sábado, 27 de octubre de 2018

JUDICIALES. Análisis | Las impresiones desde el Derecho Penal sobre la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. ¿Convence la presentación del fiscal José Domingo Pérez? ¿Y la de la defensa de los investigados? ¿Qué puntos fuertes deberá anotar el juez Richard Concepción Carhuancho? Aquí los comentarios de los expertos.


JUDICIALES
Análisis | Las impresiones desde el Derecho Penal sobre la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.
¿Convence la presentación del fiscal José Domingo Pérez? ¿Y la de la defensa de los investigados? ¿Qué puntos fuertes deberá anotar el juez Richard Concepción Carhuancho? Aquí los comentarios de los expertos. 
La lideresa de Fuerza Popular afronta un pedido de prisión preventiva de tres años. A ella y a otras diez personas se les imputa el delito de lavado de activos. | Fuente: Andina
La audiencia sobre el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori y otros diez allegados a Fuerza Popular va tomando tres días en la sede de la Sala Penal Nacional. Los argumentos del fiscal José Domingo Pérez y los de la defensa de cada imputado serán la base para la decisión que tome el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho. Mientras tanto, algunos especialistas ya tienen un análisis sobre el desarrollo de esta larga jornada judicial.
RPP Noticias conversó con los abogados Romy Chang, Karin Fernández y Luis Lamas Puccio para conocer sus opiniones en cuanto a la presentación de la Fiscalía, el desempeño de la defensa y los puntos que deberá considerar el juez.

El trabajo de Pérez Gómez
Los tres penalistas coinciden en reconocer la fortaleza de la argumentación fiscal sobre los elementos de convicción y el peligro procesal por obstaculización. “No estamos como en el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, en el que el peligro procesal o de fuga -para mí- no se cumplía. Creo que al inicio, el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori parecía un exceso, pero ahora, con lo que ha destacado el fiscal, las pruebas que ha mostrado, los chats que han salido a la luz y los audios que implican hasta al fiscal de la Nación se justifica la solicitud”, afirmó Chang Kcomt.
La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la Fiscalía el pasado 19 de octubre. La audiencia sigue extendiéndose desde el miércoles 24. | Fuente: Andina

La penalista recuerda que el fiscal Pérez Gómez ha reflejado en sus intervenciones los tres elementos que contempla el peligro de obstaculización: el riesgo razonable de que la persona investigada destruya, modifique, oculte o falsifique algún elemento de prueba; la posibilidad de influencia del investigado sobre otros coimputados o testigos para que declaren falsamente a su favor o sean desleales ante la Fiscalía y la posibilidad de que los investigados induzcan o presionen a otras personas a cometer las dos primeras acciones.
“La solicitud de la Fiscalía está bastante bien fundamentada sobre la base de la información que ha venido acopiando a lo largo de estos dos últimos años de investigación. Es una teoría bastante sustentada en hechos fácticos, en documentos, en declaraciones de colaboración eficaz y de nuevas personas que en estos últimos momentos se han incorporado a esta teoría sobre la base de la misma colaboración y también como testigos protegidos”, señaló Lamas Puccio.
La penalista Fernández Muñoz también comentó que la participación de Pérez Gómez ha sido sólida. “Me parecen en verdad viables los elementos de convicción que ha presentado, el análisis que ha hecho sobre ellos y sobre los indicios para justificar el peligro procesal. Ahora le toca al juez Concepción Carhuancho tomar una decisión, en la que deberá también tomar muy en cuenta la exposición de los abogados de cada investigado”.

No está de acuerdo
Para César Nakazaki, quien fue entrevistado en el programa La Rotativa del Aire, la calificación es diferente. “Creo que el fiscal ha quedado en 50/50 sobre el peligro procesal. La parte más débil. Así como fue fuerte con el tema de la prueba, el hecho de decir que el peligro procesal existe porque tal casa es alquilada o porque el esposo de Keiko Fujimori es extranjero o porque ella tiene ascendencia japonesa… Me parece que ahí ha sufrido un revés para un tema que venía siendo potente”, dijo el penalista.
Para algunos abogados consultados, el tiempo formulado para la prisión preventiva se justifica con la complejidad del caso y la cantidad de personas implicadas en la presunta organización criminal. | Fuente: Andina
Además, propone como tema de discusión el concepto mismo del peligro procesal. “La obstaculización requiere que algo se haya obstaculizado. Y lo digo para discutir. Si José Domingo Pérez señalase que, como fruto de alguna actividad, sus actos de investigación han sido afectados, lograría cerrar el argumento”, señaló Nakazaki.

¿Cómo estuvo la defensa?
Según Lamas Puccio, no resulta ideal que tanto la defensa como el fiscal simplifiquen su interacción a “afirmar y negar” argumentos. “Me llama poderosamente la atención que la Fiscalía y los abogados exclusivamente dediquen el debate a una negación sobre las afirmaciones. La Fiscalía afirma y la defensa refuta diciendo que es mentira. Y, a su vez, el fiscal refiere que lo que señala la defensa también es mentira. Yo creo que en ese contexto el juez de control -Concepción Carhuancho- debería racionalizar el debate y dirigirlo a los aspectos concretos que son objeto de esa afirmación o de esa negación”.
Fernández sostiene que la abogada Giuliana Loza “tiene argumentos sólidos”, pero que ha caído en errores que podrían costarle. “Se ha dejado llevar por el ataque al fiscal y al juez. Lo primero es común porque en un litigio se suele atacar al fiscal, pero nunca es un buen movimiento enfrentarse constantemente con el juez”.
La también socia del Estudio Muñiz concluye que Concepción Carhuancho la tendrá difícil, pues si decide aprobar la prisión preventiva, deberá descartar todo lo planteado por la defensa y además justificar por qué. Uno de los temas que destaca como complicados es el del papel de Vicente Silva Checa, imputado en cuya casa se hallaron documentos de la Comisión Lava Jato del Congreso. “Concepción deberá motivar por qué estos elementos serían indicios de la presunta organización criminal y por qué no serían documentos que él utilizó para responder a consultas legales”.

Proporcionalidad y duración de la prisión preventiva
Como se recuerda, el fiscal Pérez Gómez  ha pedido 36 meses de prisión preventiva. ¿Se justifica este plazo si consideramos que, si bien el caso involucra a varias personas, cada una será investigada individualmente?
“La Corte Suprema ha establecido que en este caso operan las reglas de crimen organizado cuyo plazo máximo de prisión preventiva es de 36 meses. El hecho de que se tenga que resolver investigado por investigado no debe confundirnos o hacernos creer que la situación de cada uno se va a ver solo individualmente. Sí se ve individualmente, pero dentro del conjunto de la supuesta organización criminal.Eso hace que la investigación sea considerada compleja y por eso el plazo. De hecho, no me sorprendería que, de aprobarse la prisión por 36 meses y el fiscal no concluyera su investigación después de ese tiempo, pida una extensión por doce meses más”, opina la abogada Romy Chang.
El penalista Lamas Puccio también reconoce que la investigación amerita cierto tiempo. “En este caso, tratándose de una organización, el paso del tiempo va a contribuir a que esa organización no pueda, por ejemplo, coordinar actos de obstaculización. Estamos frente a una organización conformada por un número significativo de personas que hacen uso de medios de toda naturaleza para impedir y obstruir la labor. Yo creo que, en esa línea, se justifica la duración que plantea la Fiscalía. Cuanto más tiempo estén detenidos, más favorece a consolidar la investigación”.
La abogada Fernández discrepa. “Es el juez quien finalmente decide qué tan pertinente es otorgar los 36 meses. Esto, es cierto, se hace en base a la cantidad de investigados y de diligencias a realizarse en esta etapa preparatoria. A mí me parece demasiado. Yo creo que el fiscal José Domingo Pérez puede correr con sus diligencias. Un año para llevar a cabo una investigación con once personas -detenidas, si es que así lo dispone el juez, o bajo comparecencia restringida- me parece suficiente”.

FUENTE: https://rpp.pe/politica/judiciales/keiko-fujimori-las-impresiones-desde-el-derecho-penal-sobre-la-audiencia-de-prision-preventiva-en-su-contra-noticia-1159320

Tribunal Constitucional de Chile da luz verde al proyecto de identidad de género. El Tribunal Constitucional (TC) de Chile rechazó el 25 de octubre los pedidos de inconstitucionalidad del proyecto de ley de identidad de género presentadas por parlamentarios y distintas organizaciones civiles, dejando la ley lista para su promulgación.


Tribunal Constitucional de Chile da luz verde al proyecto de identidad de género.
El Tribunal Constitucional (TC) de Chile rechazó el 25 de octubre los pedidos de inconstitucionalidad del proyecto de ley de identidad de género presentadas por parlamentarios y distintas organizaciones civiles, dejando la ley lista para su promulgación.
Imagen referencial / Foto: Pixabay (Dominio Público)
El 12 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de identidad de género que permitirá el cambio de nombre y sexo en el registro civil a partir de los 14 años.
Luego de esto, un grupo de diputados presentó una solicitud de revisión constitucional del proyecto de ley de identidad de género. 
Con el mismo objetivo, el 24 de octubre las organizaciones civiles Padres Ciudadanos, Padres Objetores, Verdad y Familia, Cuide Chile, Cristianos Pro-valores y Acción Republicana presentaron un documento avalado por unos 3.600 padres y ciudadanos residentes en 229 comunas del país.
La vocera de Padre Ciudadanos, María José Vizcaya, explicó a ACI Prensa que el proyecto de identidad de género “posee graves vicios de constitucionalidad”, ya que toda normativa está “basada en una necesidad concreta que la justifique”, lo que se llama “razonabilidad del derecho”.
“En cambio, en el proyecto de identidad de género media el sentimiento subjetivo de la persona, es decir, la solicitud del cambio de nombre y sexo registral dependerá de la emoción, el pensamiento, el sentimiento de la persona y no mediante un razonamiento lógico”, sostuvo Vizcaya.
A pesar de la “desazón” que sienten las organizaciones profamilia por la decisión del tribunal, la vocera aseguró que “la gente seguirá manifestándose, levantará la voz y pondrá más atención en cómo será empuñada la ley, por ejemplo, en los establecimientos educacionales donde los grupos LGBTI buscan adoctrinar a los niños más pequeños y adolescentes”.
Vizcaya aclaró que la oposición no va contra la dignidad de los transexuales, “sino contra toda esta imposición ideológica que quiere permear la educación y educar a los niños en esta ideología”.
“Podemos respetar la libertad de la gente, pero no permitiremos que se nos imponga una ideología y le enseñen a nuestros niños algo que transgrede nuestra libertad de conciencia”, enfatizó Vizcaya.
La vocera recordó que este proyecto es parte del acuerdo firmado en junio de 2016 entre el Estado chileno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esa ocasión el Gobierno chileno encabezado por Michelle Bachelet se comprometió a legislar sobre el matrimonio homosexual, reformar la Ley Zamudio (contra la discriminación), establecer la adopción homoparental y el acceso pagado a la fertilización asistida, una ley de identidad de género, entre otros.
En tanto, el presidente de Padres Objetores, Francisco Fritis, manifestó a ACI Prensa que el proyecto de identidad de género “pone en jaque la protección de la niñez y la adolescencia por parte de sus familias”. 
Fritis advirtió que los proyectos de ley que derivan de la ideología de género buscan “destruir la familia cortando todo vínculo con sus padres a partir de la ‘autonomía progresiva’ de los menores”.

FUENTE: POR GISELLE VARGAS | ACI Prensa
https://www.aciprensa.com/noticias/tribunal-constitucional-de-chile-da-luz-verde-al-proyecto-de-identidad-de-genero-32438

Prostituirse en el exilio para alimentar a sus familias: el otro drama de las venezolanas. Ante la falta de papeles para trabajar legalmente, muchas venezolanas terminaron en bares sórdidos de Colombia donde, entre lágrimas y asco, se prostituyen y ahorran para enviar dinero a sus familias. Estas son sus historias


Prostituirse en el exilio para alimentar a sus familias: el otro drama de las venezolanas.
Ante la falta de papeles para trabajar legalmente, muchas venezolanas terminaron en bares sórdidos de Colombia donde, entre lágrimas y asco, se prostituyen y ahorran para enviar dinero a sus familias. Estas son sus historias
"Nunca nos pasó por la mente prostituirnos. Lo hicimos en base a la crisis", dice Joli, de 35 años, con la voz entrecortada. (AFP).

Calamar. Madres, hijas, hermanas... Ellas huyeron del hambre en Venezuela. A falta de papeles para trabajar legalmente terminaron en bares sórdidos de Colombia donde, entre lágrimas y asco, se prostituyen y ahorran cada peso para enviarlo a sus seres queridos.
Alegría es profesora de historia y geografía, pero trabaja en un burdel. En la Venezuela de la hiperinflación y la crisis económica su salario de 312.000 bolívares (menos de un dólar) ya no alcanzaba "ni para comprar unas pastas", dice esta migrante de 26 años.

En febrero cruzó, como cientos de miles, a Colombia. Durante tres meses fue mesera en Arauca (este) a cambio de comida y alojamiento, pero sin pago. "Lo que mandaba a mi hogar eran las propinas", cuenta a la AFP. Hasta que le quitaron incluso esos pequeños montos. Seis de sus allegados, incluido su hijo de cuatro años, sobreviven en su tierra gracias a ella. 
Entonces llegó a Calamar, en el Guaviare, un caserío selvático en el sur de Colombia marcado por seis décadas del conflicto armado. Corredor de cocaína, el departamento también es un bastión de disidentes de la ex guerrilla FARC y de narcos del Clan del Golfo.
Alegría, un apodo que eligió con ironía, se prostituye junto a otras nueve mujeres en uno de los bares de la zona de tolerancia de este pueblo polvoriento de 3.000 habitantes. Unas 60 compatriotas ejercen la misma labor aquí. 
Joli cuenta que sin trabajo, optó por "venderse" en Bucaramanga, a 575 kilómetros de Calamar, donde desde junio trabajaba su sobrina Milagro, de 19 años. (AFP).
El "rato" cuesta entre 37.000 y 50.000 pesos (11 a 16 dólares), de los que le da 7.000 (2,3 dólares) al dueño del establecimiento. Las "noches buenas" ganan de 90.000 a 300.000 pesos (30 a 100 dólares). El salario mensual en la desvalorizada moneda venezolana equivale a 29 dólares.
- Migrar con las manos vacías -
"Nunca nos pasó por la mente prostituirnos. Lo hicimos en base a la crisis", dice Joli, de 35 años, con la voz entrecortada. En 2016 perdió su trabajo como repartidora de periódicos en Venezuela. "¡No había más papel para imprimirlos!"
Confiando sus tres hijos a su madre, fue de ciudad en ciudad, de un trabajo a otro. Sin pasaporte, Joli, otro sobrenombre, saltó la frontera sin maleta, solo con la ropa que tenía puesta.

Cerca de 1,9 millones de venezolanos emigraron desde 2015, la mayoría a países de la región, cuando se agudizó la crisis, según la ONU. 
Joli perdió "de un infarto, por falta de medicamentos", al hombre con el que iba a casarse. El padre de sus hijos también falleció de insuficiencia renal en Venezuela. 
En Colombia, "me vi entre la espada y la pared", cuenta. "Por mi tono de voz, me cerraban la puerta en la cara". 
Sin trabajo, optó por "venderse" en Bucaramanga (noreste), a 575 kilómetros de Calamar, donde desde junio trabajaba su sobrina Milagro, de 19 años. 
"Al principio me sentía súper mal", dice Milagro. Pero persistió ante la falta de una mejor alternativa para ayudar a sus hermanos, su bebé de dos años y su madre enferma, que luego falleció. 
Les cuesta ocultarle la verdad a sus familias. "Ellos no saben a qué me dedico, ni siquiera mi mamá. Sacrificó cinco años de su vida trabajando para darme una educación. (...) Sería muy detonante (duro) para ella", explica Alegría.
Ella les dice que trabaja en una panadería. Sueña con enseñar en Colombia, pero sin pasaporte es una utopía. Enferma de mentir, buscó ayuda psicológica en el equipo de emergencia de Médicos del Mundo (MDM) enviado a Calamar.
- Sexo sin condón -
Por su situación y la presencia de hombres armados en la zona, entre otras razones, estas mujeres sufren de "ansiedad, episodios depresivos, síntomas de estrés postraumático", apunta Jhon Jaimes, psicólogo de la ONG.
El clima tropical las expone a "infecciones, a dengue, malaria", agrega. Aparte del riesgo de enfermedades venéreas, varias quedan embarazadas porque algunos clientes les exigen tener relaciones sin protección.
En el hospital temporal de MDM, una especialista las cura, les pone implantes anticonceptivos y las aconseja. Algunas se derrumban. Se escuchan sollozos. 
La ONG también les entrega alimentos, productos de higiene y preservativos. Con sus paquetes bajo el brazo, regresan por la trocha. Y de nuevo a laborar.
En el calor húmedo se preparan frente al espejo del burdel. Se alisan el cabello, intercambian labiales y polvos de maquillaje. Se enfundan minishorts, pequeños tops y sandalias de plástico.

Madre de tres hijos, Patricia, de 30 años, también comenzó esta vida en Arauca. Fue una pesadilla: un cliente borracho la golpeó, violó y sodomizó. "Hay clientes que te tratan mal y eso es horrible", murmura. "Todos los días pido a Dios que sean buenos".

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/prostituirse-exilio-alimentar-familia-drama-venezolanas-noticia-571201
AFP