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martes, 16 de agosto de 2011

Presentan pedido de investigar a Alan García por corrupción

Presentan pedido de investigar a Alan García por corrupción
También a cuatro de sus ministros, por infracción constitucional, lavado de activos y otros delitos.


La demanda de investigar al régimen de Alan García entró ayer de lleno a los debates del Congreso, al presentarse una moción con ese fin, que incluye a cuatro exministros sospechosos de delitos de corrupción.

El legislador de Solidaridad Nacional Heriberto Benítez presentó la moción, para conformar una Comisión Especial de Investigación a García y sus exministros Jorge del Castillo (presidente del Consejo de Ministros), Hernán Garrido Lecca (salud y Vivienda), Enrique Cornejo (Transporte y Vivienda) y Aurelio Pastor (Justicia) para determinar si cometieron o no los delitos contra la infracción constitucional, lavado de activos, y contra la administración (corrupción de funcionarios).

El referido parlamentario declaró, en diálogo con LA PRIMERA, que su misión apunta al objetivo de luchar contra la corrupción.

El documento está fundamentado en los escándalos que salieron a la luz durante el quinquenio de García y que no solo involucran al exmandatario, sino a sus exministros.
Benítez dijo que la intención de esta iniciativa es lograr que un grupo especial de trabajo evalúe estos hechos y determine si se cometieron delitos sancionados por la ley.

Detalla que en caso se establezca la comisión de infracción a la Constitución, entonces se procederá a formalizar una denuncia constitucional y la sanción punitiva deberá ser aplicada por el Poder Judicial, que incluso podrá solicitar mandatos de detención en contra de los imputados y, hasta, dictar penas privativas de La Libertad.

Los casos
De otro lado, el documento refiere que le competerá al Poder Legislativo y luego de un debido proceso, sancionar con una inhabilitación del ejercicio de la función pública hasta diez años a quienes resulten responsables.

Entre los escándalos que menciona y que sirven de argumento para solicitar la creación de una comisión especial investigadora sobre la administración García, está el caso “Petroaudios” que implica un posible negociado de lotes petroleros a favor de compañías extranjeras, así como el presunto sistema de espionaje telefónico a líderes de oposición y periodistas.

Como posibles actos relacionados al lavado de activo y enriquecimiento ilícito se recuerda la sospechosa venta del aeródromo de Collique, los negociados a favor de la empresa Petrolera Monterrico que tiene que ver con la sospechosa transferencia de inmuebles de Surco y San Isidro por parte del exprimer ministro, a quien, además, se le encontraron cuentas en el extranjero que Del Castillo dice que todo es legal y que la Fiscalía está investigando.

Entre otros temas la moción resalta el delicado caso del Banco Azteca, la irregular compra de alimentos para los afectados por el sismo que azotó la región Ica por parte del Fondo de Reconstrucción para el Sur (Forsur).

Forsur y otros
Asimismo, la cuestionada reconstrucción de esta localidad, el engaño de los bonos del Forsur, los negociados turbios de terrenos por Cofopri, así como los decretos de urgencia dados para facilitar actos de corrupción.

También las sospechosas licitaciones para la construcción de hospitales, la compra de ambulancias sobrevaluadas, el sospechoso manejo del programa “Agua para Todos” y las irregulares concesiones de los puertos.

Además, la sobrevaloración en la construcción de la carretera Interoceánica, la emisión de cuestionables normas a favor de la corrupción, la construcción de los llamados colegios emblemáticos y la inauguración de nosocomios que resultaron ser meras fachadas.

Igualmente las inauguraciones de obras realizadas de forma inadecuada, como el Tren Eléctrico o la sobrevaloración en la remodelación del Estadio Nacional. Entre los casos destacan igualmente el origen del dinero con que se erigió el Cristo del Morro y el irregular indulto a personas comprometidas en actos de corrupción como el exempresario José Enrique Crousillat.

FUENTE: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/presentan-pedido-de-investigar-a-alan-garcia-por-corrupcion_92552.html

jueves, 31 de diciembre de 2009

MINISTRA DE ECONOMIA DEL PERU: ARAOZ INHABILITADA

Aráoz inhabilitada
FUENTE: DIARIO LA PRIMERA - PERU

Ministra no puede ejercer la profesión de economista desde el 30 de setiembre de 1995. Otros funcionarios tienen el mismo problema.


Se ufana de ser una exitosa economista y ni siquiera cumple con el Colegio de Economistas de Lima.

La ministra de Economía, Mercedes Aráoz, y el director del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, así como un sinnúmero de altos funcionarios gubernamentales ejercen de manera ilegal la profesión de economistas, tal como lo señala el colegio profesional de la especialidad, pues se encuentran inhabilitados por no haber pagado sus aportes o, peor aún, por no haberse colegiado, como lo exige la ley.
La debutante titular de Economía, quien registra el número de Colegiatura 02681, está inhabilitada debido a que el 30 de setiembre de 1995 dejó de pagar sus aportaciones al Colegio, de sólo 15 soles mensuales.
Por esta razón, el Colegio de Economistas de Lima, donde está inscrita desde el 12 de marzo de 1987, la ha declarado inhabilitada para ejercer la profesión.
Luis Landa, administrador del Colegio de Economistas de Lima, indicó que en el Perú la colegiación es obligatoria desde 1965, cuando se dio la Ley 15488, mientras que su modificatoria (Ley 24531) establece que es un requisito para el ejercicio legal de la profesión tanto en el sector público como en el privado.
“De esta manera, el ejercicio de la profesión de economista, sin estar colegiado, constituye ejercicio ilegal de la profesión”, refirió.
Inclusive, la Ley 15488 señala que será penado con multa no menor de 10 sueldos mínimos vitales anuales, además de una acción penal, quien desempeñe la profesión de economista o se anuncie como tal sin tener la credencial respectiva.
Del mismo modo, el ejercicio ilegal de la profesión es sancionado por el Art. 363º del Código Penal que a la letra dice “El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.
El mismo artículo prescribe sanción mayor cuando el servicio se otorga en el Estado, pues dice que “la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años, si el ejercicio de la profesión se da en el ámbito de la función pública o prestando servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual”.
Al margen de la ley, como la ministra Aráoz, quien se definió como una “economista seria” al asumir el cargo, se encuentra también el viceministro de Hacienda, José Arista Arbildo, quien ni siquiera se ha colegiado, y otros cercanos colaboradores de su gestión.
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y el vicepresidente de esta institución, Carlos Raffo Dasso, también están inhabilitados en el Colegio de Economistas del Perú.
DETALLE
Landa destacó que Enrique Cornejo Ramírez, ministro de Transportes, y Luis Alva Castro, presidente del Congreso, así como economistas destacados entre los que se encuentran Javier Silva Ruete, Javier Igüiñez, Jorge González Izquierdo y Kurt Burneo, entre otros, se encuentren perfectamente habilitados y desarrollan una intensa vida institucional.

miércoles, 8 de julio de 2009

En veredicto final, Tribunal Constitucional señala que hubo trato diferenciado de postores



Veredicto final, Tribunal Constitucional señala que hubo trato diferenciado de postores.
(FUENTE DIARIO LA PRIMERA-PERU)


Nula venta de Collique
Pobladores exigen que aeródromo no se venda a ningún postor.



El Tribunal Constitucional anuló la adjudicación de los terrenos del aeródromo de Collique al consorcio peruano-chileno Graña y Montero/Besco por las irregularidades registradas en la misma y dictaminó que el proceso debe continuar sólo con el postor DH Mont & CG & MSAC, a cuya apelación dio la razón en un dictamen conocido ayer.

El 29 de octubre de 2008, el diario LA PRIMERA publicó el informe “Licitación de aeródromo de Collique debe anularse”, que demostraba que al lado de las objeciones referidas al interés nacional y ambiental, presentadas por diversos sectores, el proceso de adjudicación de la buena pro de la obra había adolecido de favoritismo hacia el consorcio formado por Graña y Montero del Perú y Besco de Chile, en perjuicio del postor que había cumplido los requisitos y presentado la mejor propuesta, DH Mont & CG & MSAC y era pasible de nulidad.
El Tribunal Constitucional ha confirmado lo que decíamos hace siete meses. En una resolución de naturaleza inapelable el máximo órgano constitucional ha fallado señalando que el debido proceso fue violado en el proceso de precalificación de postores para el proyecto Collique.
Textualmente el tribunal indica “… que entre el Consorcio demandante y los terceros interesados (otros postores, entre ellos Graña y Montero) ha existido de parte de Proinversión un tratamiento desigual… pues al Consorcio demandante… se le solicitó que presente la carta de compromiso de financiamiento, mientras que a los terceros se les cambió los requisitos de precalificación…”.
Pulcramente el tribunal evita insinuar la posibilidad de intenciones dolosas.
Pero no deja de anotar que, vencidos los plazos para la presentación de documentos, Proinversión se dirija a los terceros interesados solicitándoles que “precisen el alcance de su compromiso”, cuando ya debería haberlos descalificado.
En consecuencia la resolución del tribunal declara fundada la demanda de DH Mont & CG & MSAC y anula todo el procedimiento seguido hasta ahora.
Asimismo, ordena a Proinversión continuar el procedimiento sólo con el Consorcio que queda clasificado.
El dictamen del tribunal fue saludado por las organizaciones sociales que han luchado contra la destrucción del aeródromo de Collique y su entrega a un consorcio con predominio de intereses extranjeros.
La decisión judicial pone en incómoda posición a la jefa de Proinversión, Cayetana Aljovín, y el ex ministro de Vivienda (actual de Transportes), Enrique Cornejo, empeñados en favorecer al amigo del presidente Alan García, don Pepe Graña Miró Quesada.
La situación de estos funcionarios es tanto más delicada en cuanto tienen que ver con la licitación del terminal de Taboada, que también está en cuestión, y el caso del puerto de Paita, en el que hay denuncias de graves irregularidades.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación .