabajo.

Para la juez Matamoro, el magíster le aportó muchos conocimientos útiles para evitar que su aplicación de la ley sea discriminatoria: “Nos ayudó a combinar los aspectos académicos con los aspectos propios de cada persona, resolver no solo desde el punto de vista de funcionaria. Eso ha permitido que nosotros pongamos más empatía, nos pongamos más en el problema de la persona, pero sobre todo garantizándole los derechos a ella y también a sus hijos”. 

¿Cómo contribuir a la igualdad?

En su informe sobre el estado de la población mundial de 2017, la UNFPA propone algunas medidas para reducir la discriminación de las mujeres y contribuir a un mundo más equitativo:

• Cumplir todos los compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos acordados en tratados y convenios internacionales.
• Eliminar las barreras —leyes discriminatorias, normas o deficiencias en los servicios— que impiden a las adolescentes y las jóvenes acceder a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva.
• Llegar hasta las mujeres más pobres con servicios esenciales de atención de salud materna y prenatal.
• Responder a todas las necesidades de planificación familiar insatisfechas y conceder prioridad a las mujeres que viven en el 40% de los hogares más pobres.
• Prestar un servicio de protección social universal que ofrezca seguridad de los ingresos básicos y cubra los servicios esenciales, incluidas las asistencias y prestaciones relacionadas con la maternidad.
• Impulsar los servicios que permiten a las mujeres incorporarse o permanecer en la fuerza de trabajo remunerada, como los de cuidado del niño.
• Adoptar políticas progresivas encaminadas a acelerar el aumento de los ingresos entre el 40% más pobre de la población, a través de, por ejemplo, la intensificación de las inversiones en el capital humano de las niñas y las mujeres.
• Eliminar los obstáculos económicos, sociales y geográficos que impiden el acceso de las niñas a la educación secundaria y terciaria y su participación en cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
• Acelerar la transición del trabajo no estructurado al trabajo formal decente —con énfasis en los sectores que concentran la mayoría de las trabajadoras pobres—, y permitir el acceso de las mujeres a los servicios de crédito y la propiedad.
• Trabajar en pos de la medición de todas las dimensiones de la igualdad y del modo en que influyen unas sobre otras, y fortalecer los vínculos entre los datos y las políticas públicas.

“Los países que quieran hacer frente a la desigualdad económica pueden empezar por atajar otras desigualdades, como las existentes en la salud y los derechos reproductivos, y derribar las barreras sociales, institucionales o de otra naturaleza que impiden que las mujeres alcancen su pleno potencial”, concluye la directora ejecutiva de UNFPA, la doctora Natalia Kanem.

FUENTE: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=38614