martes, 27 de junio de 2017

Abogados de los Pobres: Costa Rica, Perú, Guatemala, Chile, Brasil, México, Colombia. Investigación descubre graves injusticias en la defensa pública de América Latina.

Abogados de los Pobres: Costa Rica, Perú, Guatemala, Chile, Brasil, México, Colombia. Investigación descubre graves injusticias en la defensa pública de América Latina.
Celsa Taco recibió los restos de su hijo de 33 años después de su desaparición en Ayacucho, al sur del Perú. Como ella, muchos deudos y víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen menos respaldo legal del Estado que los presuntos perpetradores. 
Indígenas excluidos, militares protegidos, inocentes esperando en prisión, contratos cuestionados y un mayor riesgo de condena para quien no puede pagar su abogado. Esos son algunos problemas que arrastran las defensorías públicas en seis países de la región, según una investigación liderada por Univision Noticias con otros siete medios latinoamericanos.

Lea con atención los siguientes párrafos. Lo guiarán por una realidad de la que se habla poco en Latinoamérica y que viven miles de personas pobres, al enfrentarse a un sistema de justicia penal que ya de por sí está sesgado en su contra: Adán de la Cruz Gallegos es un indígena de Oaxaca, México, que tiene 45 años. Afirma que casi no entiende español, su lengua materna es el zapoteco. Una mañana de octubre de 2009 fue arrestado en su pueblo, Juchitán de Zaragoza, cuando regresaba a casa después de bautizar a su hija menor. Lo acusaron de secuestro y se lo llevaron. Ya tiene siete años en la cárcel y aún no lo han sentenciado. Asegura que no tuvo un defensor que hablara su idioma y no entendió lo que le decían cuando lo detuvieron.

Pasemos a Costa Rica, un país cuyo sistema de justicia se considera modelo en Latinoamérica. Si a usted lo acusan de un crimen y llega a un juicio penal acompañado de un defensor público, la posibilidad de que lo condenen es mayor que si contrata a uno privado, especialmente si el delito es complejo. La idea de que la gente que no puede pagar un abogado tiene garantizada una defensa penal en igualdad de condiciones, parece que no aplica en ese país.

Ahora a Perú donde 47 militares acusados por crímenes como tortura, desapariciones y asesinato tienen defensores privados pagados por el Gobierno. Mientras tanto, en octubre del 2016 la administración de Pedro Pablo Kuczynski despidió a 200 abogados públicos que debían atender a los ciudadanos comunes, incluyendo víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Estas son algunas de las historias que salen a la luz hoy, tras una investigación regional que lideró Univision Noticias en los últimos seis meses, y en la que participaron periodistas de siete medios latinoamericanos: Animal Político (México), Plaza Pública (Guatemala), Semanario Universidad (Costa Rica), El Tiempo (Colombia), CIPER (Chile), Ojo Público (Perú) y Agência Lupa (Brasil).

Los casos que revelamos también son los síntomas de un mal mayor. Los modelos de defensa pública en América Latina se están quedando cortos. “Ya no resisten a las necesidades de la gente, no funcionan, están saturadas y su trabajo perdió calidad”, explica a Univision Noticias el jurista argentino Alberto Binder, experto en derecho procesal penal y profesor en varias universidades latinoamericanas.
Sobrecarga de trabajo, bajos salarios, falta de atestados, nombramientos políticos, amenazas y asesinatos son sólo algunos de los problemas que cargan muchos abogados públicos de la región, sumados a la falta de independencia financiera de algunas defensorías y la negligencia de las instituciones judiciales para medir el rendimiento de su labor.

(las defensorías públicas) ya no resisten a las necesidades de la gente, no funcionan, están saturadas y su trabajo perdió calidad”
Alberto Binder, experto en derecho procesal penal

AYUDA FUNDAMENTAL
Las defensorías públicas existen para que las personas más pobres y vulnerables tengan acceso a la justicia con las mismas condiciones de quienes sí tienen dinero para pagar un abogado, al enfrentar una acusación penal o cuando reclaman por una violación de sus derechos.
Estas estimaciones reflejan el valor central en un intervalo de confianza. Por ejemplo, si una probabilidad se estima en 65%, su intervalo de confianza va desde el 58% y hasta el 72%. Es decir, el verdadero valor se encuentra en ese rango.
Sin esa ayuda legal, millones de personas alrededor del mundo quedarían en desventaja cuando son sometidas al sistema de justicia. En muchos países estarían en riesgo de ser enviadas a prisión sin motivos, o sufrir torturas y confesiones forzadas.
Históricamente, los sistemas penales han apuntado más hacia las personas pobres, pero cuando se las lleva a enfrentar un proceso penal, se les otorga una defensa floja. La Organización de la Naciones Unidas (ONU) viene alertando de que “los grupos débiles y especialmente vulnerables están excesivamente representados entre los delincuentes en el sistema de justicia penal”.

Por eso, estos grupos “soportan una parte desmesurada del costo socioeconómico del sistema”.
El uso de la prisión en la lucha contra las drogas disparó el número de gente encarcelada en las últimas décadas e impactó de manera desproporcionada a las mujeres, en su mayoría pobres, con bajo nivel educativo y que en muchos casos velan por niños, ancianos y discapacitados, informó la Organización de los Estados Americanos (OEA) el año pasado.

Los grupos débiles y especialmente vulnerables están excesivamente representados entre los delincuentes en el sistema de justicia penal”
Organización de Naciones Unidas


La población de mujeres en prisión en el continente americano aumentó 51.6% entre el 2000 y el 2015, comparado con un 20% entre los hombres, de acuerdo a un informe del Instituto de Investigación sobre Politicas Criminales en Birkbeck, de la Universidad de Londres.
“Hay que rediseñar las cosas de cara al modelo social en que se vive. Son modelos muy simplistas, les tiras casos sin discriminación a un conjunto de abogados y llegan 100, 200 casos, y los saturas. Esto no está en la agenda de estudio de nadie. Es un sistema muy simplista dada la complejidad social”, explicó Alberto Binder a Univision Noticias.
Binder y los investigadores Ed Caper y Zaza Namoradze alertaron en 2015 que en países como México la defensa pública es muy débil frente a los cuerpos de persecución penal y pidieron indagar las causas de las altas tasas de condena en los estados de Baja California (99.8%) y el Distrito Federal (90%), y su relación con la calidad de defensa que tuvieron las personas sentenciadas. Allí prácticamente todas las personas que fueron a un juicio fueron declaradas culpables.

INVESTIGACIÓN REGIONAL
La investigación de Univision Noticias nació en Costa Rica, donde un grupo de abogados y periodistas de la Unidad de Datos revisó más de 8,000 sentencias judiciales y descubrió que, en ciertos delitos, la probabilidad de condena en un juicio para una persona que tiene un defensor público aumenta entre 12% y 26%, si se le compara con alguien que tiene uno privado.
En ese país el mayor riesgo de condena es para quienes enfrentan un juicio (con un defensor público) en casos de delitos contra la fe pública –que en ocasiones pueden requerir una defensa técnica, costosa y compleja– como estafas y falsificaciones.
La directora de la Defensa Pública costarricense, Marta Iris Muñoz, rechazó hablar sobre esta investigación. El jefe de despacho de la presidencia del Poder Judicial, Roger Mata Brenes, atacó el estudio de Univision Noticias diciendo que "no es determinante y no arroja datos concluyentes".
Con los datos analizados, Univision Noticias construyó una calculadora para que usted pueda explorar cómo cambian las posibilidades de condena en Costa Rica, según sea el delito que se se juzga, el tipo de abogado y otras variables que entran en juego.

Otro caso que alarma es el de Colombia, donde un grupo de 153 abogados públicos tiene encima 234,964 reclamos de las víctimas que dejó medio siglo de guerra en el país. Si se los repartieran en partes iguales, le tocarían más de 1,500 expedientes a cada uno. Y miles de casos adicionales podrían llegar cuando comience a operar la Jurisdicción Especial para la Paz, un órgano jurídico que forma parte del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

En Colombia, los abogados públicos ganan poco y tienen que atender negocios por fuera para ajustar su salario. Se sobrecargan de trabajo y no dedican el tiempo necesario a los casos de la gente pobre. "Estamos desmejorados frente a otros países, debajo de los estándares internacionales”, dice el presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia, César Helcías Huertas Valencia.

México y Guatemala también batallan para garantizar el acceso a la justicia de todos sus ciudadanos. En ambos países, miles de indígenas que no hablan español quedan indefensos ante la falta de abogados públicos, jueces y fiscales que hablen su lengua. En México –un país con 18 millones de indígenas– sólo 25 defensores públicos federales hablan algún idioma ancestral.

El caso guatemalteco no es muy distinto. Esa nación centroamericana tiene 6.5 millones de indígenas –el 40% de la población total– y sólo 15 defensores públicos que hablan una lengua local para atenderlos. El año pasado tramitaron 1,779 casos.

El trabajo de un defensor que conozca el idioma local es fundamental para que no ocurra lo que le pasó a Petrona Xol, una indígena q'eqchi de Panzós, Cobán que ha estado encarcelada doce años por un crimen del que asegura es inocente.
Xol nunca entendió lo que se dijo durante su juicio y la apelación de su sentencia fue rechazada, porque el defensor la presentó fuera de tiempo, según lo denunció la Asociación de Abogados Mayas.

DESEQUILIBRIO
El caso de Perú también es notable. El beneficio para los militares acusados por violaciones a los derechos humanos genera dudas sobre la equidad del sistema de justicia en ese país sudamericano. Mientras los soldados tienen abogados privados que paga el Estado, en Ayacucho, un pueblo en las faldas de los Andes donde viven más de 49,000 deudos y víctimas de torturas, desapariciones y asesinatos, solo hay tres defensores públicos.
El estado peruano ha invertido 125,000 dólares en la defensa de los 47 militares, un monto igual al sueldo mensual promedio de 80 defensores públicos.

En ese país, el problema se agrava ante la falta de peritos que ayuden a los defensores a preparar sus casos. “Ante dicha carencia, es la familia del imputado quien usualmente cubre los gastos de un especialista o perito privado, situación que se sujeta a sus posibilidades económicas”, señaló Binder en su estudio del 2015.

En Chile la historia tiene otra arista. El Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) narra como una empresa privada que contrató el Estado para defender a la gente más pobre se declaró en quiebra el año pasado, dejó de pagar a sus abogados y abandonó su responsabilidad con 3,253 casos que tenía a cargo.
Eso no fue obstáculo para que la Defensoría Pública chilena siguiera adelante con una licitación para otra sociedad de los mismos accionistas de la firma quebrada. Y se repitió la historia: al terminar el primer mes del nuevo contrato, en octubre de 2016, la empresa no pagó los sueldos a los defensores y abandonó los casos.

INDEPENDENCIA CUESTIONADA

La falta de dinero para contratar a un defensor capacitado "representa una de las más graves barreras para el acceso efectivo a la justicia", escribió en un ensayo el abogado brasileño Clever Alves, defensor público en Rio de Janeiro y profesor en la Universidad Federal Fluminense.
Alves cree que las defensorías públicas son una de las vías para mejorar las condiciones de vida de la gente y, en última instancia, contribuyen a disminuir la desigualdad y la pobreza.
“Es indispensable que (el Estado) ponga a disposición de los ciudadanos menos favorecidos los medios prácticos y concretos necesarios para que puedan litigar en igualdad de condiciones como los de poder adquisitivo más elevado”, apuntó el abogado.

En Brasil, el país de Alves, la asistencia jurídica gratuita y eficaz es inaccesible para miles de personas pobres, pues no hay suficientes defensores públicos, especialmente en el interior de la nación. Hacen falta 10,578 abogados para garantizar el acceso de la población a la justicia, según estimaciones de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas (Anadep).
El rezago brasileño es evidente, pese a que la defensa pública ha sido una garantía constitucional vigente por casi 30 años. La cobertura media nacional por comarca (distrito judicial) es de apenas del 40% en casi todo el país, según el reporte de Agencia Lupa.
Otro problema en algunos estados brasileños es que los defensores son nombrados con criterios políticos por el gobernador, tal es el caso de Amapá, en la Amazonia brasileña, al norte del país. Allí, la independencia de los defensores es cuestionada, especialmente en los casos donde representan a gente que reclama contra representantes del gobierno, declaró Antonio Maffezoli, presidente de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas (Anadep).

La independecia financiera y administrativa de las instituciones es un problema sin resolver en varios países. Un estudio del 2014 de la Asociación Interamericana de Defensas Públicas muestra que el 82% de las Defensorías Públicas (de 17 que participaron en una encuesta) tiene autonomía funcional, es decir pueden crear nuevas áreas y designar a los defensores públicos y otro personal sin pedir autorización a otro órgano.
Sin embargo, cuando se trata de la autonomía financiera, el asunto cambia. Más de la tercera parte (35%) carece de ella. Esta situación la viven las defensorías de Colombia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, según el estudio.
Estas son sólo algunas historias de nuestra investigación. Los reportajes que le presentamos le ayudarán a comprender la magnitud de un problema que pasa casi desapercibido en las mesas de discusión pública de Latinoamérica.

FUENTE:
Por: 
Ronny Rojas
Alejandro Fernández Sanabria,

http://www.univision.com/noticias/criminalidad-y-justicia/investigacion-descubre-graves-injusticias-en-la-defensa-publica-de-america-latina


AMÉRICA LATINA. Feminicidios: la guerra invisible que mata a 12 mujeres por día en América Latina.

AMÉRICA LATINA.
Feminicidios: la guerra invisible que mata a 12 mujeres por día en América Latina.
El acceso de las víctimas a la justicia es una de las grandes tareas pendientes de la región, como demuestra el caso de Irinea Buendía, quien libró una lucha de años hasta poder demostrar que su hija no se había suicidado, sino que la mató su marido. 

Cada dos horas, una mujer muere en Latinoamérica por el simple hecho de serlo. El feminicidio es la expresión más dramática de la violencia de género, un flagelo muy presente en nuestra sociedad. De los ataques de ácido en Colombia, a la lucha del movimiento #NiUnaMenos, te presentamos el panorama en los diferentes países de la región y las historias de sobrevivientes y luchadoras.
"Lo que no se nombra no existe" (Marcela Lagarde, antropóloga mexicana que introdujo el concepto de 'feminicidio' al español)

   2014: La Real Academia Española incorpora en el diccionario la              palabra feminicidio: " Asesinato de una mujer por razón de su sexo".

El cuerpo sin vida de Yuliana Samboní, una niña colombiana de 7 años, fue hallado en diciembre pasadobajo el jacuzzi de Rafael Uribe, un arquitecto bogotano de 38 años que confesó haberla secuestrado, torturado y asesinado. Dos meses antes, Lucía Pérez, una joven de 16 años, fue drogada, violada y empalada hasta la muerte en Mar del Plata (Argentina). La historia de los feminicidios, las muertes de mujeres por el simple hecho de serlo en América Latina, se podría contar a través de asesinatos especialmente brutales como estos que cada poco tiempo conmocionan el continente.
Sin embargo, las cifras muestran que esta es una realidad mucho más frecuente de los casos que llegan a los titulares y generan protestas. América Latina es una de las regiones del mundo con más feminicidios: 12 al día, según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) que no contabilizó los datos de uno de los países con más violencia de género, Brasil, por la falta de disponibilidad de esa información; eso significa que al menos cada dos horas una mujer es asesinada.
En Univision Noticias recabamos los datos sobre feminicidios, oficiales e independientes, disponibles en 18 países de América Latina en 2016 o, en su defecto, en el año más reciente con cifras registradas.

Feminicidios en América Latina

ARGENTINA
Número de feminicidios
290 durante 2016. Ese año hubo 1.3 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
Existe una norma que considera agravantes el homicidio de una mujer o de una persona trans por su condición de género y cuando el asesino es el cónyuge.
Cuáles son las penas
Cadena perpetua para los feminicidios. En el caso del homicidio común, entre 8 y 25 años.

BOLIVIA
Número de feminicidios
104 durante 2016. Ese año hubo 2 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) reconoce 16 formas de violencia y establece nuevos tipos penales: feminicidio, acoso sexual, violencia familiar o doméstica, esterilización forzada, incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos y actividades económicas familiares.
Cuáles son las penas
El feminicidio está sancionado con la pena máxima que contempla la legislación boliviana: 30 años sin derecho a indulto.

BRASIL
Número de feminicidios
4,762 durante 2013. Ese año hubo 4.5 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
La Ley Maria da Penha, de agosto de 2016, tipifica las penas de violencia de género e intrafamiliar. La Ley del Feminicidio (Ley 13.104/2015) clasifica el feminicidio como un crimen hediondo y estipula agravantes cuando ocurre en situaciones específicas de vulnerabilidad (embarazo de la víctima o que el crimen se produzca en la presencia de hijos).
Cuáles son las penas
La Ley del Feminicidio impone penas de entre 12 y 30 años de prisión.

CHILE
Número de feminicidios
34 durante 2016. Ese año hubo 0.4 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
Según la Ley de Femicidio de 2010, si la víctima del delito es o ha sido la cónyuge o conviviente de su autor, se considera femicidio. Sin embargo, la ley no tiene alcance en los femicidios en los que no hay vínculo de convivencia entre el asesino y la víctima.
Cuáles son las penas
El delito de femicidio tiene la misma sanción que el de parricidio: desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado. 

COSTA RICA
Número de feminicidios
24 durante 2016. Ese año hubo un feminicidio por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
La Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer se aprobó en 2007 para proteger a las mujeres mayores de edad de la violencia. Además, sanciona sus manifestaciones físicas, sicológicas, sexuales y patrimoniales.
Cuáles son las penas
La pena por feminicidio va entre 20 y 35 años de cárcel.

COLOMBIA
Número de feminicidios
731 entre enero y octubre de 2016.
Lo que dice la ley
La Ley Rosa Elvira Cely de 2015 tipifica el asesinato de mujeres por razones de género como feminicidio y endurece las penas por este crimen y todos los relacionados con la violencia machista.
Cuáles son las penas
Entre 20 y 41 años de prisión en los casos de feminicidio y entre 41 y 50 años en los casos de feminicidio agravado.

ECUADOR
Número de feminicidios
73 durante 2016. Ese año hubo un feminicidio por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) recoge el delito de feminicidio en el artículo 141. Define feminicidio como dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.
Cuáles son las penas
26 años de cárcel.

EL SALVADOR
Número de feminicidios
318 durante 2016. Ese año hubo 10 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
La Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres se aprobó en el año 2011 y reconoce el feminicidio como delito.
Cuáles son las penas
Penaliza el feminicidio con entre 20 y 50 años de prisión.

GUATEMALA
Número de feminicidios
196 durante 2016. Ese año hubo 2.3 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, de 2008, introdujo el delito de femicidio, el asesinato de mujeres por su condición de ser mujeres, y estableció la creación de tribunales especializados en feminicidio.
Cuáles son las penas
De 25 a 50 años de cárcel. No permite la reducción de la pena por ningún motivo.

HONDURAS
Número de feminicidios
388 entre enero y octubre de 2016.
Lo que dice la ley
El Código Penal en su artículo 118-A reconoce la figura del femicidio en el caso de los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de ser mujer.
Cuáles son las penas
De 30 a 40 años de reclusión.

MÉXICO
Número de feminicidios
2,555 durante 2015. Ese año hubo 4 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 definió por primera vez la violencia feminicida.
Cuáles son las penas
De 20 a 60 años de prisión. La condena se agrava si entre el asesino y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.

NICARAGUA
Número de feminicidios
49 durante 2016. Ese año hubo 1.6 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
En febrero de 2012 se aprobó la Ley Especial contra la violencia hacia la mujer (Ley 779), que reconocía el feminicidio y mejoraba la atención a las víctimas de violencia. Sin embargo, en julio de 2014, el presidente Daniel Ortega emitió un decreto que despojó de todo su espíritu a la ley: solo se considera femicidio cuando el crimen se da en el marco de las relaciones interpersonales de pareja.
Cuáles son las penas
La ley contemplaba penas que oscilaban entre los 15 y 25 años de prisión. Con la reforma de Ortega, bajaron las penas.

PANAMÁ
Número de feminicidios
29 durante 2016. Ese año hubo 1.5 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
La Ley 82 de 2013 adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer.
Cuáles son las penas
Quien mate a una mujer pareja, subordinada, por venganza, violada o embarazada paga entre 25 y 30 años de prisión.

PARAGUAY
Número de feminicidios
37 durante 2016. Ese año hubo un feminicidio por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
El legislativo aprobó en diciembre de 2016 una nueva Ley de Protección Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres que reconoce como feminicidios las muertes por violencia de género.
Cuáles son las penas
Las penas contempladas para los casos de feminicidio son de hasta 30 años de cárcel.

PERÚ
Número de feminicidios
124 durante 2016. Ese año hubo un feminicidio por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
La figura legal de feminicidio se estableció en 2011. En 2013 se promulgó una ley para penalizar el feminicidio y en 2015 se dictó una ley para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres.
Cuáles son las penas
Pena no menor de 15 años al que mata a una mujer por su condición de tal y hasta 25 años en casos de feminicidio agravado (si la víctima era menor de edad, estaba embarazada, estaba bajo cuidado del atacante, fue violada o mutilada previamente, era discapacitada o víctima de trata de personas).

REPÚBLICA DOMINICANA
Número de feminicidios
88 durante 2016. Ese año hubo 1.7 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
República Dominicana no tiene una legislación vigente que regule la violencia de género. En 2016, el Senado aprobó la Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que reconoce penas de 30 a 40 años para feminicidios. Sin embargo, la normativa no ha sido promulgada ni publicada por el Ejecutivo, por lo que aún no está en funcionamiento.
Cuáles son las penas
No hay penas específicas para feminicidio.

URUGUAY
Número de feminicidios
24 durante 2016. Ese año hubo 1.4 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
La ley uruguaya no reconoce la figura del feminicidio como tal. Sin embargo, en 2016 se aprobó una ley de violencia de género que creó tribunales especializados en la materia y un Observatorio de la Violencia de Género. Desde hace ya varios años, existen unidades policiales especializadas en comisarías de todo el país, así como protocolos específicos que los agentes deben respetar.
Cuáles son las penas
Al no estar tipificado como delito, no hay penas específicas para los feminicidios. En la práctica, que la víctima sea una mujer se considera un agravante del crimen, pero no un delito específico.

VENEZUELA
Número de feminicidios
169 durante 2016. Ese año hubo un feminicidio por cada 100,000 mujeres.
Lo que dice la ley
En noviembre de 2014 se hizo una reforma de la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la que se incluyó el delito del femicidio.
Cuáles son las penas
De 15 a 30 años de cárcel.

De las 32 entidades mexicanas, Chihuahua (donde está Ciudad Juárez), es la única que no reconoce el feminicidio como delito. 
La violencia de género es una realidad que han vivido las mujeres históricamente, pero la tipificación del delito, la incorporación de la palabra feminicidio (o femicidio) a nuestras leyes, es mucho más reciente. En total, 16 países latinoamericanos tienen legislaciones que lo condenan, la mayoría aprobadas en los últimos diez años.
Frente a ellos, tres naciones no tipifican el delito: Cuba, donde los crímenes de género no tienen nombre ni pena específica y la prensa no habla de ellos; República Dominicana, uno de los países con índices más altos de violencia hacia las mujeres que tiene desde el año pasado una ley a la espera de ser promulgada; y Uruguay, donde el Estado sí que cuenta esos asesinatos pero la ley no reconoce la figura del feminicidio como tal.
Reconocer el término y castigar a los autores con penas específicas es una respuesta política de los países para reconocer que la vida de las mujeres importa.
"Cuando un Estado no investiga y no sanciona es como que no pasa nada", le dice a Univision Noticias la abogada mexicana Karla Micheel Salas. "Cuando llevamos al Código Penal el delito de feminicidio, cambia en alguna medida la percepción, e incluso para los propios jueces cuando están juzgando casos de feminicidio. Hay un mayor cuidado por parte de las autoridades para no dejar en libertad a un feminicida, porque no solo estamos hablando de un delito cualquiera sino también de una violación a los derechos humanos", añade.
La abogada litigó en el primer caso de feminicidio que fue discutido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2008, donde se responsabilizó al Estado mexicano por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Fue en el caso conocido como "Campo Algodonero", por el que se juzgó la muerte de ocho jóvenes de las cientos que desaparecieron en esa ciudad del norte de México desde los años 90. 
Sin embargo, en México, como ocurre en otros países de la región, es difícil encontrar cifras únicas actualizadas de feminicidios, una labor que tratan de suplir organizaciones no gubernamentales, académicas y periodistas. Quienes se encargan de reunir datos sostienen que cualquier número que se dé es un subregistro, ya que detrás de los números consolidados suelen haber muchos más casos.
Aunque quizás la mayor paradoja al respecto es la de Chihuahua, el estado al que pertenece Ciudad Juárez. El lugar que puso la palabra feminicidio en el mapa latinoamericano es la única entidad mexicana que no ha tipificado todavía ese delito.
A la dificultad para encontrar datos oficiales de muertes de mujeres por cuestión de género, se añade la brecha que existe en la definición de "feminicidio" en diferentes países de la región. Por ejemplo, están los casos de Chile y Nicaragua donde sólo se reconoce cuando el asesinato de la mujer se produce en el marco de las relaciones interpersonales de pareja, algo que sucede en la mayoría de los casos, pero no en todos. Es decir, si la muerte de Yuliana Samboní se hubiera producido en uno de esos países, no se hubiera considerado un feminicidio, ya que la pequeña no tenía una relación con su secuestrador.
Pero además de la legislación, también es importante que los Estados pongan en marcha políticas públicas que garanticen el acceso de las víctimas a la justicia.
"En muchos casos, encontramos que los agresores o los asesinos habían sido antes denunciados e incluso algunos de ellos estaban con medidas precautorias de no acercarse a la mujer y, sin embargo, llegan a cometer ese delito casi quedando en impunidad", apunta Nieves Rico, directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal.
De eso da fe Lucía Sandoval, una sobreviviente de la violencia de género que protagonizó en Paraguay una historia de superación digna de película de Hollywood. La mujer estuvo a punto de ser asesinada por su pareja tras denunciarle por malos tratos. Durante un forcejeo, sobrevivió a un disparo que terminó matándolo a él.
Pese a estar confirmado que no fue ella quien apretó el gatillo, Sandoval tuvo que pasar cuatro años en la cárcel, un tiempo que aprovechó para estudiar derecho. Ahora ayuda a otras víctimas. La mujer considera al Estado paraguayo responsable de lo que le pasó porque, pese a que pidió ayuda a las autoridades, se sintió ignorada por la justicia que incluso le entregó una orden de alejamiento para que ella misma se la entregara a su entonces marido.
La falta de acceso a la justicia "es un problema muy grave y severo en todos los países de la región y todos los gobiernos tienen deuda en este sentido", afirma la directora de la Cepal.
En América Latina, el feminicidio es solo la expresión más dramática de la violencia de género que está presente en el día a día de las mujeres latinoamericanas, pero que esconde toda una serie de prácticas arraigadas en una cultura machista.
"Lo que está atrás es esta cultura de discriminación, de misoginia, donde lo que están demostrando estos criminales es que el cuerpo de las mujeres les pertenece, que las mujeres en sí mismas les pertenecen y cuando las asesinan no solo les privan de la vida, sino les quitan todo símbolo de humanidad, que no puedan ser ni reconocibles", apunta la abogada mexicana Karla Micheel Salas.
Eso puede explicar la brutalidad en algunos casos de feminicidio y en las agresiones más atroces como los ataques de ácido en Colombia, un país que ha llegado a estar a la cabeza mundial de este tipo de crímenes.
Algunas mujeres que sobrevivieron a ellos se han unido para acompañarse en el proceso de reconstrucción de sus rostros, luchar juntas para cambiar las leyes de su país y hasta el proceso con el que se hacen los productos que suelen usar los agresores en estos ataques. Pero también para concienciar a la sociedad del flagelo de esta violencia.
Y es que no hay nada más clave que la educación y la prevención para acabar con esta epidemia que está matando a tantas mujeres.
Por eso, las mujeres en muchos países están sumando fuerzas para pedir que se acabe la violencia en su contra. Primero fueron las madres de Ciudad Juárez que buscaban justicia ante la desaparición y muerte de sus hijas. Ahora el relevo lo ha tomado el movimiento "Ni Una Menos" que, impulsado desde Argentina, pide el fin de la muerte de mujeres por el hecho de serlo.



FUENTE: http://www.univision.com/noticias/america-latina/feminicidios-la-guerra-invisible-que-mata-a-12-mujeres-por-dia-en-america-latina  


Colombia: "Adiós a las armas", dice guerrilla FARC en un país que busca paz. "Los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible", indicó el presidente Juan Manuel Santos. Acto marca el final del grupo armado tras unos 53 años de guerra interna, la más antigua de América.

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Colombia: "Adiós a las armas", dice guerrilla FARC en un país que busca paz

La guerrilla FARC, la más antigua de América, proclamó este martes su "adiós a las armas" tras más de medio siglo de lucha armada en Colombia, en un acto en el cual el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la paz es "irreversible".
"Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz", afirmó "Timochenko" en su intervención en un acto celebrado en la zona de Mesetas, localidad del departamento del Meta, que concluyó en medio de una ovación y con la liberación de mariposas amarillas de la obra del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.
"Timochenko", vestido con una camisa guayabera azul y una gorra, aseguró que esa guerrilla entra hoy en una nueva etapa, en la legalidad, tras dejar las armas que durante más de medio siglo empuñaron contra el Estado colombiano.
"Este día no termina la existencia de las FARC, en realidad a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente", resaltó.
"Timochenko" recordó que "la guerra interna nació del cierre de las vías legales" y que "la paz significa que la participación política estará abierta a todos".
El líder rebelde consideró además que la dejación de armas se cumplió de "conformidad con lo pactado" y aseguró que estas quedan en manos de la ONU, que procederá a su destrucción y a la posterior elaboración de tres monumentos que serán instalados en un sitio por determinar en Colombia, en La Habana y en Nueva York.
"Honramos así nuestra palabra y esperamos así, junto con todos ustedes, que el Estado cumpla la suya", afirmó Londoño, quien pidió que "a partir de hoy debe cesar toda persecución política en Colombia".

Juan Manuel Santos también dio por cerrado el conflicto armado de más de medio siglo con las FARC, en un acto en el que esa guerrilla completó de manera simbólica su proceso de dejación de armas.
"Hoy 27 de junio para mí y creo que para la inmensa mayoría de los colombianos es un día muy especial, un día que jamás olvidaremos, ¡el día en que las armas se cambiaron por las palabras!", manifestó el mandatario. Afirmó que la dejación de armas de las FARC) es "la mejor noticia para Colombia en los últimos 50 años".
"No somos más un pueblo enfrentado entre sí, no somos más una historia de dolor y de muerte en el planeta, somos un solo pueblo y una sola nación avanzando hacia el futuro dentro del cauce bendito de la democracia", afirmó Juan Manuel Santos.
El jefe de Estado añadió que el país está hoy emocionado al constatar "el fin de esta guerra absurda que no sólo duró más de cinco décadas", sino que dejó más de ocho millones de víctimas, entre ellas "más 220.000 compatriotas muertos".
"Lo que celebramos hoy los colombianos es que armas que alguna vez se levantaron para atacarnos entre nosotros serán guardadas y selladas en contenedores a cargo de las Naciones Unidas", agregó el presidente y Premio Nobel de Paz.

La declaración ocurrió en el mismo lugar donde esta guerrilla marxista, creada en 1964 tras una sublevación campesina, se consolidó e instaló su centro de operaciones.
En el acto participaron el jefe de la misión de Naciones Unidas, Jean Arnault, a cargo del proceso de desarme; representantes de los países garantes del acuerdo de paz, Noruega y Cuba; la cúpula de la guerrilla y representantes del Congreso y la Unión Europea, entre otros.
"Consideramos que el compromiso con la dejación de armas individuales adquirido por las FARC ha sido honrado", expresó Arnault, tras recordar que el lunes la ONU certificó la entrega de 7.132 armas individuales en las 26 zonas donde están concentrados los ahora excombatientes.
El conflicto armado colombiano, en el que también han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, ha dejado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados.

DESTRUCCIÓN DE LAS ARMAS
Tanto el presidente como expertos ven al desarme como un "hito" del proceso de paz, porque representa el epílogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de su creación en 1964 tras una sublevación campesina.
"Significa el fin de la principal guerrilla armada en el hemisferio occidental. Significa el inicio de un postconflicto (...) y de un proceso difícil de reconciliación en el país", fuertemente dividido ante el acuerdo de paz, dijo a la AFP el analista Jorge Restrepo.
Hasta el 1 de agosto se dejará en manos de algunos guerrilleros un número no determinado de armas para asegurar las zonas de concentración, dijo la ONU. En esa fecha, la misión "habrá almacenado todo el armamento" y "extraído sus contenedores" de esos campamentos.
En paralelo, la ONU continuará ubicando más de 900 caletas o escondites de armas de las FARC. A la fecha ha verificado 77, "de las cuales ha sido extraído el armamento y destruido municiones, explosivos y armamento inestable".
Las armas de las FARC se destruirán el 1 de septiembre y serán fundidas para elaborar tres monumentos que serán colocados en la sede de la ONU en Nueva York, en Cuba y en Colombia.


FUENTE: http://diariocorreo.pe/mundo/colombia-guerrilleros-de-las-farc-termina-de-entregar-todas-sus-armas-758252/