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domingo, 6 de septiembre de 2026

Perú: Richard Concepción Carhuancho: “Esos fallos del TC sobre Fujimori y Humala han sido selectivos e invadieron la justicia ordinaria”

Perú: Richard Concepción Carhuancho: “Esos fallos del TC sobre Fujimori y Humala han sido selectivos e invadieron la justicia ordinaria”

En entrevista con Infobae, el juez actualmente suspendido responde a Pier Figari, critica el criterio “impuesto por el TC con argumentos políticos” sobre los aportes de campaña, defiende su decisión de enviar a prisión preventiva a Keiko Fujimori y considera que es “altamente probable” que en la JNJ se proponga su destitución

Concepción Carhuancho cuestionó los fallos del Tribunal Constitucional sobre los aportes de campaña y los consideró más políticos que jurídicos. (Paula Elizalde)

Richard Concepción Carhuancho, suspendido en sus funciones como juez de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, enfrenta una nueva ofensiva: una demanda millonaria del hoy diputado Pier Figari por haber dictado prisión preventiva en su contra en 2019.

En entrevista con Infobae, el magistrado sostiene que es una demanda que debe ser desestimada porque la considera “arbitraria”. Además, se pronuncia sobre los recientes fallos del Tribunal Constitucional (casos Keiko Fujimori y Ollanta Humala) que establecieron que los aportes de campaña antes de 2016 no serían lavado de activos, así como de los procesos disciplinarios que se le siguen en la Junta Nacional de Justicia.

¿Y cuál es su posición al respecto de que ahora pida una indemnización millonaria?

Es una demanda manifiestamente infundada, que debe ser rechazada. ¿Por qué? Porque yo solamente he obrado conforme a mis funciones, conforme a la legalidad, al dictar prisión preventiva en contra del señor Pier Figari. Por cierto, a mí tan solo se me demanda por haber dictado la prisión preventiva en su contra y el motivo central es que lo habría encarcelado sabiendo de antemano que el hecho que se le imputaba no era delito a raíz de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Sobre ello, ¿qué hay que decir? Número uno: al momento en que se discutió la prisión preventiva del señor Pier Figari, ellos en ningún momento plantearon la atipicidad de la conducta. No promovieron de que esa conducta era atípica como ahora lo es. Dos: mi decisión fue impugnada en varias instancias. Mi decisión de prisión preventiva que impuse a Pier Figari ha sido confirmada por el Tribunal Superior por unanimidad, es decir, por los tres votos de los magistrados

Y también por la Corte Suprema.

Luego, ellos interponen casación y se va a la Corte Suprema. Inicialmente, también van por la confirmatoria de la prisión preventiva. Es decir, todos los magistrados estuvieron conformes a nivel de la Corte Suprema de que debía dictarse, confirmarse, ratificarse la prisión preventiva contra Pier Figari. Lo único que estaba en discusión a nivel de la Corte Suprema era respecto al plazo. Si era 36 meses, como inicialmente se dictó, o debía reducirse a 18. Esa era la única discrepancia. Y es por eso que mandan a llamar como voto dirimente a la doctora Castañeda Otsu. Y la doctora votó porque se reduzca el plazo a 18 meses. Y así quedó la prisión preventiva de Pier Figari, es decir, ratificada la prisión preventiva, pero reducida en cuanto al plazo de 36 a 18 meses.

Pero los jueces superiores ni supremos han sido incluidos en esta demanda

Y ayer tuve ocasión de ver una entrevista que se le hace al doctor Aurelio Pastor, donde se le pide explicación. (Se le pregunta) ‘Pero si esta decisión de prisión preventiva fue ratificada por varias instancias, por qué contra el juez de primera instancia’. ‘No, porque esa es su voluntad’ (respondió). Es decir, hay una actuación netamente arbitraria en cuanto a la postulación, incluso de la demanda. Pero no solamente eso, sino para zanjar el tema, Pier Figari no acudió al TC, como sí acudió la actual presidenta Keiko Fujimori. Y recordará usted que fue excarcelada también en una votación reñidísima de cuatro a tres, en la cual votó a favor Ernesto Blume. Blume en ningún momento de su fallo (ponencia) dijo que esa conducta era atípica. (...) Se dice que era bien claro que los hechos que se le atribuían, aportes de campaña de presunta procedencia ilícita para la campaña política, era atípica, es decir, no era delito. Pues bien, eso no era tan claro en ese momento. Es más, la posición jurisprudencial dominante de nuestra Corte Suprema era por considerar de que eso era delito.

Si se probaba en juicio que los aportes efectivamente eran de origen ilícito

Y prueba de ello es que el primer caso en donde se plantea si los aportes de campaña son o no delito fue en el caso de Ollanta Humala. Ollanta Humala plantea una excepción de improcedencia de acción en su proceso, señalando que los aportes de campaña no son delito porque recién se criminalizan con el financiamiento ilegal. Yo resuelvo en primera instancia y lo desestimo. Va en apelación a la sala superior, lo ratifica, mantiene que es delito, es decir, el hecho imputado es delito. Y es más, llega a la Corte Suprema y ahí cinco magistrados, dentro de ellos el ponente Luján Túpez...

Y César San Martín

Y César San Martín ratifican que los hechos imputados por aporte de campaña de presunta procedencia ilícita son delito. Lo ratifican. (...) Lo que pasa es que esto recién cambia con el nuevo TC. Y creo yo que ellos han dado una fundamentación política antes que jurídica. No hay que olvidar que la composición actual del TC ha sido elegida por varias facciones, dentro de ellas por el partido Fuerza Popular. Yo creo, y si uno examina los argumentos, son básicamente políticos antes que jurídicos. Han salido muchos abogados a decir que esto es claro, ¿no? La mayoría de los abogados son abogados de investigados. Pero hay otro sector de juristas, de verdaderos académicos que están en contra de este fallo. Me refiero, por ejemplo, a la opinión del doctor Iván Montoya Vivanco. Él ha escrito hace poco para la Universidad Católica respecto a que el pronunciamiento del TC habría sido irregular, incluso, porque ha invadido competencias que no le corresponden. También hemos escuchado la opinión de César Azabache y de Lamas Puccio. Así es que no se diga por ahí de que el tema es claro y evidente, que en todo momento se dijo que no era delito. Eso no ha sido así.

Justo después del fallo del TC, se da el cambio de posición de la Corte Suprema con lo que es aportes, digamos se adhiere a la posición del TC. Pero también llegó a las primeras instancias, específicamente en casos en los que usted estuvo a cargo (Lourdes Flores Nano y PPK) donde también decidió al final archivar el proceso. Leyendo sus resoluciones se entiende claramente que usted no está de acuerdo con el cambio jurisprudencial de la Suprema y que a regañadientes está acatándola y archivando las investigaciones

Es que luego del pronunciamiento del TC viene el pronunciamiento en el caso Susana de la Puente Wiese. ¿Y qué dijo la Suprema? Luján Túpez versus Luján Túpez. Anteriormente, en el de Ollanta Humala había dicho que los aportes de campaña eran delito, pero respecto a Susana de la Puente, sobre la recepción de dinero para campañas en efectivo, dijo que en ese caso no era delito, particularmente por el hecho que cuando recepciona el dinero lo canaliza en la actividad bancaria y luego lo introduce al partido político para la campaña. Como se ha canalizado por la entidad bancaria, ya no había una idea de dificultar la identificación de su origen, era rastreable. Creo yo que esa posición es altamente discutible, por decirlo menos. (...) Y en mi caso particular, archivé el caso de aportes de campaña en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y de Lourdes Flores. Pero el fundamento gravitante fue por alinearme a la jurisprudencia del TC y de la Corte Suprema.

A pesar de no estar de acuerdo

El motivo central gravitante fue por igualdad de trato. Si es que a los demás, por eso mismo le archivaron el caso, lo lógico también es que se archive a todos los demás que estén en una situación jurídica parecida a la de los demás. Pero hice mi salvamento de voto. Es decir, hice mi advertencia de que no estaba de acuerdo con eso y justifiqué, por ejemplo, en el caso de Susana de la Puente, que era muy peligroso asumir como criterio la canalización en la entidad bancaria para bendecir el dinero

Siguiendo con el TC, creo que ha sido la actual composición en la que en varios casos se ha roto esa regla de que un juez constitucional no puede ver temas de la justicia ordinaria. Por ejemplo, al ver los casos de la señora Keiko Fujimori, del señor Ollanta Humala y del señor Vladimir Cerrón. ¿Considera que es una injerencia?

Yo creo indudablemente que estos fallos del TC, sobre todo en el caso de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala, han sido decisiones selectivas y han invadido los fueros de la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, a simple vista, el tema de la tipicidad. Esto es el planteamiento de que los hechos no son delitos. ¿Qué ha dicho en otros casos este mismo Tribunal Constitucional que ha ingresado a los terrenos de la evaluación de si el hecho es típico o no es típico, si tiene contenido criminal o si no tiene contenido criminal? Ese mismo tribunal ha dicho, cuando le han planteado la tipicidad de la conducta: “Yo no voy a ingresar a ese tema porque corresponde a la jurisdicción ordinaria”. ¿Y sabe dónde lo pueden ver con toda claridad? En el voto del magistrado Monteagudo. Él mismo dice: ¿Cómo es posible que el TC ahora, en el caso de Keiko Fujimori, cuya copia espejo es el caso de Ollanta Humala, ingrese al tema de la tipicidad cuando anteriormente ese mismo tribunal había dicho que la justicia constitucional no puede entrar a evaluar temas de la tipicidad o atipicidad del comportamiento atribuido a los investigados, porque eso corresponde a la jurisdicción ordinaria. Nótese que ha habido un pronunciamiento selectivo a favor de determinados investigados.

Usted como el primer juez de investigación preparatoria que estuvo a cargo del caso Cócteles, mandó a prisión preventiva a la señora Keiko Fujimori al considerar que habían fundados elementos de convicción sobre la presunta comisión del delito de lavado de activos, además de la obstaculización y el peligro de fuga en 2019. Ocho años después, ¿sigue creyendo que existen esos elementos de convicción de que la señora Keiko Fujimori habría cometido el lavado de activos?

Yo en su momento me pronuncié. Yo en su momento evalué el requerimiento y en base a ello di una determinada decisión. Considero que mi decisión estuvo ajustada a derecho, prueba de ello que ha sido confirmada en muchas instancias y la excarcelación vino por una decisión bien ajustada de cuatro a tres en el TC. Yo simplemente he obrado conforme a mis atribuciones. Y no es tan claro, no es tan cierto y evidente que el tema de los aportes de campaña nunca fue delito. Lo que ocurre es que ha habido un cambio jurisprudencial implantado por el TC y la Corte Suprema, sobre todo impuesto por el TC con criterios políticos. Y bueno, los operadores de justicia a veces tenemos que, a pesar de que discrepemos, seguir esos planteamientos, pero por una cuestión de predictibilidad en el dictado de decisiones judiciales y de igualdad de trato. Pero jurídicamente yo discrepo, tanto del fallo del TC y también discrepo muy respetuosamente del fallo emitido en el caso Susana de la Puente.

Creo que usted es el único magistrado que tiene tres fallos del TC cuestionando su desempeño. Uno es del caso Nicanor Boluarte sobre la diapositiva. La defensa de Nicanor solicitó su recusación, que la desestimó. En consulta la sala de apelaciones también lo desestimó y dijo que no había problema en que usted siga a cargo. En la ANC también se archivó la queja. Pero ahora la Junta Nacional de Justicia le abrió un proceso disciplinario y lo ha suspendido y, según la sentencia del TC, usted ha adelantado opinión con esta diapositiva. ¿No cree que ya sería obvio cuál va a ser el sentido del informe de instrucción que propondrá María Teresa Cabrera?

Es quien propuso mi suspensión cautelar por seis meses. Y que fue aprobada por tres a tres. Lo primero que debo dejar claro es que en ningún momento yo emití opinión alguna ni dije alguna palabra, opinión, frase sobre los investigados. Todo se resume en la puesta de una imagen. Una imagen, por cierto, que no tiene anotación alguna como tal así es que a mi modo de ver no hubo adelanto de opinión. Prueba de ello es que cuando me recusan, como usted dijo, la sala superior vio ese tema y al resolver eso dijo que efectivamente no se aprecia adelanto de opinión alguno. Claro, (la Sala) señala que debí ser mucho más prudente en la puesta de imágenes en el dictado de una clase, pero remarcó que estaba dentro de la legalidad, dentro de mi libertad de expresión.

Pero el TC dice otra cosa

Pero ojo que eso también fue visto por la Autoridad Nacional de Control hasta en tres casos, tres casos ya archivados con decisión definitiva. O sea, hubieron tres casos por lo mismo que me aperturaron investigación, sobre todo en un expediente donde se dijo que ese hecho no constituía adelanto de opinión, que no he incurrido en falta administrativa alguna y por ende archivó esa queja. Es decir, cerró el tema disciplinario. (...) Yo he planteado ante la JNJ la excepción de non bis in idem, que no pueden perseguirte dos veces por lo mismo. Aquí ya el tema disciplinario está cerrado. Por más que luego el TC me haya apartado o me haya excluido del caso. Lo cierto es que el tema disciplinario ya está cerrado con esos tres casos.

¿Qué opina entonces del fallo del TC? O sea, ellos no son un órgano disciplinario, aunque tienen la facultad de comunicar a los órganos disciplinarios sobre presuntas faltas de magistrados o de abogados

Ellos no son un órgano disciplinario, pero nuevamente han ingresado a temas que le corresponde a la jurisdicción ordinaria a través de los mecanismos procesales. Lo otro es que envía copias (a la JNJ) a pesar de tener pleno conocimiento, porque yo le presenté ante el tribunal, que ese caso ya había sido archivado disciplinariamente ante la Autoridad Nacional de Control. Pero aun así me envía copias para seguir investigándome.

Es más no manda copias a la ANC...

No, lo remite directamente a la Junta Nacional de Justicia

¿Por qué será? ¿No le parece una coincidencia?

Para empezar, siempre la Junta Nacional de Justicia se ha abocado para ver simplemente destitución, nada más. Pero la investigación siempre se lo dejaba a la Autoridad Nacional de Control. Pero en mi caso no, se han abocado desde el momento uno

Entiendo que el reglamento de la Junta contempla esa potestad de que excepcionalmente, si es un caso de trascendencia, pueden abocarse

Habría que ver, porque ese precedente recién lo han cambiado porque eso no era lo que ocurría regularmente.

Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Oswaldo Ordóñez, José Domingo Pérez. ¿Usted cree que es el siguiente en esta lista?

Yo he sido magistrado, actualmente magistrado suspendido, y tenemos el olfato, ¿no? Cuando dictas una medida cautelar tan gravosa como una suspensión temporal en el cargo por seis meses, es porque apuntas a una sanción grave.

La destitución.

Sí, a una sanción grave como la destitución.

Usted está seguro que la consejera Cabrera va a proponer la destitución

Es altamente probable, vamos a ponerlo en esos términos. Es altamente probable por el escenario previo y por todo lo que se viene, por todo lo que se ha venido dando en el caso en donde se ha desconocido el non bis in idem

¿Usted se ve de regreso en el Poder Judicial?

Yo dije desde el primer día en que me iniciaron acciones que voy a luchar por mis derechos hasta el final. Yo voy a reclamar mis derechos. Considero que estos tres procesos (disciplinarios) no están arreglados a ley y que deben archivarse. Sin embargo, por ejemplo, ayer me han notificado del segundo caso que tengo, de la supuesta demora en la elevación de la apelación de la prisión preventiva de Mateo Castañeda. Sobre ese mismo asunto, la Autoridad Nacional de Control ya me investigó. La propia defensa de Mateo Castañeda me quejó. ¿Y qué hizo la autoridad? Archivó el caso.

¿Usted se arrepiente de haber llegado a la Corte Superior Nacional?

Yo solamente he cumplido con mis funciones desde el primer día hasta el día que he sido suspendido. Sí tenía en consideración los riesgos que significaba ser juez de la Corte Nacional, pero aun así lo asumí. Yo no me arrepiento. Simplemente he cumplido con mis funciones y considero que ahora el apartamiento de la Corte ha sido totalmente injusto, ilegal, inconstitucional y por eso que voy a hacer valer mis derechos hasta la última instancia.

 

FUENTE: 

Diego Casimiro Ore 

https://www.infobae.com/peru/2026/09/06/richard-concepcion-carhuancho-considera-que-fallos-del-tc-en-casos-fujimori-y-humala-han-sido-selectivos-e-invadieron-la-justicia-ordinaria/



PERÚ: Abogados y litigantes: así serán las notificaciones de las audiencias públicas del Tribunal Constitucional. Modifican Reglamento del Sistema de Notificaciones Jurisdiccionales

PERÚ: Abogados y litigantes: así serán las notificaciones de las audiencias públicas del Tribunal Constitucional.

Modifican Reglamento del Sistema de Notificaciones Jurisdiccionales.


El Tribunal Constitucional (TC) modificó el Reglamento del Sistema de Notificaciones Jurisdiccionales con el fin de precisar las modalidades aplicables a la comunicación de la vista de la causa en audiencia pública y de los demás actos procesales.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Administrativa N.° 099-2026-P/TC, que incorpora los numerales 9.7 y 9.8 al artículo 9 del citado reglamento.

De acuerdo con la modificación, la notificación de la vista de la causa en audiencia pública podrá realizarse a través del portal web del Tribunal Constitucional, la casilla electrónica y/o el correo electrónico señalado para dicho propósito.

En tanto, la notificación de los demás actos procesales se efectuará conforme a las modalidades previstas en el numeral 9.1 del reglamento. Estas comprenden la notificación en casilla electrónica, por medios telemáticos o mediante cédula.

La resolución también modifica la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Sistema de Notificaciones Jurisdiccionales. Esta disposición establece que el reglamento entra en vigencia a los 30 días calendario contados desde su publicación oficial en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de lo previsto en los artículos 6.2 y 6.3.

Asimismo, precisa que, mientras los abogados o las partes procesales no tengan habilitada una casilla electrónica, el Tribunal Constitucional podrá efectuar las notificaciones por medios telemáticos, por cédula o conforme a las disposiciones previstas en el artículo 9 del reglamento.

La modificación formaliza el acuerdo adoptado por el pleno del Tribunal Constitucional durante la sesión realizada el 7 de agosto de 2026, según informó la Secretaría General.

El Reglamento del Sistema de Notificaciones Jurisdiccionales fue aprobado mediante la Resolución Administrativa N.° 009-2026-P/TC, emitida el 29 de enero de este año. La norma fue publicada el 6 de febrero y entró en vigencia el 6 de marzo de 2026.

El texto modificado del reglamento será publicado en el portal institucional del Tribunal Constitucional, al igual que la nueva resolución administrativa.

 

 

FUENTE: https://www.elperuano.pe/noticia/304072-abogados-y-litigantes-asi-seran-las-notificaciones-de-las-audiencias-publicas-del-tc




sábado, 5 de septiembre de 2026

«Mi decisión de imponer prisión preventiva fue confirmada por la Sala de Apelaciones de manera unánime y, a nivel casacional, por la Corte Suprema»: Concepción Carhuancho sobre demanda de indemnización de Pier Figari. El juez Richard Concepción Carhuancho calificó de «inviable y selectiva» la pretensión de indemnización civil por dos millones de soles planteada en su contra por Pier Figari, exasesor investigado en el caso Cocteles. Al ser consultado sobre la audiencia de conciliación tras haber ordenado la prisión preventiva de Figari, el magistrado remarcó: «Yo simplemente he cumplido con mis funciones. Lo que creo que en el fondo se pretende es perseguir de manera selectiva y a nivel civil a los jueces nada más por cumplir sus funciones».

«Mi decisión de imponer prisión preventiva fue confirmada por la Sala de Apelaciones de manera unánime y, a nivel casacional, por la Corte Suprema»: Concepción Carhuancho sobre demanda de indemnización de Pier Figari.

El juez Richard Concepción Carhuancho calificó de «inviable y selectiva» la pretensión de indemnización civil por dos millones de soles planteada en su contra por Pier Figari, exasesor investigado en el caso Cocteles. Al ser consultado sobre la audiencia de conciliación tras haber ordenado la prisión preventiva de Figari, el magistrado remarcó: «Yo simplemente he cumplido con mis funciones. Lo que creo que en el fondo se pretende es perseguir de manera selectiva y a nivel civil a los jueces nada más por cumplir sus funciones».


El magistrado sostuvo que los fallos emitidos dentro del ejercicio regular de la función constitucional no pueden ser objeto de persecución o reparaciones pecuniarias en el fuero civil. Para sustentar la regularidad de su decisión en el marco del proceso penal ordinario, el magistrado defendió la legalidad y el control jerárquico que existió sobre su pronunciamiento: «Mi decisión fue confirmada por dos instancias: por la Sala Penal de Apelaciones de manera unánime. Luego fue ratificada a nivel casacional por jueces de la Corte Suprema«.

Asimismo, el magistrado precisó que la discusión jurídica en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia no cuestionó la legitimidad de la medida cautelar restrictiva, sino que se concentró de forma exclusiva en la idoneidad del plazo. Concepción Carhuancho señaló que la única controversia de los jueces supremos «radicaba en cuanto al plazo, si debía mantenerse 36 o 18 meses», agregando que el posterior pronunciamiento del Tribunal Constitucional se resolvió con una ajustada votación de «cuatro a tres», lo que evidencia el arduo debate que el caso generó en sede jurisdiccional.

En relación con los cargos atribuidos, el magistrado rebatió los argumentos de la defensa de Figari respecto a que las conductas imputadas no constituían hechos penalmente relevantes en el momento de la postulación de la medida. El juez aseveró que «el núcleo de su demanda es porque él considera que los aportes de campaña nunca han sido delito». No obstante, aclaró que la interpretación jurídica vigente era distinta antes de la reforma de criterios constitucionales: «Antes de la decisión del TC, se asumía de que los aportes de campaña eran delito».

Para fundamentar su actuación procesal, el juez de investigación preparatoria destacó que su labor se rigió de forma estricta por las pautas hermenéuticas de los tribunales superiores. «Para la órbita jurisprudencial, nosotros nos debemos también a los criterios, nosotros seguimos ese planteamiento», puntualizó Concepción Carhuancho. Asimismo, recalcó el carácter no estrictamente jurídico de la posterior variación jurisprudencial: «El tema de los aportes de campaña siempre se ha considerado delito a nivel jurisprudencial; eso cambia recién con una decisión política, no jurídica, del Tribunal Constitucional».

Adicionalmente, el magistrado advirtió sobre el impacto adverso que la justicia constitucional genera al intervenir de forma directa en causas penales en trámite. El juez coincidió con las críticas de académicos del sector jurídico que sostienen que el Tribunal Constitucional «ha interferido con las funciones del Poder Judicial» al resolver sobre la tipicidad de conductas cuando el proceso penal ya se encontraba en etapa de juicio oral. A su criterio, el tribunal, de manera excepcional, «ingresa a esos temas para ver la tipicidad que corresponden netamente a la jurisdicción ordinaria, una invasión de los terrenos de la jurisdicción ordinaria».

Respecto a la naturaleza dirigida de la futura demanda, Concepción Carhuancho cuestionó que la acción resarcitoria no involucre a todos los operadores judiciales que convalidaron la medida y se concentre únicamente en el juez Víctor Zúñiga Urday y su persona. Frente a este panorama, descartó la viabilidad de un acuerdo conciliatorio y argumentó la existencia de causas de exención del deber de indemnizar: «Todo daño debe repararse, sí, pero hay casos en los cuales no cabe la reparación cuando ha sido en el ejercicio regular del cargo o en el ejercicio regular del derecho, es decir, son causas de exclusión de responsabilidad».

Finalmente, el magistrado, quien se encuentra actualmente suspendido de sus funciones jurisdiccionales, ratificó que no cederá ante pretensiones económicas por el sentido de sus fallos penales. «Yo voy a exponer también mi posición frente a cualquier planteamiento que haga el conciliador o la parte demandante» y «voy a defender mis derechos ante ese escenario que pueda abrirse», concluyó Concepción Carhuancho, insistiendo en que se trata de un debate sobre el «criterio jurisdiccional, y el criterio no se puede perseguir».

 

FUENTE:  Agustin Ricci

https://lpderecho.pe/mi-decision-imponer-prision-preventiva-confirmada-sala-apelaciones-manera-unanime-nivel-casacional-corte-suprema-concepcion-carhuancho-demanda-indemnizacion-pier-figari/



jueves, 3 de septiembre de 2026

Perú: Pedro Hernández Chávez es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. El magistrado Pedro Hernández Chávez fue elegido por mayoría como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), durante una sesión del Pleno realizada ayer en la sede de la institución, en San Isidro.

Perú: Pedro Hernández Chávez es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional.

El magistrado Pedro Hernández Chávez fue elegido por mayoría como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), durante una sesión del Pleno realizada ayer en la sede de la institución, en San Isidro.


En la misma sesión, los magistrados eligieron a Luz Pacheco Zerga como vicepresidenta del máximo órgano de justicia constitucional.

Asimismo, Francisco Morales Saravia fue designado como nuevo director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), órgano encargado de promover el estudio y la difusión del derecho constitucional.

Las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional jurarán a sus respectivos cargos el viernes 4 de septiembre, a las 10:00 a.m., en la sede del TC ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

 

FUENTE: https://elmen.pe/pedro-hernandez-chavez-es-nuevo-presi-del-tc/



domingo, 16 de noviembre de 2025

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU: Junta de propietarios puede prohibir uso de ascensor a quien no paga mantenimiento. Un propietario dejó de pagar las cuotas de mantenimiento del edificio. Tras varios pedidos, la junta de propietarios le prohibió usar el ascensor hasta que cumpla con el pago. Este caso llegó a ser analizado por el propio Tribunal Constitucional (TC), pues la medida afectaba su derecho al libre tránsito dentro del edificio, según el demandante.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU:

Junta de propietarios puede prohibir uso de ascensor a quien no paga mantenimiento.

Un propietario dejó de pagar las cuotas de mantenimiento del edificio. Tras varios pedidos, la junta de propietarios le prohibió usar el ascensor hasta que cumpla con el pago.

Este caso llegó a ser analizado por el propio Tribunal Constitucional (TC), pues la medida afectaba su derecho al libre tránsito dentro del edificio, según el demandante. 

Condominio Torres del Campo - Comas

LP conversó con especialistas.

Los hechos

Un propietario interpuso una demanda de hábeas corpus contra el presidente de la junta de propietarios por haberle impedido usar los ascensores del inmueble. Alegó que la restricción afectó su derecho al libre tránsito, pues debido a su edad y condición física, no podía subir ni bajar escaleras varias veces al día.

Según se lee en la sentencia, la junta colocó carteles en la entrada y en cada piso del inmueble para informar que el propietario no podía usar los ascensores. Además, dispuso la presencia de dos personas en los ascensores, con la instrucción de impedirle el acceso.

"...Asimismo han apostado a dos personas delante de los ascensores, con la expresa indicación de impedirle el acceso a los ascensores del edificio. Alega que dada su edad como su condición física, no puede estar subiendo y bajando escaleras..."

El presidente de la junta explicó que la medida se aprobó en asamblea porque el propietario tenía deudas por cuotas de mantenimiento.

Añadió que existía un proceso judicial en trámite para el cobro y que la decisión buscaba garantizar el cumplimiento de las normas del edificio. Sostuvo que era razonable impedirle el uso del ascensor a quien no contribuía con los gastos del servicio.

¿Qué dijo el TC?

El Tribunal Constitucional le dio la razón a la junta de propietarios y declaró infundada la demanda. Consideró que no se vulneró el derecho al libre tránsito porque el propietario podía ingresar a su domicilio utilizando las escaleras.

El fallo precisó que el hábeas corpus protege la libertad de desplazamiento, entendida como el derecho a moverse dentro del país o entrar y salir del propio domicilio. 

FUNDAMENTO 6. (…) se acredita que al recurrente se le ha impedido hacer uso de los servicios comunes que no paga, pero que este puede usar los pasadizos y escaleras, por lo que tiene acceso a su domicilio a través de estas áreas. En ese contexto el Tribunal reconoce que no existe una vulneración de la libertad de tránsito del favorecido.

 

Por ello, se concluyó que la medida adoptada por la junta no impidió el acceso del propietario a su vivienda y por tanto no afectó su libertad personal.

AQUI LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, EXPEDIENTE Nº 00755-2012-PHC/TC





Fuentes:
https://lpderecho.pe/tc-me-pueden-prohibir-usar-ascensor-no-pago-mantenimiento/

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00755-2012-HC.pdf

 


lunes, 8 de abril de 2024

PLENO DEL COLEGIADO EMITE SENTENCIA EN AMPARO. ¿La junta de propietarios puede prohibir la tenencia de mascotas en condominios? Lee en qué casos según el Tribunal Constitucional del Perú. Siempre que el reglamento interno así lo establezca, señala el Tribunal Constitucional.

¿La junta de propietarios puede prohibir la tenencia de mascotas en condominios? 

Lee en qué casos según el Tribunal Constitucional del Perú.

PLENO DEL COLEGIADO EMITE SENTENCIA EN AMPARO.

Siempre que el reglamento interno así lo establezca, señala el Tribunal Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por un ciudadano contra la Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf —Primera Etapa— ya que la prohibición de tenencia de mascotas, establecida en el Reglamento de Normas Básicas de Convivencia del condominio, no vulneraba sus derechos constitucionales en tanto este adquirió la propiedad del inmueble estando vigente dicha prohibición; por lo que el TC ha preservado la autonomía de la voluntad de los propietarios.

Según los antecedentes de este proceso de amparo, Expediente 00949-2022-PA/TC, durante la pandemia de la Covid-19 y hasta julio de 2020, la Junta de Propietarios permitió al demandante mantener a sus mascotas en el condominio ante la imposibilidad de estar movilizándose entre la ciudad y la casa de playa para alimentarlas, pero tras esos meses la Junta recordó la prohibición.

Para el Tribunal Constitucional, el derecho a la autonomía de la voluntad se manifiesta en el deber de proteger los intereses del colectivo de personas que, en un inicio, decidieron pertenecer a este condominio de playa bajo el cumplimiento de ciertas condiciones y mandatos, entre los que se encuentra la prohibición de introducir o mantener animales, establecido en el reglamento.

El Tribunal recuerda que la tenencia de animales domésticos puede ser permitida, siempre y cuando esté acordada con la junta de propietarios respectiva, que debe regular las medidas indispensables para prevenir y reparar la vulneración de los derechos de terceros que puedan verse perjudicados respecto de posibles agresiones. 

Finalmente, es importante señalar que, a diferencia de lo resuelto en el expediente 01413-2017-PA, en esta oportunidad el Tribunal identificó que, al momento en que el recurrente adquirió su propiedad, las normas internas del condominio ya prohibían la tenencia de mascotas, por lo que consideró que el acuerdo, fundamentado en el derecho a la autonomía de la voluntad de los propietarios, debía ser respetado, salvo que la propia junta dispusiera alguna regla en sentido contrario.

Esta sentencia lleva las firmas de los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez (ponente), Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich, los tres últimos emitieron votos singulares.

 

FUENTE: https://www.elperuano.pe/noticia/222393-la-junta-de-propietarios-puede-prohibir-la-tenencia-de-mascotas-en-condominios-lee-en-que-casos-segun-el-tc

 


lunes, 1 de abril de 2024

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ DECLARÓ IMPROCEDENTE DEMANDA DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR EL EX PRESIDENTE PEDRO CASTILLO. Mediante sentencia emitida en el Exp. 1803-2023-PHC/TC el Tribunal Constitucional (TC), declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por el ex presidente Pedro Castillo Terrones, en el que solicita la nulidad del requerimiento de detención judicial y prisión preventiva de 18 meses, de la investigación como coautor de los delitos de rebelión y conspiración y como autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, de la resolución del Congreso de la República que declara su permanente incapacidad moral y vacancia, entre otros.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ DECLARÓ IMPROCEDENTE DEMANDA DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR EL EX PRESIDENTE PEDRO CASTILLO.

Mediante sentencia emitida en el Exp. 1803-2023-PHC/TC el Tribunal Constitucional (TC), declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por el ex presidente Pedro Castillo Terrones, en el que solicita la nulidad del requerimiento de detención judicial y prisión preventiva de 18 meses, de la investigación como coautor de los delitos de rebelión y conspiración y como autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, de la resolución del Congreso de la República que declara su permanente incapacidad moral y vacancia, entre otros.


En la citada decisión se precisa que, sin perjuicio de lo decidido y considerando la envergadura de los acontecimientos suscitados en el panorama político, con evidente impacto constitucional en el país, el Tribunal estima necesario que, en su rol pacificador y como supremo intérprete de la Constitución, debe analizar el contexto particular en el que se enmarcó lo ocurrido el pasado 7 de diciembre 2022 y lo que supuso la conducta del ex mandatario.

Al respecto, el Colegiado consideró que la decisión que el expresidente Pedro Castillo adoptó a través del mensaje a la Nación brindado el 7 de diciembre de 2022, en el que anunció la disolución del Congreso de la República, la intervención y reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otros, implicó establecer un gobierno de facto y “No se trató, por consiguiente, de un simple mensaje, discurso o anuncio meramente político o de carácter simbólico emitido por cualquier persona o funcionario público, sino de una orden transmitida por un presidente de la República, […]” (fundamento 11). Tal comportamiento, asimismo, “[…] resquebrajó abiertamente el orden constitucional en el Perú y supuso la ejecución de un golpe de Estado; resulta reprochable que incluso haya pretendido justificar ese acto como si existieran razones válidas y legítimas que pudieran haber viabilizado constitucionalmente lo que hizo” (fundamento 12).

Agrega que, la decisión de deponer en su cargo al exmandatario, encuadra perfectamente como una manifestación de la insurgencia en defensa del orden constitucional y de la democracia “con” Constitución. Adicionalmente, sostiene que la declaración de vacancia por permanente incapacidad moral del señor Pedro Castillo Terrones “[…] no fue un acto de efecto constitutivo de su cese en el cargo de presidente constitucional de la República, sino un acto de efecto declarativo de su preexistente cese como gobernante de iure, producido al quebrantar el orden constitucional con su declaración pública del 7 de diciembre de 2022 y su manifestación de voluntad de constituir un gobierno de facto” (fundamento 34). En tal sentido, no es exigible el cumplimiento riguroso de todos los requisitos de procedimiento regulados en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República – referidos a los supuestos para el pedido de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral o física -, ya que los mismos son aplicables para una situación de normalidad constitucional; por tanto, el órgano legislativo actuó con legítima celeridad, en el contexto de una situación excepcional de emergencia, en defensa del orden constitucional. Asimismo se considera que el procedimiento de antejuicio previsto en el artículo 99 de la Constitución y en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, tampoco es aplicable “[…], tratándose de un caso de comisión de delitos contra el orden constitucional detectados en flagrancia y por un gobernante de facto, […], al haber cesado como gobernante de iure y, como consecuencia de ello, haber sido declarada su vacancia del cargo por la causal de incapacidad moral permanente, […]” (fundamento 44).

El Colegiado deja categóricamente establecido que en observancia del debido proceso tanto el procedimiento parlamentario de vacancia por permanente incapacidad moral como el de antejuicio, deben seguirse respetando del modo más estricto en el marco jurídico del artículo 89 del Reglamento del Congreso, en todas aquellas situaciones de plena normalidad constitucional.

De otro lado, advierte que el demandante plantea diversas alegaciones que, si bien se enfocarían a cuestionar la privación de libertad, a partir de actuaciones fiscales y jurisdiccionales, principalmente, pretenden a su vez que se dejen sin efecto específicas decisiones adoptadas por el Congreso de la República por supuestamente haber incidido en la afectación del derecho a la libertad personal del favorecido, procurando como finalidad última el que se reconozca que este aún ostenta el cargo de presidente de la República.

Con respecto a los pedidos de nulidad de la Resolución Legislativa 001-2022-2023-CR, que declara la permanente incapacidad moral, su inmediata vacancia como presidente de la República del Perú; y de la Resolución 002-2022-2023-CR, que levanta la prerrogativa de antejuicio político del demandante, así como a las pretensiones de que se le restituya la condición de presidente de la República, y se anulen las resoluciones judiciales, administrativas y leyes que se oponga a su condición de presidente de la República, el Tribunal Constitucional señala que tales pedidos y pretensiones no guardan una relación directa, negativa y concreta con la restricción del derecho a la libertad individual o de derechos conexos del favorecido y que son materia de tutela del habeas corpus, por lo que ese extremo de la demanda deviene en improcedente.

En cuanto al cuestionamiento de las resoluciones de detención policial y judicial en flagrancia del beneficiario, se precisa que ambas cesaron en sus efectos sobre la libertad personal con fecha 13 de diciembre de 2022, esto es, antes de la interposición de la demanda; por tanto el proceso no se dirige a la reposición del derecho fundamental a la libertad personal. De igual modo, al momento de la presentación de la demanda, la Resolución 3, auto de prisión preventiva, no era firme, toda vez que el demandante había interpuesto para entonces un recurso impugnatorio. Por consiguiente, ambos extremos de la demanda, resultan improcedentes.

 

Lima, 1 de abril de 2024

Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional

 

FUENTE: https://www.tc.gob.pe/institucional/notas-de-prensa/tc-declaro-improcedente-demanda-de-habeas-corpus-presentada-por-el-ex-presidente-pedro-castillo/



lunes, 11 de marzo de 2024

PERÚ: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PROHÍBE FUMAR A RESIDENTE DE EDIFICIO PARA NO AFECTAR DERECHO A LA SALUD DE VECINA QUE PADECE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) prohibió, temporalmente, a un residente de edificio fumar dentro de su departamento o en las áreas comunes próximas a su vivienda o la del inmueble que ocupa su vecina de iniciales N.S.O.V., quien, por padecer de hipertensión arterial, su médico le había recomendado evitar la exposición al humo de cigarro.

PERÚ: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PROHÍBE FUMAR A RESIDENTE DE EDIFICIO PARA NO AFECTAR DERECHO A LA SALUD DE VECINA QUE PADECE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) prohibió, temporalmente, a un residente de edificio fumar dentro de su departamento o en las áreas comunes próximas a su vivienda o la del inmueble que ocupa su vecina de iniciales N.S.O.V., quien, por padecer de hipertensión arterial, su médico le había recomendado evitar la exposición al humo de cigarro.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PROHÍBE FUMAR A RESIDENTE DE EDIFICIO PARA NO AFECTAR DERECHO A LA SALUD DE VECINA

Así lo estableció en la sentencia recaída en el Expediente N° 03065-2018-PA/TC,  proceso de amparo iniciado por N.S.O.V. y R.P.O., contra sus vecinos G.C.M. y M. R. M.G., por haberse acreditado la vulneración del derecho a la salud y otros derechos constitucionales de N.S.O.V., quien por su condición de hipertensa era afectada por la exposición del humo del tabaco.

En sus fundamentos, la sentencia destaca un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que indica que “no hay controversia en las comunidades médicas y científicas reconocidas, sobre el daño causado por la exposición al humo de tabaco ajeno, el cual constituye una clara amenaza para la salud, la vida y la integridad física”.

La sentencia considera también que, conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Ley 28705, para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco, existe la necesidad de proteger a la persona, la familia y la comunidad, contra las consecuencias, sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, por lo que es necesario reducir dicho consumo y su exposición de manera continua y sustancial.


Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional

 

FUENTE: https://www.tc.gob.pe/institucional/notas-de-prensa/tc-prohibe-fumar-a-residente-de-edificio-para-no-afectar-derecho-a-la-salud-de-vecina-que-padece-de-hipertension-arterial/



miércoles, 26 de octubre de 2022

Ernesto Blume: "El Tribunal Constitucional no es un órgano consultor ni interpreta a raíz de consultas". El expresidente del Tribunal Constitucional respaldó la decisión del TC de no aceptar el pedido de ampliación vinculado a la interpretación del artículo 117 de la Constitución, en relación a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

Ernesto Blume: "El Tribunal Constitucional no es un órgano consultor ni interpreta a raíz de consultas".

El expresidente del Tribunal Constitucional respaldó la decisión del TC de no aceptar el pedido de ampliación vinculado a la interpretación del artículo 117 de la Constitución, en relación a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

Ernesto Blume, ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú

Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, aseguró este martes que el TC tuvo una buena decisión al declarar improcedente el escrito de ampliación del petitorio respecto a la interpretación del artículo 117 de la Constitución, ello en relación a la denuncia constitucional del Ministerio Público contra el presidente Pedro Castillo.

Blume aclaró que la institución que presidió no absuelve dudas como la que envió el Congreso de la República. Por el contrario, explicó que resuelve a raíz de procesos.

"El TC ha acertado en su decisión porque el proceso competencial es algo que tiene por objeto resolver las controversias respecto del ejercicio de las competencias y atribuciones que tienen los órganos de rango constitucional cuando entran en conflicto, no le corresponde absolver consultas. El pedido del Congreso realizado bajo la fórmula de ampliación de la demanda se ha incluido una consulta que no corrresponde porque el Tribunal no es un órgano consultor ni interpreta a raíz de consultas, sino que resuelve a raíz de procesos que promueven ante él o le llega", señaló Ernesto Blume en Las Cosas Como Son de RPP.

Ernesto Blume aclaró que el TC sí puede interpretar una ley, pero tiene que haber una demanda, una controversia para hacer esa labor, algo muy diferente a lo presentado por el Congreso.

"Sí puede hacer una labor interpretativa tanto es así que es el supremo intérprete de la constitución y de la ley, pero eso se da por ejemplo cuando una ley es cuestionada de inconstitucionalidad", señaló.


FUENTE: https://amp.rpp.pe/politica/congreso/ernesto-blume-el-tribunal-constitucional-no-es-un-organo-consultor-ni-interpreta-a-raiz-de-consultas-noticia-1442174#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16667964189547&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com



martes, 25 de octubre de 2022

PERÚ: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA IMPROCEDENTE PEDIDO DEL CONGRESO PARA INTERPRETAR EL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN. Los magistrados indicaron al Poder Legislativo que el Tribunal Constitucional "no tiene competencias consultivas".

PERÚ: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA IMPROCEDENTE PEDIDO DEL CONGRESO PARA INTERPRETAR EL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN.

Los magistrados indicaron al Poder Legislativo que el Tribunal Constitucional "no tiene competencias consultivas".

Tribunal Constitucional del Perú


El pleno del Tribunal Constitucional (TC), rechazó la ampliación de la demanda presentada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial y con el cual se buscaba que dicha instancia haga una interpretación del artículo 117 de la Constitución. 

Como se recuerda, tras la denuncia constitucional que la Fiscalía presentó contra el presidente de la República, se originó todo un debate jurídico al respecto, por lo cual, el Parlamento solicitó al TC un pronunciamiento sobre los límites y alcances del artículo 117 de la Carta Magna, los cuales estipulan los motivos por los que un presidente de la República puede ser denunciado. 

Al respecto, el pleno del TC afirmó que "cada órgano debe desarrollar sus funciones “de acuerdo con el marco constitucional e interpretará autónomamente” los artículos de la carta magna. Asimismo, indicaron que “Solo cuando se alegue que en tal tarea se ha afectado o menoscabado las atribuciones de otro poder y órgano constitucional podrá plantearse la demanda competencial ante este Tribunal y es, en dicho contexto, que resultará procedente someter a control la interpretación realizada”

 

Fuente: https://panamericana.pe/politica/363162-tc-declara-improcedente-pedido-congreso-interpretar-articulo-117-constitucion



lunes, 5 de septiembre de 2022

Ceremonia de Juramentación del Magistrado Francisco Morales Saravia, como Presidente del Honorable Tribunal Constitucional del Perú.

 Ceremonia de Juramentación del Magistrado Francisco Morales Saravia, como Presidente del Honorable Tribunal Constitucional del Perú.

Ceremonia de Juramentación del Magistrado Francisco Morales Saravia, como Presidente del Honorable Tribunal Constitucional del Perú.


Fuente Video: Canal YouTube Tribunal Constitucional del Perú