La Hora de los Socios. Se viene el capítulo de la responsabilidad de los consorciados en caso Odebrecht. Graña y Montero en línea crítica.

La Hora de los Socios.

Se viene el capítulo de la responsabilidad de los consorciados en caso Odebrecht. Graña y Montero en línea crítica. 

El mapa del caso Lava Jato ya se encuentra trazado en el despacho del fiscal anticorrupción Hamilton Castro. La colaboración de parte de los ejecutivos brasileños de la empresa Odebrecht, Jorge Barata y Ricardo Boleira, además de la información facilitada por la misma empresa en el Perú, redundó en los siguientes casos:

Metro de Lima, carretera Interoceánica –que tiene un capítulo adicional con el pago de coimas al ex presidente de Ositran para la aceleración de certificados de avance de obras- y Félix Moreno y corrupción en el Callao.

Adicionalmente, el testimonio de Barata sobre el pago de US$ 3 millones a Nadine Heredia fue remitido al fiscal Germán Juárez, que ya se encontraba investigando a la ex primera dama por los manejos irregulares del dinero del Partido Nacionalista.

Según una fuente, falta el desarrollo de “un par de temas”.

Mucho se ha especulado sobre si la “delación premiada” de Barata en Brasil, cuyo secreto se espera será levantado en junio en Brasil, traería consecuencias adicionales en el Perú, y si el traspaso de información al país se vería afectado por la virtual quiebra de Odebrecht aquí.

“Lo que venga de Brasil no será un tsunami”, resume categórica la fuente.

José Graña negó que la empresa supiera de coimas, pero renunció a su presidencia.

Según la información recabada por la Fiscalía, no hay elementos adicionales a lo que los ejecutivos confesaron en el Perú. De hecho, sus aportes al fiscal Castro han sido mucho más completos.

Un ejemplo es la investigación sobre los consorciados con Odebrecht, que se encuentra en plena corroboración y tendrá un fuerte impacto en las próximas semanas.

Los consorcios que Odebrecht integró con Graña y Montero fueron los de las carreteras Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima y el Gasoducto del Sur. JJC también participó en el proyecto de la Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3. Era el consorcio Conirsa, que inicialmente se repartía con  60% para Odebrecht, 28% para GyM, 7% para JJC y 5% para Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. En 2006 los porcentajes se modificaron a 70%, 19%, 7% y 4%. Debido al escándalo, en marzo JJC puso en venta su participación.

Ya en febrero, la revelación de Barata sobre la supuesta complicidad de la constructora peruana Graña y Montero había golpeado el desempeño bursátil de la primera empresa de construcción e ingeniería peruana. A partir de entonces, los vaivenes de la acción reflejan la incertidumbre que la rodea.

José Graña renunció a la presidencia del grupo y Mario Alvarado a la gerencia general. En marzo, Augusto Baertl fue elegido como nuevo presidente del directorio, que fue renovado en 7 de sus 9 puestos.

GyM  reportó la semana pasada un crecimiento de 11,6% en el primer trimestre del año, frente al mismo período de 2016, con una utilidad neta de US$ 79,1 millones.

Pero lo que ha permitido estos números es la venta de activos de la compañía que, como consecuencia de la rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano, anunció en enero un plan de desinversión por US$ 300 millones de activos no estratégicos. Graña estaba consorciada en el Gasoducto con la española Enagás y Odebrecht, que no logró vender su participación tras el escándalo Lava Jato. Por eso no se logró el cierre financiero.

Durante el primer trimestre Graña vendió sus participaciones por US$108 millones en los proyectos del Cuartel San Martín y Red Eagle Mining Corporation. En las últimas semanas hicieron lo mismo con sus tajadas en la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) y PRINSUR. 

Sobre Graña y Montero, una de las empresas más grande del Perú, pende como una espada de Damocles el Decreto de Urgencia 003, que prohíbe a empresas confesas y condenadas por actos de corrupción contratar con el Estado.

“Hay presunción de inocencia no solo para Graña sino para todas las demás, hasta que se les sentencie y en ese momento se aplicará lo mismo”, dijo a CARETAS el mes pasado la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. 

Los consorcios que Odebrecht integró con Graña      y Montero fueron los de las carreteras Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima y el Gasoducto del Sur. JJC también participó en el proyecto de la Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3. Era el consorcio Conirsa, que inicialmente se repartía con  60% para Odebrecht, 28% para GyM, 7% para JJC y 5% para Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. En 2006 los porcentajes se modificaron a 70%, 19%, 7% y 4%. Debido al escándalo, en marzo JJC puso en venta su participación.

Ya en febrero, la revelación de Barata sobre la supuesta complicidad de la constructora peruana Graña y Montero había golpeado el desempeño bursátil de la primera empresa de construcción e ingeniería peruana. A partir de entonces, los vaivenes de la acción reflejan la incertidumbre que la rodea.

José Graña renunció a la presidencia del grupo y Mario Alvarado a la gerencia general. En marzo, Augusto Baertl fue elegido como nuevo presidente del directorio, que fue renovado en 7 de sus 9 puestos.

GyM  reportó la semana pasada un crecimiento de 11,6% en el primer trimestre del año, frente al mismo período de 2016, con una utilidad neta de US$ 79,1 millones.

Pero lo que ha permitido estos números es la venta de activos de la compañía que, como consecuencia de la rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano, anunció en enero un plan de desinversión por US$ 300 millones de activos no estratégicos. Graña estaba consorciada en el Gasoducto con la española Enagás y Odebrecht, que no logró vender su participación tras el escándalo Lava Jato. Por eso no se logró el cierre financiero.

Durante el primer trimestre Graña vendió sus participaciones por US$108 millones en los proyectos del Cuartel San Martín y Red Eagle Mining Corporation. En las últimas semanas hicieron lo mismo con sus tajadas en la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) y PRINSUR. 

Sobre Graña y Montero, una de las empresas más grande del Perú, pende como una espada de Damocles el Decreto de Urgencia 003, que prohíbe a empresas confesas y condenadas por actos de corrupción contratar con el Estado.

“Hay presunción de inocencia no solo para Graña sino para todas las demás, hasta que se les sentencie y en ese momento se aplicará lo mismo”, dijo a CARETAS el mes pasado la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. 

FUENTE: http://caretas.pe/sociedad/78980-la_hora_de_los_socios