Gobierno levanta el fantasma de Sendero para reprimir impunemente a defensores del gas. Policía niega que haya heridos.
(FUENTE: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=67620)
Balas y bombas son los instrumentos del diálogo con los cusqueños
Una vasta operación represiva desató ayer el gobierno, con un saldo de 18 heridos de bala –según fuentes del lugar-, contra hombres y mujeres del poblado de Kiteni, allí donde se extrae el gas de Camisea que se exporta a precios viles al exterior.
La policía, por su parte, negó que haya civiles heridos de bala.
Debido a su decisión de seguir exportando el gas de Camisea a México y España, el gobierno lanzó al mismo tiempo una serie de acusaciones contra la población con el objeto de justificar las acciones policiales contra la protesta que hoy llega a su décimo día.
Sin argumentos para defender la exportación del gas, al gobierno de Alan García no le quedó otro recurso que levantar otra vez el fantasma del rebrote senderista para negarse a dialogar con los pobladores de La Convención y justificar la represión.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, citó supuestos “informes de inteligencia” para declarar que remanentes senderistas actúan infiltrados en la zona de conflicto e informes policiales deban cuenta de “la voladura de dos torres de alta tensión” en Echarate.
Pero los pobladores del lugar aclararon que se trataba de dos antenas de comunicación del aeródromo de Kiteni, que cayeron luego que las fuerzas policiales arremetieran con bombas y balas contra hombres, mujeres y niños, que marchaban pacíficamente.
El descontento de la población se acrecentó debido a que la Transportadora del Gas del Perú (TGP) exporta el gas del lote 88 destinado al consumo nacional y a su intención de construir un túnel en el santuario nacional de Megantoni, que destruiría la reserva natural.
Numerosos heridos
Como consecuencia de la represión policial, decenas de pobladores resultaron heridos, o detenidos, mientras indignados pobladores se enfrentaban a la policía que les disparaba desde los helicópteros.
Los voceros del gobierno acusaron a los pobladores de tomar los campamentos de Chimparina y Alto Manogal de TGP. Moisés Cassani Peña, alcalde del distrito de Kiteni, negó la versión sobre la presencia subversiva y pidió a los voceros gubernamentales que hablen con la verdad y dejen de mentir.
Cassani respaldó el paro, negó que haya un trasfondo político y confirmó que los manifestantes fueron reprimidos con balas y gases lacrimógenos.
Daniel Ortiz, vocero del Comité Central de Lucha, desechó también las imputaciones del primer ministro sobre vínculos con la subversión, tras indicar que el comité está integrado por representantes de organizaciones profesionales, vecinales y populares.
El gobierno lanzó las acusaciones luego que el Comité acordara rechazar las condiciones de Velásquez Quesquén para el diálogo, principalmente su exigencia de que se suspendan las medidas de fuerza.
Por el contrario, ante la nueva negativa del gobierno para abrir el diálogo, el comité decidió radicalizar la lucha para hacer oír sus demandas.
La plataforma de lucha se basa en cuatro puntos básicos: la no exportación del gas de Camisea (Lotes 88 y 56), que el gas se utilice para el consumo interno, que se instale una planta de fraccionamiento de gas licuado en la provincia y que se respete la reserva natural de Megantoni.
En un intento por mellar la justa protesta, el jefe del gabinete dijo que se declaró el estado de emergencia en el distrito de Echarate, debido a que unos 50 colonos ingresaron el sábado a la Estación de Bombeo.
“No se busca reprimir al pueblo, que hasta ahora puede seguir movilizándose y no ha habido una sola denuncia de que la policía haya reprimido a la población.
Los peruanos no tienen la culpa de que cuatro o cinco dirigentes, que son candidatos a las alcaldías o al Parlamento, estén desinformando a La Convención”, expresó, omitiendo los reportes sobre heridos y detenidos.
Paro total
Informaciones recogidas en las últimas horas en la región Cusco daban cuenta que nuevas bases se suman a la protesta y que comunidades campesinas y nativas se concentraban en Kiteni, donde se encuentran las oficinas de TGP.
Ayer, los pobladores de Canchis se sumaron al paro.
En ese lugar se vivía una situación de creciente tensión debido a la presencia de cientos de policías y agentes de seguridad de la empresa Forza, lo que generó diversos enfrentamientos en el transcurso del día.
Haciendo de vocero de la empresa de seguridad, Velásquez dijo que algunos agentes de Forza habían sido secuestrados y que los manifestantes sustrajeron equipos de seguridad.
Los agentes fueron identificados como Gregorio Tayro Carmona y Darwin Fuentes Galiano.
A su vez, efectivos de la comisaría de Kiteni indicaron que un grupo de manifestantes tomó por asalto un campamento de TGP, ubicado en la zona de Chirumpiari, y le prendieron fuego luego de llevarse los equipos.
Isauro Jordán, alcalde de La Convención, dijo que Velásquez está equivocado al creer que el paro contra la exportación de gas es político y anunció que la medida se radicalizará si el ministro persiste en su negativa a viajar al lugar.
“Estamos dispuestos a dialogar pero que venga con buenas intenciones y no nos esté engañando como la otra vez. Nos hizo suspender un paro de 72 horas y luego se escapó sin dialogar”, agregó.
A su turno, el dirigente José Brovas denunció la desaparición de un nativo que se arrojó por una ladera de montaña luego que fuera perseguido por un helicóptero policial el pasado sábado.
Hasta el momento se desconoce su suerte.
El dirigente Eder Gamarra, del Comité Central de Lucha de La Convención, sostuvo que los dirigentes están dispuestos a dialogar pero no depondrán el paro indefinido.
Sostuvo que el jefe del gabinete puede decidir el lugar de la mesa de diálogo, incluido el cuartel del Ejército, un lugar que dé todas las garantías del caso.
Sin embargo, Velásquez declaró que viajará a La Convención sólo si se depone la medida de fuerza.
En riesgo
Siguiendo con su prédica alarmista, Velásquez afirmó que las protestas ponen en peligro el calendario de ejecución del Gasoducto del Sur que debe iniciarse en enero y que permitiría llevar Gas Natural a las regiones sureñas.
DenunciaEl procurador de orden público del ministerio del Interior denunciará ante la Fiscalía de la Nación a los dirigentes que promueven los actos de violencia en Quillabamba, en protesta por la exportación de Gas Natural, anunció el ministro del Interior, Octavio Salazar.
AMENAZA
TGP, el consorcio conformado por la estadounidense Hunt Oil, la española Repsol y la argentina Pluspetrol, dijo que la protesta “podría provocar la interrupción del suministro de gas, afectando la generación de energía eléctrica de poco más del 35% de todo el país”.
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