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domingo, 6 de enero de 2019

Declaración del Dr. Alejandro Toledo Manrique Sobre los Eventos en Perú. Hace exactamente un año, hice sonar la alarma acerca de las amenazas al estado de derecho en Perú planteadas por facciones dirigidas por Keiko Fujimori y Alan García. Esta semana los eventos en Perú demuestran que tales preocupaciones continúan siendo justificadas.


Declaración del Dr. Alejandro Toledo Manrique Sobre los Eventos en Perú.    
Hace exactamente un año, hice sonar la alarma acerca de las amenazas al estado de derecho en Perú planteadas por facciones dirigidas por Keiko Fujimori y Alan García.  Esta semana los eventos en Perú demuestran que tales preocupaciones continúan siendo justificadas.

    En este momento, los peruanos deben de estar reunidos en sus hogares para celebrar el Día de los Reyes Magos.  En cambio, se ven obligados a salir a la calle por amenazas claras al estado de derecho en Perú.  Los peruanos están obligados a defenderse una vez más del mismo inframundo criminal antidemocrático que, el año pasado, llevó de su cargo al presidente peruano elegido democráticamente.

    Incluso con su patrona en una detención opulenta, ese inframundo continúa prosperando, y trabajando para garantizar la impunidad de Keiko Fujimori, Alan García y sus círculos corruptos.  ¿Es que los peruanos no tienen derecho a la paz?  El fujimorismo continúa su marcha destructiva en el Perú.  Ha provocado otra crisis política nacional para proteger a sus líderes, Keiko Fujimori y Alan García, de las consecuencias de su conducta corrupta.

    Para que ningún observador llegue a la conclusión de que el "sistema funciona" en Perú, la manipulación cínica de las instituciones peruanas que hemos presenciado en los últimos días es una táctica clásica fujimorista, que recuerda el período anterior al "autogolpe" de Fujimori en abril de 1992.  Los socios democráticos de Perú no deben permitir que este descarado esfuerzo para replicar el autoritarismo de Alberto Fujimori pase en silencio.

    Durante 25 años, hemos luchado contra el fujimorismo en el Perú.  Con el mismo espíritu nos alineamos con los que lo hacen hoy.  A través del movimiento de los Cuatro Suyos, casi toda la población del Perú arriesgó sus vidas para combatir la corrupción de la familia Fujimori.  Hoy sus cómplices trabajan para difamarnos y vengarse.  Nuestra motivación fue dejar a nuestros hijos y sus hijos un Perú donde reinan la democracia y las instituciones sólidas y honestas.  Pero los políticos corruptos y las organizaciones políticas vinculadas con el pasado se aferran al poder.  Todo ladrón quieren que todos sean de su misma condición!

    Esta semana en Perú, otro capítulo en el Libro Negro del Fujimorismo fue escrito  Antes de que mi presidencia terminara en 2006, la mara fujimorista comenzó su persecución de nuestra familia debido a nuestros esfuerzos por llevar a Alberto Fujimori, miembros del Grupo Colina, y otros a la justicia por crímenes contra inocentes civiles peruanos. Desde entonces, los fujimoristas han manipulado el escándalo de Odebrecht para fortalecer esa persecución.  Pero no estamos desanimados.  Más que nunca, rechazo enfáticamente los ataques contra el estado de derecho en Perú.

    El espectáculo provocado esta semana por el fiscal general Pedro Chavarry es fruto de la corrupción, no de la defensa del estado de derecho.  Las instituciones democráticas peruanas están en peligro.  En solidaridad con todos los peruanos, invito a los gobiernos democráticos de todas partes a condenar las provocaciones fujimoristas que continúan amenazando las preciadas libertades peruanas.

FUENTE: https://www.toledofacts.net/contenido-en-espanol

jueves, 1 de junio de 2017

Heriberto Benítez: presidente Poder Judicial cometió infracción al artículo 38º de la Constitución por no cumplir el ordenamiento jurídico de la Nación y no acatar una sentencia del Tribunal Constitucional referida al derecho de opinión de los jueces y a la imparcialidad que deben tener los jueces para resolver los pedidos las partes.

Heriberto Benítez: presidente del Poder Judicial cometió infracción al artículo 38º de la Constitución por no cumplir el ordenamiento jurídico de la Nación y no acatar una sentencia del Tribunal Constitucional referida al derecho de opinión de los jueces y a la imparcialidad que deben tener los jueces para resolver los pedidos las partes. 

Presidente Poder Judicial cometió infracción al artículo 38º de la Constitución por no cumplir el ordenamiento jurídico de la Nación y no acatar una sentencia del Tribunal Constitucinal referida al derecho de opinión de los jueces y a la imparcialidad que deben tener los jueces para resolver los pedidos las partes.  Duberli Rodríguez ilegalmente esta "opinando" y/o "comentando" a favor que que se acumulen los procesos penales relacionados al ex presidente constitucional de la República Alejandro Toledo y eso implica interferencia e injerencia en las investigaciones e influencia indebida en las decisiones jurisdiccionales. 

Esta infracción constitucional del presidente del PJ afecta peligrosamente el debido proceso, las garantías judiciales  y los derechos fundamentales de Alejandro Toledo.   

AQUI LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:




domingo, 18 de marzo de 2012

Negacionismo: Un proyecto extravagante

Negacionismo:
Un proyecto extravagante


La introducción en nuestro ordenamiento jurídico de una figura delictiva bajo la denominación de “negacionismo”, la misma que consistiría en reprimir a quienes no reconozcan los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, me parece que vendría a constituir una descomunal extravagancia. En buen romance, configuraría el castigo a un delito de opinión, expresamente excluido de nuestro sistema en el inciso 3 del artículo 2º de la Constitución del Estado.  

Que el señor ministro de Justicia invoque la existencia de normas de ese tipo en países como Alemania y España –versión respecto de la cual es posible abrigar un razonable margen de duda– en ningún caso podría servir de sustento a una ley que se dictara en nuestro país. Según declaraciones formuladas por el ministro ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo persigue la aplicación de penas “a aquéllas personas que nieguen la masacre efectuada por los movimientos terroristas”, conforme a la transcripción literal inserta en las páginas de un importante diario.

Una masacre es un hecho de pública notoriedad. Se trata de la eliminación violenta de un grupo de personas a cargo de otro grupo de personas. En el Perú se han dado y se siguen dando cuadros como ése. Y, según lo entendemos la gran mayoría de peruanos, tales hechos son perpetrados por elementos terroristas que pertenecen a conocidos movimientos. Sin embargo, hay otras personas que tienen óptica distinta respecto de los mismos. Tal es el caso de los gravísimos sucesos que se produjeron hace algunos años en Bagua, en que de un lado se describen como la masacre de policías a manos de terroristas, y de otro lado, se califican como la masacre de ciudadanos pacíficos a manos de la policía.

Esas son las posiciones discrepantes, derivadas de puntos de vista distintos y hasta opuestos, en cuya materia juegan rol principal las posiciones políticas. Y aunque filosóficamente la verdad es una sola, en tales eventualidades cada sector sostiene su propia verdad. Son, pues, en definitiva, opiniones y pareceres, que forman parte de la libertad de pensar y de expresarse que poseemos todos, por mandato de la ley natural y por imperio de la Constitución.

Nuestra legislación penal ya está excesivamente recargada de añadidos y modificaciones y cada vez que se produce algún episodio que genera preocupación colectiva, viene la obsesión legiferante para expedir nuevas leyes y crear, al mismo tiempo, nuevos delitos. No será con normas de esa calaña que el Estado y, específicamente, el Poder Ejecutivo como responsable del orden público, cumpla con su primordial función de mantener la paz y sancionar debidamente a quienes atenten contra ella. Lo que es indispensable al respecto es cumplir con las disposiciones existentes, como aquélla que reprime la ocupación de carreteras y la interrupción de las comunicaciones. Un día sí y otro también somos testigos de tales hechos, sin que se observe una respuesta adecuada de parte de la fuerza pública y los tribunales. He aquí, pues, lo que debe hacerse, en lugar de pensar en normas legales estrambóticas


(Articulo escrito por Francisco Chirinos Soto, Diario La Razon, Lima - Peru, sabado 17 de marzo 2012)
FUENTE: http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LROpinion01&td=17&tm=03&ta=2012