Del Castillo puede ser denunciado por atentar contra la libertad de prensa, afirma abogado.
JORGE DEL CASTILLO GALVEZ, CONGRESISTA (APRA)
Según Benítez, la intención de Del Castillo y del gobierno es impedir la circulación del diario mediante una intervención del ente recaudador y por ello, de acuerdo al artículo 169 del Código Penal, el parlamentario podría ser denunciado y eventualmente recibir una pena no menor de tres ni mayor de seis años, e incluso ser inhabilitado para ejercer un cargo político.
“Es imposible legalmente que investiguen un medio de comunicación si no existen indicios de un ilegal funcionamiento. Ahora Del Castillo quiere dárselas de fiscalizador, él sí puede ser denunciado por lo que dijo y no importa si tiene condición de congresista”, refirió.
Asimismo, Benítez sostuvo que la actitud de Del Castillo demuestra que sí estuvo detrás de la intervención de Canal 5 por la Sunat.
“Conoce de estas tretas, sabe cómo hacerlas y lo demostró en el pleno del Congreso; a confesión de parte relevo de prueba”, apuntó el ex parlamentario.
En tanto, el ex presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Eduardo Bruce, lamentó que Del Castillo lance amenazas a un medio libre e independiente. “A nada conducen estas amenazas porque nadie va a aceptar que un medio de comunicación privado sea sojuzgado por el gobierno. Ya hemos visto eso en Panamericana Televisión, la ciudadanía impedirá que se concreten las intimidaciones”, sostuvo.
A su vez, el ex procurador Omar Chehade señaló que ordenar una investigación a cualquier medio de comunicación va contra la Constitución y el Estado de Derecho. “Dejar abierta la posibilidad de una intervención o una investigación de un medio independiente es una muestra más de desesperación y represión. Ni la Sunat ni el Congreso pueden investigar si no hay flagrancia de delito o por lo menos quejas y acá no hay nada de eso”, dijo Chehade.
DETALLE.
El artículo 169 del Código Penal dice que “el funcionario público que, abusando de su cargo, suspende o clausura algún medio de comunicación social o impide su circulación o difusión, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años de inhabilitación”.
