domingo, 16 de octubre de 2011

Los cárteles del narco aterrorizan México

Los cárteles del narco aterrorizan México

En los primeros días en la presidencia de México, Felipe Calderón lanzó una guerra contra el crimen organizado.
Desde el 2006, veinte jefes del narcotráfico han sido muertos o capturados. Sin embargo, las drogas siguen llegando a Estados Unidos – mayor mercado del planeta- y el saldo de muertos en México pasa de 50 mil. La maquinaria del crimen organizado sigue funcionando, es decir, secuestros, extorsión, trata de personas, robo y por supuesto narcotráfico entre otros delitos. En resumen, todo lo prohibido.

(Grafico RNW) 

En la lucha contra la delincuencia, el presidente Calderón empleó al Ejército y la Marina. La utilización de la fuerza desde 2006 es la estrategia en la lucha contra el crimen organizado, pero los costos para la población civil han sido muy altos, pues la violencia en lugar de parar, se desató y creció.

Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos e incluso algunos sectores de ejército critican la estrategia, en primer lugar porque no da buenos resultados y no se va al fondo del problema. Las armas no sirven para combatir la pobreza. Mientras no se toque el dinero y el lavado de las ganancias del crimen organizado, los criminales tendrán un gran poder corruptor y mayor poder de fuego.



El país es un rompecabezas y cada pieza le pertenece a un cártel

A la captura y muerte de cada capo, ha seguido una lucha interna dentro de las respectivas organizaciones criminales. Las luchas intestinas del narco han dejado muchos subgrupos, divisiones, y desprendimientos que trabajan de manera autónoma y sin control, creando una vorágine de balas.

Todos se disputan zona de operaciones, rutas, aduanas, mercados y la complicidad y/o control de políticos, funcionarios, policías o jefes de zonas militares. Las venganzas y odios personales han sazonado la guerra.



México: La extradición de narcos como salida de emergencia

Si un poderoso jefe del crimen organizado es capturado, juzgado y enviado a prisión, no significa que quede fuera de circulación. Muchos capos manejan a sus organizaciones criminales desde la cárcel. Sus grandes fortunas, que dicho sea de paso, no les son decomisadas, sirven para llevar una vida más que cómoda en prisión, pagar a los custodios por “diversos servicios” o incluso comprar la amistad y complacencia de las autoridades carcelarias.

Que si a Sandra Ávila Beltrán le permiten un tratamiento de belleza con botox en prisión, que si al Chapo Guzmán le permitían hacer fiestas enormes en el penal de La Palma con consumo de drogas, alcohol y cortesanas; que si a Caro Quintero le llevaban su comida a su celda de los mejores restaurante de México, nos puede mostrar lo poderoso que es Don Dinero en México y por la laxitud (para los que pagan) del sistema carcelario, la extradición a Estados Unidos es la peor pesadilla de un preso rico.

Los capos del narco en México, si tienen la paciencia y los “contactos” indicados, pueden comprar la complicidad del director de la prisión para una huída limpia y elegante.

Hay otras ocasiones en que grupos armados asaltan un centro penitenciario y a punta de metralleta liberan a sus compañeros. En casi todos los casos, los custodios ayudan a la fuga, algunos por dinero; otros por miedo a que los asesinen a ellos o a sus familias.

El 16 de noviembre del 2008, el presidente Felipe Calderón visitó Alemania y ante un auditorio lleno de empresarios Calderón dijo que tomó la decisión de entregar a los 15 líderes del narcotráfico presos y que eran requeridos por Estados Unidos, porque desde las cárceles mexicanas mantenían el control sobre sus cárteles y ordenaron la ejecución de jueces que los procesaban.



Extradiciones récord

En los primeros 16 meses, la administración de Felipe Calderón extraditó a casi la mitad de reos del sexenio de Vicente Fox, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) publicados por el diario Milenio.

En el 2009 la PGR informó que la mayoría de los condenados entregados a Estados Unidos pertenecen a los cárteles de Tijuana, al Cártel del Golfo.

John Ackerman, del Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM dijo a Radio Nederland en entrevista:


“Es una política nueva de Calderón; es parte de un acuerdo de colaboración entre México y Estados Unidos, que siempre ha solicitado la extradición de personas que ya tienen expedientes judiciales abiertos allá. La diferencia es la gran disposición de las autoridades mexicanas para entregarlos. Aquí el gran debate fue respecto a la pena de muerte que existe en EEUU, y en México no. Eso fue un obstáculo en el pasado para la extradición, aunque en los hechos esto cambió en tanto que la estrategia de lucha contra el crimen organizado de Calderón es matar a los narcotraficantes. Son ejecuciones extrajudiciales como la de Arturo Beltrán Leyva o la de Nacho Coronel.”


Entre 1996 y el 31 de agosto de 2001, las autoridades de México sólo habían consumado la entrega de 16 mexicanos. Según las cifras de la PGR, actualmente hay más de 800 expedientes en proceso de extradición.

El 19 de enero de 2007 es la fecha en que se tomó la decisión de deshacerse de cuanto capo fuera posible.


México: Los jueces y el narco

A diferencia de Colombia, el narcotráfico no ha asesinado a los jueces. Los presiona, los asusta o los compra. A veces un asunto que por ley debe resolverse en un lapso corto de tiempo, se vuelve eterno debido al temor de los jueces. Un ejemplo es el caso de un juez penal que lleva más de ocho meses sin resolver la solicitud de girar una orden de aprehensión cuyo plazo legal es de 15 días hábiles, en contra de los responsables de un motín en la cárcel de Gómez Palacio, Durango, que el 14 de agosto de 2009 dejó un saldo de 24 muertos.


Hay casos peores que son una vergüenza nacional, como el de Marisela Escobedo. La hija de Marisela, Rubí Marisol Frayre, de 16 años de edad, fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza. Marisela gastó todo lo que tenía en encontrar a Barraza y llevarlo ante la justicia. El asesino confesó e incluso llevó a las autoridades al lugar donde se encontraban los restos de Rubí. Los jueces en Ciudad Juárez dejaron libre a Barraza. Marisela Escobeso emprendió una serie de protestas en contra de la resolución. Se revisó el caso y un tribunal de circuito revocó la sentencia absolutoria.

Barraza siguió prófugo y el 16 de diciembre de 2010 un desconocido mató de un balazo en la cabeza a Marisela Escobedo.

Los casos de criminales puestos en libertad a pesar de la evidencia son interminables.

En la primera semana de septiembre el presidente Calderón respondió las preguntas de varios ciudadanos a través de las redes sociales, y en una de ellas se tocó el tema de los jueces y la mala impartición de justicia en México.

El mandatario dijo estar cansado de “agarrar” criminales y que los jueces los liberen pues “hay una distancia entre la verdad real y la verdad legal que perciben los jueces”, dijo enojado.

En esa mismo intercambio de twiters, Calderón habló del caso de Néstor Moreno, quien había sido detenido una semana antes por uno de los casos de corrupción más notorios en la historia de México, pero fue liberado tras el pago de una fianza.

El consejo de la Judicatura Federal muy ofendido rechazó las críticas presidenciales y afirmó que no tenían fundamento alguno, ni pruebas, sino que atentaban contra “la estabilidad nacional”.

Por si fuera poco, las investigaciones sobre el incendio intencional del Casino Royale en Monterrey, que dejó 52 muertos, sacó a la luz un rosario de complicidades de las autoridades con el crimen organizado, así como el que diversos casinos de Monterrey operaban ilegalmente debido a los amparos promovidos ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, incluido el Casino Royale.

Un reportaje del periódico La Jornada en base a estadísticas del Poder Judicial de la Federación, muestra como el número de sentencias condenatorias disminuyó notoriamente del 2005 al 2009. En 2005 hubo 23.100, que fueron disminuyendo hasta llegar a solo 21.600 en 2009.

Los jueces ya no quieren tomar casos y buscan su traslado a regiones menos violentas.


¿Miedo o corrupción?

Radio Nederland entrevistó al jurista John Ackerman quien nos explica:


“Yo creo que el poder judicial de México no está en buenas condiciones. Tenemos un problema de clientelismo interno, de falta de méritos en el nombramiento de los jueces, además de que ellos no cuentan con la protección necesaria en contra de chantajes o corruptelas. No descartaría que haya elementos del poder judicial absolutamente corruptos o comprados. Veo que lo que falla es la procuración de justicia. Es una salida falsa y fácil del presidente Calderón echarle la culpa a los jueces, cuando el problema de fondo es la falta de investigación, la acreditación y documentación de los delitos. Si los investigadores en materia criminal integran bien sus expedientes, realmente consiguen la evidencia fidedigna de los crímenes, no hay juez, por muy corrupto que sea, que pueda liberar a los delincuentes.


La gente no denuncia porque no tiene confianza en los Ministerios Públicos investigadores policiacos.

Las estadísticas más recientes del Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) dicen que solo se denuncia el 12% de los delitos y solo el 8% se investigan. El problema empieza allí.

La gente no confía en los Ministerios Públicos porque hace un trabajo terrible a la hora de integrar y documentar los casos. Ahí está la crisis de procuración de justicia.”


Guerra contra drogas ¿Pretexto para la ingerencia de EU en México?

El 31 de mayo de 2010 el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que la guerra contra el narcotráfico es usado para el control político de los países latinoamericanos.



Según el presidente Morales, una prueba de que Estados Unidos fomenta el narcotráfico es el caso de Colombia, que pese a ser el país que más cooperación recibe de Estados Unidos, sigue siendo el primer exportador de cocaína.


El caricaturista mexicano Rafael Barajas y conocedor del tema de las drogas, afirma que a pesar de la presencia de las tropas norteamericanas en Afganistán, el cultivo y tráfico de opio no ha disminuido, al contrario. A pesar de la guerra contra los talibanes, Afganistán es el primer productor y exportador de goma de opio del mundo.


¿Cómo explicar que a pesar de los enormes esfuerzos de México por combatir al crimen organizado y el trasiego de drogas, siga el contrabando?


Si la demanda de drogas en EU no disminuye, entonces, ¿tiene sentido la guerra contra el narco?


¿Acaso los 50 mil muertos de México, la virtual militarización del país y la Iniciativa Mérida, han tenido un efecto nulo en el consumo norteamericano?

Radio Nederland le hizo estas preguntas a John Akerman, abogado y profesor universitario en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México:


“No es un pretexto sino una realidad; es parte de la misma intervención. La ayuda no es gratuita sino a cambio de una subordinación del Gobierno de México a la política norteamericana, y esto no conviene a México, porque implica la entrega de intereses económicos y de toda la estrategia en materia de seguridad pública. Recibir un avión significa también responder a los dictados de cómo se va a llevar a cabo la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, la estrategia de decapitar a los narcos, a Estados Unidos no le importa, ni tampoco la muerte de los civiles. Lo que les importa es regular su propio mercado de drogas adentro y mantener la violencia del lado mexicano de la frontera.


La subordinación también es materia económica. Creo que el Gobierno de México debería suspender este tipo de colaboración en materia de seguridad porque los recursos que entran, al final de cuentas, implican la imposición, aunque desde el punto de vista de Calderón no es imposición, y le da la bienvenida a un modelo que en lugar de mejorar la situación acaba por agravarla.”


Los Matazetas: ¿Paramilitares oficiales o mercenarios privados?

El 20 de septiembre, a las puertas de un hotel de lujo en el puerto de Veracruz, donde se llevaría a cabo una reunión de procuradores mexicanos, fueron abandonados los cadáveres de 34 personas.

El 28 de septiembre, un grupo de hombres vestidos de negro y encapuchados subió al Blog del Narco un video presentándose como Los Matazetas, miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, un brazo del Cártel de Sinaloa. Según anunciaron, actuarán fuera de la ley para limpiar a Veracruz de Zetas.

"Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas”, dijo un grandulón con tono grave, con voz de bajo y respiración de fumador.

“Nuestra intención es hacerle saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no es invencible".


¿Por qué las autoridades no hacen la “limpieza” de delincuentes que prometen Los Matazetas?

¿De cuando acá a los narcos les preocupa la ley o el qué dirá la sociedad civil?



Los paramilitares, un Déjà vu

El lenguaje y la actitud de los Matazetas no son como los de los narcos comunes y corrientes. A decir de los observadores políticos, se trata de un escuadrón de la muerte que no nació de la sociedad civil y que tiene muchas de las características de los grupos paramilitares. Incluso hay quien en privado aventura la hipótesis de que se trata de los marinos mexicanos.


Los paramilitares no son nuevos en México. Varios grupos fueron armados y entrenados desde el Estado para crearle varios frentes de guerra sucia simultáneos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.

En 1994, año del levantamiento indígena, había dos grupos paramilitares en Chiapas: los Chinchulines y Paz y Justicia. La matanza de Acteal, en diciembre de 1997, fue perpetrada por grupos paramilitares.

De hecho a Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México en ese entonces, se le quiere llevar a juicio por su responsabilidad en la formación de grupos paramilitares y la masacre de Acteal. La demanda se presentó en Estados Unidos, donde vive el ex mandatario, pero no fue interpuesta por las víctimas indígenas sino por algunos de sus enemigos políticos.


Los paramilitares siguen atacando y hostigando a las comunidades indígenas, en especial a los zapatistas. Cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió las elecciones en el sureño Estado y el acceso a los fondos públicos, los paramilitares se quedaron sin buena parte del financiamiento aunque ganaron independencia, para horror de los civiles. Los grupos paramilitares desde entonces se han multiplicado por el país y simulan ser grupos de seguridad.


A los lectores atentos de la prensa no les extraña la aparición de los Matazetas. Los paramilitares de Chiapas fueron creados para hacer el “trabajo sucio” que soldados y policías no podían ejecutar abiertamente, pues los ojos del mundo estaban en el levantamiento zapatista. Los costos políticos habrían sido enormes. Hoy sucede algo similar, ya que la violencia en México es noticia internacional. Qué mejor entonces, tener un grupo armado que asesine “a los malos” y todo quede como “ajuste de cuentas entre grupos rivales”.



Edgardo Buscaglia, nuestra Casandra

El doctor Edgardo Buscaglia desde hace años, en sus seminarios y entrevistas, ha advertido sobre la proliferación de grupos paramilitares en México. Conforme el Estado se debilita y pierde el control del territorio, aquellos crecen y se fortalecen. El asesor de Naciones Unidas para temas de crimen organizado, señaló a Ricardo Ravelo de la revista Proceso que en México operan 167 grupos paramilitares que son financiados por empresarios que quieren proteger sus vidas, las de sus familias y sus bienes, algo que el Estado dejó de hacer hace tiempo. En otros casos, los paramilitares son pagados por los propios gobernadores.


Es muy cierto lo que afirma el doctor Buscaglia, y como ejemplo tenemos el caso de San Pedro Garza García en Nuevo León ( el municipio más rico de México), donde su alcalde Mauricio Fernández Garza anunció en 2009 la creación del Grupo Rudo, con el que limpiaría de delincuentes su región. El día que el alcalde de hierro tomó posesión del cargo, anunció la muerte de un mafioso que asolaba la comarca. El problema fue que Fernández Garza celebró la muerte de Héctor Saldaña, alias El Negro, cinco horas antes de que apareciera su cadáver a mil kilómetros de distancia en la Ciudad de México.


Tras el debut en la escena política de los Matazetas, los senadores de todos los partidos, pidieron al gobierno federal ir al fondo en el combate de los Escuadrones de la Muerte. El panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, recordó que hace unos meses, cuando se le pidió a la Secretaría de Gobernación informes precisos sobre los grupos paramilitares, la respuesta fue que no existían.

Alejandra Sota, vocera del Gobierno federal, negó en conferencia de prensa que en el país operen paramilitares y afirmó: “No hay cabida para la manifestación o acción de persona, grupo u organización que atente o violente el Estado de derecho, independientemente de su causa, motivación o finalidad".


La pregunta entonces es si los Matazetas son paramilitares financiados por las autoridades, mercenarios financiados por grupos privados o son escuadrones de la muerte de los cárteles de la droga. ¿Y, dónde está el Estado?


FUENTE: http://www.rnw.nl/espanol/article/los-c%C3%A1rteles-del-narco-aterrorizan-m%C3%A9xico

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