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lunes, 1 de agosto de 2011

OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA (OCMA) DISPONE INVESTIGACION PRELIMINAR CONTRA JUEZ DE CHIMBOTE, RICHARD AUGUSTO CONCEPCIÓN CARHUANCHO

OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA
(OCMA)
DISPONE INVESTIGACION PRELIMINAR
CONTRA JUEZ DE CHIMBOTE,
RICHARD AUGUSTO CONCEPCIÓN CARHUANCHO


Richard Augusto Concepción Carhuancho, juez de preparación investigatoria de Chimbote, fue quien firmo la ilegal resolución que autorizaba el allanamiento del domicilio de honorables familias, entre las que se encontraba el correspondiente al Congresista Heriberto Benitez Rivas.

Los entonces fiscales anticorrupción CESAR FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER ESTRADA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL VILCA ZAVALA y CRISTIAN ENRIQUE ACEIJAS SILVA, que participaron en el ilegal allanamiento de la oficina del empresario Martín Belaunde Lossio y la vivienda del congresista Heriberto Benítez Rivas, ubicados en un edificio de la calle Los Pinos 600 en la urbanización La Caleta, fueron destituidos mediante Resolución firmada por el propio Fiscal de la Nación Jose Antonio Pelaez Bardales quien toma esta drastica decisión al observar la inexplicable, abusiva e ilegal intervención efectuada por los ex representantes del Ministerio Publico.

A esto se sumó el abusivo hecho de que se pretendia la detención para todos los que se encontrasen presentes en ese momento

La destitución del cargo como miembro del Poder Judicial, es el único camino que le espera a Richard Augusto Concepción Carhuancho

A continuación, Resolución Nº01 (Registro Nº8332-2011), documento que dispone el inicio de las respectivas investigaciones por parte de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)





Notas relacionadas:


viernes, 19 de febrero de 2010

"OCMA DEBE SANCIONAR A JUECES "EVALUADORES".

"OCMA DEBE SANCIONAR A JUECES "EVALUADORES".

El candidato al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Heriberto Benitez Rivas, pidio al Congreso de la Republica tomar un acuerdo inmediato para remover por causa grave al consejero Efrain Anaya, conforme a lo estipulado en el articulo 157° de la Constitucion Politica; y, solicito al jefe de la OCMA que sancione a los jueces que han intervenido en la calificacion de los examenes rendidos por los postulantes para magistrados supremos o superiores, ya que el articulo 146° de la Constitucion Politica determina que la funcion jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad publica o privada, con excepcion de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.

"Hay una serie de irregularidades que deben ser investigadas exhaustivamente sobre el desarrollo del reciente concurso publico para la eleccion de jueces y fiscales supremos, asi como de las evaluaciones, extrañas ratificaciones y nombramientos efectuados; esta situacion no debe quedar impune, ya que se han cometido atrocidades legales y barabaridades juridicas inaceptables" comento Benitez Rivas.

Finalmente, Benitez Rivas, dijo que el CNM no podia contratar jueces en actividad para evaluar a los postulantes y los magistrados tampoco podian aceptar ese trabajo; hay una responsabilidad compartida que merece una sancion ejemplar.

Lima, 19 de febrero del 2010.

martes, 3 de noviembre de 2009

LA EXTRAÑA INACCIÓN DE LA OCMA

La extraña inacción de la ocma
FUENTE: Diario La Primera - Peru: "El dedo en la llaga -"Heriberto Manuel Benítez Rivas Columnista"

Hace varios meses, en base a una serie de denuncias verbales de humildes ciudadanos y sacrificados letrados que litigan en el Cono Este de Lima, nos vimos en la obligación moral de presentar ante la Fiscal de la Nación, una grave denuncia contra el único juez civil de aquella zona, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y corrupción de funcionarios; copia de aquel documento fue entregado, también, al Congreso de la República, Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y al propio Poder Judicial (PJ) para que adopten las medidas necesarias, conforme a sus atribuciones legales.

(GRAFICO: FUENTE ARCHIVOS DIARIO EXTRA - PERÚ)

Sabemos perfectamente que la batalla es dura, difícil e incomprendida; incluso, puede haber represalias, ya que existe un extraño engranaje judicial que protege la impunidad o autoridades que prefieren ponerse de costado y decir que no saben nada del tema, tratando de exculpar al responsable.

Ítem más, dicho magistrado es privilegiado por la Corte Superior de Justicia de Lima ya que ejerce funciones jurisdiccionales desde hace quince años en el Cono Este de Lima y goza de la protección familiar de un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, ligado al partido de gobierno.

El Ministerio Público resolvió investigarlo por enriquecimiento ilícito (Fiscalía Suprema) y Lavado de Activos (38º Fiscalía Provincial Penal de Lima); se han entregado documentos públicos valiosos para la pesquisa especializada, relacionados a compra de inmuebles y adquisición de vehículos, que comprometen seriamente al cuestionado magistrado.

Hay litigantes que han sufrido abusos durante el desarrollo de sus causas judiciales y que les han atropellado sus derechos elementales; existen agraviados que han sido despojados de sus propiedades.

Todos ellos, están dispuestos a declarar ante el titular de la acción penal pública y defensor de la sociedad.

La situación del juez civil está complicada; los indicios razonables, las múltiples sospechas y las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación social demuestran la necesidad de aplicar una sanción ejemplar.

Incluso, hemos sido informados que la Municipalidad de Ate figuraría entre los afectados.

CUESTIONADO EDGAR VIZCARRA PACHECO: JUEZ DEL CONO ESTE - TIENE QUINCE AÑOS EN EL CARGO


Los sufridos pobladores del Cono Este de Lima consideran que dicha persona está descalificada para seguir desempeñando labores en el Poder Judicial (PJ), ya que su presencia resulta peligrosa para la recta administración de justicia; han efectuado movilizaciones hasta el Palacio de Justicia e incluso piden su destitución.

Estamos ante una delicada situación donde la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) aparece indiferente ante el reclamo popular; los justiciables y abogados perciben que las autoridades competentes, encargadas de sancionar la inconducta funcional de los magistrados, permanecen indiferentes ante las barbaridades legales o atrocidades jurídicas que se cometen en el vientre del Poder Judicial (PJ).