jueves, 30 de abril de 2009

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA DEL MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS N°2 / LIMA-PERU

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA DEL MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS N°2 / LIMA-PERU.
FUENTE DIARIO PERU 21 / LIMA- PERU

Resulta increible la corrupcion que se aprecia en algunos juzgados en nuestro pais, como el caso que afecta a mas de 839 comerciantes de frutas del Mercado Mayorista de Lima.

Jueces provisionales que increiblemente "administran justicia y firman resoluciones" cuando ya no son tales (JUAN ALBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ) y, jueces provisionales (MARIA EUGENIA GUILLEN LEDESMA) que en colusion con estos permiten que estos ilicitos se consuman.

Los comunicados publicados por los señores del Mercado Mayorista de Frutas N° 2, ubicado en el distrito de La Victoria, ciudad de Lima, son claros, es mas ellos defienden los derechos de mas de 839 comerciantes de dicho centro de abastos.
"El ex juez provisional en colusion con la nueva juez provisional, quieren justificar lo imposible y colocar a su antojo a personas que se han enriquecido con los ingresos, con las utilidades que generan los servicios de dicho mercado" comento el abogado Carlos Alfredo Cardenas Borja.
"Tengo entendido que por voluntad democratica se eligieron a los nuevos representantes, a la nueva directiva que hoy conduce los destinos del mercado mayorista de frutas numero dos, con una clara y transparente administracion, esta vez en forma real lograr la ansiada privatizacion del mismo" dijo el letrado.
La autoridad judicial respectiva, jamas se digno comprobar in situ cual es la voluntad de los mas de 839 comerciantes (hoy afectados) y saber cual es el concepto que tienen de los ciudadanos Willy Oswaldo Cuadros Bonilla y Leoncio Absalon Miñano Zeballos pues corroborarian que es totalmente negativa, que jamas rinderon cuentas de los años que administraron el centro de abastos y que, sospechosamente incrementaron su patrimonio tomando en consideracion que jamas rindieron cuentas de los ingresos del mercado.
Administrar justicia tambien es cuestion de criterio.
Y ante todo esto esperemos que la Oficina de Control de La Magistratura (OCMA) tome cartas en el asunto sancione a los jueces corruptos y el siempre cuestionado presidente de la Corte Superior de Lima Cesar Javier Vega Vega, se manifieste y actue en defensa de los mas de 839 comerciantes, de los miles de ayudantes que dependen de ellos, de los empleados administrativos de este mercado que son ajenos al proceso y que se verian afectados, de los vendedores ambulantes de alimentos que dependen del funcionamiento de este mercado, de las miles de familias de los pequeños agricultores que envian sus productos al mercado de La Victoria, de los vendedores de los mercados de todo el pais que adquieren sus productos en este centro de abastos, de los cientos de estibadores y carretilleros que trabajan en el interior de dicho mercado.
"Es evidente que los derechos fundamentales de los señores comerciantes se vulneran: el derecho a la propiedad, el derecho a trabajo, la legitima defensa, la tutela jurisdiccional efectival, el respeto al debido proceso" agrego el abogado, ademas dijo: "lo que buscan sus actuales directivos es la ansiada privatizacion, que se cumpla la ley, los comunicados que se publican son claros, lo que desean es el cese de los abusos de aquelos que desean retornar al mercado y que la totalidad de los comerciantes rechazan, refiriendose a Willy Oswaldo Cuadros Bonilla y Leoncio Absalon Miñano Zeballos".
Recordemos que debemos levantar la imagen de este mercado y evitar que se repitan las "espectaculares tomas" que se dieron e incluso recordar la violenta toma que de dio en la pugna (noviembre del año dos mil cuatro) por conducir el centro de abastos entre Willy Cuadros, Leoncio Miñano y Wilfredo Arana, en la cual resultaron heridos mas de 23 efectivos policiales (tres de los mismos con graves lesiones en los ojos), ademas que a la fecha aun se encuenta pendiente un proceso por disturbios agravados en el trigesimo tercer juzgado especializado de Lima, en la que injustamente se vieron involucrados un promedio de 300 personas entre comerciantes mayoristas, publico consumidor, vendedores ambulantes y trabajores ayudantes de puestos, carretilleros y estibadores, que se vieron involucrados al cerrase las puertas del mercado y que policia detuvo, defensa de dichas personas, que en su oportunidad asumi.
Los comerciantes del mercado mayorista de frutas N°2, del distrito de La Victoria, de Lima - Peru, solo desean trabajar, no desean que cuestionados dirigentes impongan sus voluntades coludidos con jueces corruptos a los que esperemos que el presidente de la Corte Suprema Javier Villa Stein, el cuestionado presidente de la Corte Superior Cesar Javier Vega Vega, el Organo de Control de la Magistratura (OCMA) sancionen, denuncien y metan preso a estos jueces corruptos que ensucian la imagen del poder judicial.
En los documentos adjuntos podran apreciar los comunicados publicados en el diario Peru 21, los mismos efectuados por los directivos de Mercado Mayorista de Frutas N°2, del distrito de La Victoria, en la ciudad de Lima.
Comunicado efectuado por los ciudadanos JAVIER CASABONA ESPINOZA y MANUEL CARDENAS LEON, comerciantes del mercado, en el diario Peru 21, con fecha jueves treinta de abril del año dos mil nueve, en la que hacen de publico conocimiento las irregularidades cometidas por jueces corruptos en contra de 839 comerciantes.
primera parte
segunda parte





martes, 28 de abril de 2009

¡El proceso judicial de BTR es tomadura de pelo!

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO - PERU

¡El proceso judicial de BTR es tomadura de pelo!

¿Qué oculta o pretende ocultar el Poder Judicial en el escandaloso caso de la interceptación de las comunicaciones que involucra a la empresa de seguridad Business Track (BTR)?

La pregunta es legítima ante el comportamiento dilatorio y negligente que ha venido mostrando la justicia en ese proceso, al extremo de suspender, en tres oportunidades, la inspección de los equipos que fueron utilizados en el “chuponeo”.

Estamos ante una comedia de situaciones o una grotesca tomadura de pelo por parte no solo de María Martínez Gutiérrez, encargada del Juzgado Penal 34, sino también del propio presidente de Corte Superior de Lima, César Vega Vega, quien aseguró que la mencionada jueza contaba con todas las facilidades para llevar adelante sus pesquisas.

En la práctica, eso no se ha cumplido.

Hasta la autenticidad del software que utiliza Martínez Gutiérrez, para visualizar los materiales incautados, ha sido puesta en entredicho por los implicados.

Esto último puede tratarse de una leguleyada o una imprevisión más del Poder Judicial.

Sin embargo, nada justifica la lentitud de un proceso que —repetimos— no muestra avance alguno, sobre todo si se le compara con la celeridad que en su momento le impuso la fiscalía.


Recordemos que en enero pasado, y en menos de tres semanas, el Ministerio Público y la Dirandro detuvieron a los directivos de BTR, denunciaron a los culpables e iniciaron la revisión de las grabaciones de las interceptaciones, trabajo que probablemente ya habría concluido si la jueza Martínez no hubiera cambiado de opinión y exigido que se le entregaran todos los materiales.

Después, en marzo, la magistrada se inhibió del caso para luego retomarlo de manera reticente, pues, recién hace dos semanas, dispuso la reprogramación de las diligencias con la confrontación de los procesados y la revisión del material incautado.


A este paso, pronto se cumplirán siete meses desde que se difundió el primer audio con la conversación privada entre León Alegría y Quimper, y cuatro desde que la Dirandro detuvo a Ponce Feijoo, Tomasio, Giannotti y otros miembros de Business Track.


La ciudadanía tiene derecho a saber por qué una investigación que se inició con esmero y responsabilidad parece languidecer ante un Poder Judicial incapaz de reaccionar ante la intemperancia de abogados que evidentemente buscan llevar agua para su molino.


Como ha sido nuestra posición editorial desde el comienzo, recordemos que estamos ante dos delitos que no pueden quedar impunes: uno es la red corrupta que se esconde tras las inversiones petroleras y otra cosa es el espionaje de las comunicaciones y la escucha de conversaciones privadas.

Es más, ahora se sabe que los “chuponeadores” cumplían tareas adicionales de seguimiento ilícito, lo cual abre varias líneas de análisis.

Además, la lupa debería colocarse en las ramificaciones de los delitos denunciados que, en principio, tendrían ramificaciones no solo hacia el sector petrolero, sino también cementero.


Por eso, ¿existe el propósito de revelar quién se esconde tras BTR o se está buscando congelar el caso?

No nos sorprendamos después, cuando algunos de los inculpados exijan su libertad por exceso de carcelería.

¿A quién respaldan la Corte Superior de Lima, la Corte Suprema y la OCMA?

domingo, 26 de abril de 2009

SUSAN BOYLE


Susan Boyle
(fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre)


Susan Boyle
Nacimiento
1 de abril de 1961 (48 años)
Origen
Blackburn, West Lothian, Escocia
Ocupación(es)
Desempleada, cantante amateur.
Artística
Instrumento(s)
voz
Período de actividad
1999 - 2009 (presente)
Web
Susan Boyle (nacida el
1 de abril de 1961) es una cantante amateur, y voluntaria de iglesia escocesa que se dio a conocer el 11 de abril de 2009, cuando apareció como concursante en la tercera temporada del programa de televisión británico Britain's Got Talent.
Boyle saltó casi inmediatamente a la fama mundial cuando cantó "I Dreamed a Dream" del musical Los miserables.

Antes de que ella cantara, el público y los jueces parecían expresar escepticismo sobre su apariencia, torpeza y edad. En cambio, su voz fue tan destacada que recibió de inmediato la ovación de la audiencia, atrayendo para sí los votos de los jueces Simon Cowell y Amanda Holden, y el "mayor sí que he dado a nadie" de Piers Morgan.

1 Biografía
1.1 Infancia
1.2 Britain's Got Talent

Biografía

Infancia
Susan Boyle nació en 1961 en el pequeño
Blackburn, West Lothian (Escocia). Hija de Patrick, un bombero, y Bridget Boyle, una mecanógrafa, sus padres fueron inmigrantes irlandeses. La más joven de seis hermanos y cuatro hermanas, Susan nació cuando su madre tenía 47 años. Tras un parto difícil, en el que Boyle fue brevemente privada de oxígeno, causando leves daños en el cerebro, se le diagnosticó dificultades de aprendizaje.[7] Comenzó a cantar cuando tenía 12 años; solía cantar en coros y en conciertos escolares. Es una devota católica que participa en las actividades de su parroquia, entre ellas cantar.[8]

Britain's Got Talent

A los 47 años de edad, aún soltera y desempleada, Boyle realiza una versión de "I Dreamed a Dream" del musical Los Miserables en la primera ronda de la tercera serie de Britain's Got Talent, que se transmitió el 11 de abril de 2009. Este desempeño fue ampliamente divulgado en internet y ha sido visto entre todos los videos por más de 100 millones de personas en el sitio web de YouTube; entre ellos el vídeo Susan Boyle - Singer - Britains Got Talent 2009, tiene ya 45 millones de reproducciones. Boyle quedó conmovida y sorprendida por la ovación del público y la acogida de los jurados en su audición, así como la fuerza de su popularidad a partir de ese momento.


sábado, 25 de abril de 2009

"Susan Boyle - Singer - Britains Got Talent 2009 (With Lyrics)"

SUSAN BOYLE

YouTube

Susan Boyle... cuando pude observar este video en you tube, era el "usuario" numero cuarenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco.
Puede observarse que, Susan Boyle, cuando entra al escenario ya habia sido calificada por su apariencia, por su nobleza, por su humildad, (incluso diriamos) evidentemente menospreciada por el jurado.
No tenia "presencia" "apariencia", y al carecer de esta... con ella no iba a pasar nada, su sueño: ser cantante profesional...
¿pueden observar como se burlan de ella antes de entonar su cancion?
¿Quienes somos para calificar a las personas por su apariencia, por su fisico, por su raza, por su color de cabello, por su vestimenta, por su condicion economica...?
Todos callaron, ya no se escuchaban las maliciosas murmuraciones, las burlas desaparecieron... el jurado enmudecio, el publico enmudecio... solo atinaron a levantarse de sus asientos, a aplaudir cuando Susan Boyle empezo a maravillarlos con su prodigiosa voz...con esa prodigiosa voz...
Pero, para que comentar mas...solo traten de vivir esa experiencia a traves de esta pagina, de este humilde blog, si pueden ...comentar...solo haganlo...¿cuantas Susan Boyle estan escondidas por ahi? ayuda a descubrirlas...
Desde Lima - Perú : Carlos Alfredo Cardenas Borja, veinticinco de abril del año dos mil nueve.
© 2009 YouTube, LLC

viernes, 24 de abril de 2009

Llevenselo: Manuel Rosales y su cuestionada solicitud de asilo politico

(FUENTE: DIARIO LA PRIMERA "PATADITAS")


Llévenselo 1.

Parece que el prófugo venezolano Manuel Rosales terminaría asilado en otro país. Según diversas páginas web, Omar Barboza, dirigente del partido Un Tiempo Nuevo, está gestionando que lo asilen en Colombia, u otros países. Sólo así se entiende su provocador mensaje con insultos a Hugo Chávez.


Llévenselo 2

Sólo si piensa irse a un tercer país se entiende que haya lanzado esa provocación, poniendo en apuros al canciller José Antonio García Belaunde, quien le había advertido a través de la prensa que debe abstenerse de comentarios políticos impropios de un asilado. La locuacidad de Rosales tiene cabezón a su abogado Javier Valle Riestra, quien le aconsejó que cierre la boca.


Llévenselo 3

El congresista nacionalista Isaac Mekler opinó que el gobierno debería extraditar a Manuel Rosales si se comprueba que debe ser juzgado en Venezuela por delitos comunes. “El Partido Nacionalista no está contra el asilo si Rosales hubiera tenido que huir de su país al no haber garantías; no tenemos ninguna vinculación con Hugo Chávez”, indicó el parlamentario a Pataditas.

Llévenselo 4

El parlamentario Lescano, de Alianza Parlamentaria, opinó que provocar un “nuevo lío” con Venezuela podría ser muy perjudicial para el Perú. “El asilo no debería proceder si Rosales cometió delitos comunes, tal como ocurrió en el caso de Fujimori. Otorgarle el asilo puede ser algo muy perjudicial para nuestro país”, estimó.


Llévenselo 5

El abogado Heriberto Benítez sostuvo, sobre el pedido de asilo de Rosales, que no procede para inculpados o procesados por la justicia. “Sería peligroso para el Perú conceder asilo político a quien está enjuiciado por graves delitos de corrupción, ya que podría significar el triunfo de la impunidad”, señaló.



¿Jefe del RENIEC?

(FUENTE: DIARIO EXPRESO -PERU
EDITORIAL)
¿Qué pasa en el país que las propias entidades del Estado no cumplen con las normas legales?
Por ejemplo, el señor Eduardo Ruiz Botto ha sido reelegido por el Consejo Nacional de la Magistratura-CNM como jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-Reniec.
Salvo el voto singular de uno de sus miembros, el doctor Aníbal Torres, pues este consejero entiende que el límite de edad para aquel cargo es 70 años, por lo que, dados los hechos, el actual titular del Reniec estaría infringiendo la norma.



Por eso lamentamos que existan Resoluciones como la N° 058-PCNM, del 25 de marzo último, donde el CNM deja oleado y sacramentado el Oficio N° 010-2009/JNAC/RENIEC del 14 de enero pasado, enviado por el propio señor Ruiz Botto adjuntando consultorías contratadas a varios abogados (no se sabe si pagadas por la referida institución estatal o de su bolsillo), para intentar convencer al CNM de su reelección en el cargo.
El 22 de marzo del 2009, el actual titular del Reniec cumplió 70 años de edad y, tal como fundamenta en su voto el jurisconsulto Aníbal Torres –único miembro del CNM que alerta de las ilegalidades encontradas en este caso–, se debe tener en cuenta el Art. 177 de la Constitución, norma que define que el Reniec forma parte del Sistema Electoral junto al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Agrega el magistrado Torres que se debe considerar, igualmente, el art. 180 de la Carta Magna que dispone que “los integrantes del Pleno del JNE no pueden ser mayores de 70 años de edad”, al igual que el artículo constitucional N° 183 que señala que el jefe del Reniec “es nombrado por el CNM y está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones”.
Ahora, si se interpreta incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en estos temas, se tiene que en el supuesto negado que inexistiera una norma constitucional (aunque sí existe para el caso que nos ocupa) que establece un límite de edad para el ejercicio del cargo de Jefe del Reniec, en su calidad de funcionario público, le son aplicables los artículos 35, inciso a) del Dec. Leg. 276, y el art. 186, inciso a), de su reglamento (D.S. N° 005-90-PCM) que, en definitiva, establecen que el límite de edad para la función como titular del Reniec es 70 años.
Tampoco se debe olvidar el art. 4 del D. S. N° 005-90-PCM que señala claramente: ”Considérese funcionario al ciudadano que es elegido o designado por autoridad competente”.
De modo que el Jefe del Reniec es funcionario estatal y, por tanto, no puede haber opinión contraria ni consultoría válida que sostenga que el Jefe del Reniec se rige por el derecho privado.
Pero hay más evidencias en el voto del doctor Torres.
Aparecen dos denuncias. 1) el señor Ruiz Botto envió emisarios al Pleno del CNM realizado el pasado 12 de marzo; y 2) hasta ahora, pese a haberlo solicitado con anticipación, el CNM no investiga si las consultorías fueron pagadas con dinero de Reniec o del propio interesado. En conclusión, no existe razón para que algunos integrantes del Sistema Electoral (miembros del JNE o el jefe de la ONPE) cesen en el ejercicio del cargo al cumplir 70 años de edad, mientras el jefe del Reniec pueda quedarse activo cuatro años más en el puesto-

martes, 21 de abril de 2009

¿Quien juzga a los juzgadores?

¿Quien juzga a los juzgadores?
fuente: Diario La Primera (Peru)
Columnista: Heriberto benitez Rivas - El dedo en la llaga



¿Quién juzga a los juzgadores?

El artículo 138º de la Carta Política establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y la ejerce el Poder Judicial (PJ), a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
Ítem más, en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal, los jueces prefieren la primera; igualmente prefieren la legal ante una de rango inferior.
En ese sentido, los magistrados deben respetar el debido proceso legal y las garantías judiciales; no deben cometer abusos, ni atropellos contra la población.
Los jueces no pueden dictar resoluciones contrarias al texto claro y expreso de la Ley, ni citar pruebas inexistentes o hechos falsos, ni apoyarse en normas derogadas o supuestas, ni negarse a administrar justicia o eludir juzgar bajo el pretexto de defecto o deficiencia de la Ley; tampoco deben ordenar la ilegal detención de una persona, ni negarse a liberar a quien corresponde, ya que de lo contrario cometerían un delito contra la administración de justicia.
Por otro lado, existen requisitos especiales para que los magistrados puedan ejercer cargos en juzgados de primera instancia, Corte Superior y Corte Suprema de Justicia; la propia Ley Orgánica del Poder Judicial determina la diferencia que existe para ser designado magistrado provisional o suplente.
En el primer caso, debe ser un juez titular y, en el segundo caso, puede ser un letrado litigante o un catedrático universitario en disciplina jurídica, con un tiempo de experiencia.
Para el caso de jueces y vocales superiores, esta evaluación deben realizarla los presidentes de la cortes de los diversos distritos judiciales, bajo responsabilidad, y tener en cuenta la resolución administrativa Nº 009-2009-CE-PJ (fechada 09 de enero del 2009), la cual estipula que cubrir plazas vacantes con magistrados suplentes constituye inobservancia a los artículos 237º y 238º de la Ley Orgánica del Poder Judicial; además, queda claro que la designación de magistrados provisionales será con quienes reúnan los requisitos para el cargo a cubrir.
Sin embargo, observamos que esta disposición de la máxima instancia administrativa del Poder Judicial (PJ) no se cumple en el distrito judicial de Lima, donde el 90% de los magistrados son provisionales o suplentes; existiendo casos escandalosos y vergonzosos de jueces titulares promovidos a vocales superiores, sin los requisitos legales, lo cual constituye un peligro para la administración de justicia.
El Poder Judicial (PJ) guarda un silencio cómplice; ninguna autoridad dice nada, parece que tuvieran temor de pronunciarse.
El titular de la Corte Superior de Lima, ex socio de Alan García y ligado al partido de gobierno, aparece como intocable e inamovible de su cargo. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) debe intervenir inmediatamente, separarlo de sus funciones y aplicarle una sanción ejemplar, pidiendo al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que tramite la destitución ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); esto sería saludable para el propio Poder Judicial (PJ) y beneficioso para toda la población.

Fujimoristas comienzan una nueva guerra sucia


Fujimoristas comienzan una nueva guerra
sucia
Atacan a Duberlí Rodríguez con la oscura intención de alejarlo de la sala que ratificará sentencia de ex dictador.
(fuente: Diario La Primera, redaccion Marcelo Puelles)
Para salvar al condenado, pretenden desprestigiar a vocal Duberlí Rodríguez, presidente de sala que verá el caso en segunda instancia, para que lo reemplace aprista Julio Biaggi Gómez.
La estrategia de los fujimoristas para liberar a su líder Alberto Fujimori, el reo privilegiado de la Diroes, ha variado los últimos días.
Han dejado de criticar la condena de 25 años de prisión contra el ex dictador y al tribunal que la impuso y han lanzado una campaña mediática contra los integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que resolverá en segunda y última instancia el recurso de nulidad presentado por la defensa del ex dictador.
Los fujimoristas, a través de su oscuro periódico de escasa circulación, pretenden desprestigiar al presidente del referido tribunal, el magistrado Duberlí Rodríguez, inventándole un vínculo con Sendero Luminoso.
Los seguidores de Fujimori acusan también a Rodríguez de haber redactado y presentado, cuando fue diputado de Izquierda Unida (1985-1990), un proyecto de ley de amnistía para condenados por terrorismo.

Para el ex congresista Heriberto Benítez esta campaña mediática tiene la intención de tachar al magistrado Rodríguez o provocar que, ante los cuestionamientos, él mismo se inhiba de participar en la parte decisiva del proceso y con ello lograr que el cargo lo ocupe el magistrado filoaprista Julio Biaggi Gómez, también miembro de la sala, porque es el más antiguo. Es decir que la sala que verá la apelación del ex dictador quedaría en manos del APRA.
“Si esto ocurre (la salida de Rodríguez), el nuevo presidente de la sala será el magistrado Julio Biaggi Gómez que tiene relaciones muy estrechas con el Partido Aprista y el gobierno actual; por lo tanto, a través de él es posible que apristas y fujimoristas coordinen beneficios para Fujimori e inclusive concerten la manera de lograr su excarcelación.
Con Rodríguez esto es imposible, pues su independencia es muy reconocida”, sostuvo Benítez tras señalar que Biaggi Gómez es hijo del ex senador aprista Romualdo Biaggi. A su vez, César Barrera Bazán, también ex diputado de Izquierda Unida, dijo que los fujimoristas intentan satanizar al magistrado reviviendo su pasado político como parte de una estrategia para satanizarlo y sacarlo del cargo.

“Pero se equivocan si creen que por ese camino van a eludir a la justicia; Fujimori tiene que pagar por sus culpas. Lo quieren satanizar a Duberlí, pero lo cierto es que él hace mucho tiempo dejó el activismo político para iniciar una carrera judicial impecable.
Esos fujimoristas añoran la época en que tenían en el Poder Judicial a tipos como Alejandro Rodríguez Medrano o Blanca Nélida Colán”, señaló. Según Gloria Cano, abogada de los deudos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, esta campaña de desprestigio contra los magistrados continuará por un largo tiempo puesto que “tenemos conocimiento que los fujimoristas están averiguando también sobre la vida de los demás integrantes del tribunal que verá la apelación en segunda instancia”.
“Esto es más que un intento de presionar a la sala. Esta campaña de desprestigio es absurda. Golpear a un juez para presionar por su salida y poner a otro es algo grotesco. Pero hay un punto para resaltar, que los fujimoristas no se ponen de acuerdo para llevar una misma estrategia ni en lo mediático, como dice Nakazaki, ni en lo jurídico. Es contradictorio que, por un lado, Nakazaki diga que está de acuerdo con la conformación de la sala y que, por otro lado, los seguidores del ex dictador la critiquen”, dijo la letrada. Además del presidente Duberlí Rodríguez, la sala la integran los vocales Julio Biaggi Gómez, Elvia Barrios Alvarado, Roberto Barandiarán Dempwolf y José Neyra Flores.

DETALLE
Unos días antes de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictara sentencia contra el ex dictador Alberto Fujimori, el congresista fujimorista Rolando Sousa señaló a este diario que los seguidores del reo Fujimori estaban confiados y despreocupados por la condena, pues tenían la seguridad de que en la segunda instancia su líder saldría airoso. “Este es un partido de dos tiempos; si perdemos en la primera instancia no hay problema, pues en la segunda tendremos la victoria”, aseguró en esa oportunidad Sousa.

domingo, 19 de abril de 2009

"JEFE DE LA RENIEC CESO POR LIMITE DE EDAD"

El ex congresista Heriberto Benitez Rivas sostuvo que el jefe de la RENIEC, Eduardo Ruiz Botto ya ceso en sus funciones por cumplir los 70 años de edad, el pasado 22 de marzo del 2009; sin embargo, sospechosamente, la mayoria de integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le esta permitiendo mantenerse ilegalmente en el cargo por dos años mas, a pesar de haber cumplido el limite de edad, conforme a lo estipulado en el articulo 183º de la Constitucion Politica.
"¿Tendra validez el padron electoral que elabore para las proximas elecciones generales, regionales y municipales, asi como las resoluciones, decretos o dispositivos legales que suscriba el jefe de la RENIEC?" se pregunto Benitez Rivas.

"El articulo 183º de la Constitución establece que el jefe de la RENIEC esta afecto a las mismas incompatibilidades que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de acuerdo a la propia norma constitucional estos cesan a los 70 años; esa es la edad limite y no pueden permanecer por mas tiempo" comento Benitez Rivas.
"Los consejeros Mansilla, Vegas, Delgado de la Flor, Cardenas y Pelaez han firmado la vergonzosa resolucion Nº 058-2009-PCNM, han violado flagrantemente la Carta Politica y estan permitiendo que un funcionario publico ejerza funciones de manera ilegal; esta es una situacion inaceptable. Estan atropellando el orden constitucional e incluso podrian ser denunciados por infraccion constitucional ante el Congreso de la República" advirtio Benitez Rivas.
"Hace poc tiempo, cuando el miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Romero (quien, incluso, habia sido reelecto para un periodo de cuatro años) cumplio los 70 años, inmediatamente fue cesado del cargo, en estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales; sin embargo, ahora el jefe de la RENIEC cumple esa misma edad y la autoridad competente no lo cesa, sino, al contrario, le permite que permanezca por dos años mas en el cargo, causando una grave inseguridad juridica" recordó Benitez Rivas.
Lima, 19 de abril del 2009.

sábado, 18 de abril de 2009

Presidente de la Corte Superior de Lima, Cesar Javier Vega Vega debe irse

Presidente de la Corte Superior de Lima Cesar Javier Vega Vega debe irse (FUENTE DIARIO LA PRIMERA)
Dice ex congresista Benítez al enterarse que Vega Vega cometió otra irregularidad funcional al nombrar a un vocal superior provisional infringiendo normas.
El ex congresista y conocido jurista Heriberto Benítez pidió ayer la destitución del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega, por carecer de la idoneidad para seguir ejerciendo el cargo, por su inconducta funcional, demostrada al nombrar vocal superior provisional de la Segunda Sala Penal para Reos Libres a Zoilo Enríquez Sotelo, quien no tiene la antigüedad necesaria para ocupar tal cargo.Enríquez no tiene los cinco años de antigüedad como magistrado que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a los magistrados para ser promovidos como integrantes de una sala superior. Pero Vega alega que Enríquez tiene 25 años de abogado, argumento que también fue criticado por Benítez.
Vega ha efectuado una interpretación auténtica, al estilo fujimorista; está dando afirmaciones falsas para justificar el atropello a las normas legales vigentes y por eso merece ser sancionado ejemplarmente”, señaló el ex parlamentario.
“En el caso se ha cometido una grave infracción, ya que Enríquez fue promovido por ser juez titular nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura; no se trata de un abogado que ejerce libremente su profesión y que es llamado para ocupar el cargo como vocal suplente. Hay una enorme diferencia y el presidente de la Corte Superior de Lima sabe perfectamente lo que dice la Ley, así como su obligación de cumplirla”, comentó Benítez.
Remarcó que Vega debe ser destituido. “Resulta vergonzoso mantener como presidente de la Corte Superior de Lima a un individuo como César Vega, con todas las barbaridades que comete y sus antecedentes negativos”, dijo.


DETALLE

Según explicó Benítez, el camino para destituir a Vega es el siguiente: primero la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) lo suspende y lo somete a una investigación y, una vez culminada ésta, propone su destitución. Posteriormente, la OCMA debe solicitar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que tramite el pedido de destitución ante el Consejo Nacional de la Magistratura.


viernes, 17 de abril de 2009

EXP. N.° 4525-2007-PHC/TC, habeas Corpus de Heriberto Benitez Rivas a favor de Luis Miguel Requena Pasapera, declarado fundado

EXP. N.° 4525-2007-PHC/TC, habeas Corpus de Heriberto Benitez Rivas a favor de Luis Miguel Requena Pasapera, declarado fundado

EXP. N.° 4525-2007-PHC/TC
PIURA
LUIS MIGUEL REQUENA
PASAPERA


RAZÓN DE RELATORÍA

Vista la causa 4525-2007-PHC/TC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, conformada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, en los seguidos por don Luis Miguel Requena Pasapera contra el Fiscal Provincial Mixto de Paita y contra el Ministro de Defensa, habiendo surgido discordia en el fallo a que ha dado lugar, se ha llamado al magistrado Álvarez Miranda y posteriormente al magistrado Vergara Gotelli a efectos de dirimir las cuestiones planteadas. Siendo así, se ha emitido fallo en los siguientes términos:

Los magistrados Eto Cruz, Álvarez Miranda y Vergara Gotelli han votado por que se declare FUNDADA en parte la demanda en el extremo referido a que se deje sin efecto legal las Resoluciones Ministeriales 061-2007-DE/SG, de 24 de enero de 2007, y 200-2007-DE/MGP, de 26 de marzo de 2007 debiendo reponerse las cosas al estado anterior a la emisión de las resoluciones mencionadas.

Los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Vergara Gotellli han votado por que se declare IMPROCEDENTE el extremo relativo a que se disponga el archivo definitivo de la investigación preliminar ordenada por el Fiscal Provincial Mixto de Paita contra el beneficiario. Se adjuntan los votos singulares y los votos dirimentes emitidos.


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


En Lima, a los 13 días del mes de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional ha visto y resuelto la causa 4525-2007-PHC/TC, habiéndose emitido los votos singulares y dirimentes que se anexan

ASUNTO

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Heriberto Manuel Benítez Rivas a favor de don Luis Miguel Requena Pasapera contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 249, su fecha 2 de agosto de 2007, que declaró infundada la demanda de autos;


EXP. N.° 4525-2007-PHC/TC
PIURA
LUIS MIGUEL REQUENA
PASAPERA



VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ETO CRUZ


Con pleno respeto por el parecer de los magistrados integrantes de esta Sala, expreso mi discrepancia a través del presente voto, el mismo que se sustenta en las razones siguientes:

1. Delimitación del petitorio

Mediante la presente demanda de hábeas corpus se pretende lo siguiente: a) Se deje sin efecto legal las resoluciones ministeriales N° 061-2007-DE/SG del 24 de enero de 2007, y N° 200-2007-DE/MGP de fecha 26 de marzo de de 2007, y b) Se disponga el archivo definitivo de la investigación preliminar ordenada por el Fiscal Provincial Mixto de Paita contra el beneficiario. Se solicita la tutela urgente de los derechos constitucionales a la publicidad de las normas, a la motivación de las resoluciones, del principio ne bis in ídem y del derecho a la libertad individual.

2. Una cuestión previa procedimental

En relación a las resoluciones administrativas sancionatorias que se cuestionan, hay que precisar que si bien esta pretensión no es susceptible de ser protegida mediante la acción de hábeas corpus, cuyo ámbito de tutela es el derecho a la libertad individual y derechos conexos; por lo que debería procederse de acuerdo con lo regulado en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, resultaría inútil obligar al beneficiario a transitar nuevamente por la vía judicial, pues el resultado de su demanda es previsible a la luz de los hechos descritos; consecuentemente, en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal previstos en el artículo III del corpus constitucional citado, y considerando que esta misma disposición establece que el juez constitucional cuenta con la capacidad para dirigir judicialmente el proceso, es decir, de procurar que el proceso se constituya en una real garantía procesal de los derechos fundamentales, tal como ha sido previsto en el artículo II del Título Preliminar del mencionado cuerpo normativo que reconoce como un fin esencial de los procesos de índole constitucional la vigencia efectiva de los derechos constitucionales; es necesario determinar si se han vulnerado los derechos constitucionales del beneficiario, a efectos de brindar la tutela constitucional solicitada.


3. Control constitucional de las resoluciones administrativas sancionadoras

A. Como se aprecia de autos, el cuestionamiento a la medida disciplinaria impuesta al beneficiario reside en que esta es el resultado del procedimiento que le siguiera el Consejo de Investigación B para Oficiales Superiores de la Marina de Guerra del Perú, ente administrativo que rigió su actuación en base al Reglamento de los Consejos de Investigación de la Marina de Guerra del Perú RECOIN-13004, aprobado por el Decreto Supremo N° 037-DE/MGP de fecha 19 de mayo de 1994, y que dio a este estatuto la clasificación de seguridad RESERVADO.

B. En mi opinión, queda meridianamente establecido como principio de observancia obligatoria para jueces y tribunales, de conformidad con la Primera Disposición General de nuestra Ley Orgánica, que el solo hecho de que una norma o un acto administrativo, como en el presente caso, atribuya o reconozca la condición de seguridad RESERVADO a una información determinada, no es razón suficiente, en términos constitucionales, para denegar el conocimiento de la misma; por el contrario, es siempre indispensable examinar si la información calificada de reservada reviste realmente o no tal carácter, acudiendo para tal efecto al principio constitucional de razonabilidad.

C. El referido principio implica, entre otros aspectos, que la medida adoptada que restringe o limita algún derecho fundamental tenga como finalidad o propósito la protección de un bien jurídico constitucional o un derecho fundamental, exigiendo que esa relación de medio-fin sea directa y no aparente o indirecta. Aplicado al caso sub júdice, la proscripción del conocimiento de la disposición reglamentaria mencionada constituye una medida restrictiva o limitativa del derecho fundamental de acceso a la información; por su parte, dicha proscripción pretende proteger un bien jurídico constitucional como es el de la seguridad. Sin embargo, en el caso de autos, la finalidad presunta de la citada restricción no es la seguridad porque el objeto de regulación de la normativa cuestionada corresponde al marco de actuación y composición de los Consejos de Investigación para la Categoría de Oficiales Superiores como la ostentada por el beneficiario, aspectos que no guardan ninguna relación con el concepto de seguridad; esta situación implica una restricción del derecho de acceso a la información y un menoscabo al principio de publicidad esencial para la vigencia de toda norma del Estado, lo que resulta irrazonable y, por lo tanto, inconstitucional.

D. Siendo así, el Decreto Supremo que califica como seguridad reservado al Reglamento de los Consejos de Investigación de la Marina de Guerra del Perú, así como cualquier norma o acto administrativo que prohíba acceder y conocer disposiciones como la detallada en el fundamento anterior de la presente sentencia, resultan restricciones irrazonables y, por lo tanto, inconstitucionales.

E. No puede, por tanto, pasar desapercibida la absoluta incompatibilidad entre el Estado Constitucional de Derecho y la existencia de leyes y disposiciones normativas, en general, no publicadas, debido a su presunto carácter reservado o secreto; en tal sentido, se evidencia la arbitrariedad de la medida disciplinaria impuesta al beneficiario por el carácter reservado del reglamento cuestionado; primero, porque en un Estado Constitucional de Derecho, tal como el que fundamenta la Constitución en su artículo 3º, resulta absolutamente incompatible con este la existencia de normas no publicadas y reservadas, pero, por otra parte, es preciso señalar que la publicación de la norma constituye un principio relativo a la propia validez de la misma, tal como se infiere de los artículos 51° y 109º de la Constitución Política, por lo que resulta incompatible con esta la existencia de disposiciones no publicadas, y reservadas.

4. Control constitucional de la investigación preliminar fiscal

A. En cuanto a que el Fiscal Provincial emplazado dispuso la iniciación de una investigación preliminar contra el beneficiario por los mismos hechos que ya habían sido materia de pronunciamiento definitivo por la justicia militar, cabe precisar que el Consejo Supremo de Justicia Militar derivó al Ministerio Público los actuados sobre los que había emitido un auto disponiendo no ha lugar a la apertura de instrucción contra el beneficiario –resolución que fue confirmada en grado de revisión– por considerar que los hechos materia de investigación no constituían delitos de función policial; esto es, la justicia militar no emitió una decisión de mérito o pronunciamiento de fondo respecto de la imputación hecha al demandante; menos aún, decretó el sobreseimiento de la causa penal, lo que desvirtúa la existencia de cosa juzgada o la doble persecución penal que supondría se produciría con la investigación fiscal sobre los mismos hechos que la justicia militar declaró no ser de su competencia.

En consecuencia, a mi juicio, se debe declarar FUNDADA en parte la demanda de hábeas corpus, en consideración a los fundamentos 3 a 7 de la presente sentencia, y por tanto, NULAS las resoluciones N° 061-207-DE/SG de fecha 24 de enero de 2007, y N° 200-2007-DE/MGP de fecha 26 de marzo de 2007.
Asimismo, se debe disponer la REINCORPORACIÓN del beneficiario de la presente demanda, don Luis Miguel Requena Pasapera a la situación de ACTIVIDAD como Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú, con reconocimiento de la antigüedad en el servicio y demás derechos que le correspondían a su jerarquía al momento de ser indebidamente pasado a la situación de disponibilidad.
Sin embargo, la demanda resulta INFUNDADA en el extremo que se solicita la nulidad de la resolución de investigación policial N° 069-07-MP-FPM-PAITA, de fecha 8 de marzo de 2007, dictada por la Fiscalía Provincial Mixta de Paita, debiendo continuar esta fiscalía la labor de investigación que le corresponda conforme a la ley.

S.

ETO CRUZ




EXP. N.° 4525-2007-PHC/TC
PIURA
LUIS MIGUEL REQUENA
PASAPERA


VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA


Habiendo sido llamado para dirimir discordia en la presente causa y adhiriéndome a los fundamentos expresados por el Magistrado Eto Cruz, mi voto es porque se declare FUNDADA en parte la demanda en consideración a los fundamentos 3 a 7 de la sentencia, declarar NULAS las resoluciones Nº 061-2007-DE/SG de fecha 24 de enero de 2007, y Nº 200-2007-DG/MGP de fecha 26 de marzo de 2007; en consecuencia la REINCORPORACIÓN del beneficiario de la presente demanda, don Luis Miguel Requena Pasapera a la situación de actividad como Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú, con reconocimiento de la antigüedad en el servicio y demás derechos que le correspondían a su jerarquía al momento de ser indebidamente pasado a la situación de disponibilidad; e INFUNDADA respecto al extremo que se solicita se declare nula la resolución de investigación policial Nº 069-07-MP-FPM-PAITA, de fecha 8 de marzo de 2007, dictada por la Fiscalía Provincial Mixta de Paita, debiendo continuar esta fiscalía la labor de investigación que le corresponda conforme a ley.

S.

ÁLVAREZ MIRANDA




EXP. N.° 4525-2007-PHC/TC
PIURA
LUIS MIGUEL REQUENA
PASAPERA


VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

Emito el presente voto por los fundamentos siguientes:

1. Que el recurrente interpone demanda de habeas corpus contra el Fiscal Provincial Mixto de Paita, don Emilio Arturo Arizona Marquina y el Ministro de Defensa, don Alan Wagner Tizon, con la finalidad de que se disponga el archivo definitivo de la investigación fiscal preliminar y se deje sin efecto la resolución ministerial Nº 200-2007-DE/MGP, de fecha 26 de marzo de 2006, que denegó su solicitud de reincorporación a la situación militar de actividad, y la Resolución Ministerial Nº 061-2007-DE/SG, de fecha 24 de enero de 2007 que declaró infundado su recurso de reconsideración.

Refiere que se ha vulnerado el principio constitucional de ne bis in idem puesto que habiendo sido absuelto por la Justicia Penal Militar, la que resolvió no ha lugar a apertura de instrucción contra el demandante por la comisión del delito de excesos en el ejercicio del mando en agravio de un subordinado, el Fiscal Provincial Mixto de Paita, con fecha 28 de agosto de 2006, dispone una investigación preliminar que evidentemente vulnera sus derechos constitucionales a la cosa juzgada, a la proscripción del ne bis in idem y a la libertad individual.

2. Que respecto al extremo del petitorio del demandante referido a la vulneración del principio del ne bis in idem debo señalar que si bien el actor fue absuelto por la Justicia Militar, el Fiscal Provincial de Paita le ha abierto investigación preliminar, lo que evidentemente tiene otra naturaleza, no pudiéndose sostener la vulneración del principio señalado. Así, la justicia militar está limitada a la investigación y juzgamiento de los denominados “delitos de función” por lo que, una investigación posterior en sede civil significa la instrucción por hechos tipificantes de una conducta considerada agraviante y conformante de un delito común. Es así como este colegiado ha expresado en la STC Nº 07342-2005-HC/TC que “el Tribunal Constitucional coincide con el contenido de la resolución cuestionada en tanto que los procesos seguidos contra el demandante no sólo corresponden a jurisdicciones diferentes, sino que además están referidos a tipos penales diferentes entre sí, razón por la cual la resolución cuestionada se encuentra arreglada a derecho. En consecuencia, no se aprecia la afectación del principio constitucional ne bis in ídem.”. Por ello es necesario afirmar que la Justicia Militar sólo tiene competencia para resolver delitos de función, es decir infracciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio, en las que la conducta que se les imputa debe haber sido cometida con ocasión de actos de servicio, no tipificados como delitos comunes; en cambio la jurisdicción ordinaria tiene competencia para los demás delitos que afectan en general a bienes jurídicos tutelados por el Estado, lo que evidentemente importa diferente naturaleza.
Pero además se advierte de fojas 131 del cuadernillo del Tribunal Constitucional que la Fiscalía Provincial de Paita ha emitido una resolución en la que decide declarar No Ha Lugar a Formalizar denuncia penal por el delito contra la libertad –violación de la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor-, por lo que, en todo caso, en este extremo se ha producido la sustracción de la materia.

3. Respecto a que se deje sin efecto la Resolución Ministerial Nº 200-2007-DE/MGP, de fecha 26 de marzo de 2006, y la Resolución Ministerial Nº 061-2007-DE/SG, de fecha 24 de enero de 2007, es necesario manifestar que si bien este extremo no es susceptible de ser protegido por el proceso de habeas corpus, puesto que no existe vinculación alguna con el derecho a la libertad individual, tampoco se puede soslayar el hecho de que hacer transitar al recurrente nuevamente por otro proceso podría convertir el daño en irreparable, por lo que en atención a lo estatuido en el artículo II del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, en este caso concreto, excepcionalmente, se debe realizar un pronunciamiento de fondo. Es decir, se trata de privilegiar la tutela de urgencia allí donde determinados bienes jurídicos de relevancia pueden verse comprometidos de manera irreparable si se asume una posición excesivamente dilatoria.

4. En el presente caso se tiene que las Resoluciones administrativas cuestionadas que pasan al recurrente de la situación de actividad a la de disponibilidad se fundamentan en que se le ha “encontrado responsable de la comisión de la falta grave de hostigamiento sexual (…)” por lo que se le impone tal medida disciplinaria.

5. Es necesario entonces señalar previamente que toda resolución –judicial o administrativa– debe contener una debida motivación y congruencia, es decir se debe apreciar el nexo lógico entre la decisión adoptada y la argumentación que le sirve de fundamento (principio de congruencia de las resoluciones), de manera que no existan resoluciones arbitrarias que lleven mas que a resolver una controversia planteada afecte derechos fundamentales. Respecto a este tema el Tribunal Constitucional ha establecido que: “Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones…ello garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución” (Exp. Nº. 1230-2002-PHC/TC).

6. Que de autos resulta que la resolución de fecha 28 de agosto de 2006, emitida por el Consejo Supremo de Justicia Militar, que resolvió No Haber Lugar a la apertura de instrucción en contra del recurrente (fjs. 150), derivando los actuados al Ministerio público, consideró que los hechos denunciados no afectaban bienes jurídicos de las fuerzas armadas ni de la Policía Nacional, pero además no consideró tampoco que tales hechos constituyeran delitos de función. A fojas 132 se observa que la resolución emitida por la Fiscalía Provincial Mixta de Paita, de fecha 17 de setiembre de 2006, determinó que No Había Lugar a Formalizar denuncia penal, considerando así que los hechos denunciados no se encuentran dentro de algún tipo penal configurado en la ley común.

7. Se aprecia entonces que en ninguna de las sede extraordinaria u ordinaria, militar o fiscal, se ha acreditado la responsabilidad del actor, debiéndose tener presente además que los hechos denunciados tienen vinculación con las resoluciones administrativas citadas puesto que éstas pasan a la situación de disponibilidad al actor por la falta grave de hostigamiento sexual y las resoluciones tanto fiscal como militar se pronuncian precisamente negando tal hecho, con lo que el recurrente vive un estadio de irresolución que se prolonga sine die. En tal sentido no puede reputarse como válida una resolución administrativa que sanciona al recurrente, sin precisión determinada ni determinante, por hechos que tanto en la instancia militar como fiscal han sido dejados sin efecto al declararse no ha lugar a abrir instrucción en instancia militar y no ha lugar a la formalización de denuncia en sede fiscal u ordinaria, respectivamente. Por tanto conforme he señalado en el fundamento 5, el derecho al debido proceso que implica una debida motivación de las resoluciones –tanto judiciales como administrativas–, en el presente caso se ha vulnerado, puesto que se ha emitido decisiones administrativas sancionando al recurrente por hechos por los que la instancia militar y fiscal ya se han pronunciado, siendo totalmente incongruente que se afirme en una resolución que el actor tiene responsabilidad en un hecho para que en otras posteriores se digan que tal responsabilidad no existe, implicancia no obstante lo cual se le mantiene administrativa o militarmente en el limbo.

8. Por ello, en atención a lo señalado, es que se debe declarar la nulidad de la resolución que decidió pasar al recurrente de la situación de actividad a la de disponibilidad, debiendo en consecuencia la administración militar emitir nueva resolución teniendo en cuenta los pronunciamientos posteriores sobre el mismo hecho anteriormente descrito. En este sentido, conforme lo señala el artículo 1° del Código Procesal Constitucional, debe reponerse las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho invocado.

En consecuencia estimo que se debe declarar la IMPROCEDENCIA del extremo referido al cuestionamiento de la denuncia fiscal y NULA la resolución que decide pasar al recurrente de la situación de actividad a la de disponibilidad, debiendo emitirse nueva resolución teniendo presente lo señalado en el fundamento 7, y en consecuencia reponerse las cosas al estado anterior a la emisión de la resolución mencionada.

S.

VERGARA GOTELLI




EXP. N.° 4525-2007-PHC/TC
PIURA
LUIS MIGUEL REQUENA
PASAPERA


VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y BEAUMONT CALLIRGOS


Con el debido respeto, estimamos que en el presente caso la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE. Los argumentos que sustentan nuestra posición son los siguientes:

1. Precisión del petitorio de la demanda

En el presente caso la pretensión del beneficiario gira en torno a dos pretensiones:

A. Que se deje sin efecto la investigación preliminar que viene realizando en su contra el Fiscal Mixto de Paita, alegando la vulneración del principio ne bis in ídem, pues según refiere viene siendo investigado por los mismos hechos que motivaron un pronunciamiento anterior del Fuero Militar.

B. Que se dejen sin efecto: i) la Resolución Ministerial N.° 061-2007-DE/SG (fojas 113) de fecha 24 de enero de 2007, que declaró infundado el recurso de reconsideración contra la Resolución N.º 659-DE/MGP que lo pasó a la situación de disponibilidad por haber incurrido en la falta grave de hostigamiento sexual; y ii) la Resolución Ministerial N.° 200-2007-DE/MGP (fojas 118) de fecha 26 de marzo de 2007, que desaprobó su pedido de reincorporación a la situación de actividad y por tanto dispone que continuará en la situación de disponibilidad. Se alega que tales resoluciones aplicaron un inconstitucional Reglamento de los Consejos de Investigación que no ha sido publicado en el Diario Oficial. Consecuentemente, se solicita la reincorporación del beneficiario a la situación de actividad.

2. En cuanto al cuestionamiento de la investigación preliminar

A. Examinada la demanda, se aprecia que el recurrente alega que “la causa judicial fue sobreseída; no se aperturó (sic) proceso penal y eso quedó consentido, así lo manda el propio fallo del fuero castrense. Mal puede derivarse ese dossier al Ministerio Público para que se inicie otra pesquisa por los mismos hechos ya que eso significaría una flagrante violación del principio ne bis in ídem” (f. 6). Al respecto, el Código Procesal Constitucional en su artículo 25º ha acogido una concepción amplia de este proceso constitucional, cuando señala que “también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio”. De ahí que se debe admitir que también dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus, es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al ne bis in idem; pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquel y el derecho fundamental a la libertad personal.

B. En el presente caso, no apreciamos esa conexión entre el principio ne bis in ídem y la libertad personal del favorecido, en la medida que si bien el recurrente alega la indebida iniciación de una investigación fiscal preliminar contra su persona por parte del fiscal emplazado, dicho acto per se no implica afectación alguna a su libertad personal, toda vez que el fiscal demandado actuando conforme a sus atribuciones constitucionales y a fin de esclarecer la denuncia penal presentada por el fuero castrense (que determinó que los hechos presuntamente ilícitos atribuidos al demandante no constituían un delito de función, y que al afectarse bienes jurídicos como la intimidad y la integridad física y moral tales hechos debían ser de conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria, folio 175) inició las respectivas investigaciones, lo que no incide, como se ha sostenido, en la libertad del favorecido.

C. Más aún, cabe anotar que el Tribunal Constitucional a través de la Resolución de 25 de junio de 2008 dispuso que la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú remita copia certificada del Acta N.º 001-2006 (S) de 12 de mayo de 2006, expedida por el Consejo de Investigación “B” para Oficiales Superiores sobre el caso del favorecido. Mediante comunicación de 4 de julio de 2008 dicha institución remitió la información solicitada. Tal información tiene relevancia para la resolución de la presente causa, por cuanto uno de los extremos del petitorio de la demanda es que se deje sin efecto la investigación fiscal. Las conclusiones del Consejo de Investigación “B” para Oficiales Superiores que constan en el Acta N.º 001-2006 (S) de 12 de mayo de 2006 son contundentes en el sentido que el demandante realizó manifestaciones de conductas tipificadas como hostigamiento sexual; lo cual justifica, como es evidente, su investigación judicial.

D. Ello por cuanto la Constitución (artículo 1º) reconoce que “[l]a defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; y, entre otras, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículo 4º), Convención de Belém Do Pará, ratificada por el Estado peruano el 4 de junio de 1996, prevé que: “[t]oda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: (...) e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia”.

E. Este principio-derecho proscribe, precisamente, que la persona humana sea tratada como un instrumento u objeto, ya que tanto los varones como las mujeres son siempre fines en sí mismos. Por ello, la consideración de la mujer como un objeto sexual no es, en absoluto, compatible con la dignidad que la Constitución reconoce. Nadie puede afectar la libertad sexual o los derechos conexos a la misma de otra persona, independientemente de su sexo. Por el contrario, el objetivizar a la persona humana viola la dignidad y, en particular, denigra su condición de ser humano. De ahí que el Estado tenga la facultad y el deber de investigar y sancionar los actos que vulneren la dignidad de la persona humana en general y de la mujer, en particular.

3. En cuanto al cuestionamiento de las resoluciones administrativas que pasan al favorecido a la situación de disponibilidad

A. En relación con el pedido de que se deje sin efecto la Resolución Ministerial N.° 061-2007-DE/SG, la Resolución N.º 659-DE/MGP, así como la Resolución Ministerial N.° 200-2007-DE/MGP, y, por tanto, se disponga su reincorporación inmediata a la situación de actividad en la Marina de Guerra del Perú, cabe señalar lo siguiente.

B. El objeto de esta reclamación, así planteada, resulta manifiestamente ajeno al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, esto es, la libertad personal y los derechos conexos. Estimar el petitorio supondría desnaturalizar el objeto de protección del proceso constitucional de hábeas corpus. Más aún, ordenar la reincorporación del favorecido y, por ende, su pase a la situación de actividad, a través del proceso constitucional de hábeas corpus, implica otorgar una suerte de convalidación tácita a hechos graves y denigrantes para la dignidad, la libertad sexual y derechos conexos de la mujer; hechos que merecen ser investigados y, de verificarse responsabilidad, sancionados. En tal sentido, no estando los hechos y el petitorio de la demanda referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal o derechos conexos, consideramos que la presente demanda debería ser desestimada en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional.


SS.

LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS

César Vega Vega nombró a un vocal que no cumplía con el requisito de antigüedad

(FUENTE PERU 21)
El titular de la Corte de Lima reincidió en promover al magistrado Zoilo Enríquez, a pesar de no contar con los 5 años en el cargo como lo ordena la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vega niega irregularidad, alegando que el magistrado tiene más de 25 años de abogado.
A las críticas por su reciente participación en un encuentro de tinte partidario, el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, habría cometido otra irregularidad al nombrar como vocal superior provisional de la Segunda Sala Penal con Reos Libres al juez Zoilo Ciriaco Enríquez Sotelo, quien no tiene la antigüedad requerida para el cargo.

De acuerdo a la documentación obtenida por Perú.21.pe, el referido magistrado no cuenta con los cinco años que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a los magistrados para ser promovidos como integrantes de una sala superior.
Según el Artículo 179 de la citada norma, para ser nombrado vocal de la Corte Superior se requiere, de acuerdo al inciso 2, “haber sido Juez Especializado o Mixto, Fiscal Superior Adjunto, o Fiscal Provincial, durante cinco años”.
El ingreso de Zoilo Enríquez a la Corte Superior de Lima se produce el 22 de febrero del 2005, en el periodo de la entonces titular de esta instancia judicial, María Zavala, quien lo designa como juez titular del Sétimo Juzgado Penal de Lima.

Esto se desprende al verificarse que Zoilo Enríquez fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como juez titular especializado en lo penal de Lima en sesión del 25 de enero del 2005, por lo que solo tiene cuatro años de antigüedad, es decir menos del mínimo para estos casos.

Sin embargo, a pesar de no contar con los años necesarios, Vega Vega reasignó a Zoilo Enríquez como vocal provisional de la Segunda Sala Penal con Reos Libres, mediante la Resolución Administrativa N° 147-2009-P-CSJLI-PJ, del 6 de marzo del presente año, al reconformar diversas salas penales. Es decir, la decisión de Vega Vega estaría infringiendo lo estipulado en la normatividad vigente.

REINCIDENTE.
Lo que llama la atención es que el magistrado Enríquez Sotelo logró anteriormente una promoción similar precisamente en el tiempo que el cuestionado Vega Vega ocupó por primera vez la presidencia de la Corte de Lima, entre octubre del 2007 y agosto del 2008.

En ese lapso lo nombró como vocal provisional de la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel mediante la Resolución Administrativa 072-2008-P-CSJLI, publicada en El Peruano el 22 de febrero del 2008, exactamente a solo tres años de su ingreso a la Corte de Lima.

Posteriormente, cuando el vocal superior Angel Romero Díaz volvió a la presidencia de la Corte, este decidió reasignar a Enríquez Sotelo, el 15 de setiembre de ese año, y lo devolvió a su juzgado de origen al reconformar dicha sala.

DEFIENDE NOMBRAMIENTO.
Consultado sobre el tema, Vega Vega admitió a Perú.21.pe que Enríquez Sotelo no cuenta con los cinco años que obliga la ley para ser nombrado como vocal superior provisional.

“Si bien es cierto que el doctor Enríquez Sotelo no tenía los cinco años de magistrado, pero sí tenía más 25 años de abogado. La ley es alternativa o es cinco años juez o es abogado. Él, con creces, reunía el cumplimiento de ese requisito legal”, argumentó.

Al preguntársele si cualquier magistrado con más de veinte años de abogado y solo uno de nombrado puede ser promovido a vocal superior, Vega Vega respondió que sí, pues “si la ley no lo prohíbe no tiene por qué impedírsele una legítima aspiración”.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima recordó que en la primera oportunidad cuando él nombró a Enríquez Sotelo no hubo ninguna observación.
Sobre este punto, fuentes judiciales refutaron la versión de Vega Vega, al indicar que la causa del retorno del magistrado a su juzgado de origen fue precisamente el incumplimiento del requisito de antigüedad exigida para el cargo.


ES INACEPTABLE”.
Para el ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta, la promoción del juez Zoilo Enríquez por sus años en el ejercicio del Derecho, es “inaceptable, porque entonces (los magistrados) pueden pedir (con ese argumento) que los nombren vocal supremo provisional”.

En diálogo con la web de Perú.21, el también ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) subrayó que los magistrados “tienen que someterse al tiempo de actividad funcional en cada grado”, porque en caso contrario se generará un desorden.

Sobre ese aspecto, consideró que las promociones internas “deben regirse específicamente” por la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que si “un juez es nombrado y tiene seis meses en el cargo, pero va a invocar que tiene 10 años de docencia universitaria, entonces va a solicitar que lo designen provisionalmente”.
Dijo que si las explicaciones de César Vega no convencen y “son manifiestamente arbitrarias, tiene que abrirse una investigación” a cargo de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).


BENITEZ:

"CESAR VEGA DEBE SER DESTITUIDO DEL PODER JUDICIAL (PJ)". El ex congresista Heriberto Benitez Rivas sostuvo que la permanente inconducta funcional del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Cesar Javier Vega Vega (APRA), asi como su falta de independencia y autonomia por estar vinculado al partido de gobierno (APRA) demuestra que no tiene la idoneidad para seguir ejerciendo dicho cargo y, ademas, esta comprometiendo seriamente la dignidad del cargo, desmereciendolo en el concepto publico, por lo cual deberia ser destituido del Poder Judicial (PJ), conforme a lo estipulado en el inciso segundo del articulo 31º de la Ley Organica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En este caso, el camino legal seria que, previamente, se realice una pesquisa sumaria ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), separarsele del cargo (inmediatamente) y culminada la investigacion, proponer su destitucion; posteriormente, la propia OCMA debe solicitarle al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) que tramite el pedido de destitución ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"Para designar a un vocal superior provisional existen dos posibilidades legales. La primera es que se considere su situacion de juez titular, para lo cual debe cumplir obligatoriamente el requisito de cinco años en el cargo; y, la segunda que esta referida a los magistrados suplentes (que no son de carrera), en cuyo caso se considera el tiempo del ejercicio profesional de abogado" preciso Benitez Rivas.

"En el caso, del magistrado Zoilo Enriquez se ha cometido una grave infraccion, ya que se le ha promovido por ser juez titular nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); no se trata de un abogado que ejerce libremente su profesion y que es llamado para ocupar el cargo como vocal suplente.
Hay una enorme diferencia y el presidente de la Corte Superior de Lima sabe perfectamente lo que dice la Ley, asi como su obligacion de cumplirla" comento Benitez Rivas.

"Cesar Vega ha efectuado una interpretacion autentica, al estilo fujimorista; esta dando afirmaciones falsas para justificar el atropello a las normas legales vigentes y eso merece ser sancionado ejemplarmente con la destitucion del cargo de magistrado del Poder Judicial (PJ)" señalo Benitez Rivas. Finalmente, queda claro que resulta vergonzoso para el Poder Judicial (PJ) mantener como presidente de la Corte Superior de Lima a un individuo como Cesar Vega; todas las barbaridades que comete y los antecedentes negativos de firmar rersoluciones judiciales que favorecieron a procesados por delitos de corrupcion, son suficientes para separarlo del cargo inmediatamente y que es su oportunidad sea destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). (Lima 17 de abril del año dos mil nueve)