El día en que el expresidente de Brasil Lula da
Silva fue encarcelado hace 38 años
Treinta y ocho años después, otro mes
de abril vuelve a depararle a Lula da Silva un nuevo destino carcelario.
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| Lula fichado por el Departamento de Orden Política y Social (DOPS) donde estuvo preso durante 31 días en 1980. |
El expresidente de Brasil se entregó
el sábado a la Policía Federal después de que el juez Sergio Moro ordenó su
ingreso en prisión. Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de
dinero.
Esta es la historia de cómo Lula fue
encarcelado por primera vez.
Las luces y los ruidos de los motores
asustan a la mujer que duerme abrazada a su marido en la penumbra del
dormitorio. Despiertos, la pareja espía a través de las cortinas del salón lo
que ocurre allá afuera.
Delante de la casa, vehículos de los
que bajan hombres de traje oscuro y semblante serio. Hay fuertes golpes en la
entrada de la vivienda
-¡Luis Inázio! ¡Abra la puerta!
Ya vestido, el hombre acaricia el
rostro de su compañera antes de que lo empujen de cara al vehículo.
-Quédate tranquila. No hay necesidad
de sufrir. Como dice mi madre, las cosas van a mejorar.
La escena es uno de los momentos
culminantes de la película "Lula, el hijo de Brasil" (2010), de Fábio
Barreto.
A partir de las memorias de Luis
Inázio Lula da Silva y de su esposa Marisa Letícia —fallecida en 2017—, el
largometraje reconstruye de forma libre la entrada en prisión del entonces
sindicalista, en abril de 1980.
En aquella época, Lula lideraba
una huelga en el sector de la metalurgia en la zona
metropolitana de Sao Paulo (llamada ABC) que dejó al país sin respiración.
Una noche de pánico
La biógrafa Denise Paraná, autora del
libro que sirvió de guión para la película, cuenta como la esposa del futuro
presidente de Brasil le describió los momentos de tensión vividos en aquella
noche de abril de 1980.
"Marisa, en estado de terror,
temía que la policía entrase en la casa y llevase a cabo una matanza delante de
los niños", escribió Paraná.
No era un miedo infundado. La dictadura militar instaurada en 1964 y que acababa de
cumplir 16 años en el poder agonizaba, pero todavía no estaba muerta.
Los encarcelamientos arbitrarios, las
torturas y las muertes se habían vuelto algo habitual.
Uno de los que en 1975 esperaba la
muerte en uno de los DOI-Codi — los centros de inteligencia y defensa de la
dictadura militar que había repartidos por todo el país — era José Ferreira da
Silva, más conocido como Frei Chico, también sindicalista y hermano de Lula.
En 1980, la entrada de Lula en
prisión se produjo sin un mandato judicial. A la vez
que él, otros 12 sindicalistas fueron detenidos, incluyendo a los abogados
Dalmo Dallari y José Carlos Dias.
No se sabía con certeza cuándo
podrían ser puestos en libertad o de qué crímenes se les acusaba.
Ahora, en 2018, las condiciones son
bien diferentes.
En esta ocasión, el posible encarcelamiento del expresidente brasileño es el
resultado de un proceso judicial que se extiende desde hace casi dos años y en
el que se le culpa de recibir un apartamento de tres plantas en Guarujá, en el
estado de Sao Paulo, de parte de la constructora OAS en señal de
agradecimiento.
La sentencia, ya confirmada en
segunda instancia, prevé 12 años y un mes de cárcel.
El pasado miércoles, el Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió que Lula
podrá empezar a cumplir la pena, a pesar de no haber agotado todos los
recursos.
Nunca desde 1980, ha estado Lula tan
cerca de volver a vivir en una celda.
Revueltas en el régimen
El nerviosismo de Marisa contrastaba
con la calma de su marido. Lula sabía que, una vez iniciada la huelga, corría
el riesgo de acabar en prisión.
El año anterior él y toda la
directiva del Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo do Campo y Diadema
habían sido apartados de sus cargos por el gobierno del general-presidente Joao
Figueiredo.
Divididos sobre el futuro del
régimen, a los militares les unía el aire de descontento que se palpaba en el
aire.
Querían aprovechar la huelga para dar
una estocada a la espina dorsal del movimiento sindical
metalúrgico de la zona metropolitana de Sao Paulo que había surgido
dos años antes.
Lula, como líder emergente, era uno
de los más vigilados. Sus amigos, que temían lo peor, le habían aconsejado
dejar el país, pero él se negaba.
La campaña salarial de 1980 fue
cuidadosamente preparada y también la huelga que se acordó después de que los
trabajadores no vieran atendidas sus demandas.
El paro comenzó el 1 de abril. En
secreto, la directiva había creado un "grupo especial" destinado a
mantener el movimiento en caso de que todos acabaran en la cárcel.
La posibilidad de que el gobierno
interviniese de nuevo en los sindicatos, tal como había ocurrido en 1979, era
bastante factible y reconocida abiertamente.
El encarcelamiento de los líderes
y la intervención del sindicato llegó cuando el paro cumplía 17
días.
"Un líder muerto"
Antes de que la policía abatiera la
puerta de la residencia de Lula, se habían producido altercados entre un grupo
de trabajadores y las autoridades frente a la sede del sindicato.
Paulo Maluf, ícono del régimen y
gobernador de Sao Paulo, ya había dicho en una ocasión que el líder del
sindicato de los metalúrgicos era un "líder muerto".
Era una exageración, pero la imagen
de Lula, barbudo y desarreglado, recorrió el mundo.
El líder sindical pasó 31 días en una celda del Departamento de Orden
Política y Social (DOPS) por liderar el movimiento de los trabajadores del
metal. Durante seis días llegó a hacer huelga de hambre.
El jefe del DOPS, el delegado Romeu
Tuma, dejó salir de prisión a Lula para que asistiese al funeral de su madre,
Eurídice Ferreira de Melo. Lula acudió al funeral escoltado por policías. El
día anterior, la huelga había terminado y su líder sería puesto en libertad
ocho días después.
Al año siguiente, Lula pudo escuchar
por la radio, desde casa, el juicio sobre su proceso en la 2ª Auditoría
Militar, en Sao Paulo. Al igual que los otros detenidos y sus abogados, había
decidido no comparecer a la audiencia en protesta contra la arbitrariedad del proceso.
Lula y los otros diez dirigentes
fueron condenados a penas de entre dos años y seis meses de cárcel por
"incitación a la desobediencia colectiva de la ley".
Pero como la defensa no se había
presentado al juicio, el Tribunal Superior Militar anuló el juicio. Sin
embargo, una nueva vista celebrada en noviembre confirmó las sentencias.
Tras un recurso ante el Tribunal de
uno de los condenados, todo el proceso quedó anulado.
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43668457
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