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sábado, 7 de abril de 2018

EL SALVADOR: Esposados y de regreso a un país en el que no han vivido en décadas: así es la vida de los salvadoreños deportados de Estados Unidos. No fue hasta que se subió al avión que José Luis Canales comenzó a llorar.


EL SALVADOR: Esposados y de regreso a un país en el que no han vivido en décadas: así es la vida de los salvadoreños deportados de Estados Unidos.
No fue hasta que se subió al avión que José Luis Canales comenzó a llorar.
26,000 salvadoreños deportados de Estados Unidos y México retornaron al país el año pasado.
Desde el momento en el que fue detenido sabía que tenía muchas posibilidades de que lo mandaran de regreso a El Salvador, lejos de la familia y la vida que se había labrado en Estados Unidos.


Pero nada parecía real hasta que se vio sentado y encadenado junto a decenas de otros deportados que volaban con él.

Fue entonces cuando se dio de bruces con la realidad y empezó a desesperarse.
"Estoy completamente solo. No tengo a nadie", recuerda que pensaba. "No tengo a donde ir".

Sin tener a nadie a quien regresar en el país que le vio nacer, se volteó hacia el hombre al que estaba esposado.


Ayuda desconocida
"Me contó su historia, que no tenía nada a lo que regresar ni nadie que pudiera ayudarle", recuerda Miguel Ángel Cañizales dos semanas después de que ambos llegaran a El Salvador.

Enseguida ofreció su casa y la ayuda de su familia al hombre que acababa de conocer.
"Le dije, 'mira, te ayudaré en todo lo que pueda. No te preocupes, de alguna manera saldremos adelante'", cuenta.
Ingeniárselas para mantenerse a flote es precisamente lo que llevan haciendo desde entonces. Con la familia de Miguel, José encontró una cama y algo de ropa con la que vestirse. Estiraron lo poco que tenían para poder dar de comer a una boca más.
"Estaba un poco preocupado con lo que podrían decir mis hermanas cuando llegase a casa con un desconocido", admite Miguel Ángel. Pero las profundas creencias cristianas de la familia hicieron que ayudar a José fuese casi un deber.
Deportaciones masivas
La difícil situación de José es común en El Salvador: 26,000 deportados de Estados Unidos y México retornaron al país el año pasado. Les espere una familia o no, todos pasan por el centro de atención al inmigrante La Chacra, situado en la capital.



El día que estuvimos allí, una riada de personas — desde abuelos a bebés— bajó de tres camiones del servicio de inmigración. "Ayer había aquí seis como esos", me cuenta un funcionario del centro.
Los deportados no tienen cordones en sus zapatos y muchos de ellos todavía llevan el uniforme de prisiones color gris que se les da en los centros de detenciónestadounidenses.
Aquí al menos son recibidos con una gentileza: un café, una comida, la oportunidad de llamar a la familia y una primera atención médica.

La administración de Trump dice que manda a estos deportados de regreso a su casa.
Pero para muchos, "casa" es Estados Unidos.
Es el caso de William. Sus padres lo llevaron a Estados Unidos cuando era tan solo un niño y vivió allí por 40 años.
"Es muy extraño para mi volver al sitio donde nací", dice mientras esperamos a que el café esté listo, "porque realmente apenas he vivido aquí".
Consciente del enorme estigma que hay sobre los deportados, nos pide que solo utilicemos su nombre de pila y asegura que encontrar un trabajo decente es un desafío.
"Nadie quiere trabajar por US$10 al día", dice con un fuerte acento californiano.
"En las centralitas telefónicas pagan entre US$30 y US$35 al día, así que estoy pensando en sacar provecho a algo en lo que soy bueno que es hablar inglés".
Habiendo trabajado como instructor en Estados Unidos, su objetivo es abrir una academia de inglés para enseñar a la gente a trabajar en las centralitas.

Hay un programa del gobierno que ofrece a los deportados con espíritu emprendedor una pequeña ayuda inicial para crear esas compañías, pero conseguir la financiación no es fácil, asegura William.
Un futuro difícil
Los políticos saben que el panorama que espera a los deportados no es alentador y que, en primer lugar, necesita hacer más para evitar el éxodo a Estados Unidos.
Pero las llamadas al gobierno de Trump para trabajar juntos en el tema parecen estar cayendo en oídos sordos, asegura Johnny Wright, un diputado del parlamento salvadoreño.
"Si eliminas el componente humanitario o humano, entonces no estás hablando de que son vidas humanas las que están en juego", argumenta. "La reunificación familiar o cualquiera de estos principios son el pegamento que ha mantenido vigente la situación actual".

Pero Wright no es en absoluto un liberal. Como miembro del partido conservador ARENA, quiere que la Casa Blanca cambie su lenguaje acerca de los inmigrantes, debido a las declaraciones del presidente Trump describiendo a El Salvador.



"Cuando tienes este tipo de discurso, estás reforzando el estereotipo y la división. Es básicamente la política del miedo".
Jose y Miguel Ángel, han conseguido evitar uno de sus mayores miedos: el desempleo.
Ambos encontraron un trabajo a través de la iglesia construyendo gradas en un campo de deportes de un barrio pobre de la capital.
"Mi plan al principio era regresar a Estados Unidos", dice José limpiándose el sudor de la frente, "a través de Guatemala y después México". Pero Miguel Ángel lo disuadió, insistiendo en que estaría más seguro en El Salvador.
Puede que fueran simplemente extraños cuando fueron encadenados el uno al otro, pero ahora parecen que por el momento no están dispuestos a separarse.

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43502875

viernes, 27 de mayo de 2011

Golpe bajo a la inmigración en EE.UU. La Corte Suprema sentó precedente al avalar parte de una ley en Arizona que permite multar a las empresas que contratan a indocumentados.

Golpe bajo a la inmigración en EE.UU.
La Corte Suprema sentó precedente al avalar parte de una ley en Arizona que permite multar a las empresas que contratan a indocumentados.

Golpe bajo a la inmigración en EE.UU.

"Inmigrantes indocumentados Deportados de EE.UU."

El republicano Matt Ramsey es un legislador de Georgia, sin embargo fue uno de los primeros en reaccionar ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de una polémica ley de Arizona que penaliza a los negocios que contraten a trabajadores indocumentados.

Para Ramsey, patrocinador de una medida similar firmada hace apenas unos días por el gobernador de Georgia, Nathan Deal, el fallo es un respaldo a su propia propuesta, (HB-87) que también generó un fuerte debate entre activistas en pro y en contra de la inmigración.

La determinación del tribunal avala la autoridad de los estados para implementar, aunque de forma limitada, medidas que refuerzan las leyes federales contra la inmigración ilegal.

"Creo que la decisión de la Corte Suprema es exactamente la correcta... porque reconoce que los estados tienen un papel en responder a las situaciones creadas por la inmigración ilegal", dijo Ramsey al diario Atlanta Journal Constitution.

La legislación ratificada en Georgia es una de las más restrictivas del país y parte de una cadena de ordenanzas antiinmigrantes basadas en medidas aprobadas en Arizona.

Luz verde a más restricciones

El fallo de la Corte le da la "luz verde" a otros estados que quieran implementar normas parecidas, opinan activistas y expertos en inmigración. Catorce estados del país, incluyendo Mississippi, Carolina del Sur, Missouri, Pennsylvania, Tennessee y Virginia ya cuentan con leyes paralelas.

"La decisión de la Corte confirma nuestra convicción de que el código federal no impide que los estados y las localidades implementen las leyes de inmigración", dijo en un comunicado Dan Stein, presidente de la Federación para una Reforma de Inmigración Estadounidense (FAIR por sus siglas en inglés), entidad que aboga por fuertes restricciones migratorias.

El dictamen judicial es sobre una ley que revoca las licencias de operación de los negocios con empleados indocumentados y les exige a que participen en el programa federal E-Verify, que verifica el estatus legal de los trabajadores contratados. Esta ley fue firmada en el 2007 por la entonces gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, actual jefa del Departamento de Seguridad Nacional, e integrante del gabinete de Barack Obama, que ahora se opone a la legislación.

La decisión de la Corte no se aplica a la SB1070 de Arizona, que le exige a la policía detener a sospechosos de ser indocumentados y que generó polémica internacional y llamados a boicotear al estado. La implementación de la SB 1070, firmada en el 2010, está bloqueada mientras se resuelve una demanda legal, y también podría llegar hasta el tribunal supremo.

Si Washington no resuelve, nosotros sí

Según el senador estatal de Maryland, Víctor Ramírez, mientras en Washington siga estancado el debate de inmigración, los estados seguirán atrapados entre la espada y la pared, intentando resolver un tema de competencia federal pero con consecuencias locales.

La última vez que el Congreso de Estados Unidos aprobó una reforma migratoria amplia, fue hace más de dos décadas, cuando Ronald Reagan era presidente. Desde entonces los intentos de autorizar una legalización masiva se han desmoronado ante las contiendas partidistas, mientras crece el número de inmigrantes sin opciones para reglamentar su estatus.

El legislador demócrata, también abogado, recalcó a BBC Mundo que aunque las leyes de inmigración tienen que venir del Congreso y firmadas por el presidente, los estados tienen competencia sobre normas de empleo, licencias de conducir, impuestos locales, servicios sociales y los sistemas de educación y de policía.

"Marcha a favor de una reforma a las leyes migratorias en EE.UU."

Y todas estas funciones han sido afectadas por el flujo de población inmigrante y la falta de una reforma migratoria que ha generado más de 12 millones de indocumentados.

En los primeros cuatro meses del 2011 se presentaron 1.538 propuestas de ley relacionadas a la inmigración en los 50 estados del país, un aumento con respecto al año anterior, según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Arizona para un lado, Utah para otro

Ramírez explicó a BBC Mundo que los estados tienen que solucionar de una forma "práctica", lo que pasa en sus comunidades y que las normas estatales también pueden ser favorables a los inmigrantes según la dinámica política local.

"Mientras en Arizona se aprueban medidas antiinmigrantes, en Illinois se desafía el mandato federal que obliga a la policía a colaborar con las autoridades de inmigración", señaló Ramírez, quien gracias al apoyo de una fuerte coalición proinmigrante, logró que su estado de Maryland aprobara este año una ley que permite a los estudiantes indocumentados asistir a las universidades públicas con matrícula de residente.

Illinois tiene códigos similares, mientras que la asamblea de California acaba de aprobar una medida para revocar su participación en un programa federal que facilita las deportaciones.

Utah por su parte, ha dado un paso incluso más osado, convirtiéndose en el primer estado del país en crear su propio programa de visas para darle papeles a los trabajadores inmigrantes que viven en el estado. Esta ley también enfrenta sus retos legales, y ya se menciona como posible caso para el máximo tribunal.

Lo que diga la corte, con copia para todos

"Por eso como legisladores estatales estamos pendientes de los que diga la Corte Suprema, queremos saber hasta dónde podemos llegar con los temas que nos afectan", indicó Ramírez, señalando que la misma dinámica se da con otros temas de debate. Entre estos el matrimonio gay, la pena de muerte, los derechos laborales y la legalización de la marihuana, asuntos que tienen aplicación local y federal y que varían según la región.

Un fallo a favor de la Corte Suprema le abre el paso a los activistas victoriosos a proponer su agenda en otros estados y le da parámetros a los legisladores para que se copien, sin problema, de las leyes que les gustan.

"Si vemos que una ley que nos interesa ya ha sido ratificada por el tribunal supremo, para qué reinventar la rueda", concluyó Ramírez.



FUENTE: http://noticias.latam.msn.com/pe/internacional/articulo_bbc.aspx?cp-documentid=28887516