Con llamadas anónimas buscan intimidar a Luz Rojas, la valerosa fiscal que denunció a jefes policiales por el “Baguazo” y encima fiscal de la Nación amenaza con destituirla.
Luego de la inusual convocatoria de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, a los fiscales de Amazonas, entre quienes estaba la doctora Luz Rojas, ésta rompió ayer su silencio y declaró que tenía temor por su vida y la de su familia, no sólo por las amenazantes palabras que vertió su superior jerárquico, sino por las constantes llamadas anónimas que ha recibido desde que inició la investigación sobre la muerte de civiles en Bagua el pasado 5 de junio.
La fiscal Luz Rojas presentó el pasado viernes 7 denuncia penal contra el alto mando policial del “Baguazo”, que comprende a dos generales, dos coroneles, cuatro comandantes, tres mayores, cuatro capitanes y un teniente por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves provocadas a varios nativos y civiles durante la trágica jornada del 5 de junio.
En la reunión que celebró Echaíz el sábado en su despacho, la fiscal Rojas dijo que no sólo le lanzó amenazas directas, sino también veladas respecto a la injerencia del gobierno sobre los actos jurisdiccionales asumidos por ella, al denunciar penalmente a los miembros del comando policial que diseñó y ejecutó el desbloqueo de la carretera “Fernando Belaunde” en la “Curva del Diablo”.
Según Rojas, la fiscal Echaíz cuestionó la referida denuncia y la amenazó con destituirla e iniciarle un proceso en el Órgano de Control Interno del Ministerio Público, al considerar que había perjudicado la imagen de la Fiscalía y de la Policía Nacional.
Rojas dijo a LA PRIMERA que la inusual reunión, sin una agenda previa, le causó “mucho temor, porque desde el primer momento que me llama de manera extraordinaria, alterando el normal desempeño de mis funciones, hay un trato descortés, amenazante”.
“Temo por mi vida, temo por mi familia.
Estas amenazas son constantes, incluso la señora fiscal llegó a decirme que hay muchos fiscales que no se han adecuado a la ley y el orden y ahora están en las cárceles o han sido separados”, afirmó Rojas.
“Esta es la primera vez que me hacen un llamado extraordinario (en la sede principal del Ministerio Público) para hacerme sentir amenazada. Dijo (Echaíz) que por haber hecho esa denuncia, yo voy a ser relevada de mis funciones, voy a pasar al Órgano de Control Interno y ya sabemos que el Órgano de Control Interno esta predispuesto no sólo para procesarme, sino también para sancionarme”, enfatizó.
Señaló que desde que se inició las investigaciones, miembros de la policía no sólo han salido por las diversas radios de Bagua a cuestionar su denuncia, sino que también ha recibido constantes llamadas a su celular que contienen amenazas de muerte.
“A las pruebas me remito, cada llamada desconocida a mi celular es una llamada de amenaza de muerte. Y todo a partir de la investigación sobre estos hechos”.
La fiscal afirmó que a pesar de todo esto se ratifica en la investigación que realizó y en la denuncia que formalizó.
“Todos los peruanos somos iguales ante la ley, ya que estamos en un Estado democrático. Yo creo que está dentro de mis funciones formalizar la denuncia correspondiente. Me ratifico en lo que he hecho”, manifestó.
Sin embargo, añadió, no cree que pueda seguir cumpliendo con su función fiscal a cabalidad, porque “hay presión” y “temo por mi vida, temo por mi familia”, insistió.
Echaíz cometió infracción constitucional
El ex congresista Heriberto Benítez señaló ayer que la fiscal de la Nación cometió una grave infracción constitucional al interferir en las funciones de la representante del Ministerio Publico, que realizo las pesquisas preliminares sobre los sucesos de Bagua y que formalizó una denuncia penal contra altos oficiales de la PNP por homicidio y lesiones.
“Hay una evidente interferencia a los artículos 158º y 139 º (inciso segundo) de la Constitución Política, que tiene motivaciones políticas-partidarias para favorecer al gobierno aprista, sobre todo por el vinculo familiar de Gladys Echaíz con el Apra; la sospechosa remoción del cargo y la extraña reunión efectuada en Lima no sólo buscaría enterarse de los hechos, sino dirigir la pesquisa e inducir a los fiscales a que actúen en determinado sentido, para que no se perjudique a los compañeros”, sostuvo Benítez Rivas.
“El gobierno pretende empañar las investigaciones y evitar que se sancione a los responsables; eso queda claro. Para ello intervienen a través de la fiscal de la Nación, quien ya dio directivas y esta desnaturalizando las pesquisas”, comentó Benítez Rivas.“La extraña conducta de la fiscal de la Nación debe ser investigada por el Congreso de la República para determinar la infracción constitucional y por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, resaltó el jurista.
