La
increíble traición de los negocios sanitarios en el Perú.
En
el Perú, el sector sanitario privado parece haber hecho suya la paparruchada
insostenible que repetía hace unos días una mediática periodista local en Twitter: “El afán de lucro mueve al mundo”, para mostrar su
cara más inhumana. Los sucesivos escándalos protagonizados por clínicas,
farmacéuticas y proveedores de insumos sanitarios, todos de capital privado,
han dejado en claro, además, que el modelo liberal del “sálvese quien pueda
(pagarse el seguro privado)”, también es una falacia, porque cuando más las
necesitaban, estas empresas han cometido un pecado mortal en el ideario
libremercadista: han traicionado a sus propios clientes.
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| César García y un vecino cargan un cilindro de oxígeno a la casa de su hijastro en Lima, Perú, el 11 de junio de 2020. (Rodrigo Abd/AP Photo) |
Una
historia de capitalismo global, como cualquier otra: en 1986, en Lima, se crea
un barrio llamado Las Torres de Limatambo —algo parecido a lo que se conoce en
Europa como viviendas de protección oficial o the projects en Estados
Unidos—. La flamante farmacia de mi barrio, se llamaba Botica Torres de
Limatambo (conocida después como BTL). Durante los 90, ese negocio familiar
prosperó hasta convertirse en una cadena importante de farmacias en la ciudad.
En 1999 la cadena fue vendida a la multinacional israelí Teva Pharmaceutical
Industries, que en 2011 se la vendió al grupo Quicorp, que a su vez fue absorbido en 2018 por el grupo Intercorp que hoy
controla el 95% de las farmacias del país —además de uno de los principales
bancos, supermercados, cadenas de cines, aseguradoras, restaurantes de comida
rápida, hoteles, universidades y colegios— y está liderado por el hombre más
rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, cuya fortuna según la revista Forbes está valorada en más de 4,000
millones de dólares.
Durante
la pandemia, muchas farmacias pertenecientes a Intercorp, como BTL, han tenido
un papel nefasto especulando, ofreciendo como primera opción medicamentos genéricos de sus
propias marcas o encareciendo sus precios ya que el gobierno del Perú
no puede, constitucionalmente, regular dichos precios —la Constitución peruana
vigente fue promulgada durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori en
1993—. De hecho, el gobierno actual ha tenido que adoptar una serie de medidas
de emergencia para intentar frenar la voracidad de estas empresas. Por ejemplo,
un decreto de urgencia para obligarles a proporcionar al
Estado información real sobre sus stocks y sus precios de venta al público.
Pero las farmacias son solo un eslabón más de la cadena de la salud privatizada.
Un informe del Instituto Nacional de Salud de Perú,
fechado el 29 de mayo, concluyó que clínicas privadas habían hecho cobros
irregulares a sus pacientes por las pruebas moleculares para la detección del
COVID-19 que el propio instituto realiza gratuitamente. Los cobros de las
clínicas se justifican, según recibos, en el material de recogida de la muestra
(como guantes o mascarillas descartables) por el que en algunos casos han
llegado a cobrar a sus clientes casi 600 soles (unos 170 dólares). Por otro
lado, el superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud, Carlos
Acosta, explicó en un canal nacional que se está realizando un
informe al respecto, que involucra a 136 clínicas privadas del país. Todo ello
mientras la gente adquiere con ellas deudas millonarias para pagar el
tratamiento, muchas veces infructuoso, de sus familiares.
Y
en este juego entran, además de las clínicas y las farmacéuticas, las
aseguradoras —que, como señala esta investigación del portal Ojo Público, han
llegado a elevar hasta en 20% los costos de sus pólizas durante la pandemia—, y
los proveedores de insumos tan básicos como el oxígeno medicinal. Esto último
es especialmente lacerante en un país en el que la producción de este gas está
también monopolizada por dos empresas, Linde y Air Products, a través de varias
subsidiarias. Ambas empresas no solo ya habían sido sancionadas en el pasado por monopolizar la producción
de oxígeno medicinal en el país, sino que, según señala un informe de la Defensoría del Pueblo, una vez desatada la
pandemia habrían también elevado los precios del producto mientras la gente
moría, literalmente, por falta de oxígeno.
Ante
este panorama cabe preguntarse no ya si es ético dejar la salud y el bienestar
de las personas en manos de capitales privados cuya finalidad es, naturalmente,
el beneficio económico y no la vida —en el Perú, el gerente de una
Administradora Privada de Pensiones, dijo públicamente que “desgraciadamente
cada vez vivimos más”—, sino si este modelo es siquiera rentable para las
propias economías capitalistas.
Cuando
las fuerzas políticas más progresistas defienden medidas tan “radicales” como
la salud pública o la renta básica universal, en realidad no están trabajando
para ninguna revolución. No, ni Bernie Sanders en Estados Unidos, ni Pablo
Iglesias en España o Verónica Mendoza en Perú son políticos antisistema. De
hecho, probablemente sus propuestas en materia de salud pública sean las únicas
que garantizan la continuidad de un modelo en el que las grandes fortunas
puedan subsistir. Es tan elemental como asumir que, de lo contrario, tarde o
temprano, tras esta pandemia o las siguientes, no quedará nadie para trabajar
en sus fábricas, consumir sus productos o seguir haciendo circular la rueda de
hámster del dinero. Pero ni siquiera esto, que parece tan sencillo, ha podido
en el Perú con la tentación de engrosar un poco más las arcas a expensas de lo
que más sufren.
En
el Perú, además, la creación perversa de grandes monopolios muchas veces
sustentados en la corrupción, tiene como consecuencia directa una enorme
desigualdad social, lo que a su vez genera un aumento constante de la actividad
económica informal, ese gran ogro de las economías emergentes.
La
gran diferencia que ha puesto de manifiesto esta pandemia en el Perú está en
que al ciudadano degradado que especula y vende tanques de oxigeno
industrial haciéndolo pasar por medicinal, se le persigue y se le
apresa, mientras que al gran capital, que además de lucrarse y abusar de las
personas en mitad de una emergencia sanitaria, se acoge a todos los beneficios
fiscales, se le rescata.
Esta
semana, un reportaje del portal Convoca que analiza la
información por el propio Ministerio de Economía peruano, ha revelado que en el
marco del programa Reactiva Perú, destinado originalmente a ayudar a pequeñas y
medianas empresas a subsistir durante la pandemia, una de las grandes
beneficiadas ha sido Intercorp, cuyo banco ocupa el tercer lugar entre las
entidades que han gestionado los préstamos y cuyas empresas —entre ellas, la
farmacéutica Química Suiza— los han obtenido. Sí, el mismo grupo financiero que
es el dueño de la farmacia de mi barrio y de casi la totalidad de cadenas
farmacéuticas en el país.
Y
el círculo vicioso está empezando a ser insostenible.
FUENTE: Autor: Jaime Rodríguez Z. es poeta, periodista y editor del sello independiente Esto
no es Berlín, en Madrid.
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/06/18/la-increible-traicion-de-los-negocios-sanitarios-en-el-peru/?fbclid=IwAR2dyZTNtOawBJYb9xk0OfWqy4-WPxywaaC8UCJPj6IlWo_VCblMzbG5oXI
