jueves, 29 de junio de 2017

México, frente al espejo del racismo. Un grupo de mexicanos explica cómo vive cada día la discriminación por su tono de piel.

México, frente al espejo del racismo.
Un grupo de mexicanos explica cómo vive cada día la discriminación por su tono de piel.
Los lingüistas coinciden en que güero proviene de huero —un huevo sin sustancia, vacío— y se usaba para referirse a aquellas personas descoloridas, pálidas o enfermizas. Pero hoy es un piropo, ser güero se lleva con orgullo. "La niña nos salió güerita", se escucha en muchas familias satisfechas. Todo lo relacionado con lo moreno puede ser algo ofensivo en México. En la televisión, en la publicidad o en los puestos directivos no es fácil encontrar a alguien con un tono de piel oscuro. Una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha hecho oficial por primera vez que en México es más fácil prosperar si eres blanco. Y ha puesto al país frente al espejo de sus peores males.
A Tenoch el estudio le suena de algo, porque a él los de seguridad le persiguen en las tiendas. A Judith le dijeron desde pequeña que era fea y no la contrataron en unos grandes almacenes por ser morena. Nadie se cree que Rosendo haya estudiado un máster en Oxford, aunque pasee su título con orgullo. Y Mónica aguanta que le griten "pinche india" por la calle. Los cuatro han sufrido toda su vida el racismo que señalan por primera vez las cifras oficiales.
El informe del INEGI que tiene en cuenta el color del que el entrevistado se ve —entre una gama de 11 tonalidades—  muestra cómo cuanto más moreno, menos posibilidades de alcanzar un puesto alto de trabajo. Un 30% de los directores o jefes de área son blancos y el mismo porcentaje de morenos se dedica al campo. En cuanto a la educación, ocurre algo similar. Cuanto más claro es el tono de piel, mayor nivel de estudios.
Unos datos que han abierto la llaga que sangraba sigilosamente en México, ahora expuesto públicamente como un país racista. "Hay dondequiera que mires. En los estratos ricos, en las capas acomodadas, en la clase media. Hasta en los sectores más pobres, incluso entre indígenas; es dramático, cuando tienen un hijo más blanquito creen que es mejor", afirmaba el antropólogo Roger Bartra en una entrevista a este diario. "El desprecio a lo indígena es generalizado y antiquísimo, una herencia colonial que sigue permeando a la sociedad tanto en la cúspide como en la base. Eso es lo más trágico. Es un racismo transversal", añadía.
Una discriminación que sufre alrededor del 80% de la población, según un estudio del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Un racismo que se percibe en lo cotidiano y al que un grupo de mexicanos le ha puesto rostro y voz.

Judith Bautista, socióloga e investigadora, 40 años
"En México se trata de un racismo sutil y amoroso, que tiene mucho de paternalista y de tutela, y por eso confunde tanto", apunta Judith Bautista desde el otro lado del teléfono, es socióloga e investigadora del Colectivo para eliminar el racismo (Copera), pero lo que afirma lo dice por su propia experiencia.
Cuando estaba estudiando quiso tener un trabajo que le permitiera mantenerse y fue a una entrevista como dependienta en El Palacio de Hierro. "La encargada me miró con tanta conmiseración. Me sentó, habló conmigo mucho tiempo, era muy amable. Me decía: 'Mira, no te podemos contratar, creo que puedes hacer cosas mucho mejores, pero tu físico no da con la tienda, necesitamos otro perfil'", recuerda Bautista. "Mi respuesta era entre humillación, enojo, y desconcierto. No es normal que alguien te mienta la madre de forma tan amable. No sabes cómo responder". "Me hablaban de buena presentación, pero yo decía: planché mi ropa, me arreglé, ¿cuál es el problema?".
Tenoch Huerta, actor, 36 años. 

Tenoch Huerta, actor, 36 años
Al actor mexicano, protagonista de la película Güeros (2014), los taxistas le tienen miedo por la noche. "Cuando iba con mi novia francesa, dejaba que los parara ella, si lo intentaba yo, pasaban de largo. Entonces me escondía en una esquina y cuando frenaban, me subía. Si voy solo no puedo", explica resignado. "En el Sanborns, los encargados de seguridad me siguen, aunque vaya con mi hija, por si me robo algo, ¡y lo triste es que ellos son como yo!". "Creo que el problema de este país es que no nos queremos... Nada", sentencia solemne. 
Tenoch reconoce que nunca será el "galán" de una telenovela, pero incluso es poco probable que ocupe el puesto de un ejecutivo o profesionista en alguna película. "Nuestro destino es representar al jodido sufridor, al ratero, al pobre. Por suerte ahora se está haciendo mucho cine mexicano que requiere perfiles así", comenta irónico. 
Desde pequeño le dijeron que era feo, porque "era moreno"; en la escuela le decían que tenía nombre de perro, porque Tenoch es un término en náhuatl; y durante mucho tiempo soportó que en las audiciones le espetaran que era "demasiado mexicano". "Buscamos más a un latino internacional, me decían, esto es, un europeo o un argentino bronceado", cuenta entre risas.
Rosendo Vallejo, ingeniero mecánico, 67 años. 
Rosendo Vallejo, ingeniero mecánico, 67 años
Rosendo cuando era pequeño soñaba con las universidades donde habían estudiado sus grandes ídolos —Isaac Newton, Blaise Pascal y Gottfried Leibniz—, desde su humilde casa de Michoacán se imaginaba aquellos pasillos y se decía a sí mismo que eso era un "sueño guajiro", una utopía. Consiguió una beca para Oxford, la última universidad que había solicitado porque acudir a una universidad "tan prestigiosa" le parecía demasiada fortuna. Estudió allí una maestría en Ciencias mientras en México nacía su hijo Julio. Y todavía se emociona cuando recuerda aquellos años, hacia 1977.
El problema no fue cruzar el Atlántico con pocos pesos en el bolsillo y con una familia que alimentar. Lo difícil fue el regreso. "Tuve que conformarme con un trabajo de bajo nivel porque nadie quería a alguien con mi aspecto en un puesto como el que solicitaba", explica. Hubo un momento que considera un punto de inflexión en su vida: "Un día un colega me llamó pinche indio patarrajada delante de todos". Y todavía le duele. "Muchas otras veces cuando estábamos en reuniones algunos me pedían que les trajera una copa. Y es que pensaban que alguien como yo solo podría ocupar esos puestos".

Mónica del Carmen, actriz, 35 años. 
Mónica del Carmen, actriz, 35 años
La actriz Mónica del Carmen —películas como Babel (2006) o Año Bisiesto(2010)— creció en una comunidad indígena de Oaxaca, Miahuatlán. Hija de una familia de mujeres "luchonas", siempre asumió con orgullo sus orígenes. No se reconoce como una víctima del racismo de este país, porque sabe que hay quienes lo sufren más, pero recuerda sin necesidad de pensar demasiado la última vez que le agredieron por la calle sólo por su color de piel. "Iba en bicicleta y una mujer que chocó contra mí comenzó a gritarme como loca: ¡India, india, india, india! Y así 100 veces. No entendía por qué me insultaba y quise responderle, pero no lo pude evitar y se me escaparon las lágrimas".
"Es muy interesante el fenómeno de discriminación entre iguales, porque aunque seas igual de moreno, si ya tienes un tono de piel más claro o los ojos más cafés y menos negros, buscas ser menos indígena, un poquito menos indio, un poquito menos feo", remata.
La investigadora Bautista explica que el racismo "se vuelve más complejo porque hay una promesa de que la mezcla racial traerá prosperidad, entonces hay que alcanzarla: Cásate con alguien más blanco, mejora la raza, olvida tu lengua. Pero esa promesa es inacabada. Siempre estará ahí". Y sentencia: "En México el privilegio para alguien moreno es pasar desapercibido. Nadie quiere ser objeto de opresión".
FUENTE: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/29/mexico/1498692599_341796.html

La Justicia impugna la primera lista electoral 100% femenina en Argentina. Ciudad Futura recurre la decisión judicial, que dio 24 horas al partido para incluir a hombres en su papeleta si quiere participar en las elecciones legislativas de octubre.

La Justicia impugna la primera lista electoral 100% femenina en Argentina.
Ciudad Futura recurre la decisión judicial, que dio 24 horas al partido para incluir a hombres en su papeleta si quiere participar en las elecciones legislativas de octubre.
De izq a dcha: Gabriela Durruty, Caren Tepp y Beatriz Priotti, candidatas de Ciudad Futura.

¿Es legal en Argentina presentar una lista electoral compuesta exclusivamente por mujeres? El partido regional Ciudad Futura entendió que sí al presentar una papeleta con el 100% de aspirantes femeninas a la Cámara de Diputados para los comicios legislativos del 22 de octubre. Un juez federal con competencia electoral rechazó este miércoles la lista y dio 24 horas a Ciudad Futura para incluir al menos un 30% de candidatos masculinos en su lista si quieren participar en los comicios. La petición judicial coincide con el porcentaje que marca la ley de cupo femenino aprobada en 1991 en Argentina. Ese año, el país austral se convirtió en el primero de América Latina en garantizar una importante presencia femenina en la política al obligar que tres de cada diez candidatos de las listas electorales fuesen mujeres. 26 años después, el juez Reinaldo Rubén Rodriguez considera que "el cupo es para ambos sexos" y con ese argumento impide que la lista encabezada por la concejal rosarina Caren Tepp concurra a las urnas.
Ciudad Futura ha contestado las observaciones realizadas por el juez y espera que la papeleta pueda oficializarse tal y como se presentó. Además, ha lanzado la campaña "Dejen llegar a las mujeres" a través de las redes sociales para ganar apoyos. "La resolución se basa en un fallo del 2001, cuando se intentó presentar una lista femenina en Tierra del Fuego, pero omite un decreto del año 2005 del expresidente Néstor Kirchner que modificó los artículos de reglamentación de la ley para que no haya dudas sobre su espíritu, entendiendo que lo que el cupo femenino establece es un mínimo y no un máximo", dice a EL PAÍS Tepp, la cabeza de lista de Ciudad Futura. La candidata considera que la iniciativa es parte del cambio cultural que vive Argentina "hacia una sociedad menos machista y más igualitaria". Según la candidata, la Justicia tiene un plazo máximo de 48 horas para expedirse.
"Los cupos, en derecho constitucional, siempre son para el sector menoscabado. Nunca hay cupo para el sector que ya tiene la mayoría porque sino estarías conspirando contra el equilibrio, demorás la obtención del equilibrio buscado. El día que haya más mujeres que varones, se podrá quizás plantear el cupo masculino, pero hasta el día de hoy ni siquiera logramos el 50%", subraya el constitucionalista Domingo Rondina Molina, abogado defensor de este partido nacido en la ciudad de Rosario.
"Es perfectamente legítima (la lista 100% femenina). Sobre criterios de oportunidad política o conveniencia no opino", sostiene el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El letrado se muestra convencido de que la Cámara Nacional Electoral dejará sin efecto cualquier resolución que diga lo contrario y coincide con él su colega Félix Loñ: "No hay ninguna prohibición para eso. No hay un tope, sólo hay un tope para los hombres". Desde el Gobierno se limitan a señalar que la decisión corresponde a la Justicia.
La ley de paridad, paralizada
Con el respaldo de legisladoras de casi todo el arco político, el año pasado se presentaron en ambas cámaras dos proyectos de ley que obligan a los partidos a alternar un candidato de cada sexo en las listas con las que concurran a los comicios. De haberse aprobado la nueva legislación, una papeleta como la de Ciudad Futura sería ilegal, pero ambas iniciativas permanecen paralizadas en el Congreso desde hace ocho meses. "Si se establece la paridad, la discusión ha terminado", señala Rondina. "Hasta entonces, una lista que dice que va a meter a todas las mujeres posibles en la Cámara de Diputados no solo es válida sino que es constitucionalmente valiosa, porque acelera el objetivo de lograr un equilibrio entre hombres y mujeres en las bancas", opina.
Durante la discusión parlamentaria sobre la ley de paridad, varios legisladores se opusieron a mantener la normativa vigente por considerar que hoy en día no hay inferioridad de condiciones para la mujer. "Mujeres y hombres están perfectamente equiparados en la política, sí veo inequidad en otros sectores, como en el mundo del trabajo", dijo en ese momento el diputado macrista Pablo Tonelli a EL PAÍS, aunque acató la disciplina de voto de su partido, a favor de la paridad. "Las mujeres conquistarán sus reivindicaciones luchando y no con un cupo del 50% de los cargos", señaló Gabriel Solano, del Frente de Izquierda. Para Tepp, la presentación de una lista 100% femenina y el revés judicial pone de relieve que el rechazo a esta normativa se debe a que "hay ciertos sectores que no quieren perder privilegios".
"La sociedad ha avanzado mucho en entender que tiene que haber igualidad, pero las leyes no se están modificando. La realidad es que las leyes que nos reglamentan son las mismas de principios de los 90 y hay que llevar a los hogares esta discusión, hacer que genere preguntas", agrega la candidata. De cara a las legislativas de octubre hay varias mujeres que encabezan las listas electorales de los grandes partidos, pero el porcentaje de candidatas femeninas en los principales distritos del país es inferior al masculino en todos los casos. Ciudad Futura quiere sentar un precedente. Lo consiga o no, la presentación de este pequeño partido rosarino aspira a abrir un debate que sacuda los cimientos de la política argentina.


FUENTE: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/28/argentina/1498683658_449244.html


Las transexuales en Colombia no celebran el día del orgullo LGTBI. En el último año, 27 mujeres trans fueron asesinadas. La policía es uno de sus principales agresores.

Las transexuales en Colombia no celebran el día del orgullo LGTBI.
En el último año, 27 mujeres trans fueron asesinadas. La policía es uno de sus principales agresores.
Laura Weins, en una entrevista de 2016 en Bogotá. 
Laura Weins lleva más de 30 años luchando para vivir como quiere. No ha sido fácil. Ser transexual en Colombia es estar condenado al maltrato y la exclusión. Dice que no celebra la conmemoración del día orgullo LGBTI, ella sale a las calles para gritar que existe y exigir igualdad. “No podemos hablar de orgullo ni victorias hasta que nos vean como las ciudadanas que somos”, asegura. Weins es líder del Grupo de acción y apoyo a personas trans (GAAT). Aunque reconoce que el país ha avanzado en materia de derechos, nada será suficiente si las siguen matando.
En el último año, 27 mujeres y siete hombres transexuales fueron asesinados. Entre el miedo y la resistencia, un informe que se presentará este jueves documenta la violencia contra la población LGBTI en Colombia. La investigación, realizada por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, evidencia que los trans y los hombres gais, con 43 casos, son las principales víctimas de homicidios dentro de este colectivo.
La justicia tampoco parece estar de su lado. En agosto de 2016, Nicoll Oriana, una mujer trans y trabajadora sexual fue degollada, torturada y abusada. El presunto responsable fue capturado en noviembre, pero el proceso penal continúa en etapa de investigación, a pesar de que días antes de su muerte había denunciado amenazas. Oriana además de ser trans y trabajadora sexual, ayudaba a organizar encuentros de víctimas del conflicto en Sucre. Reunía las condiciones de vulnerabilidad propias de quien vive en un país como Colombia.
Gustavo Pérez, investigador de Colombia Diversa, asegura que una de las grandes preocupaciones es que a pesar de los avances en el reconocimiento y en la protección a los derechos de las personas LGBTI, las agresiones no han disminuido. “Los prejuicios siguen siendo muy fuertes y lo que dice la ley no ha logrado cambiar el problema de fondo”. La normativa, que en el papel muestra un cambio en el país hacia la igualdad, no se evidencia en la realidad. Mientras en el año 2012, 95 personas fueron asesinadas por su orientación, identidad y expresión sexual, en 2016 la cifra llegó a los 108. La violencia policial que hace cuatro años registró 33 casos, hoy alcanza los 77. Los transexuales son las principales víctimas de los uniformados.
Pérez destaca con preocupación que las investigaciones contra la policía por sus abusos sean asumidas por la misma institución. “Mientras sean ellos los que investiguen esos casos, habrá impunidad. No hay garantías de imparcialidad”. A las mujeres trans las autoridades las persiguen en las zonas en donde muchas ejercen la prostitución. A pesar de que en Colombia es legal, cualquier argumento es suficiente para acosarlas. “A estos lugares llega la policía a intimidarlas, a que se desplacen hacia otras partes, amenazándolas con las armas de dotación y agrediéndolas físicamente”, dice el informe, elaborado con el apoyo de la Unión Europea.
La única investigación disciplinaria que en 2016 concluyó con la destitución de agentes policiales fue la de una ejecución extrajudicial de una mujer trans en Cali. “Existe una violencia constante por parte de ellos. Hay mucho prejuicio, no sé por qué les cuesta entendernos. Parece que les atormentara nuestra existencia”, afirma Weins. El documento, que todos los años muestra cómo está el país en materia de respeto a derechos, destaca que se “continúa observando la naturalización de la violencia policial por parte de las víctimas, ya que es algo normal que la Policía intimide, amenace y violente, por lo que en la mayoría de los casos no hay denuncia formal y si se denuncia persiste el miedo a las retaliaciones, la deslegitimación de la denuncia y la impunidad”. Weins trabaja para que las mujeres como ella sean reconocidas como lo que son, como ciudadanas. “Tenemos que estar presentes en las marchas sobre todo para mostrarnos, para pedir que nos respeten la vida”.
El caso de Santiago, un hombre trans de 22 años, fue el primero registrado en 2016. Desplazado, huérfano y víctima de violencia sexual, fue asesinado el 31 de enero de 2016 a balazos en el Valle. Hasta ahora, nadie sabe quién lo hizo. Las autoridades tampoco se han interesado en averiguarlo. “En su caso faltó la debida diligencia, como en la mayoría de crímenes contra esta población”, dice el informe.
Pero la impunidad no solo ronda las investigaciones por las muertes de transexuales. De los 108 homicidios ocurridos en 2016, 42 de las investigaciones continúan en indagación preliminar. En cinco casos se abrió una investigación formal y ocho avanzaron a etapa de juicio. Solo en cuatro procesos penales hubo condenas. En ninguno se conoció con claridad el móvil del crimen. 
FUENTE:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/28/colombia/1498681093_949990.html


Perú entre los 5 ejércitos más poderosos de América Latina.

Perú entre los 5 ejércitos más poderosos de América Latina.
El Índice Global de Potencia de Fuego 2017 ha sorprendido al revelar qué países tienen los ejércitos más poderosos en el mundo. Conoce el ranking a continuación.
El Global Firepower Index 2017 (Índice Global de Potencia de Fuego) ha presentado un ranking de los países que tienen los ejércitos más poderosos del mundo y nuestro país, Perú, se ubica en el puesto 39 a nivel mundial.
Sin embargo, destaca que se encuentre en la cuarta colocación en América Latina. Solo es superado por Brasil, México y Argentina.
Se trata de un listado que toma en cuenta las capacidades logísticas y tácticas de los ejércitos, la diversidad de sus armamentos, sus capacidades industriales e incluso las ventajas geográficas que poseen.
El ranking, sin embargo, no toma en cuenta la posesión de armas nucleares aunque aquellos que las posean reciben un bonus.
El top 3 lo encabezan Estados Unidos, Rusia y China, respectivamente.
Perú destaca por tener un total de 120 mil miembros activos y 272 mil de reserva. Además cuenta con 890 vehículos blindados de combate, 85 tanques, 267 aeronaves, 60 activos navales y un presupuesto militar de 5.560 millones de dólares.

TOP 100
1. Estados Unidos
2. Rusia
3. China
4. India
5. Francia
6. Reino Unido
7. Japón
8. Turquía
9. Alemania
10. Italia
11. Egipto
12. Corea del Sur
13. Pakistán
14. Indonesia
15. Israel
16. Vietnam
17. Brasil
18. Polonia
19. Taiwán
20. Irán
21. Tailandia
22. Australia
23. Corea del Norte
24. Arabia Saudí
25. Canadá
26. Algeria
27. España
28. Grecia
29. Suecia
30. Ucrania
31. República Checa
32. Myanmar
33. Malasia
34. México
35. Argentina
36. Suiza
37. Noruega
38. Países Bajos
39. Perú
40. Colombia
41. Venezuela
42. Etiopía
43. Siria
44. Rumania
45. Nigeria
46. Sudáfrica
47. Chile
48. Uzbekistán
49. Filipinas
50. Belarús
51. Dinamarca
52. Bangladesh
53. Kazajistán
54. Angola
55. Iraq
56. Finlandia
57. Marruecos
58. Austria
59. Azerbayán
60. Emiratos Árabes Unidos
61. Yemen
62. Portugal
63. Hungría
64. Bélgica
65. Singapur
66. Bulgaria
67. Croacia
68. Afganistán
69. Ecuador
70. Sudán
71. Jordania
72. Libia
73. República Democrática del Congo
74. Eslovaquia
75. Kenia
76. Tunisia
77. Omán
78. Cuba
79. Kuwait
80. Georgia
81. Bolivia
82. Zimbaue
83. Serbia
84. Turkmenistan
85. Zambia
86. Sri Lanka
87. mongolia
88. Camboya
89. Chad
90. Qatar
91. Uganda
92. Albania
93. Bahrain
94. Líbano
95. Armenia
96. Tanzania
97. Lituania
98. Sudán del Sur
99. Nepal
100. Ghana

 FUENTE: http://larepublica.pe/sociedad/890602-peru-entre-los-5-ejercitos-mas-poderosos-de-america-latina


martes, 27 de junio de 2017

Abogados de los Pobres: Costa Rica, Perú, Guatemala, Chile, Brasil, México, Colombia. Investigación descubre graves injusticias en la defensa pública de América Latina.

Abogados de los Pobres: Costa Rica, Perú, Guatemala, Chile, Brasil, México, Colombia. Investigación descubre graves injusticias en la defensa pública de América Latina.
Celsa Taco recibió los restos de su hijo de 33 años después de su desaparición en Ayacucho, al sur del Perú. Como ella, muchos deudos y víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen menos respaldo legal del Estado que los presuntos perpetradores. 
Indígenas excluidos, militares protegidos, inocentes esperando en prisión, contratos cuestionados y un mayor riesgo de condena para quien no puede pagar su abogado. Esos son algunos problemas que arrastran las defensorías públicas en seis países de la región, según una investigación liderada por Univision Noticias con otros siete medios latinoamericanos.

Lea con atención los siguientes párrafos. Lo guiarán por una realidad de la que se habla poco en Latinoamérica y que viven miles de personas pobres, al enfrentarse a un sistema de justicia penal que ya de por sí está sesgado en su contra: Adán de la Cruz Gallegos es un indígena de Oaxaca, México, que tiene 45 años. Afirma que casi no entiende español, su lengua materna es el zapoteco. Una mañana de octubre de 2009 fue arrestado en su pueblo, Juchitán de Zaragoza, cuando regresaba a casa después de bautizar a su hija menor. Lo acusaron de secuestro y se lo llevaron. Ya tiene siete años en la cárcel y aún no lo han sentenciado. Asegura que no tuvo un defensor que hablara su idioma y no entendió lo que le decían cuando lo detuvieron.

Pasemos a Costa Rica, un país cuyo sistema de justicia se considera modelo en Latinoamérica. Si a usted lo acusan de un crimen y llega a un juicio penal acompañado de un defensor público, la posibilidad de que lo condenen es mayor que si contrata a uno privado, especialmente si el delito es complejo. La idea de que la gente que no puede pagar un abogado tiene garantizada una defensa penal en igualdad de condiciones, parece que no aplica en ese país.

Ahora a Perú donde 47 militares acusados por crímenes como tortura, desapariciones y asesinato tienen defensores privados pagados por el Gobierno. Mientras tanto, en octubre del 2016 la administración de Pedro Pablo Kuczynski despidió a 200 abogados públicos que debían atender a los ciudadanos comunes, incluyendo víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Estas son algunas de las historias que salen a la luz hoy, tras una investigación regional que lideró Univision Noticias en los últimos seis meses, y en la que participaron periodistas de siete medios latinoamericanos: Animal Político (México), Plaza Pública (Guatemala), Semanario Universidad (Costa Rica), El Tiempo (Colombia), CIPER (Chile), Ojo Público (Perú) y Agência Lupa (Brasil).

Los casos que revelamos también son los síntomas de un mal mayor. Los modelos de defensa pública en América Latina se están quedando cortos. “Ya no resisten a las necesidades de la gente, no funcionan, están saturadas y su trabajo perdió calidad”, explica a Univision Noticias el jurista argentino Alberto Binder, experto en derecho procesal penal y profesor en varias universidades latinoamericanas.
Sobrecarga de trabajo, bajos salarios, falta de atestados, nombramientos políticos, amenazas y asesinatos son sólo algunos de los problemas que cargan muchos abogados públicos de la región, sumados a la falta de independencia financiera de algunas defensorías y la negligencia de las instituciones judiciales para medir el rendimiento de su labor.

(las defensorías públicas) ya no resisten a las necesidades de la gente, no funcionan, están saturadas y su trabajo perdió calidad”
Alberto Binder, experto en derecho procesal penal

AYUDA FUNDAMENTAL
Las defensorías públicas existen para que las personas más pobres y vulnerables tengan acceso a la justicia con las mismas condiciones de quienes sí tienen dinero para pagar un abogado, al enfrentar una acusación penal o cuando reclaman por una violación de sus derechos.
Estas estimaciones reflejan el valor central en un intervalo de confianza. Por ejemplo, si una probabilidad se estima en 65%, su intervalo de confianza va desde el 58% y hasta el 72%. Es decir, el verdadero valor se encuentra en ese rango.
Sin esa ayuda legal, millones de personas alrededor del mundo quedarían en desventaja cuando son sometidas al sistema de justicia. En muchos países estarían en riesgo de ser enviadas a prisión sin motivos, o sufrir torturas y confesiones forzadas.
Históricamente, los sistemas penales han apuntado más hacia las personas pobres, pero cuando se las lleva a enfrentar un proceso penal, se les otorga una defensa floja. La Organización de la Naciones Unidas (ONU) viene alertando de que “los grupos débiles y especialmente vulnerables están excesivamente representados entre los delincuentes en el sistema de justicia penal”.

Por eso, estos grupos “soportan una parte desmesurada del costo socioeconómico del sistema”.
El uso de la prisión en la lucha contra las drogas disparó el número de gente encarcelada en las últimas décadas e impactó de manera desproporcionada a las mujeres, en su mayoría pobres, con bajo nivel educativo y que en muchos casos velan por niños, ancianos y discapacitados, informó la Organización de los Estados Americanos (OEA) el año pasado.

Los grupos débiles y especialmente vulnerables están excesivamente representados entre los delincuentes en el sistema de justicia penal”
Organización de Naciones Unidas


La población de mujeres en prisión en el continente americano aumentó 51.6% entre el 2000 y el 2015, comparado con un 20% entre los hombres, de acuerdo a un informe del Instituto de Investigación sobre Politicas Criminales en Birkbeck, de la Universidad de Londres.
“Hay que rediseñar las cosas de cara al modelo social en que se vive. Son modelos muy simplistas, les tiras casos sin discriminación a un conjunto de abogados y llegan 100, 200 casos, y los saturas. Esto no está en la agenda de estudio de nadie. Es un sistema muy simplista dada la complejidad social”, explicó Alberto Binder a Univision Noticias.
Binder y los investigadores Ed Caper y Zaza Namoradze alertaron en 2015 que en países como México la defensa pública es muy débil frente a los cuerpos de persecución penal y pidieron indagar las causas de las altas tasas de condena en los estados de Baja California (99.8%) y el Distrito Federal (90%), y su relación con la calidad de defensa que tuvieron las personas sentenciadas. Allí prácticamente todas las personas que fueron a un juicio fueron declaradas culpables.

INVESTIGACIÓN REGIONAL
La investigación de Univision Noticias nació en Costa Rica, donde un grupo de abogados y periodistas de la Unidad de Datos revisó más de 8,000 sentencias judiciales y descubrió que, en ciertos delitos, la probabilidad de condena en un juicio para una persona que tiene un defensor público aumenta entre 12% y 26%, si se le compara con alguien que tiene uno privado.
En ese país el mayor riesgo de condena es para quienes enfrentan un juicio (con un defensor público) en casos de delitos contra la fe pública –que en ocasiones pueden requerir una defensa técnica, costosa y compleja– como estafas y falsificaciones.
La directora de la Defensa Pública costarricense, Marta Iris Muñoz, rechazó hablar sobre esta investigación. El jefe de despacho de la presidencia del Poder Judicial, Roger Mata Brenes, atacó el estudio de Univision Noticias diciendo que "no es determinante y no arroja datos concluyentes".
Con los datos analizados, Univision Noticias construyó una calculadora para que usted pueda explorar cómo cambian las posibilidades de condena en Costa Rica, según sea el delito que se se juzga, el tipo de abogado y otras variables que entran en juego.

Otro caso que alarma es el de Colombia, donde un grupo de 153 abogados públicos tiene encima 234,964 reclamos de las víctimas que dejó medio siglo de guerra en el país. Si se los repartieran en partes iguales, le tocarían más de 1,500 expedientes a cada uno. Y miles de casos adicionales podrían llegar cuando comience a operar la Jurisdicción Especial para la Paz, un órgano jurídico que forma parte del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

En Colombia, los abogados públicos ganan poco y tienen que atender negocios por fuera para ajustar su salario. Se sobrecargan de trabajo y no dedican el tiempo necesario a los casos de la gente pobre. "Estamos desmejorados frente a otros países, debajo de los estándares internacionales”, dice el presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia, César Helcías Huertas Valencia.

México y Guatemala también batallan para garantizar el acceso a la justicia de todos sus ciudadanos. En ambos países, miles de indígenas que no hablan español quedan indefensos ante la falta de abogados públicos, jueces y fiscales que hablen su lengua. En México –un país con 18 millones de indígenas– sólo 25 defensores públicos federales hablan algún idioma ancestral.

El caso guatemalteco no es muy distinto. Esa nación centroamericana tiene 6.5 millones de indígenas –el 40% de la población total– y sólo 15 defensores públicos que hablan una lengua local para atenderlos. El año pasado tramitaron 1,779 casos.

El trabajo de un defensor que conozca el idioma local es fundamental para que no ocurra lo que le pasó a Petrona Xol, una indígena q'eqchi de Panzós, Cobán que ha estado encarcelada doce años por un crimen del que asegura es inocente.
Xol nunca entendió lo que se dijo durante su juicio y la apelación de su sentencia fue rechazada, porque el defensor la presentó fuera de tiempo, según lo denunció la Asociación de Abogados Mayas.

DESEQUILIBRIO
El caso de Perú también es notable. El beneficio para los militares acusados por violaciones a los derechos humanos genera dudas sobre la equidad del sistema de justicia en ese país sudamericano. Mientras los soldados tienen abogados privados que paga el Estado, en Ayacucho, un pueblo en las faldas de los Andes donde viven más de 49,000 deudos y víctimas de torturas, desapariciones y asesinatos, solo hay tres defensores públicos.
El estado peruano ha invertido 125,000 dólares en la defensa de los 47 militares, un monto igual al sueldo mensual promedio de 80 defensores públicos.

En ese país, el problema se agrava ante la falta de peritos que ayuden a los defensores a preparar sus casos. “Ante dicha carencia, es la familia del imputado quien usualmente cubre los gastos de un especialista o perito privado, situación que se sujeta a sus posibilidades económicas”, señaló Binder en su estudio del 2015.

En Chile la historia tiene otra arista. El Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) narra como una empresa privada que contrató el Estado para defender a la gente más pobre se declaró en quiebra el año pasado, dejó de pagar a sus abogados y abandonó su responsabilidad con 3,253 casos que tenía a cargo.
Eso no fue obstáculo para que la Defensoría Pública chilena siguiera adelante con una licitación para otra sociedad de los mismos accionistas de la firma quebrada. Y se repitió la historia: al terminar el primer mes del nuevo contrato, en octubre de 2016, la empresa no pagó los sueldos a los defensores y abandonó los casos.

INDEPENDENCIA CUESTIONADA

La falta de dinero para contratar a un defensor capacitado "representa una de las más graves barreras para el acceso efectivo a la justicia", escribió en un ensayo el abogado brasileño Clever Alves, defensor público en Rio de Janeiro y profesor en la Universidad Federal Fluminense.
Alves cree que las defensorías públicas son una de las vías para mejorar las condiciones de vida de la gente y, en última instancia, contribuyen a disminuir la desigualdad y la pobreza.
“Es indispensable que (el Estado) ponga a disposición de los ciudadanos menos favorecidos los medios prácticos y concretos necesarios para que puedan litigar en igualdad de condiciones como los de poder adquisitivo más elevado”, apuntó el abogado.

En Brasil, el país de Alves, la asistencia jurídica gratuita y eficaz es inaccesible para miles de personas pobres, pues no hay suficientes defensores públicos, especialmente en el interior de la nación. Hacen falta 10,578 abogados para garantizar el acceso de la población a la justicia, según estimaciones de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas (Anadep).
El rezago brasileño es evidente, pese a que la defensa pública ha sido una garantía constitucional vigente por casi 30 años. La cobertura media nacional por comarca (distrito judicial) es de apenas del 40% en casi todo el país, según el reporte de Agencia Lupa.
Otro problema en algunos estados brasileños es que los defensores son nombrados con criterios políticos por el gobernador, tal es el caso de Amapá, en la Amazonia brasileña, al norte del país. Allí, la independencia de los defensores es cuestionada, especialmente en los casos donde representan a gente que reclama contra representantes del gobierno, declaró Antonio Maffezoli, presidente de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas (Anadep).

La independecia financiera y administrativa de las instituciones es un problema sin resolver en varios países. Un estudio del 2014 de la Asociación Interamericana de Defensas Públicas muestra que el 82% de las Defensorías Públicas (de 17 que participaron en una encuesta) tiene autonomía funcional, es decir pueden crear nuevas áreas y designar a los defensores públicos y otro personal sin pedir autorización a otro órgano.
Sin embargo, cuando se trata de la autonomía financiera, el asunto cambia. Más de la tercera parte (35%) carece de ella. Esta situación la viven las defensorías de Colombia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, según el estudio.
Estas son sólo algunas historias de nuestra investigación. Los reportajes que le presentamos le ayudarán a comprender la magnitud de un problema que pasa casi desapercibido en las mesas de discusión pública de Latinoamérica.

FUENTE:
Por: 
Ronny Rojas
Alejandro Fernández Sanabria,

http://www.univision.com/noticias/criminalidad-y-justicia/investigacion-descubre-graves-injusticias-en-la-defensa-publica-de-america-latina