La Hora de los Socios.
Se viene el capítulo de la
responsabilidad de los consorciados en caso Odebrecht. Graña y Montero en línea
crítica.
El mapa del caso Lava Jato ya
se encuentra trazado en el despacho del fiscal anticorrupción Hamilton Castro.
La colaboración de parte de los ejecutivos brasileños de la empresa Odebrecht,
Jorge Barata y Ricardo Boleira, además de la información facilitada por la
misma empresa en el Perú, redundó en los siguientes casos:
Metro de Lima, carretera
Interoceánica –que tiene un capítulo adicional con el pago de coimas al ex
presidente de Ositran para la aceleración de certificados de avance de obras- y
Félix Moreno y corrupción en el Callao.
Adicionalmente, el testimonio
de Barata sobre el pago de US$ 3 millones a Nadine Heredia fue remitido al
fiscal Germán Juárez, que ya se encontraba investigando a la ex primera dama
por los manejos irregulares del dinero del Partido Nacionalista.
Según una fuente, falta el
desarrollo de “un par de temas”.
Mucho se ha especulado sobre
si la “delación premiada” de Barata en Brasil, cuyo secreto se espera será
levantado en junio en Brasil, traería consecuencias adicionales en el Perú, y
si el traspaso de información al país se vería afectado por la virtual quiebra
de Odebrecht aquí.
“Lo que venga de Brasil no
será un tsunami”, resume categórica la fuente.
 |
| José Graña negó que la empresa supiera de coimas, pero renunció a su presidencia. |
Según la información recabada
por la Fiscalía, no hay elementos adicionales a lo que los ejecutivos
confesaron en el Perú. De hecho, sus aportes al fiscal Castro han sido mucho
más completos.
Un ejemplo es la investigación
sobre los consorciados con Odebrecht, que se encuentra en plena corroboración y
tendrá un fuerte impacto en las próximas semanas.
Los consorcios que Odebrecht
integró con Graña y Montero fueron los de las
carreteras Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima y el Gasoducto del Sur.
JJC también participó en el proyecto de la Interoceánica Sur en sus tramos 2 y
3. Era el consorcio Conirsa, que inicialmente se repartía con 60% para
Odebrecht, 28% para GyM, 7% para JJC y 5% para Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales. En 2006 los porcentajes se modificaron a 70%, 19%, 7% y
4%. Debido al escándalo, en marzo JJC puso en venta su participación.
Ya en febrero, la revelación
de Barata sobre la supuesta complicidad de la constructora peruana Graña y
Montero había golpeado el desempeño bursátil de la primera empresa de
construcción e ingeniería peruana. A partir de entonces, los vaivenes de la
acción reflejan la incertidumbre que la rodea.
José Graña renunció a la
presidencia del grupo y Mario Alvarado a la gerencia general. En marzo, Augusto
Baertl fue elegido como nuevo presidente del directorio, que fue renovado en 7
de sus 9 puestos.
GyM reportó la semana
pasada un crecimiento de 11,6% en el primer trimestre del año, frente al mismo
período de 2016, con una utilidad neta de US$ 79,1 millones.
Pero lo que ha permitido estos
números es la venta de activos de la compañía que, como consecuencia de la
rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano, anunció en enero un plan de
desinversión por US$ 300 millones de activos no estratégicos. Graña estaba
consorciada en el Gasoducto con la española Enagás y Odebrecht, que no logró
vender su participación tras el escándalo Lava Jato. Por eso no se logró el
cierre financiero.
Durante el primer trimestre
Graña vendió sus participaciones por US$108 millones en los proyectos del
Cuartel San Martín y Red Eagle Mining Corporation. En las últimas semanas
hicieron lo mismo con sus tajadas en la Compañía Operadora de Gas del Amazonas
(COGA) y PRINSUR.
Sobre Graña y Montero, una de
las empresas más grande del Perú, pende como una espada de Damocles el Decreto
de Urgencia 003, que prohíbe a empresas confesas y condenadas por actos de
corrupción contratar con el Estado.
“Hay presunción de inocencia
no solo para Graña sino para todas las demás, hasta que se les sentencie y en
ese momento se aplicará lo mismo”, dijo a CARETAS el mes pasado la ministra de
Justicia, Marisol Pérez Tello.
Los consorcios que Odebrecht
integró con Graña y Montero fueron los de las
carreteras Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima y el Gasoducto del Sur.
JJC también participó en el proyecto de la Interoceánica Sur en sus tramos 2 y
3. Era el consorcio Conirsa, que inicialmente se repartía con 60% para
Odebrecht, 28% para GyM, 7% para JJC y 5% para Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales. En 2006 los porcentajes se modificaron a 70%, 19%, 7% y
4%. Debido al escándalo, en marzo JJC puso en venta su participación.
Ya en febrero, la revelación
de Barata sobre la supuesta complicidad de la constructora peruana Graña y
Montero había golpeado el desempeño bursátil de la primera empresa de
construcción e ingeniería peruana. A partir de entonces, los vaivenes de la
acción reflejan la incertidumbre que la rodea.
José Graña renunció a la
presidencia del grupo y Mario Alvarado a la gerencia general. En marzo, Augusto
Baertl fue elegido como nuevo presidente del directorio, que fue renovado en 7
de sus 9 puestos.
GyM reportó la semana
pasada un crecimiento de 11,6% en el primer trimestre del año, frente al mismo
período de 2016, con una utilidad neta de US$ 79,1 millones.
Pero lo que ha permitido estos
números es la venta de activos de la compañía que, como consecuencia de la
rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano, anunció en enero un plan de
desinversión por US$ 300 millones de activos no estratégicos. Graña estaba
consorciada en el Gasoducto con la española Enagás y Odebrecht, que no logró
vender su participación tras el escándalo Lava Jato. Por eso no se logró el
cierre financiero.
Durante el primer trimestre
Graña vendió sus participaciones por US$108 millones en los proyectos del
Cuartel San Martín y Red Eagle Mining Corporation. En las últimas semanas
hicieron lo mismo con sus tajadas en la Compañía Operadora de Gas del Amazonas
(COGA) y PRINSUR.
Sobre Graña y Montero, una de
las empresas más grande del Perú, pende como una espada de Damocles el Decreto
de Urgencia 003, que prohíbe a empresas confesas y condenadas por actos de
corrupción contratar con el Estado.
“Hay presunción de inocencia
no solo para Graña sino para todas las demás, hasta que se les sentencie y en
ese momento se aplicará lo mismo”, dijo a CARETAS el mes pasado la ministra de
Justicia, Marisol Pérez Tello.
FUENTE: http://caretas.pe/sociedad/78980-la_hora_de_los_socios
