Agustin Mantilla a punto de lograr impunidad (*)
Lista sentencia que cierra el proceso contra el Comando Rodrigo Franco que cometió secuestros y asesinatos en el primer gobierno del presidente García.
Quiere aprovechar las elecciones para huir de la justicia.
Mañana puede representar un día de luto para los derechos humanos, si la tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lima, presidida por Jorge Aguinaga, se pronuncia a favor del insólito hábeas corpus de Agustín Mantilla contra el fiscal y los jueces del proceso que afronta junto con otros ocho acusados, desde el 2007, por los crímenes cometidos por el llamado Comando Rodrigo Franco.
Mantilla y su defensa buscan anular el proceso con ese recurso, apelando al argumento de las supuestas insuficiencias en la investigación preliminar y la “inexistencia” del delito de lesa humanidad en el ordenamiento legal en el momento que ocurrieron los secuestros y asesinatos (tesis que fue uno de los pilares del Decreto Legislativo 1097, promulgado un mes después de presentada la demanda).
El juez Juan Elías Changanaquí Romero, suplente de 35º Juzgado penal, resolvió a favor de Mantilla y los ex integrantes del citado escuadrón de la muerte, al aceptar sus argumentos, lo que se conoció en medio de la batahola de los decretos de impunidad y militarización, pero no era posible apreciar en todos sus alcances hasta tener en la mano la sentencia.
LA PRIMERA tuvo acceso a esa sentencia, de la cual se infiere el movimiento para cerrar los crímenes de la guerra sin sanción para los culpables es muy amplio y que no por causalidad ha establecido un calendario que busca utilizar el momento de las elecciones para limpiar las sucias hojas de vida de varios personajes claves del primer gobierno de García y del decenio de Fujimori.
Al argumento irrebatible del fiscal Julio César Cordero Bautista, de la segunda fiscalía supraprovincial, ante el juez Changanaquí, rebate el argumento de que la denuncia contra Mantilla “entraña una gravísima amenaza a su libertad personal”, pues señala que el ex ministro nunca ha estado detenido por estos delitos atroces (lo ha estado por corrupción, por recibir dinero de Montesinos), y ha llevado el proceso con sus demás inculpados con orden de comparecencia.
Cesar Vega Vega, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima- Perú
El fiscal rebate también la tesis de que durante la serie de asesinatos cometidos por el Comando Rodrigo Franco no se usaba la expresión “delito de lesa humanidad”, pese a lo cual los delitos cometidos son claramente crímenes contra los derechos humanos, ejecutados en serie, con patrones de realización similares, perpetrados por agentes del Estado, lo que los distingue de otros delitos comunes y los incluye en la citada definición.
Precisamente esa ha sido la argucia usada para meter el contrabando del DL 1097, que quería dar como corte la fecha de adhesión del Perú a la Convención sobre Imprescriptibilidad (12 de junio del 2003), lo que automáticamente hacía prescriptibles los delitos anteriores, incluidos los ocurridos durante la guerra interna (1980-1995)
El fiscal Cordero advierte que los antecedentes de su denuncia se encuentran en el fallo de la Corte Interamericana de derechos humanos de setiembre de 2007 que establece que el estado peruano violó el derecho a la vida de los dirigentes sindicales Saúl Cantoral y Consuelo García y ordena investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
Los indicios que conducen al proceso se refieren por cierto a la naturaleza política de los crímenes (tipo de víctimas y reivindicación de los hechos); la declaración de testigos, entre ellos varios ex miembros del comando; diversas pruebas circunstanciales (atentado contra el Diario Marka, que fracasó y produjo bajas entre los miembros de la banda).
Teniendo todo esto en las manos la Sala Especial ha abierto la investigación sobre los miembros del comando y su jefe político Agustín Mantilla.
Es ahí donde la intervención del juez Changanaquí ha resultado invasiva y directamente orientada a abrirle una ventana de salida a los asesinos y secuestradores, según define en su sentencia, en la que afirma que se ha vulnerado el debido proceso de Mantilla, Chito Ríos y otros, al haber sido denunciados “sin una adecuada investigación preliminar”, lo cual no fundamenta y representa una acusación gratuita y agravante contra sus superiores de la Sala Superior y el Fiscal Superior de la causa.
A más de veinte años de la cadena de asesinatos y desapariciones cometidas por el tristemente célebre Comando Rodrigo Franco, un juez suplente quiere echarse abajo el proceso que está entrando en fase oral, creando su propio 1097 judicial para salvar a los violadores de derechos humanos.
CREDENCIALES
Ahora la resolución final de este embrollo está en manos de uno de los presidentes de sala con peores credenciales, aquel al que un miembro de su propio colegiado acusó por haberlo amenazado de muerte en relación al caso de narcotráfico contra el ex alcalde Valdez de Pucallpa; lo que causa profunda preocupación a la comunidad de derechos humanos y la ciudadanía en general, por lo peligroso de la situación para la administración de justicia.
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