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jueves, 30 de junio de 2011

Benedicto Jiménez denuncia ataque con bomba molotov en San Borja

Benedicto Jiménez
denuncia ataque
con bomba molotov
en San Borja


Vehículo del programa de TV que conduce el ex jefe policial terminó envuelto en llamas


(América TV)

Una cámara de seguridad captó el preciso instante en que una bomba molotov hizo estallar una camioneta del programa “Juez Justo TV”, espacio conducido por el ex coronel de la Policía, Benedicto Jiménez.

El atentado ocurrió esta madrugada en los exteriores de la oficina del mencionado programa, ubicada en la cuadra 8 de la avenida Guardia Civil, en San Borja.

“Se podría decir un atentado con bomba molotov. Algo no usual y que pensábamos que era cosa del pasado y contra un medio de comunicación que es lo más increíble, porque la camioneta es de Juez Justo TV”, indicó Jiménez a América TV.

Asimismo, sospecha que la agresión podría haber sido producto de las constantes investigaciones que habría realizado en su programa sobre tráfico de tierras en Pachacámac y sobre el heredero del camal de Yerbateros, Giovanni Paredes.

“No nos van a asustar. Nosotros vamos a continuar”, señaló.

Por lo pronto, espera que el video pueda ayudar a identificar a los responsables del ataque.

FUENTE: http://elcomercio.pe/lima/833572/noticia-benedicto-jimenez-denuncia-ataque-bomba-molotov-san-borja

miércoles, 11 de agosto de 2010

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
(http://www.corruptosalacarcel.blogspot.com/)

Juez justo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las instituciones democráticas más importantes, en materia de protección a los derechos fundamentales, integrada por siete jueces de la más alta autoridad moral, nacionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que actúan a título personal, sin recibir ukases de quienes los proponen o escogen, son elegidos por un período de seis años renovable sólo por una vez, siendo su instrumento principal de trabajo la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José.


En el Perú, hay abundante jurisprudencia relacionada a violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado peruano, por ejemplo durante el primer periodo presidencial de Alan García (1985-1990) ocurrió la matanza de internos rendidos en la Isla Penal "El Frontón" donde hasta la fecha no se ha judicializado la responsabilidad del ex jefe de Estado, ni de otras autoridades civiles o castrenses; y, existen otros casos, muy graves, sucedidos durante el nefasto régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) donde se implementaron los abusivos tribunales sin rostro e ilegales procesos en el fuero militar, arrollándose las garantías judiciales y ocasionando que las víctimas se vean obligadas a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y comprobada la violación se presentaban las demandas ante la Corte Interamericana, instancia supranacional, donde se han dictado sentencias condenado al Estado peruano y disponiendo el pago de reparaciones, por dichas circunstancias.


Esta situación originó que, en los últimos días, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), portavoz oficial del gobierno, y algunas otras personas allegadas a Palacio de Gobierno empiecen una vergonzosa campaña mediática para desacreditar los fallos internacionales y pretender incumplir las sentencias dictadas contra el Estado por violar la Convención Americana de Derechos Humanos, llegándose al extremo inaceptable de pretender añadir ciertas reservas al tratado internacional, a sabiendas que jurídicamente es imposible e, incluso, comentaron la posibilidad de un apartamiento parcial de la competencia-contenciosa de la Corte Interamericana, lo cual sería funesto para la población. Para ello, los voceros de la intolerancia, adictos al poder y ejecutores de abusos, no dudaron en utilizar como pretexto determinadas sentencias dictadas por la Corte Interamericana que disponían el pago de reparaciones a personas que en el Perú habían sido ilegalmente procesadas por tribunales sin rostro y condenadas por la justicia castrense por delito de terrorismo o que fueron acusados y sentenciados por traición a la Patria cuando no eran peruanos. Algunas autoridades actuaron por ignorancia completa, ya que desconocen los temas relacionadas a la defensa de los derechos humanos; pero, otros funcionarios lo hicieron a sabiendas que la instancia supranacional no es un tribunal de justicia penal que absuelve o condena ciudadanos.


En ese sentido, José Remotti Carbonell en su obra "La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Estructura, funcionamiento y jurisprudencia)", sostiene que dicha Institución no es un tribunal de naturaleza penal y por tanto no tiene como función el buscar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, sino que su objetivo es el de amparar a las víctimas, analizar la responsabilidad del Estado y disponer la reparación de los daños producidos. Ante ello, afirma que no resulta relevante la intención del autor de la violación, ni siquiera su identificación.


Igualmente, el profesor Remotti, nos recuerda que en las sentencias de fondo de los casos Velásquez Rodríguez contra Honduras (fundamento 134), Godínez Cruz contra Honduras (fundamento 140), Fairen Garbi y Solís Corrales contra Honduras (fundamento 136), la Corte Interamericana ha señalado que "…la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones".


En dicho trabajo especializado, también encontramos la mención de la sentencia de fondo en el caso Paniagua Morales y otros contra Guatemala (fundamento 91) donde la Corte Interamericana ha determinado que "para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención, no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o de su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuye los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención. Además, también se compromete la responsabilidad internacional del Estado cuando éste no realice las actividades necesarias, de acuerdo con el derecho interno, para identificar y, en su caso, sancionar a los autores de las propias violaciones…".


Por otro lado, hay gobernantes que no entienden, ni comprenden que los derechos humanos son universales, fundamentales, básicos y elementales; pertenecen a todos, sin discriminación alguna, no tienen rostro, ni documento de identidad. El Perú como Estado suscribió la Convención Americana y está obligado a cumplirla y a respetar los derechos humanos; sin embargo, estas posturas totalitarias nos demuestran la crisis por la que atraviesan nuestras autoridades. Adicionalmente, queda claro que hay a un sector del gobierno que no tiene la voluntad de cumplir, ni de hacer cumplir lo dispuesto en el tercer parágrafo del artículo 14° de la Constitución Política que, ad litteram, dice "la formación ética y cívica y la enseñanza de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar", lo cual resulta ser peligroso para la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho.


Por último, respecto a las reparaciones, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido en la sentencia de fondo del caso Cinco pensionistas contra Perú (fundamento 173) que "… es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que hay producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente"; ítem más, el artículo 63° de la Convención Americana precisa que cuando la Corte decida que hubo violación de un derecho se dispondrá, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que configuró la vulneración del derecho y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.


Lima, agosto del 2010.

PS: Este artículo ha sido divulgado en la Revista de Investigación, Denuncia y Actualidad "JUEZ JUSTO", Año N° 1, Edición N° 5 (Agosto, 2010), p. 23, Lima-Perú . (http://www.juezjusto.com/).

sábado, 12 de diciembre de 2009

EDGAR VIZCARRA PACHECO: OCMA lleva seis meses sin resolver grave denuncia contra juez acusado de corrupción y lavado de activos

OCMA lleva seis meses sin resolver grave denuncia contra juez acusado de corrupción y lavado de activos
(FUENTE: DIARIO LA RAZON - PERÚ)
A pesar de haber acreditado compra de bienes por montos que no guardan relación con sus ingresos



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



El reciente cambio de la titular de la OCMA, Elcira Vásquez Cortez, que será reemplazada a partir del primer día útil de enero del 2010, por el vocal supremo Enrique Mendoza Ramírez, ha puesto nuevamente en el primer plano de la noticia la grave denuncia, seguida del pedido de destitución, presentada hace seis meses contra el titular del Juzgado Civil del Cono Este de Lima, Edgar Vizcarra Pacheco, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y corrupción de funcionarios, y que sorprendentemente permanece sin ser resuelta.


ELCIRA VASQUEZ

Cabe recordar que con fecha 13 de Julio del presente año, es decir hace más de seis meses, la Oficina de Control de la Magistratura, (OCMA), mediante resolución Nº 1 resolvió abrir investigación preliminar contra Edgar Vizcarra Pacheco, a efectos de recabar medios probatorios que permitan determinar su responsabilidad en la comisión de los graves delitos denunciados por litigantes del Poder Judicial y por la agrupación Unidos Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos (UCONA).


VOCAL SUPREMO, ENRIQUE MENDOZA RAMIREZ - NUEVO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA DEL PERU

Las denuncias han sido elevadas paralelamente a los despachos del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Carlos Arturo Mansilla Gardella, presidente del Poder Judicial y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Javier Villa Stein, Presidente de la Corte Suprema de la República, y como si hubiera una coincidente concertación de intereses, ninguno de estos niveles ha emitido un pronunciamiento que permita conocer el resultado de las investigaciones.


CUESTIONADO "VITALICIO" JUEZ DEL CONO ESTE DE LIMA, EDGAR VIZCARRA PACHECO


Vizcarra Pacheco, a pesar de las graves denuncias, aún permanece en su puesto de Juez en el Cono Este, y desde el primero de julio hasta la fecha no se conocen los avances de la investigación preliminar a cargo de la Unidad de Investigación y Anticorrupción (antes Unidad Operativa) de la misma entidad, a pesar de estar obligada a cumplir el Principio de Celeridad, regulado por la Ley 27444 de la Carrera Judicial.


Según lo ha sustentado la UCONA, el magistrado cuestionado ha sido señalado como el responsable de resoluciones amañadas en procesos ventilados en su despacho, en los que como magistrado terminaba resolviendo de acuerdo a los intereses, no de un juicio justo, sino del mejor postor, es decir, del que con argumentos contantes y sonantes solía dictar el resultado del proceso para favorecer a una de las partes, a pesar de que a ésta no le asistía la razón.
Los agraviados, entre los que se cuentan los litigantes Rómulo Morales Ayala, Diana Morales Guillén, Jorge Huaracha Caillahua, y Raúl Moisés Galindo Quintanilla, denunciaron oportunamente al citado Juez por haberles hecho proposiciones indecorosas que no están de acorde con la moral de un buen magistrado y al no cumplir con sus requerimientos, perdieron todos sus casos judiciales.

SE CUESTIONA EL TRABAJO DE LA "OCMA"



A estas denuncias ante la OCMA, hay que agregar las presentadas contra Pacheco Vizcarra por la UCONA, Sindicato Mixto de Trabajadores del Poder Judicial y la Asociación Civil Juez Justo, contenidas en los expedientes Nº. 16968 – 2009 por enriquecimiento indebido y corrupción de funcionarios, Exp. Nº. 535 – 2009 lavado de activos, la misma que fue derivada al departamento de Investigación Criminal (División de Coordinación de la Policía del Ministerio Público – DIVVMP).


Estas denuncias dieron lugar a investigaciones a cargo de las unidades especializadas de la PNP, las que han confirmado que en efecto el juez Vizcarra ha realizado adquisiciones millonarias de bienes como la compra al contado de un inmueble valorizada en 75,000 dólares y una camioneta 4x4 en 15,000 dólares, que no guardan relación con sus ingresos salariales de juez.

En vista de que la OCMA, bajo la jefatura de la vocal suprema Elcira Vásquez Cortez, demora sospechosamente en resolver el pedido de destitución del juez Vizcarra, el presidente de la UCONA, el ex congresista Heriberto Benítez, ha elevado una denuncia sobre el comportamiento de este magistrado ante el Congreso de la República, el mismo que publicamos a continuación por sustentar la necesidad de una urgente solución:

EX CONGRESISTA DEL PERU: HERIBERTO BENITEZ RIVAS, PRESIDENTE DE "UCONA"

Señor Presidente del Congreso de la República:

Heriberto Manuel Benítez Rivas, Presidente de la Asociación “Unidos contra el Narcotráfico y Lavado de Activos”- (UCONA) señalando domicilio en la Calle Bernini N° 279 distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, respetuosamente me persono y como mejor proceda en derecho,

DIGO:

Que, en pleno ejercicio de mis derechos fundamentales vengo con el presente escrito en solicitarle que el Poder Legislativo proceda a tramitar una denuncia constitucional contra la jefa de la oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Elcira Vásquez Cortez, por grave infracción al artículo 38° y al inciso tercero y quinto del artículo 139° de la Constitución Política vigente, ya que la citada magistrada suprema titular no cumple ni respeta el ordenamiento jurídico vigente, sino al contrario está demostrando una total inacción, lenidad y/o lentitud en el desarrollo de las pesquisas sobre una grave denuncia que formulamos, hace cerca de cinco meses, contra el juez civil del Cono Este de Lima, EDGAR VIZCARRA PACHECO por presunto delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, corrupción de funcionarios e inconducta funcional, la misma que fue entregada a la Fiscal de la Nación y a la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que procedan conforme a sus atribuciones legales, ya que se trataría de graves ilícitos penales cometidos en agravio del Estado, donde estaría seriamente comprometido un magistrado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien viene desempeñándose desde hace 15 años en el mismo puesto y que estaría siendo protegido por un sospechoso engranaje judicial encubierto que existe al interior del Poder Judicial (PJ) y que oportunamente fue denunciado a través de los medios de comunicación social.
Es más, señor Presidente del Congreso, el juez civil del Cono Este de Lima, EDGAR VIZCARRA PACHECO, es tan afortunado que ha logrado que la Universidad “Alas Peruanas” le publique un aviso donde indican que se trata de un magistrado que “dignifica” al Poder Judicial; dicho centro de estudios está duramente cuestionado por probables actos de corrupción, así como de posibles extraños vínculos con magistrados para obtener ciertos beneficios, quienes incluso han sido denunciados ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
2.- Por ello, señor Presidente del Congreso, nuestra Institución, está en la obligación moral de denunciar la lenidad, inacción y/o lentitud de la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ante la grave denuncia entregada, hace cinco meses, contra el cuestionado juez civil del Cono Este de Lima, EDGAR VIZCARRA PACHECO, lo cual, por cierto, nos permite, muy respetuosamente, considerar una lamentable tendencia para favorecer la impunidad, arrastrándose una probable responsabilidad en actos de complicidad y encubrimiento, que exigimos sean, inmediatamente, investigados de manera exhaustiva y sancionados ejemplarmente, por la salud del propio Poder Judicial (PJ); lo sucedido, demuestra que la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) no está respetando, ni cumpliendo, ni defendiendo la Carta Política, ni el ordenamiento jurídico vigente, ya que ante tantas evidencias de responsabilidad del juez civil del Cono Este de Lima, EDGAR VIZCARRA PACHECO, se resiste a cumplir con el artículo 60º de la Ley de la Carrera Judicial, y, muy por el contrario, amplía “extrañamente” la pesquisa preliminar y permite que dicho magistrado de primera instancia, duramente cuestionado y descalificado, continúe administrando justicia o desempeñando funciones jurisdiccionales, lo cual, insistimos, es un peligro para toda la población.
Nadie logra comprender, en su sano juicio, por qué el órgano de control se comporta de esta manera; qué cosa impide que la jefa de la oficina de Control de la Magistratura (OCMA) adopte medidas enérgicas en cumplimiento de la Ley y en respeto al debido proceso legal.
Lo saludable, democráticamente, es la inmediata separación del cargo del juez civil del Cono Este de Lima, EDGAR VIZCARRA PACHECO, ya que la permanencia puede favorecer a quienes están manteniéndolo y alimentan nuevos actos de corrupción, ya que un juez sobre quien pesa graves denuncias y serios indicios de responsabilidad penal debe estar actuando pensando en su probable salida y seguramente haciendo enmiendas de las barbaridades que se cometen en la judicatura.
Estará corrigiendo las faltas administrativas encontradas en las visitas inopinadas realizadas; y procurando que todo esté aparentemente en regla.
Está siendo beneficiado por la inacción y lenidad de la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), quien a pesar de todo aún se resiste a aplicar el artículo 60º de la Ley de la Carrera Judicial; ella es la única funcionaria judicial con capacidad para dictar esa medida de suspensión inmediata.
3.- La sospechosa ampliación de las investigaciones preliminares, señor Presidente del Congreso, afecta el debido proceso legal, que teóricamente la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dice respetar en su costoso comunicado oficial (29 de noviembre del 2009) y causa una evidente demora en el inicio de un proceso disciplinario; y, lo que es más grave y delicado, se permite que el juez civil del Cono Este de Lima, EDGAR VIZCARRA PACHECO, siga administrando justicia, lo cual es muy peligroso para toda la población y afecta directamente a los justiciables y letrados que permanentemente litigan en dicha zona.....
“Por todo lo dicho en la presente denuncia ante el Presidente del Congreso por el Dr. Heriberto Benítez Rivas, se desprende que ese alguien que aparentemente protegía al Juez Civil del Cono Este, Edgar Vizcarra Pacheco, sería entre otros la Dra. Elcira Vásquez Cortez, hoy fuera de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
(Fdo) Heriberto Benítez Rivas/ Presidente de UCONA.

domingo, 6 de diciembre de 2009

ELCIRA VASQUEZ comete infracción constitucional por proteger al juez EDGAR VIZCARRA investigado por corrupción y lavado de activos

ELCIRA VASQUEZ, jefa de la oficina Oficina de Control de la Magistratura del Perú (OCMA), comete infracción constitucional por proteger al juez EDGAR VIZCARRA investigado por corrupción y lavado de activos

(FUENTE: DIARIO EL COMERCIO - PERU)



Comunicado publicado en el diario peruano "el Comercio" por la Asociación "Unidos contra el narcotráfico y lavado de activos" (UCONA), el Sindicato Mixto de trabajadores del Poder Judicial y la Asociación Civil "Juez Justo"




http://e.elcomercio.pe/101/impresa/pdf/2009/12/06/ECEQ061209a15.pdf